LA PARADOJA DE UNA LEY ANTICORRUPCIÓN IMPULSADA DESDE UN GOBIERNO MARCADO POR LA CORRUPCIÓN

Hay anuncios que no nacen para regenerar, sino para confundir. Propuestas que no buscan limpiar la vida pública, sino maquillar un poder cada vez más cuestionado. Cuando un Gobierno erosionado por escándalos, pactos opacos y ataques reiterados a los contrapoderes anuncia una ley “anticorrupción”, la pregunta no es si llega tarde, sino si nace ya moralmente muerta.

Que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez pretenda ahora erigirse en adalid de la lucha contra la corrupción no es un gesto de fortaleza institucional, sino la evidencia de una profunda crisis de credibilidad. No se trata de una torpeza comunicativa ni de una iniciativa mal calibrada, sino de una contradicción estructural que atraviesa toda la acción de gobierno: quien ha normalizado el deterioro institucional no puede presentarse como su regenerador sin incurrir en una impostura política.

La corrupción no es solo una suma de causas judiciales, comisiones ilegales o escándalos puntuales. Existe una corrupción más profunda y devastadora: la corrupción del poder que degrada las reglas del juego democrático, que convierte la ley en instrumento de conveniencia y que justifica cualquier cesión con tal de mantenerse en el cargo. Esa corrupción, silenciosa pero constante, es la que ha impregnado la acción del actual Gobierno y frente a la cual no sirve ninguna ley redactada desde el mismo poder que la ha alimentado.

Durante esta legislatura se ha instalado una peligrosa normalización de lo inaceptable. Se ha atacado a jueces cuando investigan, se ha puesto en cuestión a fiscales cuando incomodan, se ha señalado a medios de comunicación cuando informan y se ha construido un relato victimista para deslegitimar cualquier crítica. Al mismo tiempo, se han cerrado pactos con fuerzas políticas cuya relación con la corrupción política o institucional es sobradamente conocida, todo ello envuelto en un discurso moralizante que ya no engaña a nadie.

En este contexto, anunciar una ley anticorrupción no suena a compromiso ético, sino a maniobra defensiva. No parece pensada para reforzar la independencia judicial ni para fortalecer los mecanismos de control del poder, sino para apropiarse del discurso moral y decidir desde el Gobierno qué es corrupción, quién puede señalarla y cuándo conviene ignorarla. Cuando el poder legisla sobre sí mismo sin voluntad real de autolimitarse, el problema no es la corrupción ajena, sino el blindaje propio.

Resulta especialmente inquietante que este tipo de iniciativas lleguen tras años de concentración de poder, colonización de instituciones y debilitamiento de los contrapesos democráticos. Porque la corrupción no se combate erosionando la separación de poderes ni señalando al disidente como enemigo del progreso. Se combate con límites, con controles efectivos y con ejemplaridad. Y es precisamente en la ejemplaridad donde el Gobierno de Sánchez ha fracasado de forma estrepitosa.

A todo esto hay que añadir un elemento que ya no puede seguir esquivándose: la falta de vergüenza política del presidente del Gobierno. No estamos ante un error puntual ni ante una iniciativa mal planteada, sino ante la decisión consciente de seguir adelante como si no existiera contexto, de legislar como si el descrédito no fuera con él y de hablar de ética pública desde una posición completamente deslegitimada por sus propios actos.

Un presidente con un mínimo de pudor institucional habría optado por la prudencia. Habría entendido que antes de anunciar leyes contra la corrupción debía dar explicaciones, asumir responsabilidades políticas y dejar de atacar a jueces, periodistas y ciudadanos críticos. Pero aquí sucede exactamente lo contrario: cuanto mayor es el desgaste, mayor es el tono moralizante. No por convicción ética, sino por pura necesidad de supervivencia política.

Esta actitud no solo es arrogante, es profundamente dañina para la democracia. Transmite la idea de que el poder no tiene obligación de rendir cuentas, de que no existe límite alguno al ridículo institucional y de que la ciudadanía aceptará cualquier contradicción siempre que se presente envuelta en un lenguaje grandilocuente. Cuando un presidente pierde la vergüenza política, el problema ya no es una ley concreta, sino el deterioro moral del propio cargo que ocupa.

