PODEMOS QUIERE ELIMINAR A LOS ‘FACHAS’ QUE NO PIENSAN COMO ELLOS

Lo que en estos días estamos presenciando,  por parte de la cúpula de la extrema izquierda, no es una salida de tono ni una provocación aislada. Es la expresión descarnada de un imaginario político que nunca ha abandonado del todo dicha izquierda radical y que ahora vuelve a asomar sin complejos. Un imaginario que bebe del enfrentamiento civil, del resentimiento histórico y de la fantasía de la purga moral.

No es casual el tono, ni la gestualidad, ni la puesta en escena. Hay en determinadas declaraciones —y muy especialmente en las de Irene Montero— una teatralización del odio que recuerda demasiado a los viejos mitos revolucionarios del siglo pasado. Como si su aspiración no fuera tanto convencer a una sociedad plural, sino erigirse en una suerte de pasionaria del siglo XXI, convencida de que la historia le concede el derecho moral a señalar, depurar y “barrer” al discrepante.

Ese lenguaje no surge de la nada. Tiene precedentes. En 1936 también se empezó así: deshumanizando al adversario, llamándolo “fascista”, presentándolo como un enemigo absoluto al que no había que derrotar políticamente, sino eliminar del espacio social. Primero fue el insulto, luego el señalamiento, después la exclusión. El resultado es conocido y trágico.

Cuando hoy se habla con ligereza de “barrer” a millones de españoles, cuando se expresa con rabia y odio explícito hacia quienes no piensan igual, cuando se fantasea con una sustitución política y social del discrepante, lo que se está haciendo es normalizar una lógica de checa mental: no necesariamente física, pero sí ideológica. Una lógica en la que el adversario deja de ser ciudadano para convertirse en objetivo.

No se trata de acusar a nadie de querer repetir literalmente la historia, sino de advertir de algo mucho más inquietante: el mismo clima moral, el mismo desprecio al pluralismo, la misma arrogancia de creerse dueño del bien y del mal. Esa es la semilla de todos los totalitarismos, vengan envueltos en banderas rojas o en discursos supuestamente inclusivos.
Resulta especialmente grave que este discurso se pronuncie desde espacios públicos, con micrófonos oficiales, con aplausos y sin rectificación posterior. Porque cuando el odio se normaliza desde arriba, cuando se legitima el señalamiento del “otro”, el daño ya está hecho. Y no es simbólico, es social.

Desde una perspectiva jurídica, además, la reiteración de mensajes de exclusión dirigidos a un colectivo identificable por su ideología, con un tono exaltado y deshumanizante, entra en un terreno muy peligroso. No por lo que alguien interprete, sino por lo que objetivamente se dice y cómo se dice. El Estado de Derecho no puede mirar hacia otro lado cuando el odio se pronuncia con impunidad desde tribunas políticas.

Este discurso no ha pasado desapercibido fuera de España. El empresario Elon Musk reaccionó públicamente a las palabras de Irene Montero calificándolas de algo más que una provocación ideológica, llegando a acusarla de “abogar por el genocidio”. Más allá de quién lo diga, lo relevante es el hecho: desde el exterior, este lenguaje se percibe como incompatible con los principios básicos de una sociedad libre. Cuando el señalamiento y la idea de “reemplazar” al adversario político se normalizan, el problema deja de ser interno y adquiere una dimensión internacional.

Podemos no busca una España plural. Busca una España sometida a una sola visión del mundo. Una España donde quien discrepa es estigmatizado, reducido a caricatura y presentado como un estorbo que debe ser eliminado, aunque sea “solo” en sentido político o simbólico. Pero la historia demuestra que ese “solo” nunca se queda ahí.

Porque la libertad, no un eslogan vacío, ni se preserva borrando al que piensa distinto, soñando con purgas morales y agitando fantasmas de guerra civil. La libertad se defiende con ley, con igualdad y con respeto al prójimo, no con odio ni con amenazas.

