Hoy, 25 de noviembre, vuelve a repetirse el mismo ritual institucional que año tras año convierte una tragedia humana en un instrumento político cuidadosamente diseñado para apuntalar un único relato, un relato que separa a las víctimas por categorías, que decide quién merece justicia y quién debe ser silenciado, que reduce un problema profundo y humano a una propaganda simplificada donde todo gira en torno a una sola idea, la violencia como fenómeno exclusivo de un solo sexo, como si la realidad fuera tan plana, tan rígida y tan manipulable.
Mientras unos se aferran al color morado como si fuese un escudo ideológico, otros repetimos lo evidente, lo que cualquier persona honesta ve en su entorno, la violencia no tiene dueño, no tiene sexo, no tiene etiqueta, no distingue entre mujeres, hombres, niños, niñas o mayores, porque nace de múltiples causas, porque es compleja, porque atraviesa todas las capas de la sociedad, y porque sostener lo contrario solo alimenta un negocio político que necesita víctimas selectivas para sobrevivir, víctimas a las que se les concede visibilidad mientras se oculta a otras que también merecen justicia pero que no son útiles para el relato dominante.
Y esto nos lleva a una de las mayores hipocresías instaladas en nuestro país, la que consiste en preguntarse qué pasa, qué demonios ocurre, para que una mujer asesinada por otra mujer o por un hombre que se considera mujer no sea tratada como una víctima de primera igual que una asesinada por un hombre heterosexual, por qué ese crimen duele menos para el Gobierno, para los medios y para quienes utilizan la violencia como arma ideológica, cómo hemos podido llegar al punto en el que, según quién sea el agresor, una víctima vale más o vale menos, no por la brutalidad del crimen, no por el dolor de la familia, no por la vida truncada, sino por la casilla ideológica en la que el agresor decide situarse o la que el Ejecutivo de turno ha decidido privilegiar para sostener su relato político.
Países enteros se han enfrentado a problemas graves de violencia sin llegar nunca a la barbarie moral de clasificar a los muertos según convenga al discurso del Gobierno, pero aquí se han creado categorías artificiales de víctimas, jerarquías morales que no tienen absolutamente nada que ver con la justicia y sí con la propaganda, y al final las muertas —las de verdad— quedan relegadas detrás de los discursos oficiales, porque pareciera que si una mujer es asesinada por otra mujer o por alguien que se autopercibe mujer, ya no encaja en la narrativa de “violencia machista” que el poder necesita repetir a diario para justificar su entramado político, económico y asociativo, esas víctimas desaparecen, se esfuman, no existen en términos estadísticos, no aparecen en portadas, no se mencionan en ruedas de prensa, no generan minutos de silencio, ni subvenciones, ni campañas, se convierten en sombras incómodas que deben ocultarse porque desmontan el discurso.
La pregunta es evidente, y debería retumbar en cada hogar de este país, ¿desde cuándo una vida vale más o menos según el sexo o la identidad del asesino?, ¿desde cuándo puede permitirse un Estado democrático manipular estadísticas, esconder ciertos crímenes y construir una realidad paralela donde solo importa aquello que sirve políticamente?, la violencia es violencia, el asesinato es asesinato, el dolor de una familia es idéntico independientemente del sexo, la orientación o la identidad del agresor, pero el Gobierno ha decidido dividir a las víctimas, clasificarlas, etiquetarlas, excluirlas, elevar unas y silenciar otras, todo para alimentar la maquinaria ideológica de género que sostiene chiringuitos, asociaciones afines y un discurso que hace agua por todas partes.
Porque además resulta absurdo pretender que la violencia se combata solo una vez al año con un día institucional y una serie de gestos vacíos, cuando la realidad exige exactamente lo contrario, exige que todos los días sean días contra la violencia, todos sin excepción, porque no hay ni un solo minuto del calendario en el que una agresión deje de ser grave, en el que una víctima deje de necesitar protección, en el que la justicia pueda tomarse vacaciones para adaptarse al eslogan del mes, y reducir un problema tan serio a una fecha concreta no es un acto de conciencia sino una forma de tranquilizar conciencias y aplazar responsabilidades.