Esta supuesta ley anticorrupción no nace para limpiar la vida pública, sino para blanquear un poder desgastado, para simular una superioridad moral inexistente y para ganar tiempo frente a un relato que se le desmorona. No es regeneración democrática, es propaganda defensiva. No es valentía política, es huida hacia adelante.

La paradoja ya no está solo en la ley, sino en el propio presidente que la impulsa. Un dirigente que ha normalizado lo inaceptable, que ha relativizado la legalidad cuando le convenía y que ha hecho de la permanencia en el poder su único proyecto no puede hablar de corrupción sin provocar rechazo. No por exceso de dureza crítica, sino porque el contraste entre discurso y realidad resulta obsceno.

Cuando un Gobierno pierde la autoridad moral, ninguna ley puede devolverle la credibilidad. Y cuando un presidente pierde la vergüenza política, lo único que queda es el ruido de un poder que legisla contra lo que él mismo representa. Esa es la verdadera corrupción que hoy amenaza a España: no la que se denuncia en titulares, sino la que se ejerce desde el poder sin rubor, sin límites y sin responsabilidad.

Ninguna ley puede ser la solución contra la corrupción cuando esta está instalada en el propio Gobierno que pretende promulgarla. Contra la corrupción del poder, solo queda desalojar al poder.

Felipe Pinto. 

EL ESCÁNDALO QUE ACORRALA A SÁNCHEZ

Las últimas informaciones conocidas no describen un hecho aislado ni un error puntual, sino un modo de ejercer el poder que ha terminado por volverse contra quien lo encarna. Cuando las relaciones personales, los intereses económicos y las instituciones públicas comienzan a entrelazarse sin controles clarosEste escándalo ya no se puede despachar con silencio, victimismo o descalificaciones al mensajero: acorrala políticamente a Pedro Sánchez y obliga a dar explicaciones claras.

En las últimas horas han salido a la luz nuevos elementos que apuntan a una posible red de influencias tejida en torno a decisiones institucionales, organismos internacionales y grandes intereses empresariales. Los datos conocidos dibujan un escenario inquietante, en el que contactos directos y gestiones personales parecen haber sido utilizados para facilitar encuentros, respaldos o proyectos con consecuencias económicas relevantes. No se trata de una discusión ideológica ni de una disputa partidista, sino de algo mucho más básico: la limpieza del ejercicio del poder y la igualdad de todos ante las instituciones.

Que existan relaciones entre el ámbito político y el económico es inevitable en cualquier país, pero el problema surge cuando esas relaciones dejan de estar delimitadas por normas claras y pasan a depender de la cercanía personal o del acceso privilegiado. Cuando determinadas personas parecen disponer de canales directos para influir en decisiones públicas, la confianza ciudadana se resiente de inmediato. La pregunta incómoda aparece entonces con toda su fuerza: si las instituciones actúan guiadas por el interés general o si, por el contrario, están siendo utilizadas como herramientas al servicio de unos pocos.

La gravedad del asunto aumenta cuando estas influencias se producen en contextos especialmente sensibles, como rescates millonarios, cesiones de recursos públicos o apoyos institucionales a proyectos empresariales de gran impacto. En esos escenarios, cualquier sombra de duda adquiere una dimensión mayor, porque no está en juego una simple gestión administrativa, sino el uso del dinero, la autoridad y el prestigio del Estado. Si quienes median o facilitan estas operaciones obtienen beneficios directos o indirectos, el problema deja de ser político para convertirse en ético y potencialmente legal.

Más allá de los nombres concretos, lo verdaderamente preocupante es el patrón que se repite. La sensación de que existe un círculo reducido capaz de moverse con soltura entre ministerios, organismos internacionales y grandes empresas alimenta la percepción de que no todos los ciudadanos juegan con las mismas reglas. Esa percepción es devastadora para cualquier democracia, porque erosiona la legitimidad del sistema y convierte el desencanto en una actitud racional. Cuando la ciudadanía empieza a creer que las decisiones no se toman por mérito, necesidad o justicia, sino por cercanía y conveniencia, el daño institucional ya está hecho.

