PP Y PSOE: AMBOS CULPABLES DEL MODELO DE ACOGIDA DE MENORES EXTRANJEROS

 

Durante años se ha intentado presentar el problema de los menores extranjeros no acompañados como una realidad sobrevenida ante la que los distintos gobiernos poco podían hacer salvo asumirla, gestionarla y distribuir sus consecuencias entre las distintas comunidades autónomas. Pero basta repasar la legislación española de las últimas décadas para comprobar que las cosas no son exactamente así.

El sistema actual no cayó del cielo ni apareció de repente con Pedro Sánchez. Se ha ido construyendo, modificando y consolidando durante décadas bajo gobiernos del PSOE y del Partido Popular. Ambos tienen similares responsabilidades políticas, aunque en momentos y grados diferentes.

La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor estableció el gran marco de protección de la infancia en España, incluyendo a los menores extranjeros con independencia de su situación administrativa. Cuatro años después, la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería reguló específicamente la situación de los menores extranjeros no acompañados y estableció su puesta a disposición de los servicios de protección cuando fueran menores de edad.

Aquella legislación contemplaba, además, algo que hoy algunos pretenden presentar como una propuesta radical: el retorno del menor a su país de origen o al lugar donde se encontraran sus familiares. La permanencia en España no era la única solución contemplada por el legislador.

Pero la historia política de esta legislación resulta todavía más reveladora.

José María Aznar consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales del año 2000 y el Partido Popular reformó inmediatamente la Ley de Extranjería mediante la Ley Orgánica 8/2000. Tenía, por tanto, capacidad parlamentaria suficiente para establecer otro modelo si consideraba equivocado el existente y no lo hizo.

La reforma aprobada bajo el Gobierno de Aznar mantuvo que los menores extranjeros quedaran a disposición de los servicios de protección, mantuvo la posibilidad de permanencia en España y mantuvo que la residencia de los menores tutelados por una Administración pública se considerase regular.

Es decir, el Partido Popular no puede alegar que simplemente heredó una legislación socialista con la que nunca estuvo de acuerdo. Cuando dispuso de mayoría absoluta la reformó y decidió mantener sus elementos esenciales.

Después llegaron nuevas modificaciones. Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma de la Ley de Extranjería de 2009 desarrolló ampliamente el régimen de los menores extranjeros no acompañados. El PSOE profundizó en un sistema que combinaba protección, tutela y documentación con la posibilidad legal de repatriación y reagrupación familiar.

Y después llegó Mariano Rajoy.

En 2011, el Partido Popular consiguió una nueva mayoría absoluta, incluso más amplia que la obtenida por Aznar. Volvía a tener en sus manos la posibilidad de modificar profundamente el modelo si realmente consideraba que España estaba equivocándose y tampoco lo hizo.

Durante aquella legislatura se reformó incluso el sistema de protección de la infancia mediante la Ley Orgánica 8/2015. El Partido Popular volvió a legislar disponiendo de mayoría absoluta y volvió a mantener el principio de protección de los menores extranjeros con independencia de su situación administrativa.

Por tanto, existe un hecho político difícilmente discutible: el Partido Popular ha dispuesto de dos mayorías absolutas para modificar sustancialmente este modelo y no lo hizo.

Después, con Pedro Sánchez, el PSOE ha dado nuevos pasos. En 2021 se facilitó considerablemente la documentación de los menores extranjeros no acompañados y, especialmente, de los jóvenes extutelados cuando alcanzaban la mayoría de edad. Y en 2025 se dio un paso más mediante el mecanismo obligatorio de distribución de menores entre comunidades autónomas.

En este último caso, el Partido Popular votó en contra, al igual que VOX. No puedo, pues, responsabilizar al PP de haber aprobado ese reparto obligatorio, pero sería bastante ingenuo interpretar ese voto como una ruptura repentina con el modelo que el propio PP había contribuido a mantener durante décadas.

En plena confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y con VOX disputándole abiertamente una parte cada vez más importante del electorado de la derecha, votar a favor de un nuevo reparto obligatorio de menores extranjeros habría resultado políticamente muy difícil de explicar a sus propios votantes.

El PP votó en contra, sí, pero lo hizo después de años en los que, incluso disponiendo de dos mayorías absolutas, nunca desmontó el sistema que ahora cuestiona. Y ésa es precisamente la contradicción que no puede ocultarse detrás de una votación.

