Equivocarse al votar forma parte de la democracia. Repetir la confianza después de décadas de promesas incumplidas, desempleo, escándalos y responsabilidades pendientes exige una memoria demasiado indulgente.
El PSOE ha construido buena parte de su discurso sobre la defensa de los trabajadores, la protección de los más vulnerables y una pretendida superioridad moral. Su historial de gobierno obliga a confrontar esas proclamaciones con sus resultados. Y esa comparación deja episodios demoledores.
González: casi catorce años de poder y millones de españoles sin trabajo
Felipe González dispuso de tiempo, mayorías y capacidad de decisión. Después de casi catorce años gobernando, entregó una España con un desempleo intolerable. Según la serie histórica de la EPA recogida por el Consejo Económico y Social, la tasa media de paro alcanzó el 24,2 % en 1994 y el 22,9 % en 1995. En el peor momento de aquella etapa, aproximadamente uno de cada cuatro integrantes de la población activa estaba sin trabajo.
El partido que decía representar a los trabajadores terminó su larga etapa de gobierno con una enorme fractura laboral. Después de tantos años de poder, la responsabilidad por ese resultado difícilmente podía atribuirse a una herencia que no hubiera habido tiempo de corregir.
A ese balance se añadió una degradación institucional que dejó nombres grabados en la memoria colectiva.
Filesa destapó un entramado de financiación irregular mediante sociedades y facturación ficticia. La sentencia del Tribunal Supremo de 1997 impuso condenas por distintos delitos a responsables empresariales y cargos socialistas. La corrupción había alcanzado mecanismos relacionados con la financiación del partido.
Luis Roldán, director general de la Guardia Civil durante el Gobierno socialista, se apropió de fondos y cobró comisiones, huyó de España y terminó condenado a 31 años de prisión. Una institución encargada de perseguir delitos había tenido al frente a un hombre condenado por corrupción.
Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, fue condenado por fraude fiscal, aunque resultó absuelto en otros procedimientos. Su caso añadió otra sombra a una etapa marcada por el desgaste del poder y sus entornos.
Y el caso Marey llevó a las condenas de José Barrionuevo y Rafael Vera a diez años de prisión por detención ilegal y malversación. Aquí la gravedad desbordó el enriquecimiento particular: se emplearon poder y fondos públicos para actuaciones criminales. Las condenas fueron de sus responsables; la exigencia de explicaciones políticas alcanzaba al Gobierno del que formaban parte.
Los logros de una etapa no cancelan sus delitos ni borran a sus desempleados. La responsabilidad de gobernar comprende todo el balance.
Zapatero: el fracaso económico acabó pagando su propia política social
El final de José Luis Rodríguez Zapatero dejó una cifra devastadora. La EPA del cuarto trimestre de 2011 situó el desempleo en 5.273.600 personas y la tasa de paro en el 22,85 %. Rajoy asumió la presidencia al terminar diciembre: aquellos datos reflejaban fundamentalmente la situación recibida del Gobierno anterior.
La crisis financiera tuvo dimensión internacional y la vulnerabilidad inmobiliaria venía de antes. Precisamente para afrontar los problemas y sus consecuencias existen los gobiernos. La responsabilidad de Zapatero debe juzgarse por sus decisiones y por su respuesta.
La contradicción de su discurso social quedó escrita en el BOE. En 2010 aprobó una reducción media del 5 % de las retribuciones de los empleados públicos y suspendió la revalorización de la mayoría de las pensiones para 2011, con las excepciones previstas en la norma. También eliminó la prestación de 2.500 euros por nacimiento o adopción desde enero de 2011.
El PSOE que se presentaba como garantía de protección terminó recortando salarios públicos y congelando pensiones. Sus compromisos sociales chocaron con el deterioro de las cuentas. La factura llegó a ciudadanos a los que había prometido proteger.
El reproche a Zapatero también alcanza a la convivencia. Su manera de utilizar políticamente la memoria de la Guerra Civil contribuyó a reabrir heridas y a devolver al debate público la división entre vencedores y vencidos. España había dedicado décadas a construir una convivencia entre ciudadanos con historias familiares e ideas distintas. Un presidente debía cuidar ese entendimiento; convertir el pasado en una herramienta de confrontación deterioró un patrimonio común que había costado demasiado esfuerzo alcanzar.
El poder autonómico también dejó su historial
La responsabilidad del PSOE comprende también sus gobiernos autonómicos, aunque sus decisiones no deban confundirse con las del Ejecutivo nacional.