Hasta ahora, la reacción ante este tipo de escándalos ha sido minimizar, negar o esperar a que el ruido mediático se diluya. Sin embargo, este caso tiene una característica que lo hace distinto: se suma a otros episodios previos y refuerza la idea de que existe una forma de gobernar basada en la opacidad, el control del relato y la ausencia de responsabilidades. Por eso el silencio ya no es una opción viable. La acumulación de indicios exige explicaciones públicas, documentación clara y, si procede, consecuencias políticas. No como gesto de debilidad, sino como única forma de preservar un mínimo de credibilidad institucional.

Conviene insistir en algo esencial: exigir transparencia no es atacar al sistema, sino defenderlo. Investigar posibles tramas de influencia, aclarar el papel de cada actor y establecer límites firmes entre lo público y lo privado no debería generar rechazo, sino apoyo. La ciudadanía no pide discursos grandilocuentes ni gestos simbólicos, sino algo mucho más sencillo y a la vez más exigente: saber quién decide, en nombre de quién y con qué garantías. Cuando esas preguntas no obtienen respuesta, el desgaste político se convierte en cerco.

Este escándalo no es una noticia más ni un episodio pasajero. Marca un punto de inflexión. Señala el momento en el que ya no es posible seguir gobernando como si nada ocurriera, ni pretender que la acumulación de sombras no tenga consecuencias. Porque cuando el poder deja de explicarse, empieza a defenderse, y cuando el poder se defiende en lugar de rendir cuentas, termina acorralado por sus propias contradicciones.

Felipe Pinto.  

UNIDOS TAMBIÉN POR EL REPROCHE MUTUO: LA GRAN MENTIRA DEL BIPARTIDISMO

Cada vez que Vox sube en las encuestas o en las urnas, el ritual se repite con precisión milimétrica. El Partido Popular acusa al Partido Socialista Obrero Español de empujar a la sociedad hacia la ruptura; el PSOE culpa al PP de haber radicalizado el clima político. El intercambio de reproches sirve para ocupar titulares y blindar posiciones, pero no para explicar nada. Es una coreografía ensayada cuyo verdadero objetivo es ocultar que ambos forman parte del mismo bloque político e ideológico, un bloque que gobierna desde un marco compartido y que ha dejado de representar a una parte creciente de la sociedad española.

La clave es que la política española —y occidental— ha entrado en una nueva fase. La histórica división entre izquierda y derecha ya no actúa como eje principal de decisión para millones de votantes. No ha desaparecido del todo, pero ha dejado de ser determinante. El nuevo eje, cada vez más evidente, es otro: globalismo frente a soberanía. De un lado, quienes aceptan como inevitables las agendas supranacionales, los consensos cerrados y la gobernanza tecnocrática; del otro, quienes reclaman que las decisiones fundamentales vuelvan a la nación, al ciudadano y al control democrático.

En el primer bloque se sitúan prácticamente todos los partidos del sistema, con discursos distintos pero dentro del mismo marco: aceptación de la Agenda 2030 como hoja de ruta obligatoria, subordinación política a estructuras supranacionales, prioridad de indicadores ideológicos frente a realidades sociales y un consenso cultural que apenas admite disidencia. El PSOE lo asume con entusiasmo y lo convierte en bandera moral; el PP lo acepta con incomodidad calculada, lo gestiona y lo normaliza. Cambian las formas, no el fondo. Cambian los gobiernos, no el rumbo.

En el segundo bloque hay una única fuerza política claramente identificable: Vox. No porque sea perfecta ni porque tenga el monopolio de la verdad, sino porque es la única que ha construido su discurso desde una oposición frontal al marco globalista y a la Agenda 2030 entendida como dogma incuestionable. Esa singularidad explica tanto su crecimiento como la hostilidad que despierta en el sistema: no discute matices, discute el marco.

