"Lo importante no son los años de vida sino la vida de los años".

"Que no os confundan políticos, banqueros, terroristas y homicidas; el bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso.
Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan la vida".

Al mejor padre del Mundo

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lunes, 27 de abril de 2026

LA IGLESIA ACTUAL ES UNA VERGÜENZA PARA EL CRISTIANISMO

Cada vez somos más los españoles que contemplamos con tristeza cómo una institución que durante siglos representó la fe, la tradición y una parte esencial del alma de España parece hoy atrapada en la confusión, la tibieza y el acomodo. La Iglesia, que debería ser faro moral y guía espiritual transmite demasiadas veces la imagen de una estructura burocrática temerosa de incomodar al poder y obsesionada con agradar a quienes jamás respetarán aquello que el cristianismo representa.

La Iglesia no puede estar para repetir consignas ideológicas de moda ni para adaptarse dócilmente a cada corriente política dominante. Tiene que estar para anunciar la verdad cristiana, para defender la vida desde su inicio hasta su final natural, para proteger a la familia, para sostener a los débiles y para recordar que una nación sin raíces acaba siendo un pueblo sin alma. Sin embargo, estamos asistiendo al bochornoso espectáculo de una jerarquía silenciosa ante leyes gravísimas, prudente hasta el extremo frente a los ataques a la fe y sorprendentemente complaciente con quienes promueven una agenda frontalmente contraria a su propia doctrina.

Resulta incomprensible para muchos creyentes que se busquen entendimientos, gestos o cercanías con fuerzas políticas que defienden el aborto como derecho, la eutanasia como avance social y una concepción utilitarista de la vida humana. Si la Iglesia considera sagrada toda vida, desde el concebido no nacido hasta el anciano enfermo o dependiente, no puede transmitir la sensación de contemporizar con quienes impulsan justamente lo contrario. Cuando calla, duda o se muestra ambigua en cuestiones esenciales, no parece misericordiosa, parece rendida al poder establecido. 

Lo más doloroso es comprobar además cómo algunos sectores eclesiales parecen blanquear o justificar a herederos ideológicos de quienes persiguieron a los creyentes, asesinaron religiosos, antecesores suyos, incendiaron templos y destruyeron símbolos sagrados durante la Guerra Civil Española. Miles de sacerdotes, monjas y laicos fueron asesinados por odio religioso y centenares de iglesias quedaron arrasadas. Que hoy se mire hacia otro lado ante esa memoria resulta para muchos una humillación moral.

Mientras se ridiculizan procesiones, se caricaturiza la fe y se reescribe la historia desde el sectarismo, muchos pastores callan o hablan con una ambigüedad desesperante. Parecen más preocupados por no molestar al poder político que por difundir nuestra doctrina o acompañar a quienes esperan una palabra clara. 

Ese silencio no es prudencia, es renuncia. Esa neutralidad no es caridad, es cobardía institucional.

También sorprende que se hable tanto de grandes causas abstractas y tan poco de los dramas concretos que sufren millones de españoles: la crisis de natalidad, la ruptura familiar, la soledad de los mayores, la pérdida de identidad cultural, la inseguridad creciente o la dificultad de tantos jóvenes para formar un hogar. España necesita una Iglesia cercana al pueblo real, no a las élites ideológicas que la utilizan cuando conviene y la desprecian cuando deja de servir.

El cristianismo nació de la verdad, del sacrificio y del coraje. Jesús de Nazaret no buscó el aplauso del poder ni suavizó su mensaje para resultar simpático a los poderosos de su tiempo. Por eso duele ver cómo quienes deberían custodiar ese legado parecen avergonzarse de él.

La Iglesia católica debe rectificar, recuperar su firmeza, volver a honrar a sus mártires, ponerse a defender sin complejos la vida y estar al lado de sus fieles. Si continúa instalada en la indefinición, muchos seguirán pensando que no ha traicionado solo a una parte de España, sino al propio cristianismo que dice representar.

Felipe Pinto. 

viernes, 24 de abril de 2026

PRIORIDAD NACIONAL: LOS ESPAÑOLES PRIMERO

 Debemos exigir que haya prioridad nacional, seguridad jurídica y defensa de quienes sostienen España.

