Todo comienza con una decisión del Partido Popular en 2016, y conviene decirlo desde la primera línea, porque desmonta una de las grandes coartadas del debate público español sobre Venezuela. Fue ese aval político el que convirtió a José Luis Rodríguez Zapatero en mediador europeo y lo sacó del papel de expresidente retirado para colocarlo en el centro del tablero venezolano como enviado especial de la Unión Europea.
En julio de 2016, el Partido Popular, entonces en el Gobierno, respaldó públicamente la propuesta de que José Luis Rodríguez Zapatero fuera designado “enviado especial de la Unión Europea para Venezuela”. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, defendió ese apoyo apelando a la necesidad de impulsar cualquier iniciativa de mediación, incluso admitiendo que las posibilidades de éxito eran limitadas. Con ese respaldo político, Zapatero dejó de ser un expresidente que actuaba por cuenta propia y pasó a moverse con una legitimidad europea indirecta, amparado por la posición oficial del Ejecutivo español.
Ese aval no fue un gesto neutro. Fue el acto que otorgó a un expresidente aura europea, cobertura política y legitimidad prestada. A partir de ese momento, Zapatero dejó de ser un actor privado y pasó a operar como pieza funcional del tablero internacional.
El ex presidente socialista, multiplicó viajes, presencia y declaraciones, integrándose en el ecosistema chavista como interlocutor útil, validando procesos electorales cuestionados, evitando calificar la naturaleza del régimen y ofreciendo al poder venezolano lo que más necesitaba: una figura europea respetable capaz de presentar la dictadura como un sistema dialogable, normalizable y homologable ante la opinión pública internacional. No como diplomacia oficial sometida a control parlamentario, sino como diplomacia paralela de enorme utilidad simbólica.
Nada de esto fue casual ni improvisado. Al mismo tiempo comenzó a consolidarse una arquitectura de relaciones que ya no pasaba por Bruselas ni por los canales diplomáticos clásicos, sino por un corredor ibero-caribeño formado por fundaciones, centros de diálogo, estructuras societarias, intermediarios políticos retirados y plazas caribeñas utilizadas como nodos de tránsito político y financiero. Dentro de ese corredor, la República Dominicana se convirtió en escenario político y logístico de mesas de diálogo y plataformas de intermediación que proyectaban al exterior la imagen de que la crisis venezolana se gestionaba con calendarios y conversaciones mientras en la práctica nada cambiaba. Lo relevante no es el resultado, sino el uso del escenario como teatro internacional del diálogo, que permitía ganar tiempo, dividir a la oposición y normalizar al régimen en la narrativa exterior. No hablamos de culpabilizar a un país, sino de identificar un nodo funcional dentro de una arquitectura opaca que permitía mantener relaciones con regímenes bajo presión internacional al margen de los controles europeos.
En ese contexto, la mediación dejó de ser solo discurso y se convirtió en infraestructura material y dinero. Ahí aparece Plus Ultra como traducción económica de la diplomacia paralela, cuando el Estado decidió rescatar con fondos públicos a una aerolínea marginal, sin peso real en la conectividad nacional pero especializada casi en exclusiva en la ruta España-Venezuela. Con ello, una red privada de intermediación pasó a convertirse en una red protegida institucionalmente, cerrando el triángulo de legitimación política, infraestructura opaca y soporte económico. Desde ese momento, la posición española dejó de poder presentarse como neutral, porque ningún Estado puede fingir distancia cuando forma parte de la arquitectura que sostiene con recursos públicos.
Con el sistema ya en marcha, la ambigüedad dejó de ser prudencia y pasó a ser coherencia estructural. Eso explica comunicados tardíos, el lenguaje permanente del diálogo, la resistencia a llamar a las cosas por su nombre y el alineamiento de hecho con la narrativa de normalización cuando la presión internacional se volvió real. No es ideología: es estructura. Y la estructura se construyó durante años con una llave inicial dada por el Partido Popular, con un legitimador visible llamado Zapatero, con un corredor ibero-caribeño que aportó opacidad logística y con un soporte económico que convirtió la red en sistema de Estado.
Y es aquí donde aparece la última capa que completa el mapa. Nada de lo descrito puede entenderse como la obra de un solo bloque. Una vez más es el bipartidismo español el que actúa como sistema cerrado, ya que fue el Partido Popular quien dio la llave inicial que convirtió a Zapatero en mediador europeo, y fue después el Partido Socialista quien consolidó y normalizó la arquitectura que aquel gesto hizo posible. De ese modo, el mismo nombre acaba siendo utilizado por unos y por otros como pieza útil dentro de un engranaje que trasciende las siglas.
No se trata de dictar sentencias penales, sino de señalar responsabilidades políticas. Porque cuando un sistema convierte a un expresidente en rostro exterior de la normalización de un régimen autoritario cuestionado, cuando lo protege simbólicamente, cuando lo mantiene como interlocutor útil y cuando integra materialmente las infraestructuras que hacen posible esa relación, lo que se construye no es una mediación, sino una coartada.
España no ha sido solo espectadora. Ha sido nodo, plataforma y escudo. Y el corredor del silencio no es una metáfora: es la descripción de una arquitectura de poder que ha permitido normalizar y proteger a uno de los regímenes más autoritario y corrupto de América, bajo la apariencia de diálogo, mientras se consolidaba una red fuera del control democrático.
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