Desde el Gobierno se repite de forma insistente, casi ritual, un mensaje dirigido a los ciudadanos: que colaboran con la justicia, que respetan escrupulosamente la separación de poderes y que nadie está por encima de la ley. Es una consigna cuidadosamente diseñada para tranquilizar conciencias y blindar el relato oficial. Pero cuando ese discurso se enfrenta a los hechos, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace se vuelve obscena.
La negativa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a entregar su pasaporte a requerimiento expreso del juez instructor no es un detalle menor ni un tecnicismo jurídico. Es un acto consciente, sostenido en el tiempo, que desmonta por completo el discurso gubernamental de colaboración con la justicia. Porque colaborar no es proclamar respeto institucional en una rueda de prensa; colaborar es cumplir las resoluciones judiciales, especialmente cuando incomodan.
Un juez, representante del Poder Judicial —uno de los pilares del Estado de Derecho— dicta una diligencia dentro de una investigación penal en curso. No actúa por capricho ni por interés político, sino en el marco de sus competencias legales. Y, sin embargo, la persona requerida decide no atender ese requerimiento. No hay imposibilidad material. No hay error. Hay una decisión deliberada de no cumplir. La Policía Judicial lo certifica ante el magistrado. Y el tiempo pasa sin que el desafío tenga una respuesta proporcional.
Aquí se rompe algo esencial. Porque cuando una orden judicial puede ser ignorada desde el entorno del Gobierno sin consecuencias inmediatas, el mensaje que recibe la sociedad es demoledor: la ley ya no opera con la misma intensidad para todos. Hay ciudadanos sometidos al rigor del sistema y otros protegidos por su cercanía al Ejecutivo. Y eso, en una democracia, es veneno puro.
La hipocresía es evidente y resulta imposible de ocultar. Desde el Gobierno se proclama colaboración con la justicia mientras, en la práctica, se la esquiva. Se habla de respeto institucional mientras se desacredita al juez. Se invoca el Estado de Derecho mientras se estiran sus límites hasta el extremo. No se coopera: se resiste. No se aclara: se dilata. No se cumple: se gana tiempo. Porque colaborar tendría consecuencias, y esas consecuencias no interesan al poder político.
No estamos ante un procedimiento menor ni ante una figura irrelevante. Estamos hablando de la esposa del presidente del Gobierno, investigada judicialmente por cinco delitos, en una causa penal que afecta directamente al núcleo del poder ejecutivo. Y precisamente por eso la exigencia debería ser máxima. En cualquier democracia sana, quienes están más cerca del Gobierno son los primeros obligados a dar ejemplo. Aquí sucede lo contrario: el Ejecutivo se parapeta, se blinda y se protege a sí mismo.
Se pretende justificar esta actitud apelando a derechos fundamentales y a interpretaciones forzadas del principio de no autoincriminación, como si entregar un pasaporte —un documento administrativo— equivaliera a declararse culpable. Es un argumento endeble desde el punto de vista jurídico y profundamente insultante desde el punto de vista cívico. Si ese razonamiento se aceptara, ningún investigado tendría obligación alguna de colaborar con la justicia. El sistema entero se vendría abajo. La ley dejaría de ser un marco común para convertirse en una herramienta selectiva.
Pero hay una pregunta que nadie en el Gobierno quiere formular y que, sin embargo, planea sobre todo este episodio: ¿qué ocurriría si el juez, en uso legítimo de sus atribuciones y con toda la fuerza de la ley, adoptara medidas más severas ante la desobediencia reiterada? ¿Qué haría el Ejecutivo si una decisión judicial plenamente ajustada a Derecho afectara de forma directa a su entorno más íntimo? ¿Respetaría la resolución o volvería a poner en cuestión al juez, a la Policía Judicial y al propio sistema?
Esa es la verdadera dimensión del problema. Porque cuando un Gobierno permite que se desafíe una orden judicial, no solo erosiona una instrucción concreta: pone a prueba los límites del Estado de Derecho. Y cuando esos límites se tensan desde el poder, el riesgo ya no es jurídico, es institucional.
Una democracia no se degrada de golpe. Se degrada cuando el Gobierno empieza a creerse impune, cuando las reglas dejan de aplicarse por igual, cuando la ley se convierte en un obstáculo a sortear y no en un límite que respetar. Hoy es un pasaporte. Mañana será una citación. Pasado mañana, una resolución judicial ignorada. Cada paso normaliza el siguiente.
Aquí no se está juzgando aún la culpabilidad de nadie. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales. Pero sí se está juzgando algo previo y fundamental: si el Gobierno está dispuesto a someterse a la ley como cualquier ciudadano o si considera que la justicia es legítima solo cuando no se acerca demasiado al poder.
Porque cuando un Gobierno miente a los ciudadanos sobre su colaboración con la justicia y, al mismo tiempo, desafía sus resoluciones, la democracia no se rompe de inmediato, pero empieza a vaciarse por dentro. Y cuando la ley deja de ser un límite para el Ejecutivo, deja de proteger a los ciudadanos. Ese es el verdadero peligro.
Felipe Pinto.
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