La tragedia vivida en la Comunidad Valenciana no fue un fenómeno natural inevitable, sino la consecuencia directa de décadas de negligencia política, de promesas incumplidas y de una gestión territorial que ha convertido a España en un país fragmentado, descoordinado y sin rumbo. La DANA que golpeó nuestra tierra hace ya más de un año, con lluvias torrenciales que arrasaron barrios enteros y se cobraron vidas inocentes, fue una catástrofe anunciada. Todos sabían que podía ocurrir y nadie hizo nada.
En aquellas horas críticas, el entonces presidente autonómico Carlos Mazón estuvo desaparecido, el Ministerio competente no activó a tiempo los protocolos de emergencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar no lanzó los avisos necesarios y el sistema de emergencias falló estrepitosamente. Cuando por fin el Gobierno decidió movilizar al Ejército, ya era demasiado tarde: el daño estaba hecho. Para colmo, se impidió la llegada de bomberos y equipos de rescate extranjeros que se ofrecieron voluntariamente a ayudar. Esa soberbia ideológica costó vidas.
Hoy, más de un año después, Mazón ha presentado su dimisión. Tarde, sí, pero al menos ha tenido el gesto de asumir su parte de responsabilidad. Ojalá ese ejemplo sirviera de algo. Porque mientras el presidente valenciano ha dado un paso al frente, en Madrid los verdaderos responsables siguen de rositas. Ni el presidente del Gobierno ni la entonces vicepresidente y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, han rendido cuentas por la negligencia, la descoordinación y la inacción que agravaron una tragedia evitable.
La desvergüenza del Gobierno alcanza límites inaguantables, sobre todo al comprobar que, como “premio”, se nombra a Teresa Ribera vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea.
La izquierda, que lleva décadas haciendo del ecologismo su bandera política, es la principal responsable de que España esté indefensa ante fenómenos que podrían haberse prevenido. En nombre de una falsa protección del medio ambiente, destruyeron pantanos, paralizaron trasvases y sabotearon el Plan Hidrológico Nacional. El ecologismo que predican no es defensa de la naturaleza, sino un instrumento ideológico al servicio de la Agenda 2030: una agenda que impone prohibiciones, destruye infraestructuras, encarece la vida y convierte a los ciudadanos en súbditos dependientes del Estado.
Pero sería un error atribuir toda la culpa a la izquierda. También la derecha tradicional, representada por el Partido Popular, es cómplice de este modelo fallido. Mazón y otros dirigentes del PP han administrado el sistema autonómico con la misma lógica que sus predecesores socialistas, sin atreverse a cuestionarlo ni a reclamar la devolución de competencias esenciales al Estado. Han asumido sin resistencia el lenguaje y los dogmas del progresismo: hablan de sostenibilidad, de resiliencia y de cooperación territorial, mientras las infraestructuras se hunden, los cauces se desbordan y los ciudadanos quedan desamparados.
El Estado de las Autonomías, lejos de acercar la administración al ciudadano, ha multiplicado los errores y ha diluido las responsabilidades. Cada vez que una catástrofe requiere coordinación, la burocracia regional convierte la urgencia en un laberinto. Lo que debería ser una respuesta nacional se transforma en una batalla de competencias y en un desfile de ruedas de prensa. España necesita recuperar un Estado fuerte, eficaz y responsable, capaz de actuar con rapidez y con autoridad cuando la nación lo exige.
Pedro Sánchez, en la cúspide de esta estructura fallida, ha demostrado que el cálculo político pesa más que la vida de los españoles. No declaró a tiempo la emergencia nacional, no coordinó las ayudas, no envió al Ejército hasta que la presión mediática fue insoportable. Su Gobierno prefirió proteger su imagen antes que proteger a los valencianos. Esa es la miseria moral del socialismo actual: la mentira convertida en método de gobierno.
Mientras tanto, los medios afines y los portavoces de la izquierda transformaron el dolor en propaganda, culpando al cambio climático o a la “España especuladora”, pero sin reconocer la responsabilidad de quienes desmantelaron los proyectos hidráulicos que habrían evitado esta tragedia. Es el mismo discurso victimista de siempre: manipular el sufrimiento ajeno para ocultar la propia incompetencia.
Frente a todo esto, VOX defiende una alternativa clara: derogar la Agenda 2030, recuperar un Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua para todos los españoles y recentralizar la gestión de emergencias, seguridad y recursos naturales bajo una autoridad estatal única. No se trata de ideología, sino de eficacia. No se trata de discursos, sino de hechos.
España necesita menos propaganda y más responsabilidad; menos pancartas y más planificación; menos política de escaparate y más gestión real. Y sobre todo, necesita dirigentes que den la cara cuando las cosas van mal, que asuman responsabilidades y que trabajen por su país, no que se escondan tras un relato.
Felipe Pinto
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