Es por eso que votar en contra del último capítulo no permite borrar los capítulos anteriores.

Durante décadas, PP y PSOE han gobernado España y han participado, de una manera u otra, en la construcción, reforma, mantenimiento y desarrollo del sistema que hoy tenemos. El PSOE lo ha ampliado considerablemente en los últimos años, pero el Partido Popular tuvo oportunidades históricas para cambiarlo cuando disponía de poder suficiente y decidió no hacerlo.

Y existe otra contradicción todavía más llamativa.

Cuando se plantea hoy que España debe negociar seriamente con los países de origen, localizar a las familias de estos menores y proceder a su repatriación cuando legalmente corresponda, inmediatamente aparecen acusaciones de radicalismo, insolidaridad o xenofobia.

Sin embargo, la repatriación y la reagrupación familiar no son ocurrencias recientes. Llevan décadas contempladas en la propia legislación española.

El problema, por tanto, no está únicamente en las leyes. También está en la voluntad política para utilizar los mecanismos que esas mismas leyes contemplan.

Proteger a un menor mientras se encuentra bajo responsabilidad de las administraciones españolas constituye una obligación jurídica y humanitaria. Pero protegerlo mientras se determina su situación no debería significar necesariamente asumir que su destino definitivo tiene que ser España. Si tiene una familia en su país de origen y existen las garantías necesarias para su retorno, el objetivo debe ser precisamente la reunificación familiar.

Lo que no parece razonable es transformar permanentemente un problema internacional y migratorio en un problema de distribución territorial dentro de España. Trasladar menores desde Ceuta o Canarias hacia Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o cualquier otra comunidad autónoma no resuelve el origen del fenómeno. Únicamente cambia la Administración que debe hacerse cargo de ellos.

Y aquí es donde el Partido Popular debería explicar su propia historia.

Porque resulta demasiado fácil endurecer ahora el discurso, reclamar fronteras más seguras, hablar de repatriaciones y criticar las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez. Muchas de esas críticas pueden estar justificadas. Pero existe una pregunta inevitable: ¿por qué no cambiaron el modelo cuando pudieron hacerlo?

Aznar tuvo mayoría absoluta.

Rajoy tuvo mayoría absoluta.

Entre ambos gobernaron España durante años con capacidad parlamentaria suficiente para promover un sistema diferente.

No lo hicieron.

El PSOE tiene una enorme responsabilidad en la situación actual y particularmente en las reformas impulsadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Pero el Partido Popular tampoco puede presentarse ante los españoles como un espectador inocente de una legislación que supuestamente siempre combatió.

Porque cuando tuvo poder para modificarla, la mantuvo.

Y cuando tuvo mayoría absoluta para sustituirla por otro modelo, tampoco lo hizo.

Por eso, antes de escuchar determinados discursos actuales del Partido Popular sobre inmigración y menores extranjeros, conviene recordar su trayectoria legislativa. No para eximir al PSOE de responsabilidad, sino precisamente para repartir esa responsabilidad allí donde corresponde.

Durante décadas, PP y PSOE han ido tomando decisiones que han construido el sistema actual. Ahora ambos pueden discutir sobre quién lo llevó más lejos, quién lo gestionó peor o quién aprobó la última reforma. Pero hay algo que ninguno de los dos puede reescribir: cuando tuvieron el poder para legislar, tanto PSOE como PP participaron en la construcción o mantenimiento del modelo que hoy tenemos.

Así que, por favor, señores del Partido Popular, no sigan intentando engañar a sus votantes haciéndoles creer ahora que ustedes nada tuvieron que ver con esta política de acogida de menores extranjeros. La historia legislativa está ahí y las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy también. Tuvieron el poder, tuvieron los votos y tuvieron la oportunidad de cambiar el modelo. No lo hicieron.

Ahora resulta muy fácil endurecer el discurso, denunciar las consecuencias y presentarse como si siempre hubieran estado enfrente. Pero no pueden borrar su propio pasado ni esconder su responsabilidad detrás de las decisiones de Pedro Sánchez.

Porque, una vez más, pretenden lanzar la piedra y esconder la mano.

Y esta vez las leyes, las votaciones y su propia historia política demuestran perfectamente quiénes ayudaron a lanzarla.

Felipe Pinto. 

LA TARDÍA CONVERSIÓN DEL "PEPERO" VIVAS

Todo antes que VOX… hasta que la realidad terminó dando la razón a muchas de sus propuestas.

