PRIORIDAD NACIONAL: AYUDAS A CAMBIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Cada vez más españoles perciben una realidad incómoda que durante años se ha intentado ocultar: una cosa es ayudar a quien verdaderamente lo necesita y otra muy distinta utilizar el dinero público para crear redes de dependencia política. La solidaridad bien entendida dignifica. El clientelismo degrada la democracia.

España no puede seguir instalada en un modelo donde determinadas ayudas, subsidios y prestaciones se entregan sin exigir responsabilidad alguna a quienes sí están en condiciones de aportar. Y tampoco puede tolerarse que esas ayudas se conviertan en una herramienta electoral al servicio del poder.

Muchos ciudadanos tienen la sensación de que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido una parte del sistema asistencial no como un mecanismo temporal de protección social, sino como un auténtico caladero de votos cautivos. Cuantas más personas dependan del subsidio, más fácil resulta presentarse después como salvador imprescindible. Es una fórmula vieja: generar necesidad para después administrar dependencia.

Mientras tanto, el país sigue acumulando carencias evidentes. Montes abandonados que arden en verano, barrios deteriorados, caminos rurales sin mantener, ancianos que viven solos, dependientes que necesitan compañía, servicios locales desbordados y miles de tareas útiles que beneficiarían al conjunto de la nación.

La respuesta lógica no es eliminar ayudas, sino transformarlas. Quien reciba determinadas prestaciones y esté capacitado debería corresponder con servicios a la comunidad. Labores de desbroce y limpieza forestal, mantenimiento de espacios públicos, apoyo logístico municipal, acompañamiento a mayores en soledad, colaboración con bancos de alimentos o ayuda social básica bajo supervisión profesional.

Quien no pueda realizar tareas físicas podría desempeñar otras igualmente necesarias: compañía a ancianos, apoyo en centros sociales, gestiones sencillas o asistencia comunitaria adaptada. Se trata de convertir el subsidio en una herramienta de integración y utilidad pública, no en una paga sin rumbo.

Además, este sistema rompería la cultura de la pasividad que tanto daño hace. El trabajo, aunque sea comunitario y temporal, devuelve hábitos, autoestima, responsabilidad y vínculo con la sociedad. Cobra quien lo necesita, sí, pero también contribuye quien puede hacerlo.

Naturalmente, deben quedar excluidos quienes realmente no puedan trabajar: enfermos graves, discapacitados severos, dependientes o mayores sin autonomía. La justicia consiste en distinguir entre imposibilidad real y simple comodidad subvencionada.

La prioridad nacional exige otra filosofía: proteger primero a nuestros ciudadanos vulnerables, administrar con rigor cada euro público y evitar que las ayudas sean usadas como herramienta partidista.

Menos clientelismo electoral. Menos votos comprados con subsidios. Más manos limpiando montes, cuidando mayores y mejorando España.

Eso sí sería justicia social de verdad.

Felipe Pinto. 

LA IGLESIA ACTUAL ES UNA VERGÜENZA PARA EL CRISTIANISMO

Cada vez somos más los españoles que contemplamos con tristeza cómo una institución que durante siglos representó la fe, la tradición y una parte esencial del alma de España parece hoy atrapada en la confusión, la tibieza y el acomodo. La Iglesia, que debería ser faro moral y guía espiritual transmite demasiadas veces la imagen de una estructura burocrática temerosa de incomodar al poder y obsesionada con agradar a quienes jamás respetarán aquello que el cristianismo representa.

La Iglesia no puede estar para repetir consignas ideológicas de moda ni para adaptarse dócilmente a cada corriente política dominante. Tiene que estar para anunciar la verdad cristiana, para defender la vida desde su inicio hasta su final natural, para proteger a la familia, para sostener a los débiles y para recordar que una nación sin raíces acaba siendo un pueblo sin alma. Sin embargo, estamos asistiendo al bochornoso espectáculo de una jerarquía silenciosa ante leyes gravísimas, prudente hasta el extremo frente a los ataques a la fe y sorprendentemente complaciente con quienes promueven una agenda frontalmente contraria a su propia doctrina.

