EL PSOE TEME A VOX

A 4 días de la celebración de las elecciones autonómicas en Aragón, el terror empieza a hacer mella en las huestes socialistas y no solo en las del reino, también lo hace a nivel nacional. Y no es una exageración ni una construcción interesada. Se trata de una realidad que empieza a reflejarse en los propios datos internos que maneja el socialismo y que explican la inquietud creciente en la dirección del PSOE. El ascenso de Vox ya no es una tendencia lejana ni un fenómeno marginal: comienza a materializarse en cifras concretas y, lo que resulta más inquietante para ellos, en ciudades clave donde hasta ahora se sentían relativamente seguros.

En Zaragoza, los números son especialmente elocuentes. Las estimaciones internas que circulan en el entorno socialista dibujan un escenario en el que Vox alcanzaría en torno al 24 % de los votos, mientras que el PSOE se quedaría alrededor del 21 %. No se trata de una oscilación menor, sino de una diferencia suficiente como para hablar de un sorpasso en toda regla. Vox pasaría a disputar la segunda posición en la ciudad, relegando al PSOE a un papel secundario y evidenciando un cambio profundo en el comportamiento del electorado urbano.

Este dato no preocupa solo por la fotografía local, sino por lo que simboliza. Zaragoza concentra una parte decisiva del voto en Aragón y siempre ha sido una plaza de referencia para medir el pulso político de la región. Que allí el PSOE se vea superado por Vox indica que el relato tradicional de la izquierda ya no moviliza como antes y que el voto de castigo empieza a traducirse en apoyos claros a una alternativa que no pide disculpas ni se mueve en la ambigüedad.

En Teruel, el panorama resulta todavía más incómodo para los socialistas. Aunque los porcentajes exactos varían según las proyecciones, el consenso interno apunta a que Vox también podría adelantar al PSOE, empujándolo a una tercera o incluso cuarta posición, por detrás no solo del Partido Popular y de Vox, sino también de fuerzas de carácter local. Para un partido que durante años se presentó como garante de la España interior y del equilibrio territorial, verse superado en una provincia emblemática de la despoblación supone un golpe político y moral difícil de digerir.

Pero este escenario no puede analizarse únicamente como un fracaso del PSOE. El otro gran responsable es el Partido Popular, que observa el fenómeno con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Satisfacción porque el desgaste socialista le beneficia a corto plazo, y nerviosismo porque el crecimiento de Vox no se produce solo a costa del PSOE, sino también por la desafección de votantes del propio PP, cansados de promesas incumplidas, giros ideológicos y una sensación persistente de renuncia.

El PP ha optado durante demasiado tiempo por una estrategia de perfil bajo y cálculo permanente, confiando en que el desgaste del Gobierno le bastaría para ganar. Mientras administraba esa espera, Vox ha ocupado el espacio del discurso claro, sin matices y sin complejos. El resultado es que hoy el PP puede ganar, pero ya no controla el marco del debate ni el ritmo político, lo que a medio plazo le obliga a depender de quien sí ha sabido capitalizar el enfado social.

Por eso el miedo del PSOE a Vox es real y plenamente comprensible desde su punto de vista. No teme solo perder votos, teme perder centralidad, teme dejar de ser imprescindible, teme convertirse en un partido más del sistema, incapaz de movilizar a su electorado tradicional. Frente a ese temor, su reacción vuelve a ser la de siempre: alarmismo, descalificación moral y ausencia total de autocrítica.

Lo que está ocurriendo en Zaragoza y Teruel no es un accidente ni una anomalía local. Es el reflejo de un hartazgo acumulado y de una ciudadanía que empieza a votar sin miedo y sin la presión del viejo relato. Cuando una fuerza política roza los tres puntos de ventaja sobre el PSOE en una gran ciudad, no estamos ante un susto pasajero, sino ante un aviso serio de que algo se está moviendo por debajo del tablero político.

Y ese cambio no solo inquieta al PSOE. También debería hacer reflexionar al Partido Popular. Porque cuando dos partidos tradicionales se acomodan, se parecen demasiado entre sí y se alejan de sus votantes, siempre hay alguien dispuesto a ocupar el hueco que dejan. Esta vez, además, los números indican que ese alguien ya no es una amenaza futura ni una hipótesis lejana, sino una realidad presente que empieza a consolidarse.

Felipe Pinto. 