En Asturias, el caso Marea llevó a la condena del exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre. La Audiencia Provincial le impuso en 2017 seis años de prisión por prevaricación, falsedad documental, fraude y cohecho en relación con irregularidades en la contratación administrativa.
En Andalucía, la Faffe dejó uno de los episodios más ofensivos por el destino de la institución: la formación y el empleo. La Audiencia de Sevilla condenó en 2023 a su exdirector Fernando Villén por utilizar tarjetas de la fundación para pagar en prostíbulos. Los fondos de una entidad dedicada al empleo se utilizaron para gastos particulares de esa naturaleza.
En Mercasevilla, el Supremo confirmó las condenas de Fernando Mellet y Daniel Ponce por exigir una comisión a empresarios para una escuela de hostelería subvencionada. El mismo tribunal anuló por falta de pruebas la condena de Antonio Rivas. La responsabilidad corresponde a quienes resultaron condenados.
Los ERE fraudulentos completan ese historial. Su evolución judicial exige precisión: el Tribunal Constitucional anuló las condenas de Chaves y Griñán y ordenó nuevas resoluciones. Esas decisiones modificaron sus responsabilidades penales, mientras el fraude en la gestión de ayudas y las distintas piezas del caso siguen formando parte del balance político de aquellos gobiernos.
Sánchez y el derrumbe de la promesa regeneradora
Con Pedro Sánchez, la contradicción entre el discurso de regeneración y los casos de corrupción ha alcanzado a figuras centrales de su estructura de poder.
José Luis Ábalos fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. El Tribunal Supremo lo condenó en junio de 2026 a 24 años y tres meses de prisión en el caso de las mascarillas, y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses. En octubre rechazó sus incidentes de nulidad, agotando la vía judicial ordinaria.
La contratación vinculada a una emergencia sanitaria terminó en condenas por corrupción de un antiguo ministro y su asesor. La dimensión moral de lo ocurrido resulta especialmente grave por el momento en que sucedió y por las necesidades que debían atender aquellos contratos.
En la investigación sobre Santos Cerdán existen indicios concretos recogidos por la UCO: presuntas fuentes de ingresos no declaradas y beneficios económicos para él y su familia, dentro de una causa sobre posibles amaños en adjudicaciones de obra pública. Esos hallazgos requieren investigación judicial y explicaciones políticas sobre quien ocupó la Secretaría de Organización del partido.
También la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación añade preguntas sobre el entorno del presidente. Es una acusación pendiente de juicio; la Fiscalía y las defensas solicitaron su absolución. El examen político debe apoyarse en los hechos investigados, respetando la responsabilidad individual.
Un partido responde por sus nombramientos, sus controles y su reacción ante los indicios. Expulsar o apartar a un dirigente no explica cómo llegó a acumular tanto poder.
Con Sánchez, mi preocupación más profunda es el riesgo de una deriva autocrática: una concepción del poder que busca debilitar sus contrapesos y presentar cualquier límite como un obstáculo ilegítimo. La democracia exige controles independientes, rendición de cuentas y respeto a quienes fiscalizan al Gobierno. Cuando la permanencia de un dirigente se convierte en la prioridad que pretende justificarlo todo, la libertad política queda amenazada. Ese es el peligro que, a mi juicio, España debe afrontar antes de que el deterioro institucional resulte más difícil de reparar.
Una sucesión de desgracias y demasiadas respuestas pendientes
Desde la exhumación de Franco, en octubre de 2019, España ha atravesado tantas calamidades que la ironía surge sola: pareciera que Sánchez hubiera traído el gafe a la Moncloa. El sarcasmo termina ahí. Las responsabilidades deben examinarse en las decisiones de gobierno, la prevención y la respuesta a las víctimas.
La gestión de la pandemia dejó un precedente gravísimo para las libertades. El Gobierno de Sánchez impuso un confinamiento domiciliario general bajo un estado de alarma, y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulas las disposiciones que establecían aquella suspensión de la libertad de circulación. La sentencia 148/2021, de 14 de julio, determinó que unas restricciones de ese alcance excedían lo permitido por el instrumento jurídico elegido.
La gravedad de la emergencia sanitaria exigía una respuesta eficaz y ajustada a la Constitución. El Gobierno tenía la obligación de proteger la salud respetando las garantías de los ciudadanos. El fallo del Constitucional acreditó que había sobrepasado esos límites. Ese antecedente merece ocupar un lugar central en cualquier examen crítico de la actuación de Sánchez: precisamente en una crisis es cuando más importa que el poder respete los controles constitucionales.
