EL PP FUE QUIEN AVALÓ QUE ZAPATERO REPRESENTARA A EUROPA EN VENEZUELA

Durante años, una parte importante del debate político español ha querido presentar a José Luis Rodríguez Zapatero como un actor aislado en Venezuela, una figura que actuaba por libre, movida únicamente por afinidades ideológicas o por intereses personales. Sin embargo, la realidad histórica desmonta ese relato. Fue el Gobierno del Partido Popular quien avaló oficialmente que Zapatero ejerciera como mediador europeo ante la crisis venezolana.

En julio de 2016, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno y José Manuel García-Margallo como ministro de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español expresó públicamente su respaldo a que la Unión Europea impulsara a Zapatero como enviado especial para Venezuela. No fue una especulación ni una maniobra escondida. Fue una posición pública, conocida y asumida por el Gobierno de España.

Aunque ya sin mayoría absoluta, el Partido Popular seguía al mando del Gobierno y de la acción exterior del Estado. Nadie obligó al PP a avalar a Zapatero; lo hizo porque quiso.

Las declaraciones oficiales no dejaron demasiadas dudas. El Gobierno estaba dispuesto a apoyar cualquier iniciativa de mediación. Traducido al lenguaje político real: el Partido Popular entendía que Zapatero era la figura válida, útil y adecuada para intentar abrir una vía de diálogo en Venezuela.

Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren silenciar: cuando se trata de protegerse entre sí, el bipartidismo siempre acaba encontrándose. En público discuten, se insultan y escenifican enfrentamientos irreconciliables. Pero cuando llega la hora de repartirse instituciones, proteger trayectorias políticas o darse cobertura mutua, PP y PSOE vuelven a reconocerse como socios naturales del sistema.

Porque no deja de resultar revelador que un Gobierno del Partido Popular eligiera como interlocutor internacional a uno de los grandes símbolos del socialismo español. Mientras en España vendían confrontación, fuera de España colaboraban con absoluta normalidad.

Y hoy asistimos a nuevas escenificaciones. Mucho entregar llaves de ciudades, homenajes y reconocimientos a María Corina Machado, mucho gesto solemne y mucha fotografía. Pero convendría no olvidar que antes avalaron el envío de Rodríguez Zapatero a Venezuela como interlocutor, como también se homenajeó a Gustavo Petro, exintegrante del M-19 y referente de la izquierda radical latinoamericana. La memoria selectiva vuelve a funcionar cuando conviene.

Aquello no fue solo una decisión diplomática. Fue también una fotografía del régimen de alternancia que durante décadas han protagonizado PP y PSOE: turnarse el poder, criticarse de cara al electorado y auxiliarse cuando conviene. Hoy unos fingen indignación con Zapatero. Ayer otros lo promocionaban institucionalmente.

La hemeroteca vuelve a hablar claro. Quienes ahora utilizan Venezuela como arma política deberían explicar por qué entonces bendijeron a quien hoy señalan. Porque la memoria selectiva puede servir para un titular, pero no resiste los hechos.

Lo sucedido demuestra que muchas veces el verdadero muro no separa izquierda y derecha tradicional, sino a los ciudadanos de una élite política que se protege a sí misma bajo distintas siglas.

La verdad quedó escrita. Una vez más, el Partido Popular: lanza la piedra, esconde la mano y después niega la evidencia. Y el bipartidismo, como casi siempre, cerrando filas cuando le conviene.

Felipe Pinto. 

LA JUSTICIA BAJO EL ASEDIO DEL GOBIERNO

El deterioro institucional en España ya no se disimula. Ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una evidencia. Lo que estamos viendo estos días no es una simple discrepancia entre poderes, ni un debate jurídico legítimo. Es algo mucho más profundo y preocupante.

El Gobierno no se ha limitado a criticar al juez Juan Carlos Peinado. Ha ido un paso más allá. Según ha publicado la prensa, el ministro se ha dirigido por escrito a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial trasladando su convicción de que ese juez debe ser sancionado y reclamando una actuación rápida del órgano de gobierno de los jueces. No estamos, por tanto, ante una declaración aislada o un exabrupto político. Estamos ante una actuación formal, reiterada y dirigida a quien tiene competencias disciplinarias sobre la carrera judicial.

