LA SOCIEDAD CIVIL MUESTRA SU APOYO AL CAMPO ESPAÑOL

Madrid vivió ayer algo que va mucho más allá de una simple protesta sectorial. Miles de tractores, agricultores, ganaderos y profesionales de la pesca entraron en la capital desde distintos puntos de España para denunciar una situación límite, y lo verdaderamente relevante no fue el colapso circulatorio, sino la reacción social. Frente a la caricatura habitual, la sociedad civil madrileña respondió con paciencia, comprensión y apoyo. Porque cada vez son más los españoles que entienden que el ataque al campo no es un problema ajeno, sino una agresión directa a la economía real, a la soberanía alimentaria y al futuro del país.

La movilización desmontó definitivamente el relato oficial. Durante años, el bipartidismo ha intentado presentar el malestar del sector primario como exagerado o interesado. Ayer quedó claro que no hay histeria ni privilegios: hay agricultores, ganaderos y pescadores asfixiados por normas imposibles, costes disparados y decisiones políticas tomadas de espaldas a la realidad productiva. Lo que colapsó Madrid no fue el tráfico, sino la mentira de que todo funciona.

En el centro de esta crisis se encuentra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto impulsado durante años por las élites políticas europeas con el respaldo activo del bipartidismo español. Tanto el PSOE como el PP han sido corresponsables de allanar el camino a este acuerdo gracias a sus relaciones privilegiadas en Bruselas y su sumisión a una política comercial que sacrifica al productor nacional en beneficio de intereses globalistas.

Conviene aclararlo con precisión: el acuerdo no está todavía ratificado definitivamente, pero eso no exonera a nadie. Las últimas votaciones en el Parlamento Europeo, en las que se decidió remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su encaje legal, han evidenciado divisiones internas, incluso dentro del Grupo Popular Europeo. Algunos eurodiputados populares votaron en contra, generando una apariencia de rectificación. Sin embargo, esta maniobra es, en la práctica, unilateral y de escaso impacto inmediato: no supone una ruptura real con el acuerdo ni una defensa efectiva del campo, sino un movimiento táctico que no cambia el fondo del problema.

Lo esencial sigue intacto: durante años, socialistas y populares han sostenido el avance de un tratado que permite la entrada de productos agrícolas y cárnicos procedentes de terceros países sin exigirles los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales que se imponen al productor español. Eso no es libre comercio, es competencia desleal institucionalizada. Mientras al agricultor y al ganadero se les exige cada vez más, se les condena a competir contra productos más baratos porque no cumplen las normas que aquí son obligatorias.

Las consecuencias no recaerán solo sobre el sector primario. Las sufrirá el consumidor, que verá desaparecer la producción nacional y cómo se normaliza la entrada de alimentos de menor calidad y menor control. Las sufrirá el mundo rural, condenado al cierre de explotaciones y al despoblamiento. Y las sufrirá España en su conjunto, al perder su capacidad de producir lo que consume y depender de terceros países para algo tan básico como la alimentación.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, simboliza esta política de abandono: obediencia ciega a Bruselas, silencio ante el sector y ninguna voluntad real de defensa. Pero el mensaje de ayer también interpela directamente a la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no puede esconderse tras votaciones parciales o gestos ambiguos mientras su partido ha sido pieza clave en el engranaje europeo que ha conducido a esta situación. El campo ya no acepta dobles discursos ni rectificaciones de última hora.

La movilización de Madrid no fue un punto final, sino un aviso serio. El sector primario ha demostrado que está organizado, que cuenta con respaldo social y que no va a desaparecer en silencio mientras el bipartidismo decide su futuro en despachos lejanos. Si no hay una negociación real, inmediata y con compromisos firmes, las protestas continuarán y se intensificarán. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de agricultores, ganaderos y pescadores, sino la soberanía alimentaria de España y el derecho de los españoles a vivir de su trabajo.

Ayer Madrid habló claro. La sociedad civil tomó partido. Y lo hizo del lado del campo español.

Felipe Pinto. 

¿EN QUÉ HA DEJADO PEDRO SÁNCHEZ AL PSOE?

