VOX: EL TIEMPO LE DA LA RAZÓN Y EL APOYO SOCIAL

Durante años se intentó presentar a Vox como una anomalía política, como un fenómeno pasajero nacido del enfado o de la protesta. Se habló de voto de castigo, de reacción emocional, de exageración ideológica. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido desmontando ese relato pieza a pieza. Hoy, cada vez más ciudadanos empiezan a constatar algo que ya no puede ocultarse: Vox no creció por casualidad, ni por impulso, ni por moda. Creció porque señaló problemas reales cuando todavía era incómodo nombrarlos, porque advirtió de consecuencias que hoy empiezan a materializarse y porque defendió posiciones que, lejos de ser desmentidas por la realidad, están siendo confirmadas por ella.

España no atraviesa una legislatura más. Atraviesa una etapa de desgaste profundo de su arquitectura institucional, de su soberanía efectiva y de la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones. El actual Gobierno no gobierna con una visión de país, sino con una lógica de supervivencia. Ha convertido la ley en instrumento, las instituciones en parapetos y la soberanía en moneda de cambio. Ha normalizado la excepcionalidad, ha debilitado la separación de poderes y ha instalado la idea de que todo es negociable si sirve para prolongar el poder. Este deterioro no es superficial: deja cicatrices estructurales que no se borran con simples cambios de siglas.

A este desgaste institucional se le ha añadido la imposición de un marco ideológico presentado como incuestionable: la llamada Agenda 2030. Durante años se defendió como un conjunto de políticas técnicas, neutrales y beneficiosas. Quienes las cuestionaban eran tachados de alarmistas o irresponsables. Sin embargo, la realidad ha ido desmontando ese discurso. Europa empieza a frenar, revisar y corregir medidas que se presentaban como inevitables. Se replantean normativas, se suavizan imposiciones y se reconoce, cada vez con menos pudor, el daño causado a sectores estratégicos. Lo que ayer era dogma, hoy empieza a ser rectificado como error.

El campo español ha sido uno de los grandes damnificados de esta deriva. Agricultores y ganaderos han soportado una presión normativa, fiscal y burocrática que no protegía su trabajo, sino que lo sacrificaba en nombre de una agenda ajena a su realidad. Se les exigió producir menos, gastar más y competir en condiciones desiguales, mientras se abrían las fronteras a productos de terceros países sin las mismas exigencias. Se les pidió sacrificio, pero no se les ofreció futuro. Hoy, cuando Europa empieza a corregir parte de esas políticas, muchos recuerdan quién fue el único que advirtió desde el principio que ese camino conducía al abandono del mundo rural y al encarecimiento de los alimentos.

Algo parecido ha ocurrido con la energía, la industria y el poder adquisitivo de las familias. Decisiones políticas, no técnicas, han encarecido la luz, han reducido la competitividad industrial y han erosionado la capacidad de ahorro de millones de hogares. Mientras tanto, el discurso oficial hablaba de éxito, de liderazgo y de modernización. La distancia entre la propaganda y la vida real se ha hecho tan grande que ya no puede ocultarse con campañas ni con titulares.

En este proceso, Vox no solo tuvo que enfrentarse al silencio o a la indiferencia. Tuvo que soportar, por parte de los medios afines a la izquierda y a la derechita cobarde, una campaña sistemática de criminalización política y moral sin precedentes. Se le colgó una cadena de etiquetas diseñadas no para debatir, sino para anular: ultraderecha, xenófobo, racista, homófobo, machista, negacionista, peligro para la convivencia, amenaza para la democracia, riesgo para Europa, incluso peligro para la humanidad. No eran calificativos políticos; eran estigmas destinados a deshumanizar y a convertir en sospechoso todo lo que no encajaba en el pensamiento oficial.

A esa criminalización se sumó —y se suma— otra estrategia igual de eficaz: la invisibilización. Vox sigue hoy fuera del circuito normal de representación mediática. No se le concede un espacio proporcional a su peso social y electoral; o se le ignora, o se le menciona únicamente cuando conviene asociarlo a polémicas o acusaciones que con frecuencia acaban desinflándose o desmentidas. No es un olvido casual: es una forma de administrar visibilidad, de decidir quién “existe” políticamente y quién no. Con ello no se silencia solo a un partido: se intenta silenciar a millones de ciudadanos que se reconocen en sus diagnósticos y preocupaciones.

Pero este mecanismo empieza a fallar. La ciudadanía no vive en los titulares: vive en su factura de la luz, en el precio del carro de la compra, en la presión sobre el campo, en la inseguridad jurídica, en la incertidumbre económica, en la pérdida de confianza en las instituciones. Y cuando la realidad contradice de forma tan evidente el relato oficial, el silencio deja de ser eficaz. Al contrario: se vuelve sospechoso.

En este contexto, el crecimiento de Vox no es coyuntural. Es el resultado de una validación progresiva. Vox no solo denunció lo que estaba ocurriendo, sino que anticipó muchas de sus consecuencias cuando hacerlo tenía un alto coste mediático y político. Defendió la soberanía nacional cuando parecía una palabra incómoda, la igualdad ante la ley cuando se imponían privilegios, la neutralidad institucional cuando se colonizaban organismos y la protección del campo, la industria y la energía cuando se imponían agendas externas.

Ese cambio de conciencia no es una impresión subjetiva: se está reflejando de forma cada vez más clara en las propias series de intención de voto. A comienzos del pasado año, Vox era situado de forma sistemática en el entorno del 11–12 %. Se hablaba de “techo electoral”, de estancamiento y de límite estructural. Sin embargo, doce meses después, esas mismas encuestas lo sitúan ya cerca del 20 %. No se trata de una oscilación menor ni de un rebote puntual: es un salto de casi diez puntos en un solo ciclo político.

Y lo verdaderamente relevante no es solo el crecimiento, sino la inercia. Cuando una fuerza política sube de ese modo no lo hace por moda, sino por realineamiento. Las curvas dejan de ser volátiles y pasan a ser estructurales. Si la dinámica actual se mantiene —desgaste institucional, rectificación europea de políticas impuestas, deterioro económico, fatiga social y descrédito del relato oficial—, resulta perfectamente coherente pensar que Vox pueda situarse al final del próximo ciclo en el entorno o incluso por encima del 25 % de la intención de voto en unas elecciones generales. En ese punto ya no hablaríamos de “partido emergente”, sino de eje central del nuevo mapa político español.

Pedro Sánchez se ha convertido en el símbolo de este modelo agotado: una forma de ejercer el poder desconectada de la realidad social, dependiente de pactos que fracturan el Estado y sostenida por un relato que ya no convence. España no necesita un maquillaje institucional ni un simple relevo de caras. Necesita una corrección profunda del rumbo.

No estamos ante una discusión superficial entre bloques, sino ante una encrucijada histórica: o se normaliza la degradación, la cesión y el deterioro institucional, o se recupera un Estado al servicio de los ciudadanos. Y en ese punto, cada vez más personas empiezan a reconocer que quienes avisaron primero no exageraban, que quienes fueron ridiculizados no mentían y que lo que se intentó silenciar no era peligroso, sino sentido común adelantado a su tiempo.

El tiempo no solo da a Vox la razón, empieza también a darle un mayoritario apoyo social.

Felipe Pinto.