El crecimiento de Vox no responde a un arrebato emocional ni a una moda pasajera, sino a una reordenación profunda del voto. Cada vez más ciudadanos ya no se preguntan si son de izquierdas o de derechas, sino si están a favor o en contra de un modelo político que empobrece, tutela y reeduca. Ese hartazgo tiene causas muy concretas: el empobrecimiento estructural de la clase media y trabajadora bajo capas de impuestos, normas y restricciones ideológicas; el abandono del campo y del mundo rural, asfixiados por regulaciones imposibles mientras se permite competir en desigualdad con terceros países; la agenda cultural que legisla sobre identidad, familia, educación y lenguaje; la pérdida de libertad cotidiana en movilidad, consumo, energía y forma de vida; y la hipocresía de una élite política que exige sacrificios mientras se protege a sí misma con privilegios, blindaje e impunidad.

Todo ello está empujando a la sociedad hacia una polarización distinta a la conocida, no basada en el viejo enfrentamiento izquierda-derecha, sino en la confrontación entre globalistas y soberanistas. No se trata necesariamente de una división exacta ni matemática, pero sí de una fractura cada vez más visible y relativamente equilibrada, que atraviesa clases sociales, territorios y biografías políticas. Cuando un bloque ocupa casi todo el espacio institucional, mediático y cultural, la reacción no se diluye: se concentra.

Por eso resulta grotesco que PP y PSOE se acusen mutuamente de la subida de Vox. No son víctimas del fenómeno: son corresponsables de haberlo provocado. Han vaciado la política de alternativas reales, han blindado un consenso ajeno a la mayoría social y han reducido la democracia a una gestión tecnocrática adornada con reproches teatrales. La pregunta ya no es por qué Vox crece. La pregunta es hasta dónde puede llegar esta reordenación del voto si el sistema insiste en negar el nuevo eje político.

Mientras el bipartidismo siga unido por el mismo marco ideológico, mientras continúe tratando la Agenda 2030 como un tótem intocable y mientras utilice el reproche mutuo como cortina de humo, la división social no solo no desaparecerá, sino que se agravará. Porque cuando la política deja de representar, la fractura no es un accidente: es el resultado lógico de un sistema que prefiere persistir en el error antes que corregir el rumbo.

Y es en ese escenario donde aparece Vox como la única alternativa real frente a un modelo que ha acumulado empobrecimiento, pérdida de soberanía, ingeniería social, ataque al campo, tutelaje de la vida cotidiana y una inmigración ilegal masiva convertida en dogma intocable. Una inmigración ilegal que no se gestiona, no se ordena y no se integra, y cuyas consecuencias pagan siempre los mismos: colapso de los servicios públicos, presión creciente sobre sanidad, educación y vivienda, aumento de la inseguridad en barrios abandonados por el Estado y una competencia desleal que empuja a la baja los salarios y precariza aún más al trabajador español.

Lo más grave es la injusticia social que este modelo genera. Mientras miles de españoles madrugan cada día para sacar adelante el campo, la construcción, el transporte o los servicios, el sistema prioriza ayudas y pagas para quienes llegan de forma ilegal y permanecen al margen del trabajo y de las normas. No estamos para regalar el dinero de los contribuyentes cuando hay campos que desbrozar, explotaciones que mantener, pueblos que sostener y una enorme cantidad de faena real que nadie quiere organizar ni exigir. Convertir la asistencia en incentivo permanente y el esfuerzo en castigo es la fórmula perfecta para el conflicto social.

La inmigración ilegal no es una fatalidad inevitable: es una decisión política, sostenida por el mismo bloque globalista que diluye fronteras, culpabiliza al ciudadano y silencia cualquier crítica tachándola de insolidaria. PP y PSOE han sido corresponsables de este modelo, ya sea por convicción ideológica o por cobardía política, y han preferido criminalizar al que denuncia la realidad antes que proteger a quienes cumplen las normas y sostienen el país con su trabajo.