CENSURA DIGITAL PARA COARTAR LA LIBERTAD DE LA JUVENTUD

El anuncio del presidente del Gobierno de la inmediata prohibición del uso de redes sociales a los menores de 16 años no dice que estemos ante una medida de protección ni ante una preocupación genuina por el bienestar de dichos menores. La realidad es que esta medida supone una censura preventiva dirigida a un grupo muy concreto: la juventud. La excusa es siempre la misma —seguridad, salud mental, protección—, pero el objetivo real es otro: controlar el proceso de formación intelectual y política desde edades tempranas.

Las redes sociales, con todos sus riesgos, han sido uno de los pocos espacios donde los jóvenes podían escapar del discurso institucional dominante. Un lugar imperfecto, sí, pero libre. Un espacio donde contrastar ideas, acceder a fuentes alternativas, debatir la actualidad política y comprobar que el relato que se les impone desde la escuela y los medios no es el único posible. Precisamente por eso ahora se pretende cerrar esa puerta.

En ese mismo marco se encaja otra de las iniciativas más inquietantes que el Gobierno pretende implantar: la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad destinado a establecer una supuesta “huella de odio y polarización”. Un concepto deliberadamente ambiguo que permite convertir la opinión en dato, la discrepancia en registro y la crítica en señal de alerta. No se trata de prevenir la violencia, sino de vigilar el pensamiento, clasificar ideológicamente y dejar constancia permanente de quién se ajusta al discurso oficial y quién se sale de él.

Mientras desde el poder se normalizan mensajes que dividen, enfrentan y agitan resentimientos generacionales, cualquier posición contraria es etiquetada como odio. Así, el Gobierno se arroga la facultad de decidir qué es aceptable y qué debe ser marcado, corregido o silenciado. Especialmente entre los jóvenes, a quienes se pretende acostumbrar a que opinar tenga consecuencias, a que discrepar deje huella y a que pensar fuera del marco establecido pueda condicionar su futuro académico, laboral o social.

La prohibición no busca educar, porque educar implica formar criterio, no eliminar opciones. No busca proteger, porque proteger exige acompañar y responsabilizar, no imponer silencios. Lo que busca es coartar la libertad intelectual para evitar que los jóvenes se salgan del marco ideológico establecido. Que no cuestionen. Que no comparen. Que no descubran que hay alternativas políticas y morales al pensamiento oficial.

El sistema educativo lleva años funcionando como un canal de transmisión doctrinal, no como un espacio de debate plural. Se inculcan ideas cerradas sobre sociedad, historia y política presentadas como verdades incuestionables. En ese contexto, las redes sociales eran una amenaza para el modelo: permitían a los jóvenes comprobar que el consenso no era real, que existía disenso y que ese disenso tenía argumentos.

Cerrar ese acceso no es un error ni una casualidad. Es una decisión estratégica. Se trata de blindar el relato, evitar fugas ideológicas y garantizar que la juventud crezca dentro de un marco mental perfectamente delimitado. Menos libertad hoy para asegurar obediencia mañana.

La desautorización de las familias no es un daño colateral: es parte del diseño. Al impedir que los padres decidan, el Estado se arroga un papel que no le corresponde. Sustituye a la familia, suplanta su función y convierte la educación en una herramienta política. No se acompaña al menor; se le administra.

La contradicción es evidente y reveladora. Se considera a un joven incapaz de acceder a una red social con supervisión familiar, pero se le somete sin filtros a una presión ideológica constante desde instancias oficiales. Se le niega el derecho a debatir, pero se le exige que asuma como natural un pensamiento único. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de control del pensamiento.

La verdadera protección pasa por educar en el uso responsable, por reforzar el pensamiento crítico y por confiar en las familias. Prohibir es el recurso del poder inseguro, de quien no confía en sus ideas y necesita reducir el espacio de libertad para que no se note su debilidad.

La libertad no aparece mágicamente al cumplir los 18 años. Se construye antes, enfrentándose a ideas distintas, debatiendo, equivocándose y madurando. Negar ese proceso a la juventud no es protegerla: es modelarla.

Y cuando un gobierno prefiere jóvenes silenciosos a jóvenes críticos, cuando utiliza la censura digital y la vigilancia ideológica para impedir que desarrollen su libertad intelectual, el problema no son las redes sociales. El problema es el miedo. Miedo a que la juventud piense por sí misma, miedo a perder el control del relato… y miedo, en última instancia, a perder futuras elecciones. 

Felipe Pinto. 

