EL LUTO NO PUEDE SER NUNCA EL DISFRAZ DE LOS INCOMPETENTES

El luto no puede ser nunca el disfraz de los incompetentes. Es el gesto solemne con el que una nación honra a sus muertos y acompaña a quienes han perdido a los suyos, no la coartada moral de un gobierno para esconder su negligencia ni el telón tras el que se pretende apagar cualquier debate sobre responsabilidades políticas, técnicas y humanas. Cuando el dolor se utiliza como escudo y no como motivo de verdad, el luto deja de ser respeto y se convierte en manipulación.

Hoy sabemos que muchas víctimas y familiares de las víctimas no quisieron ni siquiera verse con los Reyes para no compartir escenario con miembros del Gobierno directamente responsables de la gestión ferroviaria. No fue un gesto político, sino humano: el rechazo a quien aparece con solemnidad y palabras huecas cuando antes desoyó advertencias claras y reiteradas. A ello se suma algo difícilmente asumible desde un mínimo de decencia: la utilización de la figura de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que acompañaba al presidente del Gobierno en Andalucía no para asumir responsabilidades ni para dar explicaciones, sino para figurar y exponerse en medio del dolor ajeno, intentando rentabilizar políticamente una tragedia. Convertir el luto en escenografía y el duelo en oportunidad es vomitivo; es el cinismo elevado a método y la hipocresía convertida en seña de identidad de un partido que todo lo aprovecha para salir en la foto.

Resulta especialmente insultante que, además, la propia vicepresidenta apelara a la “lealtad” institucional y pidiera no “echar culpas al Gobierno” en nombre del respeto a las víctimas. Quienes pronuncian hoy ese discurso son los mismos que jamás han tenido reparo alguno en criminalizar a otros gobiernos cuando estaban en la oposición cada vez que se producía una desgracia. El ejemplo más reciente lo tenemos en la DANA de Valencia, con decenas de muertos, donde desde el primer minuto se utilizó la tragedia para señalar y responsabilizar políticamente al presidente de la Comunidad Valenciana y a todo su gobierno autonómico, sin esperar investigaciones, informes técnicos ni tiempos de duelo. Entonces no hubo llamadas a la prudencia, ni a la lealtad, ni al respeto por las víctimas: hubo linchamiento político inmediato y utilización sistemática del dolor ajeno. La doble vara de medir no es un exceso puntual; es una forma de actuar.

Sabemos también que, tras el accidente ferroviario, el Gobierno redujo la velocidad del AVE a Barcelona sin ofrecer explicación alguna, como si temiera que pudiera repetirse una tragedia similar. Si no existía riesgo, ¿por qué la reducción? Y si existía, ¿por qué no se actuó antes? Sabemos igualmente que el maquinista del primer tren afectado avisó a la central de Renfe en Atocha de una anomalía grave instantes antes del descarrilamiento. Lo hizo cumpliendo con su deber, alertando de un problema real que se estaba produciendo en la vía o en el material rodante. Esa llamada, que ahora empieza a trascender, será utilizada previsiblemente por el Gobierno como un salvavidas político para intentar lavarse las manos, como si advertir de un problema cuando ya está ocurriendo fuera una prueba de buen funcionamiento del sistema y no, precisamente, la constatación de su fracaso.

El accidente no fue el choque posterior; el accidente fue el descarrilamiento. Y ese descarrilamiento se produjo o bien por la mala conservación de la vía o bien por un deterioro mecánico del tren, posiblemente en uno de los vagones intermedios. Ninguna de las dos hipótesis exime a quien tenía la obligación de garantizar el mantenimiento, la inspección y la seguridad. Desde hace meses, incluso años, los maquinistas vienen alertando de vibraciones anómalas, de fallos en la cimentación, de tramos degradados por falta de conservación y de una política ferroviaria basada más en el maquillaje propagandístico que en la seguridad real.

Se han suprimido unidades de prevención de accidentes, se han externalizado mantenimientos de forma opaca, se han llenado ADIF y Renfe de cargos colocados por afinidad política y se ha convertido el Ministerio de Transportes en un ecosistema donde la incompetencia y la corrupción conviven sin consecuencias. Los contratos vinculados a entornos turbios no son una anécdota: son el síntoma de un sistema en el que la seguridad queda relegada frente al reparto de favores. A ello se suman los recientes accidentes en la red de Rodalies en Cataluña, que vuelven a poner sobre la mesa el deterioro de las infraestructuras ferroviarias y la falta de inversión real en mantenimiento, confirmando que el problema no es puntual ni excepcional, sino estructural.

Que nadie se atreva a escudarse en las víctimas y los familiares de las víctimas para blindarse políticamente. Ellas ya han empezado a hablar, como antes hablaron los maquinistas, los ferroviarios, los ingenieros y los viajeros de tantas líneas y de tantos puntos de España. Esto se veía venir y se miró para otro lado. Tal vez no con mala fe en todos los casos, pero sí con una irresponsabilidad imperdonable y con un incumplimiento flagrante de las obligaciones más básicas de cualquier gobierno: proteger la vida de sus ciudadanos.

Nadie debería morir por subirse a un tren. Y ningún gobierno decente puede pedir silencio, lealtad o comprensión cuando ha ignorado avisos, degradado infraestructuras y convertido la seguridad en un asunto secundario. El respeto a las víctimas no consiste en callar, sino en exigir verdad, responsabilidades y consecuencias.

Cuando un Estado falla en lo esencial y, además, utiliza el luto como parapeto político, ya no estamos ante un error técnico ni ante una mala gestión: estamos ante una quiebra moral. Y esa quiebra no la tapan ni los minutos de silencio, ni las palabras solemnes, ni las apelaciones interesadas a la unidad. Porque el luto es para honrar a los muertos, no para proteger a los culpables.

Felipe Pinto.