Por eso insistimos en lo que nadie del discurso oficial quiere mencionar, que la única forma real de enfrentarse a la violencia es con un sistema que castigue de verdad al violento, que no lo premie con beneficios penitenciarios absurdos, que no lo devuelva a la calle antes de tiempo, que no convierta cada agresión en un trámite burocrático, que no reduzca condenas mientras las víctimas siguen viviendo con miedo, y es imprescindible recuperar un principio que parece prohibido decir, a quien ejerza violencia debe caérsele encima todo el peso de la ley, sea hombre, mujer, joven, adulto o anciano, y debe hacerlo con penas más duras, más largas y sin excusas ideológicas, porque el castigo ejemplar es la primera línea de defensa de cualquier sociedad que quiera proteger a los suyos.
Lo que debería indignar a todo el país no es solo la manipulación estadística, sino la inhumanidad moral de utilizar a los muertos como munición política, de convertir tragedias reales en combustible para relatos prefabricados, de negar a una víctima el reconocimiento público simplemente porque el asesino no encaja en la plantilla ideológica del Gobierno, y mientras tanto, la sociedad se anestesia, los medios miran hacia otro lado y muchos aplauden sin pensar que mañana puede ser su madre, su hija o su hermana la que no encaje en la estadística oficial, quién les va a explicar entonces que su dolor no cuenta porque al Gobierno no le encaja.
Hoy, quienes se aferran al discurso oficial llenarán plazas, instituciones y redes sociales con declaraciones solemnes, mientras continúan ignorando a miles de víctimas que no encajan en su narrativa, hombres que sufren agresiones y humillaciones, niños que quedan desprotegidos en procesos judiciales donde la presunción de inocencia es un recuerdo lejano, ancianos que soportan maltrato físico o económico en silencio, y también mujeres que siguen sintiéndose inseguras porque las políticas que se anuncian a bombo y platillo jamás llegan donde deberían llegar, porque todo se queda en gestos, pancartas, actos simbólicos y subvenciones dirigidas a un entramado que no protege sino que perpetúa su propia existencia.
Mientras algunos convierten este día en una exhibición de indignación prefabricada, otros recordamos que la igualdad ante la ley y la protección efectiva de todas las víctimas deben ser el único punto de partida, que no puede haber discriminación jurídica, que no pueden existir delitos que cambian de naturaleza según el sexo del agresor, que no puede sostenerse un sistema construido sobre prejuicios ideológicos que rompen familias, dividen a la sociedad y alimentan la desconfianza entre hombres y mujeres.
Hoy, frente al ruido de los que repiten consignas, defendemos una idea sencilla y valiente, que el Día Internacional debería ser contra la violencia, sin adjetivos, sin etiquetas, sin jerarquías de dolor, un día que reconozca a todas las víctimas por igual y que exija al Estado políticas reales, no simbólicas, recursos eficaces, no campañas vacías, protección integral, no discursos que enfrentan a unos españoles contra otros, y sobre todo un sistema penal fuerte, claro y sin vacíos que convierta la agresión en un acto cuyo coste sea tan elevado que desincentive al violento y ampare de verdad a la víctima.
Hay quienes necesitan mantener vivo este conflicto para justificar su posición, y estamos quienes creemos que solo desde la verdad, desde la igualdad y desde el sentido común se puede reconstruir una convivencia sana, basada en la responsabilidad individual y no en la demonización colectiva, en la justicia para todos y no en privilegios legales para algunos, en la protección real y no en la propaganda institucional.
Este 25 de noviembre, mientras otros celebran su día político, nosotros señalamos lo evidente, que ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño o niña y ningún mayor merece ser ignorado, que la violencia duele igual venga de quien venga, que la ley debe amparar a todos los ciudadanos sin excepción, que a los violentos hay que perseguirlos sin descanso y castigarlos sin contemplaciones, y que un país que se permite clasificar a las víctimas según convenga al relato del momento es un país que ha renunciado a la justicia y a la verdad.
Por eso defendemos un enfoque distinto, honesto, completo, que no excluya a nadie y que devuelva a la sociedad un principio que nunca debió perderse, la igualdad real ante la ley, la que no divide, la que no discrimina, la que no etiqueta, la que protege por igual a todos los españoles, hoy, 25 de noviembre, y todos los días del año.
Felipe Pinto.
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