PODEMOS QUIERE ELIMINAR A LOS ‘FACHAS’ QUE NO PIENSAN COMO ELLOS

Lo que en estos días estamos presenciando,  por parte de la cúpula de la extrema izquierda, no es una salida de tono ni una provocación aislada. Es la expresión descarnada de un imaginario político que nunca ha abandonado del todo dicha izquierda radical y que ahora vuelve a asomar sin complejos. Un imaginario que bebe del enfrentamiento civil, del resentimiento histórico y de la fantasía de la purga moral.

No es casual el tono, ni la gestualidad, ni la puesta en escena. Hay en determinadas declaraciones —y muy especialmente en las de Irene Montero— una teatralización del odio que recuerda demasiado a los viejos mitos revolucionarios del siglo pasado. Como si su aspiración no fuera tanto convencer a una sociedad plural, sino erigirse en una suerte de pasionaria del siglo XXI, convencida de que la historia le concede el derecho moral a señalar, depurar y “barrer” al discrepante.

Ese lenguaje no surge de la nada. Tiene precedentes. En 1936 también se empezó así: deshumanizando al adversario, llamándolo “fascista”, presentándolo como un enemigo absoluto al que no había que derrotar políticamente, sino eliminar del espacio social. Primero fue el insulto, luego el señalamiento, después la exclusión. El resultado es conocido y trágico.

Cuando hoy se habla con ligereza de “barrer” a millones de españoles, cuando se expresa con rabia y odio explícito hacia quienes no piensan igual, cuando se fantasea con una sustitución política y social del discrepante, lo que se está haciendo es normalizar una lógica de checa mental: no necesariamente física, pero sí ideológica. Una lógica en la que el adversario deja de ser ciudadano para convertirse en objetivo.

No se trata de acusar a nadie de querer repetir literalmente la historia, sino de advertir de algo mucho más inquietante: el mismo clima moral, el mismo desprecio al pluralismo, la misma arrogancia de creerse dueño del bien y del mal. Esa es la semilla de todos los totalitarismos, vengan envueltos en banderas rojas o en discursos supuestamente inclusivos.
Resulta especialmente grave que este discurso se pronuncie desde espacios públicos, con micrófonos oficiales, con aplausos y sin rectificación posterior. Porque cuando el odio se normaliza desde arriba, cuando se legitima el señalamiento del “otro”, el daño ya está hecho. Y no es simbólico, es social.

Desde una perspectiva jurídica, además, la reiteración de mensajes de exclusión dirigidos a un colectivo identificable por su ideología, con un tono exaltado y deshumanizante, entra en un terreno muy peligroso. No por lo que alguien interprete, sino por lo que objetivamente se dice y cómo se dice. El Estado de Derecho no puede mirar hacia otro lado cuando el odio se pronuncia con impunidad desde tribunas políticas.

Este discurso no ha pasado desapercibido fuera de España. El empresario Elon Musk reaccionó públicamente a las palabras de Irene Montero calificándolas de algo más que una provocación ideológica, llegando a acusarla de “abogar por el genocidio”. Más allá de quién lo diga, lo relevante es el hecho: desde el exterior, este lenguaje se percibe como incompatible con los principios básicos de una sociedad libre. Cuando el señalamiento y la idea de “reemplazar” al adversario político se normalizan, el problema deja de ser interno y adquiere una dimensión internacional.

Podemos no busca una España plural. Busca una España sometida a una sola visión del mundo. Una España donde quien discrepa es estigmatizado, reducido a caricatura y presentado como un estorbo que debe ser eliminado, aunque sea “solo” en sentido político o simbólico. Pero la historia demuestra que ese “solo” nunca se queda ahí.

Porque la libertad, no un eslogan vacío, ni se preserva borrando al que piensa distinto, soñando con purgas morales y agitando fantasmas de guerra civil. La libertad se defiende con ley, con igualdad y con respeto al prójimo, no con odio ni con amenazas.

Todo lo demás no es progreso. Es autoritarismo. Y España ya sabe demasiado bien adónde conduce ese camino.

Felipe Pinto. 

ESPAÑA EMPIEZA A VER EN VOX LA ALTERNATIVA MÁS POSITIVA

Una gran avalancha de votos contenida, espera su momento. 

Las encuestas empiezan a confirmar lo que muchos españoles ya saben y cada vez más comentan sin complejos: VOX no solo crece, se aproxima al núcleo del poder político. Alcanzar el 20 % de intención de voto no es una cifra simbólica ni un techo circunstancial; es la manifestación de un cambio de ciclo. Y lo verdaderamente relevante no es el porcentaje en sí, sino su significado político: VOX se acerca, providencialmente, al Partido Socialista Obrero Español, disputándole el espacio central del sistema y rompiendo el viejo tablero del bipartidismo.