Algo está cambiando en Ceuta. O, para ser más precisos, quien parece haber cambiado es Juan Vivas.

El presidente ceutí utiliza ahora un lenguaje que hasta hace no demasiado tiempo resultaba mucho más fácil escuchar en boca de dirigentes de VOX que en la del Partido Popular. Habla de reforzar seriamente la frontera, de ampliar el espigón, de incrementar la presencia militar y de devolver a quienes accedan ilegalmente a territorio español.

Bienvenidas sean las rectificaciones cuando la realidad obliga a reconocer los errores. El problema aparece cuando uno repasa cómo hemos llegado hasta aquí.

Porque algunas de las medidas que Vivas presenta hoy como necesarias ya fueron planteadas anteriormente por VOX. El caso del espigón resulta especialmente significativo: cuando esa formación propuso su ampliación, la iniciativa recibió en tres ocasiones el voto contrario de Vivas. Ahora es él quien reclama una actuación en ese sentido.

Tampoco puede olvidarse lo sucedido durante la crisis fronteriza de 2021. En aquellos momentos, las posiciones de Santiago Abascal sobre inmigración provocaron una enorme confrontación política en Ceuta. Fátima Hamed llegó a promover su declaración como persona non grata y aquella iniciativa pudo prosperar después de que Vivas optara por la abstención.

Pero quizá lo más revelador para comprender la dimensión de esta tardía conversión sea recordar la política de alianzas que Vivas decidió practicar.

Su rechazo a VOX no fue una simple discrepancia puntual. Llegó a convertirlo prácticamente en una cuestión de principios. En 2023 lo manifestó sin ambigüedades: «No vamos a pactar con Vox porque no es bueno para Ceuta».

Y mientras cerraba de esa manera cualquier posibilidad de entendimiento con quienes defendían algunas de las medidas fronterizas que ahora él mismo reclama, mantenía abierta la puerta a acuerdos con el PSOE y con el MDyC de Fátima Hamed, formación de marcada orientación proislamista.

Y no se trataba únicamente de acuerdos administrativos ocasionales.

Después de las elecciones de 2023, Vivas buscó un gran acuerdo que garantizara la gobernabilidad de Ceuta con el PSOE y el MDyC. Las conversaciones con los socialistas llegaron incluso a contemplar la posibilidad de un Gobierno de coalición. Finalmente no fue Vivas quien cerró aquella puerta, sino la dirección nacional del PSOE, que desde Ferraz impuso un «no» rotundo al acuerdo.

La contradicción resulta difícil de ignorar.

Vivas consideraba que pactar con VOX podía poner en peligro la convivencia de Ceuta y hablaba de «diferencias irreconciliables» con la formación de Santiago Abascal. Sin embargo, estaba dispuesto a buscar la estabilidad política de la ciudad de la mano del PSOE y del MDyC.

Todo antes que VOX.

Todo antes que sentarse con el partido que llevaba años reclamando un mayor control de la frontera, el refuerzo de los medios destinados a protegerla y una política mucho más firme frente a la inmigración ilegal.

La paradoja es todavía mayor si recordamos que durante años VOX fue acusado precisamente de poner en peligro la convivencia ceutí por defender muchas de esas posiciones. Vivas llegó a afirmar que no pactaría nunca con quienes, a su juicio, negaban la realidad multicultural de Ceuta.

Hoy, sin embargo, la realidad parece haberle obligado a modificar sustancialmente su discurso.

Después de años levantando un auténtico muro político frente a VOX, rechazando sus propuestas y prefiriendo buscar acuerdos con socialistas y localistas, Vivas empieza ahora a utilizar argumentos extraordinariamente parecidos a aquellos por los que VOX fue señalado, aislado y descalificado.

Por eso sorprenden determinados discursos actuales.

Después de años de discrepancias, rechazo y distanciamiento, buena parte de aquello que VOX defendía para la frontera ceutí empieza a aparecer incorporado al argumentario de quien antes se oponía a esas mismas políticas.

Y ocurre precisamente cuando Ceuta atraviesa una situación de enorme gravedad, marcada por la pérdida de vidas humanas, las denuncias de agresiones sexuales y el temor que los últimos acontecimientos han provocado entre muchos ciudadanos.

Vivas se pregunta ahora cómo se ha podido llegar a este punto.

Quizá la pregunta debería ser otra:

¿Cuántas de las medidas que hoy considera urgentes podrían haberse adoptado cuando fueron propuestas por primera vez?

