En la segunda mitad del siglo IV a. C.,
Demóstenes, uno de los más brillantes oradores del foro ateniense,
arremetía inmisericorde contra aquellos que habían acaparado el poder
público para su propio beneficio o enriquecimiento personal. Al
referirse a ellos, lo hacía con estas palabras: “Pero mirad a los
hombres que hacen esta política: unos han pasado de la indigencia a la
riqueza, otros de la oscuridad a los honores, algunos se han hecho casas
más impresionantes que los edificios públicos y su fortuna ha crecido
en la misma medida en la que ha ido disminuyendo la de la ciudad”.
Casi dos mil cuatrocientos años después de pronunciadas esas palabras,
la valiente denuncia del gran orador griego no sólo continua vigente,
sino que se muestra de rabiosa actualidad, e incluso podríamos en algún
caso poner nombres y apellidos concretos. Recientemente veía una entrevista realizada al catedrático de derecho administrativo Alejandro Nieto donde incidía en la misma idea, aunque con otras palabras: “El
día que los políticos confiesen que su objetivo es satisfacer su libido
de poder y enriquecer a sus amigos y enriquecerse ellos mismos,
entonces no habrá desgobierno, ya que hoy están cumpliendo sus objetivos
a la perfección”. Tanto Demóstenes en su tiempo como
Alejandro Nieto hoy fueron puestos en solfa por el poder político, y en
el caso del profesor Nieto, de una forma bastante miserable: condenando
su persona al ostracismo y a la muerte civil, corriendo un tupido velo
de silencio sobre su importante obra donde pone en evidencia de forma
cruda pero veraz la divergencia entre el discurso oficial y la situación
real. Esa “Administración que sirve con objetividad a los intereses generales con el sometimiento pleno a la ley y al derecho”,
según pomposa expresión del artículo 103 de la Constitución se revela
en la práctica como un aparato en manos de una clase política que la
utiliza como botín particular para el enriquecimiento de unos pocos. Hay
partidos de izquierda que critican y fustigan a la institución
monárquica por considerarla un anacronismo, pese a que en su seno hay
castas tan hereditarias como la Corona, aunque tratan de justificarlas
cubriendo con el barniz del adjetivo democrático lo que no es más que
una designación a dedo por la élite burocrática que domina los partidos
políticos. Así, por ejemplo, la dinastía Laura González (madre) y Noemí
Martín (hija) en el Principado de Asturias, o el clan Sanjurjo en Gijón,
siendo este último caso absolutamente sangrante, dado que en un
contexto de crisis económica especialmente dolorosa en Asturias donde
muchos ciudadanos casi no llegan a fin de mes una misma familia
acaparaba nada menos que cuatro cargos públicos: Pedro Sanjurjo fue
concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón durante el periodo
1999-2007 y de Urbanismo en los años 2007-2011, periodo en el que su
mujer María José Ramos era diputada autonómica y Consejera de la
Presidencia del Principado de Asturias; la hermana del señor Sanjurjo,
doña Carmen, senadora socialista y el marido de ésta Concejal de
Hacienda del Ayuntamiento en el periodo 2007-2011, puesto desde el que
preparó a conciencia su candidatura a la alcaldía. Se daba pues la
paradoja de que dos de las más importantes concejalías de la ciudad más
importante del Principado (Hacienda y Urbanismo) se encontraban en manos
de una misma familia, que tenía a la vez otro de sus miembros en la más
importante Consejería autonómica. Desalojados del poder municipal en
2011, fíjense el poco tiempo que han tardado en encontrar acomodo.
Estamos en un momento de crisis económica
donde todas las voces del espectro político piden austeridad,
sacrificio y cargan todo el peso del poder sobre las espaldas de la
sufrida clase media, a la que fríen a tasas e impuestos, que quizá
debieran recuperar el vetusto y mucho más justo nombre de arbitrios,
dado que eso y no otra cosa son, sino decisiones arbitrarias de una
élite heredera de la antigua aristocracia titulada. Se anuncia el
estudio del cobro de una cantidad por la circulación de vehículos en las
autovías; se adelanta una subida de los impuestos indirectos para el
2013 a la vez que se han elevado los directos para este ejercicio. Pues
bien, parafraseando a Martin Luther King, hoy tuve un sueño. Soñé que la
clase política había decidido tener altura de miras y echar una
decisiva mano a la hora de solventar la crisis para que ésta no siempre
golpease a los mismos. Soñé que el Consejo de Ministros aprobaba un
proyecto de ley en virtud del cual creaba un tributo que gravaría como
hecho imponible el ejercicio por cualquier persona física de la
actividad política, designando como contribuyente a todo individuo que
desempeñase de forma efectiva cualquier tipo de cargo público
representativo (ya fuese supranacional, estatal, autonómico o local) y
estableciendo una tarifa variable en función de una escala progresiva
que aumentase proporcionalmente en función al número de años que llevase
ese contribuyente dedicado a la cosa pública. Soñé que todos los grupos
políticos aprobaban sin discrepancias dicho proyecto de ley, que
entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Y es que está bien
soñar de vez en cuando. ¿No creen?
Monsieur de Villefort
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