Mientras el debate político gira en torno a nuevas regularizaciones, fórmulas de arraigo y concesiones migratorias, millones de españoles siguen esperando respuestas a sus problemas reales. 

Esa es la cuestión que muchos intentan ocultar: antes que cualquier experimento ideológico o cálculo electoral, lo primero deberían ser los españoles.

● Primero los pensionistas que han cotizado toda una vida y contemplan con preocupación el futuro del sistema. 

● Primero los jóvenes españoles que no pueden emanciparse porque la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. 

● Primero las familias españolas trabajadoras que pagan impuestos cada vez más altos a cambio de servicios públicos saturados. 

● Primero los autónomos y pequeños empresarios españoles que sostienen el empleo pese a la presión fiscal. 

● Primero quienes llevan décadas levantando este país.

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en medidas centradas en facilitar permanencias, ampliar vías de regularización y presentar el arraigo como solución estructural y ningún país serio puede convertir la excepción en norma ni basar su política migratoria en parches continuos mientras descuida a su propia población.

Y lo más llamativo es que parte de la oposición aparenta discrepar, pero termina aceptando el mismo marco mental: discutir procedimientos, plazos o nombres jurídicos, sin atreverse a defender con claridad un principio elemental que muchos ciudadanos sí entienden: los recursos públicos son limitados y deben priorizar a los nacionales.

Españoles primero significa prioridad en empleo, vivienda pública, ayudas sociales, becas, plazas educativas, sanidad y protección social. Significa reconocer que los derechos construidos por generaciones de españoles no pueden tratarse como si hubieran surgido de la nada. Significa respetar a quienes han sostenido el sistema con su trabajo y sus impuestos.

También significa firmeza en seguridad y seguridad jurídica. 

Si el Ejecutivo, a través de iniciativas impulsadas desde el entorno de los ministros Marlasca y Bolaños, promueve cambios que afecten a procesos de regularización de extranjeros inmersos en procedimientos penales o privados de libertad, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras, límites precisos y máximas garantías legales.

La política migratoria no puede generar dudas sobre si personas pendientes de resolución judicial podrían beneficiarse de ventajas administrativas antes de que los tribunales concluyan su trabajo. 

En un Estado de derecho, el principio debe ser nítido: primero el cumplimiento de la ley, primero las resoluciones judiciales y primero la protección de los ciudadanos.

La inmigración ilegal no puede tener premio, y quien delinque debe responder con todas las consecuencias legales que correspondan. 

España necesita fronteras eficaces, inmigración legal y ordenada, integración exigente y expulsión de delincuentes extranjeros condenados conforme a la ley.

España necesita orden, sentido común y valentía política. No más complejos. No más discursos vacíos. No más ciudadanos de segunda en su propio país. Una nación seria protege primero a los suyos. Y hoy la consigna más justa, más sensata y más urgente es clara: los españoles, primero.

Felipe Pinto. 



jueves, 23 de abril de 2026

LA ESTUPIDEZ ORGANIZADA

Hay algo más peligroso que la maldad abierta: la estupidez voluntaria. La maldad, al menos, suele perseguir un fin reconocible. Busca poder, dinero, privilegios o impunidad. Tiene dirección. Y cuando se descubre su objetivo, puede ser combatida. La estupidez, en cambio, es más dañina porque no necesita pensar: le basta con obedecer.

No hablo de falta de inteligencia, sino de la renuncia a utilizarla. De personas perfectamente capaces de razonar que, sin embargo, delegan su criterio en unas siglas, en un líder o en un relato cómodo. Prefieren que otros piensen por ellas. A cambio reciben seguridad, identidad, consignas sencillas y enemigos señalados. Es una tentación muy humana, pero políticamente devastadora.

Por eso la estupidez pesa más que la maldad. El malvado necesita cómplices; el estúpido se los regala. El corrupto necesita votos; el fanático se los entrega. El autoritario necesita silencio; el obediente se lo concede. Ahí comienza el deterioro de una democracia.

España ofrece hoy ejemplos preocupantes de esa dinámica. Millones de ciudadanos se consideran demócratas y seguramente lo son en su intención. Sin embargo, demasiados toleran prácticas que jamás aceptarían si las protagonizara el adversario político. Se normaliza la ocupación partidista de instituciones, el uso propagandístico del poder, la presión sobre órganos independientes y la política del enfrentamiento permanente.