Y habría que añadir una segunda:

¿Cuánto tiempo perdió Ceuta mientras Vivas consideraba preferible entenderse con el PSOE y con el MDyC antes que sentarse a negociar con VOX?

Porque gobernar también consiste en anticiparse a los problemas.

Y cuando las soluciones que ayer se rechazaban terminan presentándose como necesarias, no estamos ante una nueva política.

Estamos ante una rectificación tardía.

Felipe Pinto. 

LA LIBERTAD QUE HEMOS PERDIDO

Abramos los ojos y reconozcamos lo evidente. 

Que las nuevas generaciones conozcan también lo que vivimos quienes estuvimos allí.

Durante décadas nos han repetido que durante el franquismo los españoles vivíamos sin libertad. Yo viví aquellos años, especialmente los años sesenta y setenta, y tengo derecho a contar lo que vi, lo que viví y, sobre todo, a sacar mis propias conclusiones.

Es indiscutible que no existía libertad política como la entendemos actualmente. No había pluralidad de partidos ni se podía hacer oposición política libremente. Eso es un hecho y no pretendo negarlo.

Pero la libertad no consiste solamente en poder votar cada cuatro años o en elegir entre unas siglas y otras.

Existe también la libertad de poder formar una familia, comprar una vivienda, ahorrar, adquirir un automóvil, disfrutar de unas vacaciones y mirar hacia el futuro sin sentir que el Estado se queda con una parte cada vez mayor del fruto de tu trabajo.

Y ahí mi recuerdo de aquella España es muy diferente del relato que hoy se nos pretende imponer.

Una clase media que progresaba

Durante los años del desarrollismo, España experimentó una transformación extraordinaria. Millones de españoles mejoraron su nivel de vida y apareció una amplísima clase media.

Familias en las que normalmente trabajaba un solo miembro —habitualmente el cabeza de familia— podían adquirir una vivienda, pagarla en plazos que hoy parecen impensables, comprar su primer utilitario y disfrutar de vacaciones. Muchas llegaron incluso, con los años, a comprar un pequeño apartamento en la playa o una casa en el campo.

No afirmo que todo el mundo viviera así ni que no existiera pobreza. Claro que existía. España venía de ser un país mucho más pobre que el actual.

Lo que sostengo es algo diferente: existía una enorme sensación de progreso. Quien trabajaba tenía motivos para pensar que sus hijos vivirían mejor que él.

¿Podemos decir lo mismo hoy con semejante seguridad?

De un sueldo a dos… y aun así no llega...

Ésta es para mí una de las mayores paradojas de nuestro tiempo.

Hoy, en muchísimos matrimonios trabajan los dos cónyuges. Entran dos salarios en casa y, sin embargo, para una enorme cantidad de familias comprar una vivienda supone hipotecarse durante treinta años.

Y para muchos jóvenes ni siquiera eso resulta posible.

Hemos progresado espectacularmente en tecnología, medicina, comunicaciones, transporte y comodidades. Sería absurdo negarlo. La ciencia y los descubrimientos han hecho nuestra vida infinitamente más cómoda que hace cincuenta años.

Pero vivir más cómodamente no significa necesariamente vivir con mayor libertad económica.

De poco sirve disponer de adelantos que entonces parecían ciencia ficción si formar un hogar, tener hijos, comprar una vivienda o ahorrar para el futuro se convierte cada vez más en una carrera de obstáculos.

Un Estado cada vez más presente

También recuerdo perfectamente una España en la que la carga fiscal era muchísimo menor.

Naturalmente había impuestos. Pero eran incomparablemente menores y la presencia económica del Estado en la vida del ciudadano era muy inferior a la actual.

Hoy pagamos impuestos cuando cobramos, cuando compramos, cuando tenemos una vivienda, cuando llenamos el depósito, cuando consumimos electricidad, cuando heredamos y prácticamente en cualquier actividad económica.

Podremos discutir si, sumando impuestos directos, indirectos y cotizaciones, la carga que soporta una determinada persona representa un 40, un 50 o un 60 por ciento. Dependerá de su renta, de su patrimonio, de su consumo y de qué conceptos incluyamos.

Pero ésa no es la cuestión fundamental.

La pregunta que yo me hago es mucho más sencilla:

¿Ha mejorado nuestra vida en la misma proporción en que ha aumentado lo que entregamos al Estado?

Mi respuesta es rotundamente no.

