Hay años que pasan sin dejar huella. Y hay otros que marcan un antes y un después. Todo apunta a que 2026 será uno de esos años bisagra. No por una coyuntura pasajera, sino porque confluyen en él una serie de procesos judiciales que afectan al núcleo mismo del poder político en España. Y, sobre todo, porque todos ellos comparten un protagonista incómodo que el Gobierno ha intentado neutralizar sin éxito: las acusaciones populares.
Durante demasiado tiempo se ha sostenido la ficción de que el sistema se depura solo, de que los mecanismos institucionales bastan para controlar al poder. La realidad ha demostrado lo contrario. Gran parte de las causas que hoy cercan al entorno presidencial no existirían si asociaciones cívicas y organizaciones jurídicas no hubieran decidido empujar donde las estructuras del Estado miraban hacia otro lado. No fue casual que uno de los primeros movimientos políticos de la legislatura intentara limitar esta figura. Tampoco fue casual que fracasara. Porque si hoy se habla de una avalancha de procedimientos no es por iniciativa de una Fiscalía dócil, sino por la acción persistente de quienes han asumido el coste político y personal de exigir que la ley también alcance al poder.
Tras dos legislaturas bajo un gobierno que se presentó como regenerador, el balance es demoledor: una acumulación inédita de escándalos. Contratos bajo sospecha, adjudicaciones opacas, redes de intermediación, tráfico de influencias y presuntas mordidas han ido formando un paisaje que ya no cabe debajo de ninguna alfombra. 2026 será el año en que muchas de estas causas dejen de ser simples titulares de instrucción y pasen al terreno decisivo: el del juicio. Y no hablamos de procedimientos menores. Hablamos de causas que afectan a exministros, altos cargos, estructuras administrativas completas y, por primera vez, al círculo familiar directo del presidente del Gobierno.
En primavera llegará uno de los hitos más simbólicos. La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias vinculados a su contratación en la Diputación de Badajoz. El proceso no nace de una revisión interna, sino de una denuncia ciudadana. Y no solo eso: el tribunal ha rechazado maniobras de aforamiento exprés por considerarlas potencial fraude de ley. Es decir, el mensaje es claro: no hay atajos jurídicos para blindar al entorno del poder. Correos, testimonios y actuaciones administrativas apuntan a la posible creación de un puesto “a la carta”, lo que, de confirmarse, situaría este caso como uno de los precedentes más graves de nepotismo institucional en la España contemporánea.
En paralelo, el Tribunal Supremo avanza hacia el enjuiciamiento del llamado caso de las mascarillas o caso Koldo, que ha adquirido dimensiones de auténtica trama organizada. Exministros, asesores, empresarios y mediadores aparecen señalados por presuntas comisiones ilegales, adjudicaciones amañadas y desvío de fondos públicos. Los informes de la Guardia Civil han dibujado una arquitectura informal de poder que habría operado dentro de la propia Administración. Si se confirman los indicios, no estaríamos ante errores aislados, sino ante un sistema de corrupción estructural. De nuevo, las acusaciones populares han sido decisivas para que este procedimiento no haya sido enterrado.
A todo esto se suma una causa de enorme impacto institucional: la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que podría desembocar en un juicio con jurado popular en 2026. Las diligencias apuntan a la recopilación de comunicaciones, contratos y relaciones institucionales que podrían resultar determinantes para aclarar si existió un uso irregular de recursos públicos o una red de influencias amparada en la posición política del presidente. Es una causa sin precedentes por el rango del entorno afectado.
En este contexto, el propio presidente ha intentado refugiarse en una frase que, lejos de exculparle, lo deja atrapado en una trampa lógica: “Yo no sabía nada”. Si sabía lo que ocurría, el problema es evidente. Estaríamos ante un jefe del Ejecutivo que tolera, permite o encubre prácticas presuntamente delictivas en su entorno más inmediato. Pero si no sabía nada, el problema es aún más profundo: significa que España está gobernada por alguien incapaz de controlar, supervisar o siquiera conocer lo que ocurre bajo su propio techo político y familiar. ¿Cómo puede un presidente que no se entera de lo que ocurre en su entorno inmediato controlar un Estado de 48 millones de personas? ¿Cómo puede garantizar que no se están utilizando las instituciones para intereses privados? ¿Cómo puede proteger el dinero de todos si no controla ni lo que sucede a su alrededor?
Un gobernante que “no sabía nada” no es una víctima. Es un peligro público. La confianza no se basa en la inocencia, sino en la competencia. Y la competencia empieza por saber qué ocurre en tu propia casa. Lo que el presidente ha reconocido sin querer es algo más grave que cualquier imputación concreta: ha reconocido que no gobierna realmente su propio gobierno.
Hay un hilo conductor en todas estas causas: sin acusaciones populares, la mayoría no existirían. La sociedad civil ha tenido que ejercer de contrapeso donde las instituciones fallaban. Por eso 2026 no será un año cualquiera. Será el año en que se comprobará si la justicia española sigue siendo capaz de actuar cuando el foco apunta directamente al propio presidente del Gobierno y para él, 2026 no va a ser un año político. Será, sencillamente, para él, un avergonzante año judicial, algo que en cualquier otra democracia, no marcaría el principio de su final, simplemente, porque el final ya se hubiera producido.
Felipe Pinto.
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