LA CORTINA DE HUMO

 

Hay acusaciones que deben investigarse con rigor y hay campañas que deben analizarse con inteligencia. Confundir ambas cosas es el primer paso para convertir la justicia en propaganda y la indignación en instrumento político. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el caso de JULIO IGLESIAS.

Han aparecido acusaciones gravísimas contra una de las figuras más universales de la cultura española. Acusaciones que, como todas, merecen respeto procesal, prudencia y tribunales. Lo que no merecen es un linchamiento mediático previo, una condena social sin pruebas ni la utilización calculada del escándalo como ariete para desviar la atención de asuntos mucho más incómodos para el poder. La presunción de inocencia no es una cortesía: es la base misma del Estado de Derecho.

Conviene decirlo sin rodeos: resulta difícil de creer —y no es frivolidad, sino sentido común— que un hombre que ha tenido todas las mujeres que ha querido y más, un icono mundial durante décadas, permanentemente expuesto al escrutinio público y sin necesidad alguna de ocultarse, recurriera a la coacción o al abuso sobre empleadas del hogar. No es una absolución anticipada. Es una duda razonable que cualquier sociedad sana tiene derecho a plantear mientras la justicia investiga.

Esa duda, además, no procede solo de hombres. Procede de muchas mujeres. Mujeres que están dando la cara, con nombre y apellido, defendiendo públicamente a JULIO IGLESIAS. Mujeres que aparecen en medios mostrando imágenes y vídeos en los que el trato es natural, afectuoso y consentido, y que rechazan de forma explícita la reinterpretación interesada de gestos que ellas mismas vivieron con normalidad. Silenciar estas voces femeninas no es proteger a nadie: es manipular la realidad.

Lo verdaderamente obsceno aparece cuando se observa quiénes lideran ahora la indignación. Es la izquierda cínica, hipócrita y selectiva, la misma que ha callado durante años ante prostíbulos, fiestas con prostitutas, tramas de corrupción, abusos de poder y conductas indecentes en su propio entorno político. La misma que ha minimizado acosos en despachos oficiales y ha protegido a dirigentes investigados mientras predicaba moral desde la tribuna.

Mientras se exige la demolición inmediata del honor de JULIO IGLESIAS, esa izquierda ha guardado silencio ante el CASO TITO BERNI, con prostitución y corrupción. Ha relativizado los escándalos de JOSÉ LUIS ÁBALOS, ex número dos del PARTIDO SOCIALISTA, rodeado de prostitutas mientras su partido daba lecciones de feminismo. Ha amortiguado los casos de acoso conocidos en el entorno de MONCLOA, resueltos sin ruido, sin foco y sin exigencia pública.

Ha hecho exactamente lo mismo con las acusaciones políticas y mediáticas sobre los negocios de prostitución vinculados al entorno familiar del presidente PEDRO SÁNCHEZ, con saunas y locales documentados y debatidos públicamente. Incluso han circulado testimonios periodísticos que hablan de la posible presencia de menores en esos locales, un extremo de una gravedad moral extrema que, aun sin sentencia, exigiría una reacción inmediata en cualquier sociedad decente. Pero ahí, una vez más, la indignación desaparece.

En este clima de degradación aparece además un elemento que no puede ignorarse, aunque deba formularse con cautela: en ámbitos políticos y mediáticos circula el rumor de que detrás de la amplificación de este caso podrían existir intereses internacionales, citándose incluso al magnate GEORGE SOROS. No hay pruebas públicas que lo acrediten y, por tanto, debe tratarse como rumor. Pero el mero hecho de que esa sospecha se extienda revela hasta qué punto una parte creciente de la sociedad percibe este escándalo como una operación de distracción destinada a enfriar el foco sobre asuntos que afectan al entorno de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO y a investigaciones que incomodan al poder.

El doble rasero alcanza niveles obscenos cuando se comparan criterios. En el caso de JULIO IGLESIAS no hay sentencia, no hay hechos probados, no hay condena. En cambio, hubo referentes de esa izquierda que protagonizaron episodios públicos de violencia verbal contra mujeres que fueron blanqueados sin pudor. Sirva un único ejemplo, citado sin recreo: PABLO IGLESIAS escribió públicamente que “azotaría hasta que sangrara” a la periodista MARILÓ MONTERO. Fue literal, firmado y difundido. No hubo campañas, no hubo cancelación, no hubo indignación. Hubo silencio. Y el silencio, en estos casos, es complicidad moral.

Y hay un hecho que desnuda definitivamente esa impostura moral y que no puede omitirse: la propia izquierda es responsable directa de una de las mayores desprotecciones legales sufridas por las mujeres en democracia. La llamada LEY DEL “SÍ ES SÍ”, aprobada entre aplausos, consignas y propaganda feminista, ha provocado la rebaja de condenas y la excarcelación de violadores y agresores sexuales, dejando a cientos de víctimas desamparadas mientras el Gobierno miraba hacia otro lado.

No fue un efecto colateral imprevisible. Fue el resultado de una ley mal diseñada, ideologizada y advertida por juristas, que antepuso el eslogan al Código Penal y el activismo al rigor jurídico. Y cuando los agresores comenzaron a salir a la calle, no hubo autocrítica, no hubo asunción de responsabilidades, no hubo indignación feminista en platós ni manifestaciones masivas. Hubo silencio, excusas y una obscena huida hacia delante.

Esta es la misma izquierda que hoy se rasga las vestiduras ante acusaciones aún no juzgadas contra JULIO IGLESIAS, mientras ha liberado a delincuentes sexuales reales, con sentencias firmes, víctimas identificadas y condenas probadas. La comparación no es ideológica: es jurídica y moral. En un caso, la presunción de inocencia es pisoteada; en el otro, la culpabilidad acreditada es rebajada.

Y mientras el país discute gestos, besos y relatos sin sentencia, el foco se desplaza. Y cuando el foco se desplaza, no desaparece solo la verdad: se normaliza la indecencia, se encubre la corrupción, se tolera la criminalidad moral y se anestesia a la sociedad. Se convierte el escándalo en espectáculo y el poder real opera sin vigilancia.

Ahí se revela la verdad incómoda: no les importan las mujeres, les importa el relato. No les importa la protección real, les importa el titular. Y cuando el feminismo se convierte en herramienta de poder, deja de ser justicia y pasa a ser propaganda.

Defender la presunción de inocencia de JULIO IGLESIAS no es una posición ideológica. Es una defensa elemental del honor, de la justicia y de la dignidad pública. Porque cuando la presunción de inocencia deja de ser un principio universal y se convierte en un privilegio ideológico, lo que queda no es justicia ni democracia.

Lo que queda es impunidad organizada, manipulación sistemática, degradación moral del espacio público y una sociedad entretenida con carnaza mientras se le roba la verdad, la decencia y el derecho a exigir responsabilidades reales.

Felipe Pinto.