Todo lo demás no es progreso. Es autoritarismo. Y España ya sabe demasiado bien adónde conduce ese camino.

Felipe Pinto. 

ESPAÑA EMPIEZA A VER EN VOX LA ALTERNATIVA MÁS POSITIVA

Una gran avalancha de votos contenida, espera su momento. 

Las encuestas empiezan a confirmar lo que muchos españoles ya saben y cada vez más comentan sin complejos: VOX no solo crece, se aproxima al núcleo del poder político. Alcanzar el 20 % de intención de voto no es una cifra simbólica ni un techo circunstancial; es la manifestación de un cambio de ciclo. Y lo verdaderamente relevante no es el porcentaje en sí, sino su significado político: VOX se acerca, providencialmente, al Partido Socialista Obrero Español, disputándole el espacio central del sistema y rompiendo el viejo tablero del bipartidismo.

Por primera vez en décadas, el PSOE ya no tiene un único adversario al que vigilar. El Partido Popular ha dejado de ser el rival exclusivo y previsible. Hoy el factor que altera el sistema, que rompe las inercias y que introduce incertidumbre real en el poder es VOX. Un partido que no nace del consenso cómodo ni del reparto de cuotas, sino del hartazgo profundo de millones de españoles cansados de ver cómo España se diluye entre cesiones, complejos y renuncias.

Los datos empiezan a ser contundentes: en numerosas circunscripciones, VOX está en condiciones reales de ser segunda fuerza, y en no pocas incluso primera. No hablamos de futuribles ni de propaganda, sino de pura aritmética electoral combinada con una tendencia sostenida. El crecimiento de VOX no es episódico ni territorialmente aislado; es transversal, persistente y cada vez más sólido.

La clave de este avance es psicológica y política a la vez: España empieza a perder el miedo. Durante años se ha mantenido artificialmente el relato del “voto útil”, un chantaje emocional que ha beneficiado al Partido Popular y ha servido para sostener un sistema agotado. Millones de españoles han votado al PP no por convicción, sino por temor; no por entusiasmo, sino por resignación. Ese miedo ha funcionado como un dique. Pero los diques, cuando se resquebrajan, no amortiguan: colapsan.

Hoy existe una gran avalancha de votos contenida. Votos que todavía no se expresan plenamente en las encuestas, pero que ya han cambiado de destino en la conciencia del elector. Votos de antiguos votantes del PP hartos de la indefinición. Votos de abstencionistas que regresan al juego político al ver una alternativa clara. Votos de ciudadanos que ya no aceptan el chantaje del “o nosotros o el caos”. Ese voto está ahí, acumulándose, esperando el momento en que el último miedo termine de desaparecer.

Es cierto que dentro del Partido Popular existen figuras con discurso propio y tono reconocible, como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo. Sus palabras conectan con una parte del electorado que no acepta la deriva ideológica ni la tibieza permanente. Pero ese es precisamente el problema: todo se queda en el discurso. Cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que votar, gobernar o ejecutar políticas concretas, el Partido Popular vuelve a ser el Partido Popular. El discurso se vuelve vago, los principios se relativizan y las decisiones acaban alineadas con el ideario tradicional del partido.

El problema del PP no es solo de liderazgo, es estructural. Y se manifiesta de forma especialmente grave en su absoluta falta de coherencia territorial e internacional. Mientras VOX mantiene exactamente el mismo discurso en Bruselas, en el Congreso, en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, el Partido Popular es un partido distinto según el lugar y el momento. En Europa dice una cosa; en España, otra. En una comunidad autónoma promete firmeza; en otra, cesión. En un municipio pacta lo que en el de al lado demoniza.