Resulta incomprensible para muchos creyentes que se busquen entendimientos, gestos o cercanías con fuerzas políticas que defienden el aborto como derecho, la eutanasia como avance social y una concepción utilitarista de la vida humana. Si la Iglesia considera sagrada toda vida, desde el concebido no nacido hasta el anciano enfermo o dependiente, no puede transmitir la sensación de contemporizar con quienes impulsan justamente lo contrario. Cuando calla, duda o se muestra ambigua en cuestiones esenciales, no parece misericordiosa, parece rendida al poder establecido. 

Lo más doloroso es comprobar además cómo algunos sectores eclesiales parecen blanquear o justificar a herederos ideológicos de quienes persiguieron a los creyentes, asesinaron religiosos, antecesores suyos, incendiaron templos y destruyeron símbolos sagrados durante la Guerra Civil Española. Miles de sacerdotes, monjas y laicos fueron asesinados por odio religioso y centenares de iglesias quedaron arrasadas. Que hoy se mire hacia otro lado ante esa memoria resulta para muchos una humillación moral.

Mientras se ridiculizan procesiones, se caricaturiza la fe y se reescribe la historia desde el sectarismo, muchos pastores callan o hablan con una ambigüedad desesperante. Parecen más preocupados por no molestar al poder político que por difundir nuestra doctrina o acompañar a quienes esperan una palabra clara. 

Ese silencio no es prudencia, es renuncia. Esa neutralidad no es caridad, es cobardía institucional.

También sorprende que se hable tanto de grandes causas abstractas y tan poco de los dramas concretos que sufren millones de españoles: la crisis de natalidad, la ruptura familiar, la soledad de los mayores, la pérdida de identidad cultural, la inseguridad creciente o la dificultad de tantos jóvenes para formar un hogar. España necesita una Iglesia cercana al pueblo real, no a las élites ideológicas que la utilizan cuando conviene y la desprecian cuando deja de servir.

El cristianismo nació de la verdad, del sacrificio y del coraje. Jesús de Nazaret no buscó el aplauso del poder ni suavizó su mensaje para resultar simpático a los poderosos de su tiempo. Por eso duele ver cómo quienes deberían custodiar ese legado parecen avergonzarse de él.

La Iglesia católica debe rectificar, recuperar su firmeza, volver a honrar a sus mártires, ponerse a defender sin complejos la vida y estar al lado de sus fieles. Si continúa instalada en la indefinición, muchos seguirán pensando que no ha traicionado solo a una parte de España, sino al propio cristianismo que dice representar.

Felipe Pinto. 

PRIORIDAD NACIONAL: LOS ESPAÑOLES PRIMERO

 Debemos exigir que haya prioridad nacional, seguridad jurídica y defensa de quienes sostienen España.

Mientras el debate político gira en torno a nuevas regularizaciones, fórmulas de arraigo y concesiones migratorias, millones de españoles siguen esperando respuestas a sus problemas reales. 

Esa es la cuestión que muchos intentan ocultar: antes que cualquier experimento ideológico o cálculo electoral, lo primero deberían ser los españoles.

● Primero los pensionistas que han cotizado toda una vida y contemplan con preocupación el futuro del sistema. 

● Primero los jóvenes españoles que no pueden emanciparse porque la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. 

● Primero las familias españolas trabajadoras que pagan impuestos cada vez más altos a cambio de servicios públicos saturados. 

● Primero los autónomos y pequeños empresarios españoles que sostienen el empleo pese a la presión fiscal. 

● Primero quienes llevan décadas levantando este país.

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en medidas centradas en facilitar permanencias, ampliar vías de regularización y presentar el arraigo como solución estructural y ningún país serio puede convertir la excepción en norma ni basar su política migratoria en parches continuos mientras descuida a su propia población.

Y lo más llamativo es que parte de la oposición aparenta discrepar, pero termina aceptando el mismo marco mental: discutir procedimientos, plazos o nombres jurídicos, sin atreverse a defender con claridad un principio elemental que muchos ciudadanos sí entienden: los recursos públicos son limitados y deben priorizar a los nacionales.