Frente a este panorama de deterioro político, económico y social, Vox se convierte para millones de españoles en la única vía de resistencia frente a un sistema que ha renunciado a defender la soberanía, el orden, el valor del trabajo y la justicia social. No como un partido milagro, sino como la única fuerza dispuesta a cuestionar de raíz el marco globalista, la Agenda 2030 y todas sus consecuencias, incluida una política migratoria irresponsable que ha convertido el caos en norma.

Y mientras el resto siga gestionando las consecuencias de un consenso que ya no convence a la calle, seguirá creciendo la convicción de que solo rompiendo con ese marco es posible frenar la degradación que se vende como progreso. Porque cuando el poder renuncia a proteger fronteras, servicios públicos y la dignidad del trabajo, la ruptura deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad.

Felipe Pinto. 

EL SÍMIL LUSO DEL PP LLEVA AL SOCIALISMO A LA PRESIDENCIA DE PORTUGAL

Lo ocurrido en Portugal hace algo más de una semana no fue una anécdota ni un episodio aislado que pueda despacharse como una rareza local. Fue una advertencia política de primer orden. Un aviso claro de lo que sucede cuando la derecha institucional se enfrenta a una disyuntiva real y decide, una vez más, no incomodar al socialismo. Allí, cuando la elección quedó reducida a un enfrentamiento directo entre la izquierda y una alternativa patriota, el espacio político equivalente al Partido Popular optó por no implicarse, no cerrar filas y permitir que el poder acabara en manos socialistas. Esa decisión, presentada como neutralidad, tuvo un efecto muy concreto y perfectamente medible: el socialismo alcanzó la presidencia gracias a la inacción calculada del centro-derecha.

En la segunda vuelta presidencial se enfrentaron André Ventura, líder de Chega, y el candidato socialista António José Seguro, respaldado sin fisuras por todo el bloque de izquierdas. No había terceras vías, ni equilibrios posibles, ni margen para la confusión. Era una elección clara entre socialismo y una alternativa situada fuera del consenso progresista. En ese momento decisivo, el Partido Social Demócrata, socio del Partido Popular Europeo, decidió no apoyar al candidato conservador, no pedir el voto para él y dejar libertad de voto. Lo mismo hizo Iniciativa Liberal, que tampoco llamó a respaldar la opción no socialista. Esa supuesta neutralidad no fue inocua. Muchos dirigentes, cargos y votantes de ese espacio acabaron inclinándose por el socialista. El resultado fue el esperado: victoria de la izquierda con la ayuda indirecta, pero decisiva, del centro-derecha institucional.

Nada de esto fue fruto de la improvisación. Responde a una forma de entender la política profundamente asentada en el PPE, donde la colaboración con los socialistas se ha normalizado hasta convertirse en sistema y donde cualquier alternativa conservadora real es tratada como una amenaza a neutralizar. En Bruselas, el PP gobierna de la mano de la izquierda, comparte agenda, reparte poder y sostiene el mismo marco ideológico mientras levanta cordones sanitarios frente a los patriotas. Portugal no fue una excepción. Fue la confirmación práctica de ese modelo.

Alemania aporta un precedente aún más contundente. Allí, la Unión Demócrata Cristiana, homóloga del PP, ha gobernado durante años en grandes coaliciones con el Partido Socialdemócrata de Alemania. Esa alianza estructural no solo impidió una alternativa conservadora, sino que consolidó políticas progresistas en inmigración, energía, modelo social e ideología que hoy están en el origen de muchos de los problemas que sufre el país. Cuando hubo que elegir entre pactar con la izquierda o permitir que fuerzas patriotas influyeran en el rumbo político, la elección fue siempre la misma. Alemania demuestra que no se trata de una coyuntura portuguesa, sino de un patrón europeo repetido.
Durante años, muchos votantes del PP han querido creer que una cosa es Europa y otra España, que allí se pacta por obligación y aquí se gobernará de otra manera. Los hechos desmontan ese autoengaño. Los partidos no cambian de principios según el país. Aplican el mismo esquema allí donde pueden. Y ese esquema es claro: cuando hay que elegir entre socialismo o patriotas, la derecha institucional elige al socialismo porque no pone en riesgo el reparto de poder ni el consenso ideológico dominante.