Pactan con VOX cuando lo necesitan, pero rechazan sus líneas rojas. En unas regiones aceptan acuerdos claros; en otras los bloquean. En algunas autonomías cumplen lo firmado; en otras lo incumplen sin rubor. No hay criterio común, no hay estrategia reconocible, no hay proyecto nacional. Es un desorden político permanente, una suma de decisiones tácticas sin visión, sin coherencia y sin credibilidad.

Ese comportamiento errático no es fruto del azar: es el síntoma de un partido que quiere ocupar todo el espacio ideológico sin definirse en nada. Que pretende contentar a todos y acaba decepcionando a muchos. Frente a ese caos, VOX ofrece algo que hoy vale oro en política: coherencia. Dice lo mismo en Europa que en España. Defiende lo mismo en una autonomía que en un municipio. No adapta su mensaje según convenga ni lo corrige según sople el viento mediático.
VOX defiende sin matices la unidad nacional, la igualdad ante la ley, el control de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos, la libertad económica y la soberanía política. Y lo hace siempre. Esa coherencia, en una España cansada de bandazos, dobles discursos y promesas huecas, no solo se valora: se premia en las urnas.

Lo que estamos viviendo no es solo un aumento de porcentaje; es un despertar político. Cada vez más españoles entienden que votar a VOX ya no es un gesto testimonial, sino una decisión eficaz y decisiva. Que su voto no se diluye, sino que pesa. Que en muchas circunscripciones, VOX no solo condiciona, marca el rumbo.
Por eso hay motivos para celebrar. Porque el PSOE ya no es inalcanzable. Porque el miedo pierde fuerza. Porque el bipartidismo se resquebraja. Y porque España empieza a mirar a VOX sin miedo, consciente de que la coherencia, cuando se mantiene, acaba convirtiéndose en mayoría.

Hoy estamos en el 20 %, mañana, más cerca aún. Y cuando la avalancha contenida se libere, nada volverá a ser igual.

Felipe Pinto. 

 

 

SÁNCHEZ QUIERE BORRAR A ETA DE LA LISTA TERRORISTA

Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a hacer no tiene precedentes morales en la España democrática. Pretender que ETA deje de figurar en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea no es un trámite ni una cuestión técnica: es una operación de borrado histórico, una amnistía moral encubierta y una traición deliberada a las víctimas del terrorismo.

ETA no fue un accidente ni un exceso de época. ETA fue una banda criminal que asesinó a 853 personas de forma planificada, cobarde y sistemática. Ejecutó a tiros en la nuca, hizo estallar coches bomba, secuestró, chantajeó y aterrorizó a toda una sociedad durante décadas. No hubo épica, no hubo causa noble, no hubo conflicto político: hubo terror. Y punto.

Nada de eso ha sido reparado. Cientos de crímenes siguen sin resolverse. Nadie ha pedido perdón. Nadie ha colaborado con la justicia. Nadie ha asumido responsabilidad alguna. Pero al PSOE eso ya no le importa. Porque hoy el problema no es ETA: el problema es que su recuerdo estorba.

La razón es obscena y evidente. Sánchez gobierna gracias a EH Bildu, el heredero político directo del entramado etarra. Y EH Bildu no quiere memoria, ni verdad, ni justicia. Quiere relato. Quiere impunidad. Quiere que el tiempo y el poder institucional hagan lo que nunca consiguió la violencia: legitimar su pasado. Y Sánchez está dispuesto a pagar ese precio con tal de seguir en La Moncloa.

El blanqueamiento no empezó ahora. Fue progresivo, calculado y cobarde. Primero se permitió la normalización política de quienes jamás condenaron los asesinatos. Luego se toleraron homenajes públicos a terroristas, convertidos en “actos culturales” mientras las víctimas eran condenadas al silencio. Después se bloqueó la investigación de los asesinatos aún sin resolver, favoreciendo que prescriban y que los culpables mueran sin rendir cuentas. Paso a paso, concesión a concesión, se fue construyendo el olvido.

