EL BIPARTIDISMO QUE ARRASÓ ESPAÑA

Durante décadas, España ha sido gobernada por un sistema de alternancia que se vendió como estabilidad, moderación y consenso, pero que en la práctica ha funcionado como una estructura cerrada de poder cuya principal finalidad no ha sido servir al país, sino repartirse las instituciones, blindar privilegios y consolidar un modelo que ha provocado una degradación profunda de la economía, de la cohesión social, de la seguridad jurídica y de la propia idea de nación, un modelo sostenido por dos grandes aparatos políticos que, pese a su retórica enfrentada, han compartido una misma hoja de ruta basada en la cesión progresiva de soberanía, la expansión constante del gasto público, la asfixia fiscal de la clase media y la conversión del Estado en una maquinaria cada vez más alejada de los intereses reales de los ciudadanos.

Ese bipartidismo no es un concepto abstracto, tiene nombres y continuidad histórica muy concreta, y está protagonizado por PP y PSOE, dos siglas que han turnado el Gobierno durante más de cuarenta años sin cambiar el modelo de fondo, que han discutido en público mientras firmaban lo mismo en Bruselas, aceptaban las mismas directrices supranacionales, aplicaban las mismas agendas ideológicas y sostenían la misma arquitectura institucional, actuando no como alternativas reales sino como relevos de un mismo proyecto de país.
Mientras se entretenía a la sociedad con debates superficiales, campañas vacías y una falsa confrontación mediática, se desmantelaban sectores productivos estratégicos, se destruía el tejido industrial y agrícola, se empujaba al cierre a miles de pequeñas empresas, se cronificaba la precariedad laboral y se normalizaba que generaciones enteras vivieran peor que las anteriores, todo ello acompañado de una presión impositiva cada vez más agresiva, de un endeudamiento estructural que compromete el futuro y de una legislación creciente diseñada más para controlar que para proteger, más para disciplinar que para garantizar libertad y prosperidad.

Este proceso no ha sido casual ni fruto de errores aislados, sino la consecuencia directa de la adhesión consciente y continuada de PP y PSOE al marco de la Agenda 2030 y a las directrices supranacionales que la acompañan, un conjunto de políticas que, bajo un lenguaje aparentemente amable, han servido para justificar una transición energética que encarece la vida, normativas medioambientales que asfixian al campo y a la industria, reformas sociales que fragmentan a la sociedad, un modelo productivo que penaliza la producción nacional y una economía cada vez más dependiente, más regulada, más endeudada y menos libre.

Bajo gobiernos de distinto color pero con decisiones estructurales idénticas, se han repetido privatizaciones opacas, reformas laborales que consolidan la precariedad, cesiones territoriales que erosionan la unidad nacional, pactos con fuerzas que cuestionan abiertamente el proyecto común, concesiones permanentes a minorías que condicionan presupuestos y leyes, y una sumisión constante a organismos externos que dictan la política energética, fiscal, migratoria y productiva sin responder ante los ciudadanos, configurando un sistema que no gobierna para el país, sino que administra su desgaste.

España pasó de producir a importar, de apostar por la industria y el campo a depender de servicios precarizados, de ahorrar a endeudarse de forma estructural, de premiar el mérito a imponer el conformismo, de garantizar estabilidad normativa a vivir bajo una inseguridad jurídica permanente, mientras la clase media era empujada hacia abajo, los autónomos convertidos en objetivo fiscal, las familias castigadas por la inflación, la vivienda convertida en un bien inaccesible y la juventud condenada a la precariedad o a la emigración.