Por primera vez en décadas, el PSOE ya no tiene un único adversario al que vigilar. El Partido Popular ha dejado de ser el rival exclusivo y previsible. Hoy el factor que altera el sistema, que rompe las inercias y que introduce incertidumbre real en el poder es VOX. Un partido que no nace del consenso cómodo ni del reparto de cuotas, sino del hartazgo profundo de millones de españoles cansados de ver cómo España se diluye entre cesiones, complejos y renuncias.

Los datos empiezan a ser contundentes: en numerosas circunscripciones, VOX está en condiciones reales de ser segunda fuerza, y en no pocas incluso primera. No hablamos de futuribles ni de propaganda, sino de pura aritmética electoral combinada con una tendencia sostenida. El crecimiento de VOX no es episódico ni territorialmente aislado; es transversal, persistente y cada vez más sólido.

La clave de este avance es psicológica y política a la vez: España empieza a perder el miedo. Durante años se ha mantenido artificialmente el relato del “voto útil”, un chantaje emocional que ha beneficiado al Partido Popular y ha servido para sostener un sistema agotado. Millones de españoles han votado al PP no por convicción, sino por temor; no por entusiasmo, sino por resignación. Ese miedo ha funcionado como un dique. Pero los diques, cuando se resquebrajan, no amortiguan: colapsan.

Hoy existe una gran avalancha de votos contenida. Votos que todavía no se expresan plenamente en las encuestas, pero que ya han cambiado de destino en la conciencia del elector. Votos de antiguos votantes del PP hartos de la indefinición. Votos de abstencionistas que regresan al juego político al ver una alternativa clara. Votos de ciudadanos que ya no aceptan el chantaje del “o nosotros o el caos”. Ese voto está ahí, acumulándose, esperando el momento en que el último miedo termine de desaparecer.

Es cierto que dentro del Partido Popular existen figuras con discurso propio y tono reconocible, como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo. Sus palabras conectan con una parte del electorado que no acepta la deriva ideológica ni la tibieza permanente. Pero ese es precisamente el problema: todo se queda en el discurso. Cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que votar, gobernar o ejecutar políticas concretas, el Partido Popular vuelve a ser el Partido Popular. El discurso se vuelve vago, los principios se relativizan y las decisiones acaban alineadas con el ideario tradicional del partido.

El problema del PP no es solo de liderazgo, es estructural. Y se manifiesta de forma especialmente grave en su absoluta falta de coherencia territorial e internacional. Mientras VOX mantiene exactamente el mismo discurso en Bruselas, en el Congreso, en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, el Partido Popular es un partido distinto según el lugar y el momento. En Europa dice una cosa; en España, otra. En una comunidad autónoma promete firmeza; en otra, cesión. En un municipio pacta lo que en el de al lado demoniza.

Pactan con VOX cuando lo necesitan, pero rechazan sus líneas rojas. En unas regiones aceptan acuerdos claros; en otras los bloquean. En algunas autonomías cumplen lo firmado; en otras lo incumplen sin rubor. No hay criterio común, no hay estrategia reconocible, no hay proyecto nacional. Es un desorden político permanente, una suma de decisiones tácticas sin visión, sin coherencia y sin credibilidad.

Ese comportamiento errático no es fruto del azar: es el síntoma de un partido que quiere ocupar todo el espacio ideológico sin definirse en nada. Que pretende contentar a todos y acaba decepcionando a muchos. Frente a ese caos, VOX ofrece algo que hoy vale oro en política: coherencia. Dice lo mismo en Europa que en España. Defiende lo mismo en una autonomía que en un municipio. No adapta su mensaje según convenga ni lo corrige según sople el viento mediático.
VOX defiende sin matices la unidad nacional, la igualdad ante la ley, el control de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos, la libertad económica y la soberanía política. Y lo hace siempre. Esa coherencia, en una España cansada de bandazos, dobles discursos y promesas huecas, no solo se valora: se premia en las urnas.

Lo que estamos viviendo no es solo un aumento de porcentaje; es un despertar político. Cada vez más españoles entienden que votar a VOX ya no es un gesto testimonial, sino una decisión eficaz y decisiva. Que su voto no se diluye, sino que pesa. Que en muchas circunscripciones, VOX no solo condiciona, marca el rumbo.
Por eso hay motivos para celebrar. Porque el PSOE ya no es inalcanzable. Porque el miedo pierde fuerza. Porque el bipartidismo se resquebraja. Y porque España empieza a mirar a VOX sin miedo, consciente de que la coherencia, cuando se mantiene, acaba convirtiéndose en mayoría.

