España asiste a un proceso calculado y frío de demolición de la Guardia Civil, un cuerpo que durante generaciones sostuvo la seguridad nacional, combatió al terrorismo, frenó la expansión del narcotráfico y protegió a los ciudadanos incluso cuando los recursos escaseaban, y hoy observa cómo el Gobierno, bajo la dirección política de Marlaska, lo desarma desde dentro con la calma de quien tiene un objetivo ideológico y no una obligación institucional.
No se trata solo del abandono de los cuarteles o de la precariedad de los medios, sino de algo mucho más grave, porque el Gobierno ha puesto la mirada sobre la UCO, la Unidad Central Operativa, la élite investigadora del cuerpo, la unidad que destapó redes de corrupción, que tumbó estructuras criminales y que ha sido históricamente independiente del poder político, y es precisamente esa independencia lo que ahora molesta, lo que incomoda, lo que se quiere controlar para convertir una herramienta de Estado en una herramienta del partido.
La intención es evidente, apropiarse de la UCO, manosearla, colocar dirección política en un espacio que siempre actuó con autonomía y profesionalidad, porque una UCO libre es capaz de investigar lo que no interesa investigar, mientras una UCO sometida se convierte en una oficina más al servicio del relato gubernamental.
Pero el ataque no queda ahí, porque el desmantelamiento también ha alcanzado a los servicios especiales contra el narcotráfico, unidades que fueron un muro en el Estrecho, en Galicia, en Levante, en Andalucía, y que durante años mantuvieron a raya a organizaciones criminales que hoy vuelven a moverse con soltura, sabiendo que esos equipos ya no tienen ni efectivos suficientes, ni medios náuticos adecuados, ni respaldo político para actuar con determinación
Patrulleras amarradas, helicópteros sin mantenimiento, agentes sin chalecos de repuesto, grupos operativos reducidos o directamente disueltos, todo mientras Marlaska presume de modernización desde un despacho donde nunca falta calefacción, escolta ni coche oficial. La realidad en el terreno es la de una Guardia Civil que ya no puede llegar donde llegaba, que ya no cubre lo que cubría, y que tiene que ver cómo los narcos avanzan porque el Ministerio ha decidido sustituir eficacia por propaganda, presencia por estadísticas maquilladas, experiencia por obediencia.
Los guardias denuncian que muchas de estas unidades especiales han sido vaciadas, que los destinos de mayor riesgo se quedan sin personal, que la lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una batalla desigual porque quienes se juegan la vida lo hacen con equipos viejos y órdenes políticas que les piden no molestar demasiado.
Marlaska no solo ha desprotegido a los agentes, sino que ha legitimado el discurso de quienes insultan a la Guardia Civil desde los parlamentos autonómicos, ha purgado a mandos que no aceptaron interferencias partidistas y ha permitido que las policías regionales se conviertan en ejércitos paralelos dispuestos a ocupar espacios que antes garantizaban neutralidad, legalidad y presencia del Estado.
Todo esto forma un patrón perfectamente visible, porque ningún país serio reduce a la mínima expresión a sus unidades más valiosas, ningún país responsable deja caer a la UCO, ningún país consciente desarma sus servicios antidroga, a no ser que el Gobierno quiera reproducir el modelo venezolano donde el Estado ha dejado crecer al narcotráfico mientras debilitaba deliberadamente a sus fuerzas de seguridad y ningún país que se respete a sí mismo permite que los criminales respiren tranquilos mientras los agentes que los persiguen caminan mirando al suelo por falta de apoyo institucional
España, bajo el mandato de Marlaska, está convirtiendo la seguridad en un espejismo, en un producto de marketing, en un decorado que esconde un proceso de desactivación interna de la Guardia Civil que no es casual, ni improvisado, ni inocente.
Y llegará un día en que los ciudadanos que hoy creen las palabras del Gobierno comprenderán que sin Guardia Civil no hay defensa posible, que sin unidades operativas no hay contención del crimen, que sin UCO no hay protección frente a la corrupción, que sin servicios especiales no hay barrera frente al narcotráfico y que una nación que desarma a sus protectores termina siempre desarmada ante sus enemigos.
Pero entonces será tarde, y quienes hoy han mirado hacia otro lado tendrán que admitir que fue el propio poder político quien dejó caer la columna vertebral de la seguridad nacional mientras ellos aplaudían consignas.
Felipe Pinto.
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