Y esto nos tiene que preocupar y que suene la alarmapara todos los españoles,

porque en un Estado de derecho, el poder ejecutivo no puede, ni directa ni indirectamente, condicionar la actuación del poder judicial. No puede señalar a un juez por el contenido de sus resoluciones y, acto seguido, instar al órgano competente a actuar contra él. Eso es romper el equilibrio más básico sobre el que se sostiene cualquier democracia: la separación de poderes.

No se trata de si el juez tiene razón o no. No se trata de si sus resoluciones gustan o disgustan. Se trata de algo mucho más esencial: que los jueces deben poder ejercer su función sin interferencias del poder político. Sin presiones. Sin advertencias veladas. Sin mensajes que, por su insistencia y dirección, trascienden la mera crítica.

Algunos dirán que todo entra dentro del juego político. Que son simples quejas. Que existen cauces formales para plantearlas. Y es cierto que los hay. Pero también es cierto que cuando quien gobierna utiliza su posición para trasladar reiteradamente al órgano de gobierno de los jueces la necesidad de sancionar a un magistrado concreto, la línea que separa la crítica de la injerencia empieza a difuminarse peligrosamente.

Y ese es el verdadero problema.

No estamos aún —al menos con lo que públicamente se conoce— ante un delito acreditado. Pero sí estamos ante un escenario que, de consolidarse, puede erosionar gravemente la independencia judicial. Porque la presión institucional no siempre se ejerce mediante órdenes explícitas. A veces se construye mediante el señalamiento constante, la deslegitimación pública y la insistencia en que debe haber consecuencias disciplinarias.

Cuando eso ocurre, el mensaje que se lanza es devastador: que investigar al poder tiene coste.

Y en ese momento, el problema deja de ser de un juez concreto. Deja de ser de un procedimiento concreto. Pasa a ser un problema del sistema.

Porque sin jueces independientes no hay Estado de derecho. Y cuando el poder político empieza a actuar como si pudiera influir en ellos, lo que está en juego ya no es una causa judicial, sino la propia calidad democrática de un país.

Felipe Pinto. 

LA DERECHITA COBARDE SIEMPRE HA EXISTIDO

España no sufre hoy una anomalía política. Lo que vivimos no es algo nuevo, ni una desviación puntual del sistema. Es la repetición de un patrón histórico: la existencia de una derecha que, cuando llega el momento decisivo, no se atreve a hacer lo que prometió. Una derecha que gana elecciones, pero pierde el pulso político. Una derecha que denuncia a la izquierda… para acabar asumiendo sus reglas. Esa derecha tiene nombre hoy, pero ya lo tuvo antes: la CEDA.

La Confederación Española de Derechas Autónomas fue el gran bloque político de la derecha durante la Segunda República. Liderada por José María Gil-Robles, representaba a millones de españoles hartos del sectarismo, del anticlericalismo y del proceso de ruptura nacional que impulsaban las izquierdas. En las elecciones de 1933, la CEDA se convirtió en la fuerza más votada del país. Tenía respaldo social, tenía legitimidad democrática y tenía la oportunidad histórica de corregir el rumbo de España.

Y sin embargo, no lo hizo.

Pese a su victoria, la CEDA renunció a gobernar directamente. Prefirió sostener desde fuera a gobiernos débiles como los de Alejandro Lerroux, en lugar de asumir el poder con claridad y aplicar el programa que sus votantes esperaban. Fue una decisión clave. No fue un matiz táctico: fue una renuncia política. La derecha había ganado, pero no quiso ejercer.

Ese es el primer gran rasgo de la derechita cobarde: ganar sin gobernar.

Durante meses, la CEDA actuó como apoyo parlamentario, confiando en que el sistema se corrigiera solo, sin enfrentarse de verdad a los problemas estructurales que denunciaba. Cuando finalmente decidió entrar en el gobierno, en 1934, lo hizo tarde, débil y en un contexto ya radicalizado. La reacción de la izquierda fue violenta —como en la revolución de Asturias—, pero eso no invalida el hecho esencial: la derecha había tenido su momento antes… y lo dejó pasar.

Segundo rasgo: llegar siempre tarde.

La CEDA se movió constantemente entre dos aguas: un discurso firme para movilizar a su electorado y una práctica política moderada para no incomodar al sistema. Defendía la religión, el orden y la unidad nacional, pero aceptaba el marco político que precisamente estaba erosionando esos principios. Quiso jugar dentro de unas reglas que sus adversarios no respetaban.