Bajo el mandato de Pedro Sánchez, muchos observan una estrategia basada en dividir a la sociedad en bloques irreconciliables: izquierda contra derecha, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, territorios contra territorios. Y al mismo tiempo, una dependencia del poder sostenida mediante pactos con independentistas, extrema izquierda y otras fuerzas cuyo objetivo político pasa por debilitar el proyecto común de España.

A ello se añade un factor especialmente grave a ojos de muchos ciudadanos: la sombra constante de la corrupción en su entorno más cercano. Cuando aparecen investigados, imputados o señalados judicialmente miembros del entorno político, gubernamental o familiar del presidente, la confianza pública se resiente de forma inevitable. Y cuando, pese a todo ello, se actúa como si nada ocurriera, el mensaje que recibe la sociedad es demoledor: que el poder se protege a sí mismo mientras exige ejemplaridad a los demás.

Pero la estupidez política no pertenece solo a un lado. También se manifiesta cuando se sigue confiando ciegamente en quienes ya fracasaron. Muchos españoles perciben que el Partido Popular, cada vez que gobierna, administra gran parte de la herencia socialista sin desmontar sus estructuras de fondo, y termina devolviendo el poder sin haber impulsado una alternativa real. Ocurrió tras los errores finales de la etapa de José María Aznar y volvió a verse con Mariano Rajoy, cuya pasividad política y el desgaste por la corrupción facilitaron el cambio de ciclo.

Ese es el núcleo del problema: no solo la ambición de quienes buscan el poder a cualquier precio, sino la docilidad de quienes se lo siguen entregando una y otra vez. El corrupto sin votos cae. El sectario sin seguidores fracasa. El incompetente sin respaldo desaparece.

España no necesita ciudadanos enfurecidos, sino despiertos. No necesita creyentes de partido, sino votantes exigentes. Porque la libertad rara vez muere de un golpe; normalmente se apaga cuando demasiados dejan de pensar y otros aprovechan para mandar.

Felipe Pinto. 

sábado, 18 de abril de 2026

EL PP FUE QUIEN AVALÓ QUE ZAPATERO REPRESENTARA A EUROPA EN VENEZUELA

Durante años, una parte importante del debate político español ha querido presentar a José Luis Rodríguez Zapatero como un actor aislado en Venezuela, una figura que actuaba por libre, movida únicamente por afinidades ideológicas o por intereses personales. Sin embargo, la realidad histórica desmonta ese relato. Fue el Gobierno del Partido Popular quien avaló oficialmente que Zapatero ejerciera como mediador europeo ante la crisis venezolana.

En julio de 2016, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno y José Manuel García-Margallo como ministro de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español expresó públicamente su respaldo a que la Unión Europea impulsara a Zapatero como enviado especial para Venezuela. No fue una especulación ni una maniobra escondida. Fue una posición pública, conocida y asumida por el Gobierno de España.

Aunque ya sin mayoría absoluta, el Partido Popular seguía al mando del Gobierno y de la acción exterior del Estado. Nadie obligó al PP a avalar a Zapatero; lo hizo porque quiso.

Las declaraciones oficiales no dejaron demasiadas dudas. El Gobierno estaba dispuesto a apoyar cualquier iniciativa de mediación. Traducido al lenguaje político real: el Partido Popular entendía que Zapatero era la figura válida, útil y adecuada para intentar abrir una vía de diálogo en Venezuela.

Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren silenciar: cuando se trata de protegerse entre sí, el bipartidismo siempre acaba encontrándose. En público discuten, se insultan y escenifican enfrentamientos irreconciliables. Pero cuando llega la hora de repartirse instituciones, proteger trayectorias políticas o darse cobertura mutua, PP y PSOE vuelven a reconocerse como socios naturales del sistema.

Porque no deja de resultar revelador que un Gobierno del Partido Popular eligiera como interlocutor internacional a uno de los grandes símbolos del socialismo español. Mientras en España vendían confrontación, fuera de España colaboraban con absoluta normalidad.