Por eso, no es en absoluto descabellado plantear que en España pueda ocurrir lo mismo. Si llegado el momento el Partido Popular fuera superado electoralmente por una fuerza patriota y tuviera que decidir entre permitir un cambio real o sostener el sistema junto al PSOE, todo indica que optaría por lo segundo. Un pacto PP-PSOE para impedir que gobiernen los patriotas no sería una traición inesperada, sino la consecuencia lógica de lo que el PP ya hace en Europa, de lo que su homólogo portugués hizo hace unos días y de lo que la derecha alemana lleva practicando años.

Aquí entra la cuestión que muchos prefieren esquivar. En democracia, la responsabilidad no termina en los dirigentes. Empieza en los votantes. Hoy se señala, con razón, a quienes votaron al PSOE y permitieron que Pedro Sánchez llegara y se mantuviera en el poder. Mañana, si se produce un acuerdo PP-PSOE para bloquear a los patriotas, la responsabilidad recaerá también sobre quienes sostuvieron al Partido Popular con su voto creyendo, o fingiendo creer, que apoyaban una opción de derechas.

Para entender por qué el PP actúa así, conviene mirar atrás. Tras su refundación como Partido Popular, impulsada por Manuel Fraga, el proyecto nació para aglutinar a las grandes familias del centro-derecha. En aquel proceso confluyeron Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular de inspiración democristiana liderado por Óscar Alzaga, y el Partido Liberal de José Antonio Segurado. Aquella suma aspiraba a construir una alternativa conservadora, liberal y democristiana homologable a las derechas europeas clásicas.
Con el paso de los años, ese proyecto fue perdiendo identidad. De forma progresiva, constante y deliberada, el Partido Popular se fue desplazando hacia posiciones cada vez más cercanas a la socialdemocracia. No fue un giro brusco, sino una deriva sostenida, siempre envuelta en el lenguaje de la moderación y la centralidad. Hoy, el PP ha dejado de ser un partido conservador, liberal y democristiano para convertirse en una fuerza de gestión del consenso socialdemócrata con una estética distinta.

Esa deriva no pasó desapercibida para todos. Hubo dirigentes y votantes que comprendieron que el PP había renunciado a ser una alternativa real y había optado por convivir con el proyecto ideológico de la izquierda. De esa ruptura nació Vox, como un partido conservador y patriota que ocupó el espacio que el PP había abandonado.

No fue una escisión caprichosa, sino la consecuencia directa de una evolución ideológica prolongada en el tiempo.

Ahí reside la verdadera raíz del conflicto. Lo que muchos dirigentes del Partido Popular no perdonan a sus antiguos compañeros no es el tono ni el estilo, sino haber dejado al descubierto la transformación del PP. Vox no solo disputa votos. Les recuerda cada día lo que fueron y lo que decidieron dejar de ser. Por eso los vetos, los cordones sanitarios y la hostilidad permanente. Por eso, cuando hay que elegir entre socialismo o patriotas, el PP elige al socialismo, y cuando alguien lo señala, se convierte en el enemigo a batir.

El mensaje final al votante del Partido Popular no admite ambigüedades. Quienes ignoran todo esto y siguen votando al PP creyendo que apoyan una opción de derechas cometen un error grave. Con su voto no solo avalan una deriva política ya contrastada, sino que se convierten en corresponsables de sus consecuencias. También de los posibles acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista que puedan producirse para impedir cualquier alternativa real. En política, votar mirando hacia otro lado no exime de responsabilidad. La traslada íntegra al futuro.

Portugal ya mostró el camino. Alemania lo recorrió durante años. Europa lo practica a diario. Y España no será una excepción si los votantes deciden seguir ignorando lo que ya es evidente.

Felipe Pinto. 