Tercer rasgo: respetar unas reglas que el adversario utiliza para destruirte.

No es difícil ver el paralelismo con la actualidad.

El Partido Popular lleva años denunciando con contundencia las políticas de la izquierda: la cesión al separatismo, la degradación institucional, la colonización de la justicia, la manipulación de la memoria histórica. Su discurso es claro, incluso duro en ocasiones. Pero cuando llega el momento de actuar, aparece la misma pauta que ya vimos en la CEDA.

Se recurre la ley… pero se acepta el marco.

Se denuncia al adversario… pero se pacta con él.

Se promete firmeza… pero se ejecuta moderación.

Ahí está el ejemplo de la ley de amnistía: recurrida, criticada, señalada como inconstitucional… pero asumida de facto cuando el sistema la valida. Ahí está la renovación del Poder Judicial: años denunciando su politización para acabar participando en el reparto. Ahí está, en definitiva, una forma de hacer política basada en no romper nunca, aunque todo indique que habría que hacerlo.

Exactamente igual que la CEDA.

Porque el problema no es de ideas. La derecha española ha tenido, en distintos momentos, diagnósticos acertados de lo que ocurría en el país. El problema ha sido siempre el mismo: la falta de voluntad para llevar esos diagnósticos hasta sus últimas consecuencias.

Y ahí es donde entra una diferencia clave en el panorama actual.

Vox rompe con esa tradición. No nace para gestionar el sistema tal y como está, sino para cuestionarlo cuando considera que ese sistema ha dejado de servir a España. Frente a la lógica de la cesión permanente, plantea la confrontación política abierta dentro de la legalidad. Frente a la adaptación al marco ideológico de la izquierda, propone una alternativa clara sin complejos.

No es una cuestión de estilo. Es una cuestión de actitud histórica.

España ya vivió lo que ocurre cuando la derecha no está a la altura de su responsabilidad. La CEDA creyó que podía frenar la deriva revolucionaria con prudencia, con equilibrios, con cálculo. No lo consiguió. La historia posterior es conocida.

Hoy no estamos en 1936. Pero el patrón psicológico y político sí se repite: una derecha que teme ejercer el poder con la firmeza que exige la situación.

Por eso el problema no es solo el Partido Popular. Es algo más profundo: es la persistencia de una forma de entender la política desde la renuncia preventiva. Desde el miedo al conflicto. Desde la obsesión por ser aceptado por quienes nunca te van a aceptar.

Y eso, en política, tiene un nombre. Ayer fue la CEDA y hoy es el Partido Popular.

La derechita cobarde siempre ha existido.

Felipe Pinto. 

LA HONRADEZ INDIVIDUAL INCOMPATIBLE CON EL APOYO A LA CORRUPCIÓN COLECTIVA

No puedo llegar a entender cómo alguien que se considere honrado puede seguir apoyando a los partidos del bipartidismo. Al PP, tras Gürtel, Kitchen y tantos otros escándalos. Al PSOE, con casos como las mascarillas, todo el tema de hidrocarburos, comisiones ilegales y todos los demás casos de corrupción que afectan, de momento, a los ex números dos del partido.

Y, a pesar de eso, ahora vienen las excusas. El propio Partido Socialista dice que ya no están en el partido. Pero ¿cómo que no están en el partido? Estaban y eran las dos manos derechas del presidente del Gobierno.

Un presidente, además, también involucrado en tramas corruptas por su propia esposa, su propio hermano y el anterior presidente del Gobierno socialista, Rodríguez Zapatero y Plus Ultra, con todo lo que ello conlleva.
Con respecto al PP, se excusa diciendo que son cosas del pasado, que ya han pagado por ello con la moción de censura.

¿En serio? ¿Qué ya han pagado? ¿El Partido Popular ha pagado? ¿Quién ha pagado, el PP o todos los españoles que hemos tenido que aguantar lo que ha venido después de esa moción de censura?

Porque aquí, al final, resulta que siempre pagamos los mismos.

Termino diciendo, y vuelvo a repetir, que las personas que se crean decentes y honradas deben reflexionar sobre el estado en que están sus propias ética y moral para seguir dando apoyo a la corrupción,  es decir, al Partido Socialista o al Partido Popular.

Felipe Pinto. 

