Llevo tiempo observando cómo se nos habla de sostenibilidad, de transición ecológica y de responsabilidad climática con un tono casi moral. Es un discurso que apela a la conciencia y que se reviste de buenas intenciones, pero que, en la práctica, se ha convertido en una poderosa herramienta de control político y social. La recién aprobada Ley de Movilidad Sostenible no es una excepción: su propósito no es mejorar el medio ambiente, sino redefinir nuestra forma de vivir dentro de los límites impuestos por quienes deciden por nosotros.
Lo que se anuncia como un avance hacia un futuro más limpio es, en realidad, una reordenación de la sociedad basada en la restricción. Ya no se trata de contaminar menos, sino de moverse menos, de depender más del Estado y de aceptar que todo desplazamiento será vigilado, medido y condicionado. Cada kilómetro recorrido, cada coche utilizado y cada permiso concedido formarán parte de una red digital de control que convierte la movilidad en un privilegio.
Las denominadas zonas de bajas emisiones son un ejemplo perfecto. Bajo la apariencia de proteger el aire que respiramos, crean fronteras invisibles dentro de las ciudades y dividen a los ciudadanos entre los que pueden permitirse circular y los que no. El resultado es un modelo de exclusión encubierto, en el que el trabajador o el autónomo acaban pagando las consecuencias mientras las élites políticas continúan desplazándose sin restricciones ni conciencia.
No es casualidad. Desde hace años se impone una visión del mundo donde el ciudadano debe sentirse culpable por conducir, por consumir o por producir. Así, el poder se disfraza de virtud. Quien cuestiona estas políticas es señalado como negacionista o insensible, cuando en realidad lo único que hace es defender su derecho a decidir cómo vivir.
En nombre del clima se justifican impuestos nuevos, peajes digitales y sanciones automáticas. Todo se presenta como inevitable, aunque lo único inevitable parece ser la pérdida de libertad. El ciudadano pasa de ser responsable de su entorno a ser culpable por existir fuera del perímetro permitido.
Y mientras tanto, quienes redactan estas normas vuelan en aviones privados, conducen coches oficiales y viven alejados de las consecuencias de sus decisiones. Ellos no renuncian a nada; solo exigen sacrificios a los demás. Hablan de sostenibilidad, pero su modo de vida depende precisamente del derroche y de la hipocresía.
Lo más grave es que esta ley, como tantas otras de inspiración globalista, no ha nacido en España ni responde a una necesidad nacional. Forma parte de una cadena de imposiciones diseñadas desde organismos internacionales, ajenos a la realidad de los pueblos que deben acatarlas. No se trata de proteger el planeta, sino de homogeneizar conductas, de eliminar la disidencia y de fabricar ciudadanos previsibles.
Creo firmemente que proteger la naturaleza es compatible con proteger la libertad. De hecho, solo una sociedad libre puede cuidar verdaderamente su entorno. Las imposiciones, las sanciones y el control digital no son el camino. La sostenibilidad no puede medirse en toneladas de CO₂, sino en la capacidad de una nación para mantener su equilibrio sin destruir su soberanía ni la dignidad de sus ciudadanos.
La llamada “movilidad sostenible” no es tal: es una inmovilidad social. Un nuevo modo de encierro disfrazado de modernidad, en el que se nos invita a obedecer mientras otros deciden por nosotros. Frente a ese modelo, solo queda la defensa de la libertad, del trabajo y del sentido común: tres pilares que ningún decreto debería poder eliminar.
Felipe Pinto
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