Españoles primero significa prioridad en empleo, vivienda pública, ayudas sociales, becas, plazas educativas, sanidad y protección social. Significa reconocer que los derechos construidos por generaciones de españoles no pueden tratarse como si hubieran surgido de la nada. Significa respetar a quienes han sostenido el sistema con su trabajo y sus impuestos.

También significa firmeza en seguridad y seguridad jurídica. 

Si el Ejecutivo, a través de iniciativas impulsadas desde el entorno de los ministros Marlasca y Bolaños, promueve cambios que afecten a procesos de regularización de extranjeros inmersos en procedimientos penales o privados de libertad, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras, límites precisos y máximas garantías legales.

La política migratoria no puede generar dudas sobre si personas pendientes de resolución judicial podrían beneficiarse de ventajas administrativas antes de que los tribunales concluyan su trabajo. 

En un Estado de derecho, el principio debe ser nítido: primero el cumplimiento de la ley, primero las resoluciones judiciales y primero la protección de los ciudadanos.

La inmigración ilegal no puede tener premio, y quien delinque debe responder con todas las consecuencias legales que correspondan. 

España necesita fronteras eficaces, inmigración legal y ordenada, integración exigente y expulsión de delincuentes extranjeros condenados conforme a la ley.

España necesita orden, sentido común y valentía política. No más complejos. No más discursos vacíos. No más ciudadanos de segunda en su propio país. Una nación seria protege primero a los suyos. Y hoy la consigna más justa, más sensata y más urgente es clara: los españoles, primero.

Felipe Pinto. 

LA ESTUPIDEZ ORGANIZADA

Hay algo más peligroso que la maldad abierta: la estupidez voluntaria. La maldad, al menos, suele perseguir un fin reconocible. Busca poder, dinero, privilegios o impunidad. Tiene dirección. Y cuando se descubre su objetivo, puede ser combatida. La estupidez, en cambio, es más dañina porque no necesita pensar: le basta con obedecer.

No hablo de falta de inteligencia, sino de la renuncia a utilizarla. De personas perfectamente capaces de razonar que, sin embargo, delegan su criterio en unas siglas, en un líder o en un relato cómodo. Prefieren que otros piensen por ellas. A cambio reciben seguridad, identidad, consignas sencillas y enemigos señalados. Es una tentación muy humana, pero políticamente devastadora.

Por eso la estupidez pesa más que la maldad. El malvado necesita cómplices; el estúpido se los regala. El corrupto necesita votos; el fanático se los entrega. El autoritario necesita silencio; el obediente se lo concede. Ahí comienza el deterioro de una democracia.

España ofrece hoy ejemplos preocupantes de esa dinámica. Millones de ciudadanos se consideran demócratas y seguramente lo son en su intención. Sin embargo, demasiados toleran prácticas que jamás aceptarían si las protagonizara el adversario político. Se normaliza la ocupación partidista de instituciones, el uso propagandístico del poder, la presión sobre órganos independientes y la política del enfrentamiento permanente.

Bajo el mandato de Pedro Sánchez, muchos observan una estrategia basada en dividir a la sociedad en bloques irreconciliables: izquierda contra derecha, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, territorios contra territorios. Y al mismo tiempo, una dependencia del poder sostenida mediante pactos con independentistas, extrema izquierda y otras fuerzas cuyo objetivo político pasa por debilitar el proyecto común de España.

A ello se añade un factor especialmente grave a ojos de muchos ciudadanos: la sombra constante de la corrupción en su entorno más cercano. Cuando aparecen investigados, imputados o señalados judicialmente miembros del entorno político, gubernamental o familiar del presidente, la confianza pública se resiente de forma inevitable. Y cuando, pese a todo ello, se actúa como si nada ocurriera, el mensaje que recibe la sociedad es demoledor: que el poder se protege a sí mismo mientras exige ejemplaridad a los demás.

Pero la estupidez política no pertenece solo a un lado. También se manifiesta cuando se sigue confiando ciegamente en quienes ya fracasaron. Muchos españoles perciben que el Partido Popular, cada vez que gobierna, administra gran parte de la herencia socialista sin desmontar sus estructuras de fondo, y termina devolviendo el poder sin haber impulsado una alternativa real. Ocurrió tras los errores finales de la etapa de José María Aznar y volvió a verse con Mariano Rajoy, cuya pasividad política y el desgaste por la corrupción facilitaron el cambio de ciclo.