Ahora se da el salto definitivo: sacar a ETA de la lista europea de grupos terroristas. Es decirle a Europa que ya no hace falta señalarla. Es decirle a las futuras generaciones que aquello fue algo del pasado, algo superado, algo incómodo de recordar. Es abrir la puerta a una reescritura obscena en la que los asesinos acaban convertidos en “presos políticos” y las víctimas en daños colaterales de la historia.

EH Bildu no ha condenado jamás los asesinatos. No ha pedido perdón. No ha ayudado a esclarecer un solo crimen. Al contrario: sigue justificando a los terroristas, legitimando su violencia y construyendo un discurso en el que matar era hacer política. Y aun así, el Gobierno lo presenta como un socio respetable mientras desprecia a quienes exigen memoria y justicia.

La llamada “memoria democrática” del PSOE es una farsa. No es memoria: es selección ideológica del pasado. Se recuerda lo que sirve al poder y se borra lo que lo incomoda. Por eso ETA desaparece del relato oficial mientras otros episodios históricos se explotan hasta la saciedad. No se busca justicia histórica, sino control del discurso.

Esto no es reconciliación. Es rendición moral. No es cerrar heridas. Es arrancar las cicatrices para que no se vean. No es mirar al futuro. Es pudrirlo, porque una democracia que negocia con el terror acaba justificándolo.

Sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas no cambia lo que fue, pero sí cambia lo que se enseña, lo que se recuerda y lo que se transmite. Y cuando un Estado decide que el terrorismo ya no merece ser llamado terrorismo, está enviando un mensaje devastador: matar puede salir rentable si se espera lo suficiente.

Esto no va de izquierdas o derechas. Va de decencia. Va de verdad. Va de si un país está dispuesto a sacrificar a sus víctimas para mantener un Gobierno. Y hoy, lamentablemente, la respuesta que da Sánchez es sí.

Porque cuando se borra a ETA de las listas, lo que se borra no es una sigla; se borra la memoria, se borra la justicia y se pisotea la dignidad de los asesinados.

Felipe Pinto. 

LA ESPAÑA DEL ESFUERZO CASTIGADO: TRABAJAR MÁS PARA VIVIR PEOR

España se ha convertido en un país extraño: uno en el que trabajar ya no garantiza vivir mejor. Se madruga más, se alargan las jornadas, se encadenan empleos o se sobrevive como autónomo, y aun así cada mes cuesta más llegar a fin de mes. No es una sensación, es una realidad que millones de españoles experimentan en silencio mientras el discurso oficial insiste en que todo va bien.

Nunca se ha trabajado tanto para obtener tan poco. Los salarios pierden poder adquisitivo, los impuestos no dejan de crecer y el coste de la vida se dispara. Luz, combustible, vivienda, alimentación… todo sube, menos la capacidad del ciudadano para ahorrar o prosperar. El resultado es demoledor: una clase media cada vez más estrecha, más cansada y más resignada.

Lo más grave es que este empobrecimiento no es fruto del azar ni de una crisis puntual. Es la consecuencia directa de un modelo político que penaliza el esfuerzo y premia la dependencia. Un Estado que, lejos de proteger al que produce, lo exprime hasta el límite para sostener una estructura cada vez más grande, más costosa y más ideologizada, mientras se aleja de las prioridades reales de la mayoría de los españoles.

A esta situación se suma una sensación creciente de agravio comparativo. Muchos ciudadanos perciben que mientras a ellos se les exige cada vez más y se les da cada vez menos, se multiplican las concesiones hacia quienes no han contribuido al sistema. Las listas de espera en la sanidad pública se alargan, el acceso a determinados servicios se complica y la presión sobre los recursos públicos aumenta, mientras el Estado prioriza la atención a una inmigración masiva que ni controla ni ordena.