LAS DOCTRINAS PROGRESISTAS ACERCAN A LA HUMANIDAD AL ESCENARIO DESCRITO EN LAS PROFECÍAS

Durante años, hablar de profecías ha sido considerado un ejercicio marginal, propio de mentes supersticiosas o de discursos catastrofistas. Sin embargo, lo que hoy sucede en Occidente obliga a replantear ese prejuicio. No porque estemos ante el fin del mundo, sino porque la humanidad parece colocarse, de manera consciente y progresiva, en el escenario moral y espiritual que distintas profecías —procedentes de tradiciones, épocas y contextos muy distintos— describieron con sorprendente precisión.

Las grandes advertencias espirituales nunca hablaron de meteoritos ni de destrucciones súbitas del planeta, ni de un apocalipsis cinematográfico. Hablaron de algo mucho más incómodo: la confusión entre el bien y el mal, la pérdida del sentido de la verdad, la negación de la naturaleza humana y la sustitución de la realidad por el poder. Ese es el núcleo del problema actual, y es también el punto donde coinciden profecías que no se copiaron entre sí ni comparten lenguaje teológico.

Las apariciones marianas de Fátima, Lourdes y Garabandal no anunciaron el colapso físico del mundo, sino el colapso interior de una civilización que, habiendo conocido la verdad sobre el ser humano, decide abandonarla. Fátima advirtió de guerras ideológicas y de naciones extraviadas cuando se rompe la referencia moral; Lourdes llamó a la conversión personal como último dique antes de la descomposición; Garabandal fue más lejos al señalar la confusión generalizada, incluso dentro de la propia Iglesia, y la normalización del mal como algo socialmente aceptable. En las tres aparece el mismo hilo: leyes injustas presentadas como progreso, sociedades que llaman bien al mal y mal al bien, y una humanidad que pretende organizarse prescindiendo de cualquier límite moral objetivo.

Ese diagnóstico no se limita al ámbito religioso. En el siglo XVI, Nostradamus describió tiempos en los que las leyes violarían el orden antiguo, el pueblo sería engañado por palabras dulces y el poder se sostendría más en el relato que en la verdad. No hablaba de democracias modernas ni de ideologías contemporáneas, pero sí de un patrón recurrente: cuando el lenguaje se utiliza para invertir el significado de las cosas y la norma se separa de la justicia, la sociedad entra en una fase de decadencia que se disfraza de avance.

Siglos después, la visionaria búlgara Baba Vanga, ciega desde la infancia, habló de un tiempo en el que el ser humano “jugaría a ser Dios”, en el que no se sabría distinguir el bien del mal y en el que Europa, el continente antiguo, sufriría un vaciamiento espiritual profundo. Más allá del folclore que rodea su figura, el núcleo de sus advertencias coincide de nuevo con el mismo diagnóstico: no una catástrofe externa inmediata, sino una descomposición moral provocada por la soberbia de creer que todo puede redefinirse sin consecuencias.

Cuando se ponen en paralelo estas cinco fuentes —marianas y no marianas, religiosas y profanas— el resultado es incómodo por su coherencia. Todas describen guerras ideológicas más que conflictos militares clásicos; todas alertan de legislaciones sin referencia moral; todas hablan de la negación de la naturaleza y del hombre erigiéndose en medida absoluta de todas las cosas; todas señalan la confusión como rasgo dominante de la época; y todas coinciden en que el colapso empieza dentro, antes de manifestarse fuera.

Ese retrato encaja hoy con una precisión inquietante. Las doctrinas progresistas contemporáneas, especialmente las englobadas bajo el paraguas de lo “woke”, no son simplemente una opción política más. Constituyen una cosmovisión completa, una antropología alternativa que cuestiona los fundamentos mismos de la ley natural. En ese marco ideológico, el ser humano deja de ser una realidad recibida para convertirse en un proyecto autoconstruido; el cuerpo pierde su significado propio; la biología se subordina al deseo; la verdad se sustituye por el consenso y, cuando este falla, por la imposición legal. El lenguaje se convierte en herramienta de ingeniería social y el disidente pasa de estar equivocado a ser señalado como peligroso.