Lo que está ocurriendo en el Partido Socialista Obrero Español en estos días está marcando un punto de no retorno. No es una polémica puntual ni un exceso verbal de la oposición: es la constatación definitiva de hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez con tal de aferrarse al poder, aunque para ello tenga que dinamitar cualquier límite moral, político o democrático que todavía algunos de sus seguidores creían ver en esas siglas.

La excarcelación de Cheroqui, histórico jefe de ETA, responsable directo de una larga cadena de asesinatos —entre los cuales al menos veinte fueron cometidos personalmente por él— y condenado a más de cuatrocientos años de prisión, no admite eufemismos ni coartadas técnicas. No es una decisión administrativa ni un trámite judicial inevitable: es una cesión política consciente, asumida y aceptada como precio a pagar para sostener una mayoría parlamentaria artificial. Y resulta todavía más obsceno que esa decisión haya sido firmada por una consejera del Gobierno vasco perteneciente al propio Partido Socialista.

Este hecho, por sí solo, debería haber provocado una crisis política de primer orden. Sin embargo, en el PSOE actual se despacha con silencio, complicidad y disciplina de partido. Ese es el nivel real del deterioro. Un partido que durante décadas ha utilizado un discurso de superioridad moral hoy se apoya sin rubor en quienes jamás han condenado el terrorismo y siguen justificando décadas de terror en España. Pactar con EH Bildu no es pragmatismo: es blanqueamiento moral y político del entorno de ETA.

El contraste con lo que muchos identificaban como el socialismo de Felipe González resulta especialmente revelador, no porque aquel socialismo fuera ejemplar, sino porque ni siquiera desde dentro del propio PSOE histórico se acepta ya la deriva actual. Sus declaraciones recientes han supuesto un auténtico terremoto: ha afirmado que mientras Pedro Sánchez continúe en el Gobierno no votará al PSOE ni a ningún otro partido. Su voto será en blanco. No por equidistancia ni por cansancio, sino por rechazo frontal a lo que hoy representan esas siglas.

Felipe González ha ido aún más lejos al marcar una línea que el sanchismo ha borrado deliberadamente. Ha dicho que no pactaría con Vox porque es la antítesis del socialismo, pero que a una distancia abismal, infinitamente mayor, queda cualquier posibilidad de pacto con EH Bildu, a quienes ha señalado sin rodeos como terroristas. Que esto lo diga quien fue presidente del Gobierno durante catorce años no es una anécdota: es una desautorización total al PSOE actual desde dentro de su propia historia.

Porque, ¿qué queda hoy del Partido Socialista Obrero Español? ¿Dónde está lo obrero cuando los trabajadores pierden poder adquisitivo, la clase media se empobrece y España encabeza los índices de precariedad laboral? ¿Dónde está lo socialista cuando la desigualdad crece entre ciudadanos —primero los políticos, luego el resto— y entre territorios, con privilegios evidentes para Cataluña frente al conjunto de las comunidades autónomas? No hay igualdad, no hay justicia social y no hay cohesión nacional.

Lo que sí hay es un presidente dispuesto a pactar con separatistas, con quienes quieren desintegrar España y con quienes jamás han pedido perdón por los asesinatos. Un presidente que ha convertido el Estado en moneda de cambio y el poder en un fin en sí mismo. No fue casual aquella expresión pronunciada en un acto socialista cuando se dijo que Pedro Sánchez era “el puto amo”. Felipe González lo explicó con crudeza: para que exista un amo, tiene que haber siervos. Y eso es exactamente en lo que ha convertido a su partido.

Mientras tanto, el voto obrero —ese al que el PSOE dice representar— huye. Se escapa de una izquierda que ha engañado sistemáticamente a los trabajadores y se refugia en opciones que hablan claro, sin complejos y sin pactos vergonzantes. El trasvase hacia Vox no es una moda ni una manipulación: es la consecuencia lógica del abandono, del engaño y del hartazgo acumulado.