¿Y para mantener qué?

Porque paralelamente hemos construido una gigantesca estructura política y administrativa: Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos, ayuntamientos, parlamentos, empresas públicas, organismos, observatorios, asesores, cargos de confianza y toda una estructura que cuesta muchísimo dinero mantener.

Y a ello debemos sumar algo todavía más indignante: los innumerables casos de corrupción política que hemos conocido durante nuestra democracia.

Mientras mantenemos todo ese entramado, una parte de aquella clase media que fue creciendo durante décadas siente que cada vez tiene menos capacidad de ahorro, menos posibilidades de adquirir patrimonio y menos seguridad sobre su futuro.

Y nuestros jóvenes contemplan cómo algo tan elemental como abandonar la casa de sus padres y comprar una vivienda se convierte para muchos en un sueño prácticamente inalcanzable.

La libertad no consiste solamente en votar

Entonces llegamos a la cuestión que muchos no quieren siquiera plantearse.

Me dicen:

«Con Franco no había libertad».

Y yo respondo:

¿De qué libertad hablamos?

Porque si hablamos exclusivamente de libertad política, estoy de acuerdo: era incomparablemente menor que la actual.

Pero si hablamos de la libertad que proporciona tener una vivienda, poder mantener una familia con el fruto del trabajo, ahorrar, adquirir patrimonio, disfrutar de unas vacaciones y saber que el esfuerzo de hoy permitirá vivir mejor mañana, entonces mi respuesta cambia radicalmente.

Yo viví aquella época.

Y desde mi experiencia personal puedo decir que me sentía mucho más libre en muchos aspectos de mi vida cotidiana que como ciudadano de la España actual.

El tiempo permite juzgar

Han pasado más de cincuenta años y tenemos perspectiva suficiente para contemplar las consecuencias de ambos modelos.

Los partidos políticos debían servir para representar las diferentes sensibilidades dentro de una misma nación. Demasiadas veces han terminado haciendo exactamente lo contrario: dividir a los españoles en bloques, enfrentar territorios, resucitar enfrentamientos del pasado y convertir la política en una profesión extraordinariamente rentable para demasiada gente.

Y por eso me atrevo a formular una conclusión que sé perfectamente que resultará incómoda para muchos pero que con el paso de los años, yo he llegado a preferir aquella falta de libertad política a determinadas consecuencias del sistema político que vivimos actualmente.

Es mi opinión. No pretendo obligar a nadie a compartirla.

Pero tampoco acepto que, cincuenta años después, quienes no vivieron aquella época pretendan explicarme cómo vivíamos quienes sí estuvimos allí.

La democracia nos ha dado libertades políticas que entonces no teníamos. Eso es indiscutible.

Pero también tenemos derecho a preguntarnos qué otras libertades hemos ido perdiendo por el camino.

Porque la libertad no consiste únicamente en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. También consiste en disponer del fruto de nuestro trabajo, poder formar una familia, tener una vivienda, ahorrar, prosperar y contemplar el futuro de nuestros hijos con esperanza.

Por eso creo que ha llegado el momento de abrir los ojos y reconocer lo evidente.

Y, sobre todo, de contárselo a las nuevas generaciones.

Que conozcan todas las versiones. Que escuchen también a quienes estuvimos allí. Que comparen, que piensen y que saquen sus propias conclusiones.

Porque quienes vivimos aquella España sabemos perfectamente que no todo fue como ahora pretenden contarlo.

Y después de más de medio siglo, yo tengo muy clara mi conclusión:

hemos ganado muchas comodidades y libertades políticas, pero hemos perdido por el camino otras libertades más necesarias y que eran esenciales para vivir y prosperar.

Felipe Pinto.

PRIORIDAD NACIONAL PARA ARTISTAS Y PROFESIONALES LIBERALES

Existe algo profundamente injusto en nuestro sistema social y es que no es razonable que una persona que llega a España y nunca ha cotizado a la Seguridad Social pueda acceder a determinadas ayudas públicas mientras españoles que han trabajado toda su vida llegan a la vejez prácticamente desprotegidos.

Hay generaciones enteras de profesionales como actores, actrices, cantantes, músicos, disc-jockeys, bailarines, artistas, fotógrafos, modelos, relaciones públicas, representantes, trabajadores del mundo del espectáculo y algunas más, que han desarrollado durante décadas su actividad pero tocándoles una época en la que muchas de estas profesiones no estaban adecuadamente integradas en la Seguridad Social o en la que era habitual trabajar sin que las empresas les dieran de alta.

