Hay pocas contradicciones tan visibles en la política actual como la del feminismo convertido en bandera permanente por la mayor parte parte de la izquierda mientras, al mismo tiempo, se silencian, se relativizan o se esquivan realidades que representan exactamente lo contrario de aquello que públicamente se proclama defender. Cuando una causa se invoca cada día como superioridad moral, cuando se convierte en eje de discursos, campañas, ministerios, pancartas y propaganda institucional, queda sometida también a una exigencia elemental: la coherencia absoluta. Y precisamente ahí es donde aparece una fractura cada vez más evidente, porque la defensa de la mujer deja de aplicarse con la misma contundencia cuando determinados hechos resultan incómodos ideológicamente o desmontan el relato cuidadosamente construido durante años.
Basta mirar hacia Irán y hacia numerosos países de mayoría islámica donde millones de mujeres siguen sometidas a estructuras legales, religiosas y sociales que las colocan muy por debajo del hombre. En muchos de esos países el varón puede casarse con varias mujeres simultáneamente mientras la mujer carece por completo de cualquier reciprocidad jurídica semejante; el hombre puede formar hogares polígamos amparados por la ley y la tradición, mientras ella permanece sometida a una inferioridad legal que ni siquiera admite debate. A eso se suman restricciones en la vestimenta, limitaciones en la movilidad, dependencia familiar, valor desigual del testimonio y una presión permanente que convierte a la mujer en ciudadana vigilada dentro de su propia sociedad. Esa realidad debería provocar una denuncia constante, frontal e inequívoca desde quienes dicen hacer del feminismo una causa universal, pero demasiadas veces lo que aparece es prudencia, silencio o una extraña indulgencia cultural que jamás aceptarían en cualquier otro contexto político.
La contradicción alcanza su máxima expresión cuando en Europa se llega incluso a relativizar el significado de prendas como el burka o el niqab, presentándolas en ocasiones como expresiones respetables de diversidad, cuando en gran parte del mundo representan precisamente la negación visible de la libertad femenina, la ocultación impuesta y la subordinación del cuerpo de la mujer a códigos donde su identidad desaparece. Y junto a esa carga simbólica existe además un debate perfectamente legítimo que rara vez se quiere abordar con claridad: ningún Estado moderno puede ignorar que ocultar completamente el rostro en espacios públicos también introduce un problema evidente de seguridad y de identificación.
Mientras se guarda cautela ante esas realidades internacionales, en España se han impulsado leyes convertidas en emblemas políticos cuyo resultado terminó siendo profundamente contradictorio. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual fue presentada como conquista histórica y acabó permitiendo revisiones de condena y reducciones penales a agresores sexuales, provocando un daño jurídico y social que difícilmente puede olvidarse. Lo más grave no fue solo el error técnico, sino la resistencia inicial a reconocer sus consecuencias, como si la defensa del relato importara más que el daño causado por una norma mal construida. A ello se añadieron sistemas de protección cuestionados, como pulseras telemáticas defectuosas, incidencias en mecanismos de vigilancia y una sensación cada vez más extendida de que demasiadas veces la escenografía institucional funciona mejor que la eficacia real.
También las cuotas políticas, presentadas como avance incuestionable, contienen una contradicción que rara vez se admite abiertamente. Cuando una lista electoral obliga a ordenar nombres no exclusivamente por mérito, preparación o experiencia sino por una arquitectura obligatoria de sexos, puede darse perfectamente el caso de que varias mujeres sean las más válidas de una candidatura y no puedan ocupar consecutivamente los primeros puestos, igual que puede ocurrir en sentido contrario. En ese momento ya no decide únicamente la capacidad individual, sino una ingeniería formal que introduce un criterio externo que también altera la igualdad real que se dice perseguir.
Otro terreno donde la incoherencia se vuelve cada vez más visible es el deporte femenino. Durante décadas se defendieron categorías específicas para proteger la competición justa entre mujeres, pero hoy muchas deportistas contemplan cómo se abre un debate donde personas nacidas biológicamente hombres compiten en pruebas femeninas, alterando marcas, esfuerzos y equilibrios deportivos construidos durante años. Y, sin embargo, cuestionar ese debate se convierte muchas veces en tabú ideológico, como si proteger a las propias mujeres deportistas pudiera resultar políticamente incorrecto.
A todo ello se suma el viejo silencio incómodo en torno a la prostitución. El discurso oficial de una parte de la izquierda se declara abolicionista con enorme contundencia, pero la realidad demuestra una convivencia social con ese fenómeno llena de contradicciones, tolerancias selectivas y silencios llamativos cuando determinados entornos resultan incómodos de señalar. Se condena desde la tribuna, pero demasiadas veces se calla ante realidades que afectan a miles de mujeres cuya vulnerabilidad raramente ocupa el centro del discurso con la misma intensidad que otros debates más rentables políticamente.
Y quizá el problema de fondo sea precisamente ese: que una causa profundamente seria ha terminado demasiadas veces absorbida por un uso ideológico donde importa más mantener una superioridad moral permanente que afrontar con honestidad todas las contradicciones que van apareciendo.
Porque la igualdad real no necesita propaganda, necesita verdad; no necesita dividir artificialmente a hombres y mujeres, necesita respeto mutuo; no necesita convertir al varón en sospechoso estructural, necesita justicia equilibrada; no necesita silencios selectivos, necesita valentía para denunciar toda forma de humillación femenina venga de donde venga.
La mujer española hace décadas que acreditó sobradamente su capacidad para ocupar cualquier responsabilidad política, profesional, empresarial o intelectual sin necesidad de tutelas ideológicas permanentes. Precisamente por eso, cuanto más se utiliza su causa como instrumento de combate partidista, más se debilita moralmente el propio discurso. Porque cuando se calla ante la opresión externa, se legisla con errores internos, se aceptan contradicciones evidentes y se mantiene una indignación selectiva según convenga políticamente, la defensa de la mujer deja de sonar limpia y empieza a revelar una palabra incómoda, pero inevitable: cinismo.
Dicho esto, ¡viva la mujer y viva su feminidad!
Felipe Pinto.
