LA MONARQUÍA SE PONE EN CONTRA DE LA PROPIA MONARQUÍA

La monarquía parlamentaria solo puede sostenerse sobre un principio esencial e irrenunciable: la neutralidad absoluta del jefe del Estado. No es una fórmula protocolaria ni una tradición retórica heredada del pasado, sino una exigencia constitucional que garantiza que la Corona represente a todos los españoles sin distinción. Cuando ese principio se quiebra, no se resiente un partido concreto ni una corriente ideológica determinada; lo que se resiente es la propia institución. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido cuando el rey Felipe VI, en su mensaje de Navidad, decidió abandonar la prudencia que exige su cargo para adentrarse en el terreno del discurso político.

Bajo la apariencia de llamamientos genéricos al entendimiento, a la convivencia y al rechazo de los llamados “extremismos” y “populismos”, el mensaje transmitió una toma de posición que millones de españoles identificaron de inmediato. En el contexto político actual, ese lenguaje no es neutro ni abstracto, sino un código reconocible, utilizado de forma sistemática para señalar y deslegitimar a una parte concreta de la ciudadanía. Cuando ese marco conceptual lo adopta el rey, deja de ser árbitro para convertirse en actor, y la Corona pierde su función de punto de encuentro para transformarse en un elemento más de la confrontación política.

Pero la deriva no se limita al plano retórico. A esa parcialidad discursiva se suma un alineamiento cada vez más evidente con la llamada Agenda 2030, un conjunto de políticas que, en la práctica, está asfixiando al sector primario español, castigando a agricultores, ganaderos y pescadores, y contribuyendo a la destrucción de la soberanía productiva del país. Cuando desde la Jefatura del Estado se ampara o se legitima ese marco ideológico globalista, se envía un mensaje devastador a quienes sostienen con su trabajo el campo, el mar y la economía real del reino, nunca mejor dicho.

El daño no se limita a los votantes de Vox, que se puedan sentir señalados, despreciados y tratados como una anomalía democrática por quien debería representarlos también a ellos. El daño es más profundo y más grave, porque alcanza incluso a ciudadanos que se han considerado monárquicos toda su vida y que observan con creciente desconcierto cómo la jefatura del Estado se alinea, cada vez con menos disimulo, con el discurso dominante del sistema político, mediático y supranacional. La paradoja es evidente: nunca como ahora la monarquía había logrado generar tanto desapego entre quienes siempre la defendieron. Es más, puedo asegurar que existen monárquicos de toda la vida que, hoy, están empezando a aborrecer la propia monarquía, estandarte hasta este momento de sus más profundas convicciones.

Este debate no lo impone ningún partido político; nace del análisis crítico de quien observa la deriva de la institución. No es una cuestión de siglas, sino de responsabilidad cívica. Desde mi punto de vista, no es una formación concreta la que erosiona la monarquía, sino una jefatura del Estado que parece más preocupada por encajar en determinados consensos ideológicos y agendas globales que por cumplir estrictamente el papel que la Constitución le asigna. Cuando el rey habla como el Gobierno, utiliza las mismas etiquetas, comparte el mismo marco ideológico globalista, legitimando políticas que empobrecen a los españoles, deja de ser símbolo de unidad nacional para convertirse en parte del problema.

La Constitución no otorga al rey la función de tutor político ni de corrector moral de los españoles, ni mucho menos la de portavoz de agendas ideológicas que nadie ha votado. Su legitimidad no procede del aplauso de tertulias, editoriales o foros internacionales, sino de su capacidad para representar a todos los ciudadanos, piensen como piensen y voten lo que voten. Cuando millones de españoles sienten que el rey ya no les pertenece, que ya no les representa y que incluso les juzga desde una superioridad moral impostada, la fractura institucional es un hecho.

Por eso el silencio no es una opción. Callar ante esta deriva no es prudencia, es renuncia y en un sistema constitucional, la neutralidad del jefe del Estado no es opcional: es la condición que justifica su papel. Cuando esa neutralidad se abandona, la institución deja de cumplir su función y se convierte en un factor más de división. Si esta actitud persiste, no será un partido político el que distancie a los ciudadanos de la Corona, sino un rey que, con cada discurso político y cada guiño a agendas ajenas al interés nacional, contribuye a erosionar la confianza en la jefatura del Estado. Cuando el jefe del Estado hace política, el problema ya no es ideológico: es institucional.

Felipe Pinto.