LA SOMBRA PENAL DE ZAPATERO

Durante años se nos quiso vender la imagen de un José Luis Rodríguez Zapatero convertido en una especie de emisario universal de la paz, alguien que viajaba a Venezuela como mediador neutral, como puente entre enemigos irreconciliables, como figura iluminada capaz de introducir diálogo donde solo había ruina y tiranía. Pero toda esa envoltura amable empieza a resquebrajarse de forma abrupta a raíz de las últimas revelaciones que emergen desde los tribunales federales de Estados Unidos, donde el interés por investigar al expresidente español ya no es un rumor marginal, sino un hecho que se mueve entre documentos, testimonios y movimientos financieros que apuntan directamente al corazón mismo del chavismo.

Porque cuando quien habla es Hugo “El Pollo” Carvajal, no habla un tertuliano, no habla un opositor, no habla un exfuncionario despechado: habla el hombre que lo supo todo desde dentro, el general que dirigió durante años la inteligencia militar venezolana, el engranaje clave del sistema que convirtió a Venezuela en un narcoestado y a PDVSA en una gigantesca caja negra para lavar dinero, financiar lealtades y comprar complicidades. Y ahora, enfrentado a una condena que puede significar cadena perpetua, Carvajal ha decidido tirar de la manta, aportando datos, nombres, cuentas y rutas financieras que, según fuentes judiciales norteamericanas, tienen un denominador común inquietante: alcanzan directamente a Rodríguez Zapatero.

Estados Unidos no se mueve por impulsos ni por simpatías. Cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York considera activar la RICO Act —la herramienta más poderosa de su arsenal contra redes criminales internacionales— es porque tiene indicios suficientes de que no se trata solo de política, sino de algo más profundo: colaboraciones, beneficios, pagos encubiertos o influencias que encajan perfectamente en el patrón de actuación del chavismo. La posibilidad de que Zapatero pudiera haber ejercido un papel que iba más allá del de simple mediador, vinculado a intereses económicos o estratégicos del régimen de Maduro, deja de ser una pregunta incómoda para convertirse en un asunto judicial de primer orden.

A este escenario se añade la amenaza de la OFAC, el instrumento financiero más devastador del planeta, capaz de convertir a cualquier persona incluida en su lista en un paria económico. Y que Zapatero haya entrado en el radar de esa posibilidad —aunque aún no figure en ella— es en sí mismo un indicio de que Washington está siguiendo los pasos de su actividad económica con un nivel de detalle que España jamás ha exigido ni aclarado.

Porque la pregunta clave permanece intacta: ¿Quién pagó durante años los interminables viajes de Zapatero a Venezuela?

No existe transparencia, no existe informe institucional, no existe rendición de cuentas. Todo fue opaco, oficioso, improvisado y absolutamente impropio de un expresidente europeo. Mientras tanto, el chavismo lo trataba con la familiaridad de un aliado, no de un árbitro. Y ahora, cuando Carvajal describe pagos procedentes de PDVSA y Washington analiza movimientos financieros vinculados a su entorno, esa opacidad se vuelve insoportable.

Si Estados Unidos decide avanzar, España se encontrará con una crisis institucional inédita: colaborar judicialmente con su principal aliado o atrincherarse para proteger a un expresidente cuyas actividades internacionales llevan una década envueltas en silencio, favores y sombras. Y mientras tanto, él calla. Calla ante el Congreso. Calla ante los medios. Calla ante la sociedad. Calla cuando ya no puede callar.

La historia oficial empieza a desmoronarse. Y cuando eso ocurre, siempre aparece la misma pregunta:

¿Qué hay detrás de tantos años de viajes, de tanta entrega al chavismo, de tanta cercanía con un régimen hundido en corrupción y narcotráfico?

Estados Unidos cree tener una parte de la respuesta. España, de momento, mira hacia otro lado.

Felipe Pinto.