Y hoy asistimos a nuevas escenificaciones. Mucho entregar llaves de ciudades, homenajes y reconocimientos a María Corina Machado, mucho gesto solemne y mucha fotografía. Pero convendría no olvidar que antes avalaron el envío de Rodríguez Zapatero a Venezuela como interlocutor, como también se homenajeó a Gustavo Petro, exintegrante del M-19 y referente de la izquierda radical latinoamericana. La memoria selectiva vuelve a funcionar cuando conviene.

Aquello no fue solo una decisión diplomática. Fue también una fotografía del régimen de alternancia que durante décadas han protagonizado PP y PSOE: turnarse el poder, criticarse de cara al electorado y auxiliarse cuando conviene. Hoy unos fingen indignación con Zapatero. Ayer otros lo promocionaban institucionalmente.

La hemeroteca vuelve a hablar claro. Quienes ahora utilizan Venezuela como arma política deberían explicar por qué entonces bendijeron a quien hoy señalan. Porque la memoria selectiva puede servir para un titular, pero no resiste los hechos.

Lo sucedido demuestra que muchas veces el verdadero muro no separa izquierda y derecha tradicional, sino a los ciudadanos de una élite política que se protege a sí misma bajo distintas siglas.

La verdad quedó escrita. Una vez más, el Partido Popular: lanza la piedra, esconde la mano y después niega la evidencia. Y el bipartidismo, como casi siempre, cerrando filas cuando le conviene.

Felipe Pinto. 

miércoles, 15 de abril de 2026

LA JUSTICIA BAJO EL ASEDIO DEL GOBIERNO

El deterioro institucional en España ya no se disimula. Ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una evidencia. Lo que estamos viendo estos días no es una simple discrepancia entre poderes, ni un debate jurídico legítimo. Es algo mucho más profundo y preocupante.

El Gobierno no se ha limitado a criticar al juez Juan Carlos Peinado. Ha ido un paso más allá. Según ha publicado la prensa, el ministro se ha dirigido por escrito a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial trasladando su convicción de que ese juez debe ser sancionado y reclamando una actuación rápida del órgano de gobierno de los jueces. No estamos, por tanto, ante una declaración aislada o un exabrupto político. Estamos ante una actuación formal, reiterada y dirigida a quien tiene competencias disciplinarias sobre la carrera judicial.

Y esto nos tiene que preocupar y que suene la alarmapara todos los españoles,

porque en un Estado de derecho, el poder ejecutivo no puede, ni directa ni indirectamente, condicionar la actuación del poder judicial. No puede señalar a un juez por el contenido de sus resoluciones y, acto seguido, instar al órgano competente a actuar contra él. Eso es romper el equilibrio más básico sobre el que se sostiene cualquier democracia: la separación de poderes.

No se trata de si el juez tiene razón o no. No se trata de si sus resoluciones gustan o disgustan. Se trata de algo mucho más esencial: que los jueces deben poder ejercer su función sin interferencias del poder político. Sin presiones. Sin advertencias veladas. Sin mensajes que, por su insistencia y dirección, trascienden la mera crítica.

Algunos dirán que todo entra dentro del juego político. Que son simples quejas. Que existen cauces formales para plantearlas. Y es cierto que los hay. Pero también es cierto que cuando quien gobierna utiliza su posición para trasladar reiteradamente al órgano de gobierno de los jueces la necesidad de sancionar a un magistrado concreto, la línea que separa la crítica de la injerencia empieza a difuminarse peligrosamente.

Y ese es el verdadero problema.

No estamos aún —al menos con lo que públicamente se conoce— ante un delito acreditado. Pero sí estamos ante un escenario que, de consolidarse, puede erosionar gravemente la independencia judicial. Porque la presión institucional no siempre se ejerce mediante órdenes explícitas. A veces se construye mediante el señalamiento constante, la deslegitimación pública y la insistencia en que debe haber consecuencias disciplinarias.

Cuando eso ocurre, el mensaje que se lanza es devastador: que investigar al poder tiene coste.

Y en ese momento, el problema deja de ser de un juez concreto. Deja de ser de un procedimiento concreto. Pasa a ser un problema del sistema.

Porque sin jueces independientes no hay Estado de derecho. Y cuando el poder político empieza a actuar como si pudiera influir en ellos, lo que está en juego ya no es una causa judicial, sino la propia calidad democrática de un país.

Felipe Pinto.