LA DGT SE INHIBE ANTE EL CAOS EN LAS CALLES

La Dirección General de Tráfico mantiene desde hace años una política constante de endurecimiento hacia los conductores de coches, motos, camiones y vehículos sometidos a licencia, multiplicando controles, sanciones, radares, limitaciones y obligaciones administrativas, como si todo el problema de la seguridad vial descansara exclusivamente sobre quienes ya han demostrado conocer el código de circulación, han superado exámenes teóricos y prácticos, pasan controles médicos periódicos y asumen responsabilidades legales cada vez mayores. Sin embargo, mientras esa presión aumenta sobre millones de conductores, la propia administración sigue dejando intacto uno de los vacíos más evidentes y peligrosos del tráfico actual: la circulación diaria de bicicletas, patinetes eléctricos y determinados ciclomotores por calles y avenidas sin exigir a sus conductores una acreditación mínima real de conocimiento de las normas básicas de circulación.

La contradicción es cada vez más difícil de justificar porque basta observar unos minutos cualquier ciudad para comprobar cómo numerosos usuarios de estos vehículos atraviesan semáforos en rojo, ignoran señales de stop, circulan en dirección contraria, invaden pasos de peatones, aparecen de forma repentina entre coches o realizan maniobras imprevisibles que obligan a frenazos bruscos y generan situaciones de peligro constantes. Y lo más preocupante es que esta situación se ha ido normalizando hasta el punto de parecer asumida por la propia administración, como si formar parte de una movilidad llamada moderna eximiera automáticamente de conocer unas reglas que sí son obligatorias para todos los demás.

A esa desigualdad se añade además otra contradicción difícil de explicar: mientras en motocicletas y ciclomotores convencionales el casco es obligatorio por razones evidentes de protección personal, en bicicletas y patinetes eléctricos la exigencia sigue siendo parcial o limitada, pese a que la exposición física al golpe, la caída o el impacto es igualmente elevada. En adultos, el casco no siempre es obligatorio en ciudad para bicicletas y en el caso de muchos patinetes depende incluso de ordenanzas municipales, lo que genera una disparidad normativa difícil de comprender cuando el riesgo físico existe exactamente igual.

Especialmente llamativo resulta el caso de determinados ciclomotores ligeros, que comparten espacio con automóviles y motocicletas en entornos urbanos cada vez más complejos y, sin embargo, en demasiadas ocasiones son conducidos por personas cuyo conocimiento de las normas básicas resulta claramente insuficiente. A ello se suma otro desequilibrio difícil de explicar: mientras un automóvil o una motocicleta deben disponer obligatoriamente de seguro, matrícula identificativa y documentación plenamente regularizada, bicicletas y patinetes pueden circular en gran número de casos sin seguro obligatorio y sin un sistema real de identificación inmediata cuando cometen una infracción o provocan un incidente. Eso significa que un vehículo puede saltarse un semáforo, circular indebidamente o causar un accidente y, en muchas ocasiones, el responsable desaparece sin posibilidad práctica de identificación.

La consecuencia no es solo el aumento del riesgo físico, sino también el perjuicio psicológico que sufre quien circula correctamente cuando se ve implicado en un accidente provocado por una imprudencia ajena. Porque quien conduce un coche respetando todas las normas también carga después con el impacto moral de un atropello o una colisión que pudo evitarse si existiera una formación previa obligatoria y una regulación más equilibrada.

Resulta difícil entender que la Dirección General de Tráfico siga mirando hacia otro lado en una cuestión tan evidente. Si realmente se pretende reducir la siniestralidad, no basta con seguir endureciendo a quienes ya cumplen, ya pagan y ya están sometidos a control; también hay que exigir responsabilidad a quienes comparten la vía pública sin haber acreditado un conocimiento mínimo del código de circulación. Lo razonable sería establecer un carnet homologado o, al menos, un examen teórico obligatorio para bicicletas, patinetes eléctricos y ciclomotores ligeros, acompañado además de una regulación clara en materia de identificación y responsabilidad civil.

La seguridad vial no puede seguir construyéndose sobre una evidente desigualdad normativa. Hoy existen vehículos que comparten la vía pública, pueden provocar accidentes, carecen en muchos casos de seguro obligatorio, no llevan matrícula identificativa y tampoco exigen acreditar conocimientos previos del código de circulación. Y en ese desequilibrio, la responsabilidad recae directamente sobre una Dirección General de Tráfico que continúa sin afrontar uno de los problemas más visibles del tráfico urbano actual en España.

Felipe Pinto.