Constitución Española, artículo 68:
“El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto…”
Constitución Española, artículo 14:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
La igualdad del voto es una exigencia constitucional. Está escrita con claridad. No admite interpretación ni matices. El sufragio para elegir a los diputados debe ser universal, libre, directo y, sobre todo, igual. Esa igualdad no es un elemento decorativo; es el fundamento de la representación democrática. Sin embargo, en España esa igualdad sencillamente no existe. El voto de un español no tiene el mismo valor que el voto de otro español, y no por su condición personal o ideológica, sino por el lugar en el que reside, lo cual contradice frontalmente la Constitución.
Hoy, el Congreso de los Diputados —que debería representar a todos los españoles por igual— se elige mediante un reparto territorial por provincias. Eso implica que no votamos como ciudadanos, sino como unidades territoriales. Y como los territorios no votan, son los partidos políticos quienes se benefician de este diseño injusto. El resultado es que el valor del voto es distinto según el lugar donde cada español esté censado: en unas provincias un voto tiene un peso mucho mayor y en otras un peso mucho menor a la hora de obtener representación parlamentaria. Esa distorsión no responde a la voluntad del elector, sino a un defecto estructural del sistema, que vulnera abiertamente el principio constitucional de igualdad.
La corrección de esta injusticia no requiere inventos ni complicaciones técnicas: circunscripción única para todo el Estado y lista única de 350 candidatos, que son los 350 escaños del Congreso. De esta manera, todos los españoles podrían votar a las mismas listas, sin privilegios territoriales y sin desventajas censales. Esa es la verdadera igualdad constitucional. Esa es la justicia electoral que nunca hemos tenido.
El sistema actual permite además un efecto perverso: partidos regionales o separatistas, con una cantidad reducida de votos concentrados en un territorio concreto, obtienen escaños suficientes para bloquear, condicionar o chantajear al Gobierno de la Nación. Partidos que no representan a España en su conjunto, que es más, que son enemigos declarados de la unidad nacional y que buscan la separación de la Nación, acaban imponiendo condiciones mediante el chantaje, que afectan a toda España. El Estado entero queda sometido al poder de minorías que sólo buscan intereses locales, despreciando el interés general de la Nación y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
La reforma de la circunscripción única elimina ese chantaje. Obliga a los partidos a dirigirse a España, no a su parcela territorial. Nadie podrá comprar posiciones de poder a cambio de escaños inflados artificialmente por el reparto provincial. Todos los españoles tendrían exactamente el mismo valor democrático. Todos los electores serían iguales, como manda la Constitución.
Algunos objetan diciendo que “entonces las regiones no estarían representadas”. Esa objeción desconoce la arquitectura constitucional. Para representar territorialmente a España existe el Senado, que es precisamente la cámara territorial. Si el Senado está, está para eso: para representar a provincias, autonomías y territorios. Si el Senado no cumple esa función, entonces sobra, y con él una estructura millonaria en sueldos, dietas y gastos. Lo que no tiene sentido es que el Congreso haga de cámara de ciudadanos y a la vez de cámara territorial. Esa duplicidad no es constitucional: es un despropósito.
La circunscripción única aclara y ordina el sistema. Restituye la igualdad del voto, cumple la Constitución, elimina el chantaje territorial y devuelve a España una representación auténtica. No necesitamos reformas maquilladas ni comisiones interminables. Solo necesitamos cumplir lo que ya está escrito en la Constitución.
Todos los españoles son iguales, y su voto debe ser igual. Si el sistema electoral no respeta esa igualdad, entonces no estamos ante un problema técnico ni administrativo. Estamos ante una estafa a la Constitución.
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