No se trata de rechazar a quien viene a trabajar y a integrarse, sino de señalar una evidencia incómoda: cuando los recursos son limitados, las prioridades importan. Y hoy muchos españoles sienten que han dejado de ser prioritarios en su propio país. Pagan impuestos cada vez más altos, soportan una sanidad colapsada y ven cómo se deterioran los servicios públicos, mientras se les pide comprensión, paciencia y sacrificio permanente.

El impacto sobre el mercado laboral tampoco es menor. La llegada desordenada de inmigración ilegal presiona a la baja los salarios, precariza sectores enteros y dificulta el acceso al empleo para quienes ya estaban aquí cumpliendo la ley. El esfuerzo del trabajador nacional se devalúa y el mensaje vuelve a ser el mismo: cumplir no compensa.

El autónomo encarna como pocos esta injusticia estructural. Trabaja sin red, asume riesgos constantes y sostiene buena parte de la economía real, pero recibe a cambio impuestos abusivos, cuotas fijas incluso cuando no ingresa y una burocracia asfixiante. Observa cómo se destinan miles de millones a políticas que no mejoran su vida mientras él lucha por mantener abierto su negocio. No se le ayuda: se le vigila. No se le incentiva: se le castiga. Y cuando cae, cae solo.

El asalariado tampoco escapa a esta dinámica. Aunque tenga empleo, vive con una sensación permanente de precariedad. Contratos inestables, salarios que no compensan la inflación y una presión fiscal que convierte cualquier subida nominal en una pérdida real. Trabajar más horas ya no es sinónimo de progreso, sino de mera supervivencia.
Mientras tanto, el discurso político sigue instalado en cifras macroeconómicas que poco tienen que ver con la vida cotidiana. Se habla de crecimiento, de récords históricos y de avances sociales, pero el ciudadano no los ve reflejados en su cuenta bancaria ni en su tranquilidad vital. Lo que percibe es un futuro más incierto que el pasado y un Estado que exige mucho, pero devuelve poco.

Este modelo no solo empobrece económicamente; empobrece moralmente. Desincentiva el mérito, desanima el sacrificio y transmite una idea peligrosa: esforzarse no merece la pena. Cuando un país lanza ese mensaje de forma sistemática, especialmente a sus jóvenes, está debilitando sus propios cimientos.

España fue durante décadas un país donde el trabajo permitía avanzar, formar una familia y mirar al futuro con cierta esperanza. Hoy esa promesa está rota. No por incapacidad de los españoles, sino por un sistema político que ha decidido repartir recursos sin exigir responsabilidades y vivir del esfuerzo ajeno en lugar de protegerlo.

Esto no es progreso. No es justicia social. Es empobrecimiento planificado. Y solo cuando se vuelva a poner al trabajador, al autónomo y a la familia española en el centro de las prioridades políticas, España podrá recuperar algo tan básico como la dignidad del esfuerzo.

Felipe Pinto.

TODO CUADRA: LAS VERDADES DE ALDAMA NO SON BULOS SINO REALIDADES

Hay un mecanismo que se repite con una regularidad tan constante que ya no admite coartadas ni explicaciones alternativas. Víctor de Aldama habla. El Gobierno responde de inmediato tachándolo de bulo, de mentira interesada, de maniobra desesperada de un imputado. El PSOE moviliza su aparato político y mediático para desacreditar al mensajero. Pero el tiempo pasa, la prensa investiga, los datos empiezan a encajar y Aldama reaparece, ya no en declaraciones informales, sino en sede judicial, ratificando lo dicho y aportando nuevos elementos. Y entonces lo que fue presentado como bulo empieza a revelarse como una realidad incómoda para el Ejecutivode Sánchez.

No es una opinión ni una construcción ideológica. Es un patrón objetivo. Cada una de las grandes afirmaciones que Aldama ha ido poniendo sobre la mesa ha seguido el mismo recorrido: negación política inmediata, intento de ridiculización, silencio posterior y, finalmente, confirmación parcial o total a través de investigaciones periodísticas, informes policiales o actuaciones judiciales. Y cuando eso ocurre, el Gobierno no rectifica ni asume responsabilidades: simplemente pasa al siguiente “bulo”.

