La captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos no ha provocado únicamente un terremoto diplomático. Ha desatado algo mucho más profundo: ira y miedo en el corazón del socialismo y de la ultraizquierda española. No se trata de una reacción ideológica ni de un gesto de solidaridad internacional. Es una reacción de supervivencia política. Porque cuando un poder que durante años ha funcionado como eje de alianzas, legitimaciones y redes de influencia cae bajo jurisdicción penal internacional, no cae solo: arrastra consigo a quienes formaron parte de su ecosistema.
Durante más de una década, el régimen bolivariano no fue presentado por amplios sectores de la izquierda española como una dictadura, sino como una “alternativa”, un “modelo”, un “aliado” e incluso un “ejemplo”. Se relativizaron sus abusos, se blanqueó su deriva autoritaria y se tejió un relato que convirtió a una autocracia empobrecedora en una supuesta experiencia emancipadora. Hoy ese relato se derrumba, y con él, la arquitectura simbólica que lo sostenía.
Pero lo que realmente desata el pánico no es la caída política de Maduro, sino su caída judicial. Un acusado que se enfrenta a penas máximas deja de proteger estructuras y pasa a protegerse a sí mismo. En el sistema penal estadounidense, la cooperación con la justicia puede traducirse en beneficios penales, lo que convierte al antiguo “intocable” en un posible archivo vivo: alguien con incentivos para aportar nombres, rutas, contratos, intermediarios y circuitos que durante años permanecieron cerrados.
En España, durante años no se ha podido acreditar judicialmente una financiación ilegal de Podemos vinculada al chavismo, fundamentalmente por falta de pruebas directas disponibles en territorio español. Pero ese límite desaparece si quien controlaba el archivo del régimen decide colaborar con la justicia estadounidense. Lo que hasta ahora era una sospecha política podría convertirse entonces en un problema penal documentado.
Ese es el verdadero origen del nerviosismo. Porque el chavismo no fue solo una afinidad ideológica: fue un ecosistema. Hubo viajes, asesorías, convenios, fundaciones, mediaciones, redes mediáticas y legitimación política sistemática. Existió una relación estructural pública, reconocida y defendida durante años, aunque muchas de sus ramificaciones no hayan sido judicialmente acreditadas aquí. El temor es que empiecen a aparecer ahora fuera.
En ese mapa aparece también el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, convertido en figura de referencia del chavismo en Europa, que ha reconocido que sus desplazamientos en Venezuela eran asumidos por el propio gobierno bolivariano. Y cuando el régimen que sostenía esas mediaciones entra en fase judicial, lo que antes era diplomacia blanda pasa a ser documentación revisable.
Por eso la reacción del bloque gubernamental y de su entorno político ha sido tan reveladora. No ha habido una condena clara al autoritarismo ni una defensa explícita del pueblo venezolano. Ha habido defensa jurídica del régimen. Llamamientos a la “legalidad internacional”, prisas discursivas y silencios calculados, orientados a levantar un cortafuegos preventivo antes de que se abra el archivo.
Y hay algo más que explica la inquietud: el modelo bolivariano no es solo un recuerdo ajeno. En muchos de sus aspectos —control del relato, colonización institucional, uso del Estado como herramienta de poder partidista, dependencia de redes afines y deslegitimación sistemática del adversario— ese modelo está siendo observado, reinterpretado y parcialmente replicado en España por Pedro Sánchez y sus aliados. La caída del original no solo expone el pasado: pone en cuestión el futuro del modelo.
Porque cuando el padrino cae, no solo tiemblan los símbolos. Tiemblan también los socios, los papeles y los nombres.
Felipe Pinto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario