Durante décadas, el liberalismo ha sido presentado como el gran motor del progreso occidental. Se le ha atribuido la prosperidad económica, la expansión de derechos y la estabilidad de los sistemas políticos modernos. Sin embargo, la realidad que hoy vive Europa —y muy especialmente España— obliga a replantear esa narrativa triunfalista. Detrás del discurso de la “libertad individual”, el liberalismo ha ido erosionando de forma silenciosa pero constante los pilares morales, sociales y nacionales que sostenían a nuestros pueblos.
No se trata de negar la libertad como valor. Una sociedad sana necesita libertad. Pero hay una diferencia esencial entre una libertad arraigada en una comunidad viva y la libertad abstracta que predica el liberalismo contemporáneo. La primera nace de la pertenencia, la responsabilidad y el deber. La segunda se ha convertido en una coartada ideológica para la disolución de todo vínculo. El liberalismo moderno ha reducido al ser humano a un individuo aislado, desvinculado de su historia, de su familia, de su nación y de su cultura. Todo vínculo ha pasado a considerarse una “limitación”, toda tradición una “opresión”, toda identidad una “construcción arbitraria”. En nombre de la autonomía individual se ha vaciado de contenido el sentido de comunidad.El resultado no ha sido una sociedad más fuerte, sino una sociedad más frágil. Donde antes había familias, ahora hay unidades de consumo. Donde antes había deberes compartidos, ahora hay derechos sin contrapartida. Donde antes había pertenencia, ahora hay soledad. Al romper los marcos morales heredados, el liberalismo no ha creado ciudadanos más libres, sino ciudadanos más dependientes. Dependientes del Estado, del mercado y de las grandes corporaciones culturales que fabrican identidades, valores y discursos. El vacío dejado por la tradición no lo llena la libertad: lo llena el poder. Así, la ideología que prometía emancipación ha acabado facilitando la manipulación. Una sociedad sin raíces es una sociedad fácil de dirigir.
Este proceso ha tenido también una traducción directa en la degradación de la política. La nación ha sido reducida a una plataforma administrativa, a una empresa de servicios, donde el bien común se diluye en la suma de intereses particulares y la patria se vacía de contenido histórico y moral. La política deja de ser proyecto compartido y se convierte en simple gestión. La comunidad nacional se diluye y es sustituida por una suma de individuos convertidos en clientes.
A esta disolución moral y comunitaria se suma un fenómeno mucho más grave y menos visible: la aparición de formas de criminalidad estructural asociadas al modelo liberal contemporáneo. En nombre del mercado y de la desregulación han prosperado sistemas completos de expolio financiero, quiebras fraudulentas, burbujas especulativas, privatizaciones diseñadas para beneficiar a minorías y arquitecturas de evasión fiscal que drenan recursos públicos esenciales. No se trata de delitos aislados, sino de modelos sofisticados de saqueo que operan dentro o en el borde de la legalidad. El beneficio se privatiza y la ruina se socializa: cuando las grandes estructuras fallan, son las familias, los trabajadores y los contribuyentes quienes pagan las consecuencias, mientras los responsables quedan protegidos por redes jurídicas y financieras.
En este contexto florece la criminalidad corporativa: vertidos tóxicos, medicamentos adulterados, manipulación de datos, corrupción internacional, compra de voluntades políticas y puertas giratorias que convierten al cargo público en intermediario de intereses privados. La corrupción deja de ser una desviación puntual y pasa a convertirse en un mecanismo sistémico. El liberalismo ha creado ecosistemas donde la frontera entre lo público y lo privado se diluye, donde lobbies opacos influyen en la redacción de leyes, donde la financiación cruzada de partidos y fundaciones condiciona la agenda política y donde los contratos públicos se diseñan a medida. La corrupción ya no es una patología: es una forma de funcionamiento.
Pero existe un crimen aún más profundo que no aparece en los códigos penales: el crimen moral. Convertir la vida humana en mercancía, la nación en empresa y al ciudadano en cliente destruye la base ética que hace posible la ley, la confianza y el bien común. Sin esa base, ninguna sociedad puede sostenerse en el tiempo.
Sería deshonesto negar que el liberalismo contribuyó en su origen a limitar el absolutismo, a promover ciertas libertades civiles y a impulsar la iniciativa económica. Esas conquistas forman parte de nuestra historia y deben ser preservadas. Pero el liberalismo del siglo XXI ya no es aquel. Ha mutado en una ideología que, bajo la apariencia de neutralidad y progreso, erosiona sistemáticamente todo lo que no puede mercantilizarse y disuelve los vínculos que hacen posible una comunidad fuerte.
Hoy el liberalismo ya no es una garantía de libertad, sino un factor de disolución. No protege la identidad de los pueblos: la licua. No fortalece la comunidad: la fragmenta. No defiende la soberanía: la subordina a intereses globales. Una nación no se sostiene solo con derechos. Se sostiene con raíces, con identidad y con compromiso. Y recuperar ese suelo firme exige ir más allá del liberalismo como dogma incuestionable.
Felipe Pinto.

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