El caso de los hidrocarburos es el eje central de todo este entramado. Cuando Aldama comenzó a hablar de este asunto, se intentó minimizarlo como un conflicto técnico sin trascendencia política. Hoy es evidente que estamos ante una red compleja de intereses económicos, intermediarios, sociedades opacas y decisiones políticas que no se explican desde la normalidad administrativa. Lo que ayer se negó hoy forma parte del núcleo de una investigación judicial viva.

A partir de ahí, las piezas empiezan a encajar con una lógica inquietante. Venezuela deja de ser una referencia ideológica para convertirse en un actor real dentro del esquema. PDVSA, los contactos políticos de alto nivel, los canales de interlocución privilegiados y la utilización de sectores estratégicos como vía de entrada de dinero e influencia política. Todo esto fue señalado por Aldama cuando aún se hablaba de conspiraciones. Hoy ya nadie discute que esas relaciones existen; lo que se discute es hasta dónde llegan.

En ese mismo ecosistema aparece el rescate de Plus Ultra, una operación sostenida con dinero público, defendida contra toda lógica económica y vinculada al entorno venezolano. Durante meses se negó cualquier irregularidad. Hoy sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo ciertas decisiones del Gobierno solo se entienden cuando se observan dentro de una red más amplia de intereses y alianzas políticas.

Y en ese punto emerge de forma recurrente la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. No como un actor secundario, sino como intermediario privilegiado entre el régimen de Maduro y el Gobierno de Pedro Sánchez. Su papel como facilitador y legitimador de una relación opaca ha sido documentado y debatido ampliamente. Aldama lo señaló cuando aún se negaba todo. Hoy nadie se atreve a negar ese rol.

En este entramado hay además un elemento que el Gobierno intenta mantener fuera del foco, pero que resulta imprescindible para que todo funcione: el Ministerio de Hacienda. El negocio de los hidrocarburos, por su propia naturaleza, no puede operar al margen del control fiscal, de las autorizaciones, de las inspecciones y de los flujos tributarios. Pensar que una trama de esta magnitud podría desarrollarse sin que Hacienda esté, como mínimo, implicada en su supervisión es sencillamente inverosímil.

Esa conexión se ha hecho todavía más visible en las últimas semanas por la investigación judicial que afecta a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), bajo la supervisión directa de María Jesús Montero como titular de Hacienda. Se ha forzado incluso una comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI en medio de un caso aún bajo secreto judicial, acusando al Gobierno de haber convertido la entidad en un “cajero automático para pagar favores políticos” —acusaciones que Montero rechaza con insistencia, calificándolas de campaña mediática y negando cualquier responsabilidad política mientras la investigación sigue abierta. 

Además, diversos medios han informado de removimientos de altos cargos en la SEPI durante el mandato de Montero, supuestamente para apartar a directivos involucrados en favorecimientos a clientes ligados a investigaciones empresariales, lo que refuerza la percepción de que la entidad no ha estado exenta de problemas.

El mismo esquema se repite con el ministro Ángel Víctor Torres. Cada vez que su nombre aparece vinculado al entramado, la reacción es idéntica: negación, victimismo y acusaciones de bulo. Sin embargo, su posición institucional en momentos clave y su presencia en el perímetro de decisiones políticas estratégicas lo sitúan, como mínimo, en el centro de las responsabilidades políticas que deben ser explicadas. Y eso no se despacha llamando “fake” a quien pregunta.

Todo este entramado fue expuesto con claridad por Carlos Cuesta en el programa Horizonte. Pero lo verdaderamente relevante no fue solo su análisis, sino el consenso explícito del resto de periodistas presentes: lo que se estaba describiendo no eran hechos aislados, sino un sistema reconocible, con lógica interna, en el que el dinero, la política y las relaciones internacionales se entrelazan. No hubo una sola voz que negara la coherencia del esquema.