Hoy pagan las consecuencias.

No sería, en verdad, justo que quien no ha cotizado cobre la misma pensión que quien lo ha hecho durante cuarenta años. Pero tampoco lo es condenar a la pobreza a quien trabajó toda su vida simplemente porque el sistema de entonces no contemplaba adecuadamente su profesión.

Antes de repartir ayudas a los que jamás han cotizado en España, deberíamos garantizar un retiro digno a quienes trabajaron aquí, generaron riqueza aquí y contribuyeron durante toda una vida en este país de muchas otras maneras.

La solidaridad es necesaria. Pero empecemos por no abandonar a los nuestros.

Felipe Pinto.

Concejal de VOX en Torrelodones y Vicepresidente Asociación Espíritu de los 80 (AE80)

LOS INMIGRANTES NO SON LOS CULPABLES

 

 

Los que realmente han mejorado su vida a costa del esfuerzo de los ciudadanos no son quienes llegan de fuera, sino una clase política nacida del bipartidismo y los miles de cargos, asesores, organismos y estructuras que forman su maquinaria y que mantenemos entre todos.

Y conviene hacer una distinción fundamental: una cosa es la inmigración legal, la de quienes llegan a España cumpliendo las normas, y otra muy distinta la inmigración irregular. Es sobre esta última y, sobre todo, sobre las políticas que la incentivan donde debe centrarse el debate.

El problema no es únicamente quien responde a la llamada, sino, sobre todo, quien lleva años haciéndola y permite que esa llamada tenga consecuencias. Quienes intentan llegar a España de forma irregular responden, en buena medida, a unas políticas que transmiten la idea de que entrar irregularmente puede acabar dando acceso a acogida, ayudas sanitarias, económicas y sociales, aparte de una posterior regularización.

Pero un Estado fuerte debe controlar sus fronteras, impedir la entrada irregular y, cuando esta se produzca, aplicar la legislación y proceder a la devolución o expulsión cuando legalmente corresponda. Sin efecto llamada, con fronteras controladas y haciendo cumplir la ley, la inmigración irregular no tendría por qué convertirse en el problema que es hoy.

Y Ceuta es la demostración más reciente de hasta dónde puede llegar esta irresponsabilidad. Lo ocurrido no fue una simple entrada masiva, sino una invasión en toda regla, que obliga a preguntarse qué sabía el Gobierno español y por qué no fue capaz de impedirla, especialmente cuando existen informaciones contradictorias sobre los avisos previos de nuestros servicios de inteligencia. También obliga a preguntarse por la responsabilidad de Marruecos: estos días ha demostrado que, cuando quiere cerrar su frontera, puede hacerlo. Y queda una pregunta política todavía más incómoda: ¿por qué España mantiene una posición de tanta debilidad frente a Rabat? El espionaje con Pegasus a los teléfonos de Sánchez y varios ministros está acreditado; que Marruecos conserve información comprometedora y la utilice como instrumento de presión no lo está. Pero, precisamente por eso, el Gobierno debería despejar definitivamente cualquier duda y explicar a los españoles qué ocurrió, qué sabía y por qué no actuó a tiempo. ¿O quizás no puede hacerlo?

Por todo ello, la responsabilidad no debe descargarse únicamente sobre quien responde a esos incentivos, sino principalmente sobre quienes los crean, los mantienen y se niegan a corregirlos. Y si detrás de estas políticas existe además la esperanza de convertir mañana a quienes hoy se benefician de ellas en futuros votantes, estamos ante algo todavía más grave.

Mientras unos quieren venir a España buscando mejorar su vida, los que llevan décadas mejorando la suya a costa del contribuyente son los corruptos que han proliferado alrededor del bipartidismo y sus estructuras. Y no hace falta remontarse demasiado: ahí están Ábalos, la trama de las mascarillas y tantos escándalos millonarios que hoy se investigan y en los que aparecen involucrados dirigentes del Gobierno, del Estado y del PSOE, todos ellos bajo la responsabilidad política de Pedro Sánchez.

Es justo recordar que esto ya ocurrió antes, aunque con distinta dimensión, con los casos de corrupción del PP. Millones de euros que salieron ayer y hoy salen, en mayor cuantía, no lo olvidemos, de nuestros impuestos: de los tuyos, de los míos y de los del resto de los españoles.