Lo primero es lo primero. Mi pésame más sincero a las familias, allegados y seres queridos de las víctimas, y mi solidaridad con los heridos. Con más de 40 muertos, cualquier palabra se queda corta, pero el silencio, la tibieza o el cálculo político serían una forma más de desprecio hacia quienes han perdido la vida. Esta tragedia exige respeto a las víctimas, pero también exige verdad y responsabilidades.
Porque existían incidencias técnicas previas en ese mismo tramo, reconocidas incluso en respuestas oficiales del propio Gobierno al Senado. Fallos en sistemas de señalización, contacto anómalo de elementos con el raíl por vibraciones y altas temperaturas, averías en componentes críticos de seguridad como tarjetas de relés. Todo ello documentado meses antes del accidente. Esto no es una interpretación interesada: está por escrito.
A ello se suma algo todavía más grave. Los maquinistas alertaron formalmente del deterioro de las vías y del material rodante en la red de Alta Velocidad. Denunciaron baches, garrotes, descompensaciones, inestabilidad de rodadura y una degradación acelerada de trenes e infraestructuras. Solicitaron medidas preventivas y una reducción de la velocidad por motivos de seguridad. Y, según consta en sus comunicaciones, esas advertencias fueron trasladadas a ADIF sin que se hayan adoptado medidas eficaces.
Cuando existen avisos técnicos, denuncias sindicales y antecedentes documentados, hablar de accidente imprevisible es una falsedad política. Si se confirma que esas advertencias fueron ignoradas, no estamos ante un fallo fortuito, sino ante una cadena de negligencias conscientes.
Mientras tanto, el ministro de Transportes insiste en que la vía estaba renovada, en que el tramo era recto y en que todo resulta extraño y difícil de explicar. Pero ¿cómo creer ese discurso cuando los propios documentos oficiales y las denuncias de los profesionales lo desmienten? ¿Cómo creer ahora al Gobierno cuando el patrón se repite una y otra vez: primero negar, después minimizar y finalmente admitir a medias lo que ya no se puede ocultar?
Y no es un episodio aislado. Ya ocurrió antes. Ocurrió en Valencia, donde infraestructuras necesarias fueron descartadas por motivos ideológicos, se ignoraron riesgos conocidos y el resultado fueron muertos. Nadie del ejecutivo asumió responsabilidades y politizó las muertes criminalizando como únicos culpables a los miembros del ejecutivo autonómico valenciano, con Mazón a su cabeza. El Gobierno salió de rositas entonces y todo indica que intenta repetir el mismo guion ahora: dilatar, confundir y esperar a que el tiempo lo tape todo, al mismo tiempo que tacha de miserable el politizar la desgracia, justo lo contrario a la actitud que mostraron en el ejemplo anterior.
Lo cierto es que España cuenta con un Ministerio de Transportes que maneja más de 17.000 millones de euros al año. Y, sin embargo, cuando se analizan las decisiones reales de gasto, el discurso se derrumba. Porque mientras la red ferroviaria española acumulaba avisos, incidencias y deterioro, el Gobierno aprobaba créditos por más de 1.000 millones de euros para infraestructuras ferroviarias en Marruecos y Uzbekistán. Millones para tranvías y trenes de alta velocidad fuera de nuestras fronteras, mientras aquí se ignoraban advertencias técnicas y se dejaban en precario las vías por las que circulan miles de ciudadanos cada día.
No ha sido falta de dinero, sino una elección política. Se destinaron cientos de millones a proyectos ferroviarios en terceros países mientras en España los maquinistas alertaban de riesgos, se denunciaba la falta de mantenimiento y se pedía paciencia a los ciudadanos. Las prioridades estaban claras, y no eran la seguridad de los españoles.
Pedro Sánchez es el máximo responsable político de esta cadena de decisiones. Él fija las prioridades, él decide el destino del dinero público y él elige a quienes gestionan infraestructuras críticas. Y Óscar Puente, como responsable directo del sistema ferroviario, no puede esconderse tras la palabra “extraño” ni detrás de investigaciones futuras para eludir su responsabilidad política inmediata. Cuando fallan las infraestructuras y muere gente, no bastan las condolencias ni los comunicados.
No hablamos de ideología ni de debates partidistas. Hablamos de vidas humanas. Hablamos de avisos ignorados, de documentos existentes y de decisiones que no se tomaron. Cuando el poder miente, oculta o minimiza riesgos conocidos, la tragedia deja de ser accidente y se convierte en escándalo moral y por ello y dejando atrás otros casos merecedores de ello, deben presentar su dimisión inmediata.
Esto no ha sido un simple accidente. Ha sido el resultado de una gestión irresponsable y, a la luz de los hechos documentados, potencialmente criminal. Y mientras el Gobierno habla, cómo no, de bulos y pide confianza sin haberla merecido, la pregunta sigue flotando sobre las vías con una crudeza insoportable: ¿cuántas muertes más hacen falta para que un miserable dimita y responda de todos sus criminales actos?
Felipe Pinto.
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