Ese es el núcleo del problema: no solo la ambición de quienes buscan el poder a cualquier precio, sino la docilidad de quienes se lo siguen entregando una y otra vez. El corrupto sin votos cae. El sectario sin seguidores fracasa. El incompetente sin respaldo desaparece.

España no necesita ciudadanos enfurecidos, sino despiertos. No necesita creyentes de partido, sino votantes exigentes. Porque la libertad rara vez muere de un golpe; normalmente se apaga cuando demasiados dejan de pensar y otros aprovechan para mandar.

Felipe Pinto. 

EL PP FUE QUIEN AVALÓ QUE ZAPATERO REPRESENTARA A EUROPA EN VENEZUELA

Durante años, una parte importante del debate político español ha querido presentar a José Luis Rodríguez Zapatero como un actor aislado en Venezuela, una figura que actuaba por libre, movida únicamente por afinidades ideológicas o por intereses personales. Sin embargo, la realidad histórica desmonta ese relato. Fue el Gobierno del Partido Popular quien avaló oficialmente que Zapatero ejerciera como mediador europeo ante la crisis venezolana.

En julio de 2016, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno y José Manuel García-Margallo como ministro de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español expresó públicamente su respaldo a que la Unión Europea impulsara a Zapatero como enviado especial para Venezuela. No fue una especulación ni una maniobra escondida. Fue una posición pública, conocida y asumida por el Gobierno de España.

Aunque ya sin mayoría absoluta, el Partido Popular seguía al mando del Gobierno y de la acción exterior del Estado. Nadie obligó al PP a avalar a Zapatero; lo hizo porque quiso.

Las declaraciones oficiales no dejaron demasiadas dudas. El Gobierno estaba dispuesto a apoyar cualquier iniciativa de mediación. Traducido al lenguaje político real: el Partido Popular entendía que Zapatero era la figura válida, útil y adecuada para intentar abrir una vía de diálogo en Venezuela.

Y aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren silenciar: cuando se trata de protegerse entre sí, el bipartidismo siempre acaba encontrándose. En público discuten, se insultan y escenifican enfrentamientos irreconciliables. Pero cuando llega la hora de repartirse instituciones, proteger trayectorias políticas o darse cobertura mutua, PP y PSOE vuelven a reconocerse como socios naturales del sistema.

Porque no deja de resultar revelador que un Gobierno del Partido Popular eligiera como interlocutor internacional a uno de los grandes símbolos del socialismo español. Mientras en España vendían confrontación, fuera de España colaboraban con absoluta normalidad.

Y hoy asistimos a nuevas escenificaciones. Mucho entregar llaves de ciudades, homenajes y reconocimientos a María Corina Machado, mucho gesto solemne y mucha fotografía. Pero convendría no olvidar que antes avalaron el envío de Rodríguez Zapatero a Venezuela como interlocutor, como también se homenajeó a Gustavo Petro, exintegrante del M-19 y referente de la izquierda radical latinoamericana. La memoria selectiva vuelve a funcionar cuando conviene.

Aquello no fue solo una decisión diplomática. Fue también una fotografía del régimen de alternancia que durante décadas han protagonizado PP y PSOE: turnarse el poder, criticarse de cara al electorado y auxiliarse cuando conviene. Hoy unos fingen indignación con Zapatero. Ayer otros lo promocionaban institucionalmente.

La hemeroteca vuelve a hablar claro. Quienes ahora utilizan Venezuela como arma política deberían explicar por qué entonces bendijeron a quien hoy señalan. Porque la memoria selectiva puede servir para un titular, pero no resiste los hechos.

Lo sucedido demuestra que muchas veces el verdadero muro no separa izquierda y derecha tradicional, sino a los ciudadanos de una élite política que se protege a sí misma bajo distintas siglas.

La verdad quedó escrita. Una vez más, el Partido Popular: lanza la piedra, esconde la mano y después niega la evidencia. Y el bipartidismo, como casi siempre, cerrando filas cuando le conviene.

Felipe Pinto.