EL FALSO “TECHO” DE VOX

 

Desde hace años se repite con tono tranquilizador una idea que se ha convertido casi en dogma: que VOX tiene un techo, que su crecimiento es limitado, que su papel está acotado y que, pasado un cierto punto, su avance se frenará por sí solo. Es una afirmación que no se sostiene en datos, sino solo en el deseo de incapaces. Porque en realidad, lo único que no conocemos todavía es hasta dónde puede llegar, ni cuánto tiempo tardará en consolidarse como segunda o, incluso, primera fuerza nacional. Lo que sí conocemos con bastante precisión es lo que su ascenso está dejando al descubierto por el camino.

La primera gran pieza que empieza a resquebrajarse es el relato de la “pinza”, ese argumento según el cual VOX existiría para beneficiar al socialismo y debilitar al Partido Popular. Los resultados electorales desmienten esa narrativa de manera sistemática. Allí donde VOX crece, el bloque de poder tradicional se tambalea. Los descensos socialistas no se compensan con subidas equivalentes del PP, y la suma mecánica de vasos comunicantes deja de funcionar. El sistema bipartidista, construido durante décadas como un circuito cerrado de alternancia, ya no logra absorber el descontento ni canalizarlo dentro de sus propias paredes.

Pero el cambio es todavía más profundo. Hoy la clásica división entre izquierda y derecha ha perdido buena parte de su significado real. La izquierda, cuando gobierna, aplica determinadas políticas; y cuando llega la derecha —al menos la derecha homologada del Partido Popular—, no sólo no las revierte, sino que las consolida, las amplía, administradoras, para disimular, con otro lenguaje. En la práctica, las grandes líneas económicas, sociales, territoriales y regulatorias permanecen intactas. El relevo político ya no implica un cambio de rumbo, sino una rotación de gestores dentro del mismo marco.

Por eso la verdadera disyuntiva ya no es izquierda contra derecha, sino globalismo frente a soberanismo. De un lado se ha consolidado un bloque político transversal que ya no responde a la vieja lógica ideológica, sino a una misma arquitectura de poder. Es el bloque que asume sin debate real la cesión continuada de soberanía nacional, la subordinación a estructuras supranacionales y la aplicación de agendas globales diseñadas fuera del control efectivo de los parlamentos nacionales.

Bajo distintos discursos y siglas, ese bloque ha convertido en dogma una hoja de ruta que afecta al corazón mismo de la nación: políticas energéticas que encarecen la vida cotidiana, desmantelamiento progresivo de la industria propia, asfixia del sector primario, imposición de marcos regulatorios que hacen inviables explotaciones agrícolas, ganaderas y mineras, y una planificación medioambiental que, lejos de proteger el entorno del territorio, termina empujando a importar lo que antes se producía dentro. Se habla de transición, de sostenibilidad y de modernización, pero el resultado práctico es otro: pérdida de soberanía productiva, dependencia exterior creciente, encarecimiento estructural de la energía, abandono de zonas rurales y debilitamiento de la base industrial.

No se trata de medidas aisladas, sino de un modelo completo que redefine qué puede producirse, dónde y a qué coste, desplazando la capacidad de decisión desde los Estados hacia marcos regulatorios supranacionales. El conflicto político ya no gira en torno a matices ideológicos, sino en torno a algo mucho más profundo: quién decide, desde dónde se decide y a favor de quién se decide. Y es ahí donde la vieja división izquierda-derecha deja de explicar lo que ocurre.

Esto no es un fenómeno coyuntural. Forma parte de un proceso histórico más amplio que afecta a buena parte de Occidente. Desde mediados de la pasada década, la arquitectura política surgida tras la Guerra Fría empezó a mostrar síntomas de agotamiento. Nuevas mayorías, nuevos conflictos y nuevas fracturas sociales comenzaron a expresarse por vías que los viejos partidos no supieron —o no quisieron— interpretar. En España, ese proceso ha sido más lento, pero no menos profundo. Lo que durante años se explicó como anomalía ha terminado revelándose como cambio estructural.

Durante mucho tiempo, el sistema político y mediático trató a VOX como un accidente, una reacción pasajera, un episodio que acabaría diluyéndose por desgaste o por integración forzada dentro del viejo esquema. Cuando esa previsión falló, el tono cambió. El desprecio dio paso a la inquietud, y la inquietud a una hostilidad cada vez más organizada. A medida que VOX dejaba de ser un fenómeno marginal y empezaba a alterar los ejes del debate público, el problema dejó de ser electoral y pasó a ser sistémico.

Porque la verdadera ruptura no se ha producido en el reparto de escaños, sino en el marco mental desde el que se discuten los asuntos centrales del país. Durante décadas existió un consenso transversal —compartido por los grandes partidos nacionales y por las estructuras europeas— sobre inmigración, modelo productivo, fiscalidad, organización territorial, energía, vivienda y soberanía. VOX ha puesto esos consensos en cuestión, no como matiz, sino como estructura. Y eso tiene consecuencias mucho más profundas que cualquier porcentaje de voto.

El crecimiento del partido se apoya además en una base social muy concreta, que no es ideológica en abstracto sino material: barrios saturados, inseguridad en las calles, zonas rurales vaciadas, familias golpeadas por el encarecimiento de la vivienda, trabajadores que sienten que el sistema ha dejado de trabajar para ellos. No es una revuelta estética ni sentimental. Es una reacción de fondo ante un modelo que promete progreso mientras produce precariedad, promete integración mientras genera competencia desigual y promete estabilidad mientras debilita los servicios públicos.

En ese contexto, la idea de que VOX tenga un “techo” funciona más como un mecanismo de autoprotección del sistema que como un análisis realista. Sirve para tranquilizar, para mantener la ilusión de control y para evitar afrontar el verdadero problema: que una parte creciente de la sociedad ya no se reconoce en el marco político que se le ofrece.

Y hay algo más que empieza a pesar cada vez con mayor fuerza. A medida que los efectos reales de este modelo salen a la luz —el empobrecimiento energético, la ruina del campo, la pérdida de industria, el encarecimiento de la vida, la inseguridad creciente, el colapso de servicios públicos y la dependencia exterior— la narrativa se agota y comienza la factura. Ya no se trata de “errores de gestión”, sino de consecuencias estructurales de una agenda que ha sido impuesta sin mandato democrático real. Lo que al principio se presentaba como modernización empieza a percibirse como desposesión. Y cuando la gente entiende qué es realmente esa hoja de ruta, a quién beneficia y quién la paga, se produce un desplazamiento natural: no ya tanto por ideología, sino por supervivencia y VOX aparece como el único cabo donde agarrarse para evitar caer al vacío de la catástrofe.

En ese punto, el llamado “techo electoral de VOX” deja de existir, porque no se enfrenta a un límite artificial de voto, sino a un proceso social profundo, sostenido y acumulativo. Y ese tipo de procesos no se frenan con eslóganes: avanzan hasta que el modelo que los provoca se acaba agotando.

Felipe Pinto.