Paralelamente, el Estado no dejó de crecer, pero no en servicios útiles al ciudadano sino en estructura política, en capas administrativas, en organismos duplicados, en entes públicos, observatorios, fundaciones, agencias, consejos y empresas instrumentales que multiplican cargos, direcciones generales, asesores, secretarías, dietas y jubilaciones especiales, de manera que mientras la economía real se encogía, la burocracia se expandía, y mientras el ciudadano veía cómo subían la luz, el gas, el agua, los alimentos, los alquileres y los impuestos, sus salarios no subían al mismo ritmo o directamente no subían, al tiempo que la clase política veía crecer sus sueldos, sus privilegios y su número, configurando un modelo donde el poder no depende de la prosperidad del país sino del tamaño del presupuesto.

A este modelo de hipertrofia política y empobrecimiento social se suma un elemento decisivo: la corrupción estructural que ha acompañado durante décadas a PP y PSOE, una corrupción que no puede despacharse como una suma de “casos aislados”, porque ha sido persistente, transversal y continuada, con tramas, condenas, imputaciones, archivos opacos y responsabilidades políticas que rara vez se han traducido en devoluciones efectivas del dinero sustraído al contribuyente, de modo que mientras miles de ciudadanos eran sancionados por retrasos mínimos, errores administrativos o deudas ínfimas, las grandes tramas de corrupción política se saldaban con penas simbólicas, prescripciones, amnistías fiscales encubiertas o simples olvidos contables que jamás restituyeron al erario público lo que se le había arrebatado.

El resultado ha sido la normalización de una doble vara de medir: rigor extremo para el ciudadano corriente y tolerancia práctica para el poder político, consolidando la sensación de impunidad, desconfianza y desafección que hoy atraviesa la sociedad, y cerrando el círculo de un sistema donde el bipartidismo no solo ha administrado la decadencia, sino que además ha permitido que parte de ella fuera convertida en beneficio privado sin restitución ni responsabilidad real.

De este modo se ha instalado una injusticia estructural: el ciudadano depende de que haya producción, empleo y crecimiento real, mientras el poder depende de que haya más gasto, más partidas, más subvenciones y más oficinas, convirtiendo cada crisis en una oportunidad para engordar la maquinaria política y empobrecer al contribuyente, lo que explica que bajo el mismo marco ideológico y normativo España se vacíe y el aparato político se llene.

Al mismo tiempo se debilitó el principio de autoridad, se relativizó la delincuencia, se normalizó la ocupación ilegal de viviendas, se fragmentó el sistema educativo, se utilizaron las aulas como espacios de ingeniería ideológica y se vació de contenido la idea de nación, sustituyendo la igualdad ante la ley por un mosaico de privilegios territoriales, lingüísticos e ideológicos que rompen la cohesión social.
Y cuando las consecuencias de este modelo se hacen evidentes, los mismos responsables vuelven a presentarse como solución, prometiendo corregir aquello que ellos mismos han consolidado durante décadas, en un ciclo de alternancia que no busca rectificar sino perpetuar un sistema cerrado de reparto de poder, recursos y control institucional.

El bipartidismo no ha sido un error, ha sido un sistema, y ese sistema ha tenido un resultado claro: una España más pobre, más fragmentada, más dependiente y con menos capacidad de decidir su propio futuro.

Porque España no ha fracasado por sí sola, la han hecho fracasar, y sus responsables tienen nombre: PSOE y PP.

Y, sin embargo, algo está cambiando. Cada vez más jóvenes están despertando, están mirando las cifras, comparando promesas con resultados y comprendiendo que el problema no es una legislatura concreta sino un modelo completo que ha hipotecado su futuro, su acceso a la vivienda, su capacidad de prosperar y hasta su derecho a quedarse en su propio país. Esa nueva generación, que no vivió los pactos fundacionales ni las viejas lealtades del bipartidismo, empieza a romper el relato heredado y a buscar alternativas que hablen de soberanía, trabajo real, mérito, seguridad y dignidad nacional. Su apoyo creciente a Vox no es una moda ni un voto de protesta, es el síntoma de un cambio de conciencia que abre una expectativa inédita: la de una rectificación histórica, la de una reconstrucción profunda y la de una oportunidad real para que España vuelva a ser dueña de su destino.

Felipe Pinto.