La imposición obligatoria de utilizar luces de emergencia V16 como sustitución de los tradicionales triángulos refleja, una vez más, cómo se legisla desde los despachos sin escuchar a quienes realmente circulan por nuestras carreteras. Se presenta como avance tecnológico y mejora de la seguridad vial, cuando en realidad supone un gasto obligado, injustificado y tecnológicamente dudoso que termina recayendo exclusivamente sobre el ciudadano, mientras el Gobierno convierte una obligación absurda en otro mecanismo recaudatorio.
Durante décadas los triángulos funcionaron sin necesidad de baterías, chips, SIM, conectividad, cargadores ni mantenimiento. Eran visibles de día y de noche, en rectas y curvas, en autopistas o carreteras secundarias. Ahora, la V16 se ha demostrado poco fiable bajo condiciones reales: puede pasar desapercibida en túneles, en zonas de cambios de rasante, en carreteras sinuosas o incluso a pleno sol. La promesa de su visibilidad universal es una ilusión, y su supuesta modernidad introduce incertidumbres que antes no existían. Lo que funcionaba siempre, ahora depende de una batería que puede agotarse cuando más falta hace, y de un dispositivo tecnológico que puede fallar sin previo aviso, dejando al conductor expuesto y, encima, susceptible de sanción.
La dependencia tecnológica es un riesgo que nadie ha querido asumir oficialmente. La V16 exige chip, conectividad, batería y mantenimiento periódico: justo lo contrario de lo que debería ser un sistema de emergencia. El día que falle, no habrá excusas: el ciudadano, obligado a usarla, será culpable. Pero no existe un solo estudio serio, objetivo e independiente que demuestre que sustituir el triángulo por la baliza vaya a reducir accidentes o atropellos. Se legisla sin datos, sin respaldo estadístico y sin garantías. La supuesta mejora no está probada. Lo que sí es evidente es el negocio: millones de dispositivos vendidos, millones de euros facturados, y todos pagados por el mismo de siempre, el español medio.
A esta incoherencia se suma una desigualdad intolerable: la obligación solo recae sobre vehículos matriculados en España, mientras que los extranjeros que circulen por nuestras carreteras pueden seguir usando triángulos. Dos coches averiados, misma situación, mismo peligro… pero trato distinto. El español, obligado; el extranjero, libre. ¿Esto es seguridad vial? No, esto es desprecio hacia nuestro propio ciudadano. Una norma improvisada que genera desconfianza y humillación.
Además, el coste no es solo económico. Hay presión social y técnica: familias que ya no llegan a fin de mes tendrán que comprar un aparato obligatorio, mantenerlo cargado, comprobar su homologación y rezar para que funcione en caso de emergencia. Mientras tanto, el mercado está inundado de modelos no homologados o anunciados de forma engañosa. Muchos conductores acabarán comprando algo que no servirá en 2026, quedando expuestos a sanciones y a una sensación permanente de indefensión. La trampa perfecta: la obligación fue creada; ahora viene el negocio.
Para colmo, los propios inventores de la V16 reconocen que su idea original no era sustituir universalmente los triángulos, sino ofrecer una alternativa útil para personas con movilidad reducida. Lo que nació como opción voluntaria se ha convertido en imposición forzada. Esa distorsión revela que la medida no proviene de una mejora real, sino de una decisión política impuesta que no escucha a la sociedad.
La suma de todos estos factores —visibilidad limitada, dependencia tecnológica, falta de respaldo científico, desigualdad normativa y presión económica— demuestra que la baliza V16 no es una mejora, sino un problema. No es seguridad vial, es prepotencia legislativa. No es protección, es recaudación. Y una vez más, España demuestra que no protege al ciudadano: lo explota.
Felipe Pinto.
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