MERCOSUR: EL PACTO QUE CONDENA AL CAMPO ESPAÑOL Y EUROPEO

Europa ha decidido firmar un acuerdo que, presentado como progreso, es en realidad una condena encubierta para uno de los pilares más antiguos y frágiles de nuestra economía: el campo. El tratado con Mercosur no es una simple apertura comercial, es un cambio de reglas que coloca al agricultor y al ganadero europeos frente a una competencia que no juega con las mismas normas, que no asume los mismos costes, que no responde a los mismos controles y que, aun así, podrá entrar en nuestros mercados como si lo hicera.

Durante años se ha exigido al productor europeo una adaptación constante a normativas sanitarias, ambientales y de bienestar animal cada vez más estrictas. Se le ha pedido invertir más, producir con menos, asumir más inspecciones, más papeleo, más costes y más riesgos. Todo ello bajo la promesa de que ese esfuerzo protegía la calidad, la salud del consumidor y la sostenibilidad. Hoy, de un plumazo, Bruselas permite que entren productos procedentes de países donde esas exigencias no existen o son sensiblemente más laxas, rompiendo el principio básico de cualquier comercio justo: la reciprocidad.

No se trata de proteccionismo ni de miedo al exterior. Se trata de algo mucho más simple y más grave: no puede competir en igualdad de condiciones quien produce con normas estrictas contra quien no las tiene. No puede sobrevivir quien paga más por cumplir la ley frente a quien puede producir más barato porque no la cumple. El resultado es previsible y devastador: caída de precios en origen, cierre de explotaciones, abandono del medio rural, pérdida de soberanía alimentaria y concentración del negocio en grandes intermediarios que compran barato fuera y venden caro dentro.
Las movilizaciones de agricultores y ganaderos no son un gesto teatral ni una exageración interesada. Son el síntoma de una angustia real. Cada tractor en la carretera es una explotación que ve peligrar su futuro, cada pancarta es una familia que entiende que su trabajo está siendo sacrificado en un despacho de Bruselas a cambio de equilibrios comerciales que nunca les beneficiarán. Cuando se grita que “vuestra firma es nuestra ruina”, no es una consigna: es un diagnóstico.

La situación se vuelve todavía más preocupante cuando se constata que las supuestas salvaguardas prometidas para proteger al campo europeo no tienen un respaldo real ni firme. Mercosur ha dejado claro que no acepta mecanismos que frenen sus exportaciones si estas hunden los mercados locales europeos. Es decir, que el agricultor queda desarmado. Sin red, sin freno y sin margen de reacción. Competirá hasta que no pueda más, y entonces desaparecerá.

Todo esto sucede mientras se repite el mantra de que el consumidor se beneficiará con precios más bajos. Pero ese argumento oculta una realidad incómoda: cuando el precio baja por la presión de importaciones masivas, no baja el margen de las grandes cadenas, baja el ingreso del productor. Se abarata el origen y se encarece la dependencia. Y cuando el tejido productivo local se destruye, los precios dejan de ser baratos, porque ya no hay alternativa interna. Entonces la dependencia se convierte en vulnerabilidad.

El campo no es un sector más. Es territorio, es empleo, es equilibrio social, es cultura, es paisaje y es soberanía. Cada explotación que cierra es una casa que se vacía, un pueblo que envejece, un kilómetro más de España que se apaga. Convertir al agricultor en daño colateral de la globalización no es progreso: es desmantelamiento.

Mercosur no es un acuerdo neutro. Es una elección política. Y esta elección sacrifica al campo europeo en nombre de una apertura que beneficia a grandes intereses comerciales, mientras condena a quienes producen alimentos bajo estándares que Europa dice defender. El resultado no es modernización, es desprotección. No es integración, es rendición.

Si el campo cae, no cae solo un sector. Cae la base que nos alimenta, nos vertebra y nos sostiene. Y cuando eso ocurre, ya no hay tratado que lo repare.

Felipe Pinto.