No se trata de reformas sociales puntuales, sino de una redefinición radical de lo humano. Y es ahí donde las profecías cobran sentido. No porque “predijeran” estas ideologías concretas, sino porque describieron las consecuencias inevitables de negar la ley natural: desorientación moral, fragmentación social, pérdida de referentes, fragilidad psicológica y una necesidad creciente de control político para sostener un edificio que ya no se mantiene por sí mismo.

Europa aparece reiteradamente señalada en estas lecturas proféticas no como enemiga, sino como termómetro. Fue el corazón espiritual de Occidente, el lugar donde se articularon conceptos como dignidad humana, conciencia, responsabilidad y límite moral. Hoy es también el laboratorio más avanzado de una civilización que pretende sobrevivir negando esas mismas raíces. No mediante persecuciones violentas, sino a través de algo más eficaz: la irrelevancia forzada de la verdad, el buenismo antinatura y la ridiculización sistemática de cualquier referencia trascendente.

España ocupa un lugar especialmente simbólico en este proceso. Históricamente fue frontera, reserva espiritual y escenario de tensiones extremas entre fe y negación de la fe. Hoy se ha convertido en uno de los espacios donde la ingeniería social progresa con mayor rapidez, no porque un dirigente concreto “cause” nada sobrenatural, sino porque determinados gobiernos encarnan políticamente esta fase histórica. El Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, con la complicidad de todos sus socios de gobierno  y de un PP sumiso e, históricamente, continuador de sus políticas, es un ejemplo claro de ese alineamiento con la Agenda 2030 y con una visión del progreso que legisla de espaldas a la ley natural, presenta como derechos lo que atenta contra la biología y la vida, y confunde compasión con negación de la realidad.

Este patrón no es exclusivo de España. Líderes de la Comunidad Europea, así como otros de América como Obama o Joe Biden en Estados Unidos, han impulsado la misma agenda desde el poder, revestida de lenguaje moral y de un humanitarismo que, en la práctica, vacía de contenido la noción misma de verdad Es el “buenismo” elevado a sistema: palabras dulces que prometen inclusión mientras desmantelan los fundamentos que sostienen a la persona y a la sociedad. Exactamente el escenario que Nostradamus describía cuando hablaba de pueblos engañados por discursos agradables y de leyes separadas de la justicia.

Las profecías no hablan de nombres propios ni de partidos, sino de épocas. Y una época en la que se presenta como progreso la negación de la biología, como derecho la destrucción de la vida, como libertad la censura del disidente y como compasión la mentira institucionalizada encaja plenamente en el escenario descrito por todas ellas. No porque exista un castigo divino arbitrario, sino porque vivir contra la realidad tiene consecuencias.

Aquí reside el error fundamental de muchas interpretaciones: pensar que las profecías anuncian una venganza sobrenatural. En realidad, anuncian algo mucho más serio y verificable: que una civilización que rompe con el orden natural acaba colapsando desde dentro. Siempre ha sido así en la historia. La diferencia es que hoy ese proceso se reviste de retórica inclusiva, de superioridad moral y de una certeza dogmática que no admite disidencia.
Por eso no es correcto afirmar que las doctrinas progresistas “crean” las profecías ni que las “aceleran” mecánicamente. Lo que hacen es acercar a la humanidad al escenario que esas profecías describen, colocando a la sociedad en el punto exacto donde la mentira ya no puede sostenerse sin coerción, donde la confusión se vuelve estructural y donde cada individuo se ve obligado a enfrentarse a la verdad sobre sí mismo.

Ese es el verdadero sentido del llamado “final de los tiempos”: no el fin del mundo, sino el final de una huida colectiva de la realidad. El momento en que las máscaras caen, los relatos se agotan y la conciencia ya no puede delegarse en ideologías ni en poderes externos. La pregunta decisiva no es si las profecías se cumplirán, sino si la humanidad sabrá reconocer las señales antes de que las consecuencias sean irreversibles. Porque cuando una civilización decide vivir contra la ley natural, no avanza hacia un futuro mejor. Camina, con paso firme, hacia su propio exterminio y hacia su propia disolución.

Felipe Pinto.