Y hoy se ha dado un paso más. Aldama ha declarado ante un juez que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con información que incrimina la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. De nuevo, la reacción del Gobierno ha sido automática: bulo, mentira, invención. Exactamente el mismo reflejo defensivo que en todos los episodios anteriores. Pero con una diferencia esencial: esta afirmación se produce en sede judicial, bajo las consecuencias penales de mentir ante un juez, y por alguien cuyas declaraciones previas han ido encontrando respaldo en los hechos.

A estas alturas, el problema del PSOE ya no es Aldama. El problema es la acumulación de realidad. Porque cada “bulo” dura cada vez menos. Porque lo que ayer se negaba hoy se investiga y mañana se judicializa. Porque el tiempo juega siempre en la misma dirección.

Y cuando se amplía el foco, el cuadro resulta demoledor. No hablamos de un caso aislado, sino de un Gobierno en el que ha habido ministros encarcelados, asesores ministeriales también encarcelados, y secretarios generales del partido implicados en graves causas de corrupción. Un ministro socialista fue enviado a prisión. Su asesor más cercano, igualmente. Ese mismo ministro era además secretario general del PSOE. Su sucesor en la secretaría general también fue procesado, encarcelado y hoy continúa imputado, aunque se encuentre en libertad. Son hechos objetivos del historial reciente del partido que gobierna España.

A esto se suma la situación del Fiscal General del Estado, cuya actuación ha sido objeto de investigación judicial y cuya credibilidad institucional ha quedado seriamente dañada. Y se añade un hecho de enorme gravedad democrática: la mujer y el hermano del presidente del Gobierno están siendo investigados judicialmente, algo absolutamente excepcional en una democracia europea y que no puede despacharse como una simple campaña de desinformación.

Todo esto ocurre bajo un mismo mando. Bajo una misma dirección política. Bajo el mismo secretario general del Partido Socialista Obrero Español que, además, es presidente del Gobierno. Y aquí la pregunta ya no es retórica: ¿quién es el responsable último de un sistema en el que ministros, altos cargos, asesores, secretarios generales del partido y familiares directos del presidente aparecen vinculados a causas judiciales de corrupción, financiación irregular y abuso de poder?

La respuesta es tan incómoda como evidente. En cualquier organización política mínimamente democrática, el máximo responsable es quien dirige el partido y el Gobierno. Pedro Sánchez no es un espectador ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Es el vértice de la pirámide. El que nombra, el que protege, el que cesa y el que decide. Y cuando el mismo patrón se repite una y otra vez, ya no puede atribuirse a la mala suerte ni a conspiraciones externas.

Por eso el caso Aldama no es un episodio más. Es el síntoma de un sistema que se defiende llamando “bulos” a todo lo que amenaza con desmontarlo, hasta que la realidad judicial lo alcanza. Y cuando lo alcanza, ya es tarde para fingir sorpresa. Porque lo que está en cuestión no es un sobre concreto ni una declaración concreta, sino la credibilidad moral, política e institucional del Gobierno de España.

En cualquier democracia madura, un presidente que acumula ministros encarcelados, altos cargos imputados, fiscales generales bajo investigación y familiares directos en causas judiciales no puede seguir en el poder. Y menos aún cuando su partido está señalado por posibles prácticas de financiación ilegal. La responsabilidad no es difusa ni colectiva: es personal y directa.

La justicia tendrá que llegar hasta el final. Pero la política no puede esperar a las sentencias firmes cuando el deterioro institucional es tan evidente. Si existe el más mínimo respeto por el Estado de Derecho y por la higiene democrática, la conclusión es inevitable: Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, es el máximo responsable de todo lo que está ocurriendo y debería abandonar el Gobierno de inmediato. Porque cuando todo alrededor se derrumba, el problema ya no es el mensajero. El problema es quien manda.

Felipe Pinto.