Hoy estamos en el 20 %, mañana, más cerca aún. Y cuando la avalancha contenida se libere, nada volverá a ser igual.

Felipe Pinto. 

 

 

SÁNCHEZ QUIERE BORRAR A ETA DE LA LISTA TERRORISTA

Lo que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a hacer no tiene precedentes morales en la España democrática. Pretender que ETA deje de figurar en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea no es un trámite ni una cuestión técnica: es una operación de borrado histórico, una amnistía moral encubierta y una traición deliberada a las víctimas del terrorismo.

ETA no fue un accidente ni un exceso de época. ETA fue una banda criminal que asesinó a 853 personas de forma planificada, cobarde y sistemática. Ejecutó a tiros en la nuca, hizo estallar coches bomba, secuestró, chantajeó y aterrorizó a toda una sociedad durante décadas. No hubo épica, no hubo causa noble, no hubo conflicto político: hubo terror. Y punto.

Nada de eso ha sido reparado. Cientos de crímenes siguen sin resolverse. Nadie ha pedido perdón. Nadie ha colaborado con la justicia. Nadie ha asumido responsabilidad alguna. Pero al PSOE eso ya no le importa. Porque hoy el problema no es ETA: el problema es que su recuerdo estorba.

La razón es obscena y evidente. Sánchez gobierna gracias a EH Bildu, el heredero político directo del entramado etarra. Y EH Bildu no quiere memoria, ni verdad, ni justicia. Quiere relato. Quiere impunidad. Quiere que el tiempo y el poder institucional hagan lo que nunca consiguió la violencia: legitimar su pasado. Y Sánchez está dispuesto a pagar ese precio con tal de seguir en La Moncloa.

El blanqueamiento no empezó ahora. Fue progresivo, calculado y cobarde. Primero se permitió la normalización política de quienes jamás condenaron los asesinatos. Luego se toleraron homenajes públicos a terroristas, convertidos en “actos culturales” mientras las víctimas eran condenadas al silencio. Después se bloqueó la investigación de los asesinatos aún sin resolver, favoreciendo que prescriban y que los culpables mueran sin rendir cuentas. Paso a paso, concesión a concesión, se fue construyendo el olvido.

Ahora se da el salto definitivo: sacar a ETA de la lista europea de grupos terroristas. Es decirle a Europa que ya no hace falta señalarla. Es decirle a las futuras generaciones que aquello fue algo del pasado, algo superado, algo incómodo de recordar. Es abrir la puerta a una reescritura obscena en la que los asesinos acaban convertidos en “presos políticos” y las víctimas en daños colaterales de la historia.

EH Bildu no ha condenado jamás los asesinatos. No ha pedido perdón. No ha ayudado a esclarecer un solo crimen. Al contrario: sigue justificando a los terroristas, legitimando su violencia y construyendo un discurso en el que matar era hacer política. Y aun así, el Gobierno lo presenta como un socio respetable mientras desprecia a quienes exigen memoria y justicia.

La llamada “memoria democrática” del PSOE es una farsa. No es memoria: es selección ideológica del pasado. Se recuerda lo que sirve al poder y se borra lo que lo incomoda. Por eso ETA desaparece del relato oficial mientras otros episodios históricos se explotan hasta la saciedad. No se busca justicia histórica, sino control del discurso.

Esto no es reconciliación. Es rendición moral. No es cerrar heridas. Es arrancar las cicatrices para que no se vean. No es mirar al futuro. Es pudrirlo, porque una democracia que negocia con el terror acaba justificándolo.

Sacar a ETA de la lista de organizaciones terroristas no cambia lo que fue, pero sí cambia lo que se enseña, lo que se recuerda y lo que se transmite. Y cuando un Estado decide que el terrorismo ya no merece ser llamado terrorismo, está enviando un mensaje devastador: matar puede salir rentable si se espera lo suficiente.

Esto no va de izquierdas o derechas. Va de decencia. Va de verdad. Va de si un país está dispuesto a sacrificar a sus víctimas para mantener un Gobierno. Y hoy, lamentablemente, la respuesta que da Sánchez es sí.

Porque cuando se borra a ETA de las listas, lo que se borra no es una sigla; se borra la memoria, se borra la justicia y se pisotea la dignidad de los asesinados.

Felipe Pinto.