Filomena dejó en enero de 2021 una nevada histórica, precedida de avisos de AEMET. Aquel episodio exige evaluar qué preparación tuvieron las administraciones y cómo coordinaron los medios de protección. Una alerta sirve cuando se traduce en actuaciones eficaces.
La Palma muestra la distancia entre los anuncios y la recuperación cotidiana. En 2026, el Cabildo tuvo que ampliar hasta 2027 los plazos de determinadas ayudas para llevar electricidad a viviendas afectadas por la erupción. Aproximadamente una cuarta parte de sus beneficiarios todavía no había podido iniciar las obras, entre otras razones por actuaciones pendientes en redes y servicios básicos. Años después del desastre, seguían existiendo necesidades elementales sin resolver.
Para una familia damnificada, la recuperación se mide en un hogar habitable y una vida reconstruida. Quienes prometieron soluciones deben responder por los plazos y por los obstáculos que continúan impidiéndolas.
La DANA y el deber de prevenir
La DANA de octubre de 2024 combinó precipitaciones extraordinarias y factores hidrológicos que desencadenaron una catástrofe. Su intensidad obliga a revisar la prevención, las infraestructuras y la gestión de la emergencia.
Hay obligaciones concretas que fiscalizar: conservación de cauces, retirada de obstáculos, obras de protección, ordenación de zonas inundables, alertas y coordinación. Cada administración debe responder por sus competencias, incluido el Gobierno central y los organismos de cuenca.
La protección ambiental exige mantenimiento y actuaciones técnicas. El propio Ministerio contempla retirar residuos, especies invasoras y elementos obstructivos de los cauces. Procede exigir los expedientes y los trabajos ejecutados para determinar dónde se actuó y dónde hubo omisiones. La seguridad de las personas merece algo más que una discusión de consignas.
El apagón, las tragedias ferroviarias y la crisis de Ceuta
El apagón del 28 de abril de 2025 evidenció una vulnerabilidad gravísima de un servicio esencial. El comité gubernamental identificó capacidad insuficiente de control de tensión, oscilaciones y desconexiones de generación, algunas aparentemente indebidas. El diagnóstico oficial documentó fallos que exigen responsabilidades y correcciones.
En Adamuz, el accidente ferroviario de enero de 2026 dejó 46 fallecidos. La Guardia Civil señaló como hipótesis una rotura del carril o un fallo de soldadura. Son elementos técnicos que obligan a examinar la infraestructura, su mantenimiento y sus controles.
En julio de 2026, Ceuta volvió a sufrir una entrada masiva e irregular, después del precedente de mayo de 2021. Cinco años después, las medidas adoptadas resultaron insuficientes para evitar otra crisis fronteriza de enormes dimensiones aun no solucionada. El Gobierno de Sánchez debe responder por su previsión, por la eficacia de los medios desplegados y por su sumisión a Marruecos. Los ceutíes merecen protección permanente, no respuestas de emergencia cuando la situación ya los ha desbordado.
En Urda, las primeras reconstrucciones describen una avería del sistema de protección LZB, órdenes de reanudar la marcha y un tren que permanecía detenido en la misma vía. La investigación debe determinar la secuencia definitiva y las responsabilidades. La explicación inicial del «error humano» exige aclarar también qué barreras de seguridad debían impedir que un error acabara en tragedia.
La confianza también se agota
El historial del PSOE reúne desempleo masivo al final de largas etapas de gobierno, recortes contrarios a sus promesas sociales, condenas por corrupción y graves preguntas sobre la gestión de servicios esenciales.
Los delitos de otros partidos pertenecen a sus propios expedientes. Ninguno absuelve al PSOE. Y la responsabilidad política puede exigirse mientras una investigación sigue abierta: por los controles, por los nombramientos y por las explicaciones ofrecidas.
Tres presidentes socialistas, tres etapas de gobierno y demasiadas heridas que reparar, bajo un denominador común: ¡la corrupción! Además, González y Zapatero dejaron un país castigado por el desempleo y graves desequilibrios; con Sánchez, el pésimo balance sigue abierto, pero ya resulta lo bastante desastroso para exigir que se depuren responsabilidades.
Reconstruir cuesta años de esfuerzo y sacrificios que pagan los españoles. Ahí empieza, a mi juicio, el error humano de volver a votar al PSOE: devolverle la confianza sin exigir cuentas por lo anterior y exponerse a repetir los mismos fracasos.
España merece aprender de su historia.
Felipe Pinto.