La pregunta ya no es si el PSOE ha cambiado. La pregunta es en qué ha dejado Pedro Sánchez al PSOE. Y partiendo de la base de que nunca existió un socialismo bueno, sino más bien todo lo contrario, la respuesta es tan dura como evidente: lo ha dejado sin sus ya dudosos principios, sin memoria, sin el escaso resquicio de alma que pudiera conservar y hasta sin sus propias siglas.

Felipe Pinto. 

CON SANCHEZ CADA VEZ MAS ESPAÑOLES NO PUEDEN COMER DIGNAMENTE

España vive una paradoja cada vez más evidente. Mientras el Gobierno insiste en dibujar un país que avanza, crece y bate récords económicos, la realidad diaria de millones de familias es radicalmente distinta. Para muchos españoles, llegar a fin de mes ya no es el principal problema: el verdadero drama es comprobar cómo algo tan básico como alimentarse con dignidad empieza a quedar fuera de su alcance. No se trata de alarmismo ni de exageraciones políticas, sino de una degradación social que se refleja en los datos oficiales y, sobre todo, en la vida cotidiana.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el poder adquisitivo de las familias no ha dejado de erosionarse. La inflación acumulada, disparada durante estos años, ha golpeado con especial dureza a los hogares trabajadores, a los autónomos y a las rentas medias, que ven cómo sus salarios y pensiones no crecen al mismo ritmo que los precios. El resultado es claro: cada vez más españoles se ven obligados a recortar incluso en la cesta de la compra, algo impensable no hace tanto tiempo.

La dificultad para consumir carne, pollo o pescado con regularidad se ha extendido a un número creciente de hogares. No es una cuestión de hábitos saludables ni de decisiones personales, sino de falta de recursos. Cuando una familia tiene que calcular cada euro antes de entrar al supermercado y priorizar qué alimentos deja fuera, el problema no es cultural ni educativo, es económico y político. Es la consecuencia directa de un modelo que ha encarecido la vida mientras asfixia fiscalmente a quienes sostienen el país con su trabajo.

La fragilidad de la economía doméstica se hace aún más visible cuando se analiza la incapacidad de muchos hogares para afrontar gastos imprevistos. Una avería, un problema de salud o cualquier contratiempo puede desestabilizar por completo economías familiares ya al límite. Este escenario no genera tranquilidad ni estabilidad, sino miedo al futuro y dependencia. Dependencia de un Estado que sustituye prosperidad por subsidios y autonomía por control.

El encarecimiento de los alimentos básicos ha sido constante y especialmente dañino. Productos esenciales han subido muy por encima de lo razonable, castigando de forma directa a las familias con hijos y a quienes viven del campo, la ganadería o la industria alimentaria. Paradójicamente, son estos sectores los que más sufren las políticas ideológicas, las trabas burocráticas y los costes impuestos desde los despachos, mientras se presume de protección social desde el atril.

Las cifras de riesgo de pobreza y exclusión social siguen siendo inaceptables para un país como España. Uno de cada cuatro ciudadanos vive en situación de vulnerabilidad y, lo que resulta aún más grave, más de un tercio de los menores se encuentra en riesgo de pobreza. Estos datos desmontan el relato oficial de recuperación y progreso y revelan una sociedad cada vez más desigual, donde trabajar ya no garantiza vivir con dignidad.

Pese a esta realidad, el Gobierno celebra récords de recaudación y presume de indicadores macroeconómicos que poco tienen que ver con la vida real de la gente. Más impuestos no han supuesto una mejora del bienestar, sino una pérdida constante de capacidad de ahorro, de seguridad y de libertad económica. El ciudadano paga más, pero vive peor. Esa es la verdadera herencia del actual modelo.

Los propios datos del Instituto Nacional de Estadística confirman lo que millones de españoles ya sienten en su día a día. España no se está fortaleciendo, se está empobreciendo. La pobreza alimentaria no es un fenómeno aislado ni pasajero, es el síntoma más visible de un país en el que el coste de la vida se dispara mientras el Gobierno mira hacia otro lado.

Cuando en una nación desarrollada cada vez más ciudadanos no pueden comer dignamente, el problema no es coyuntural ni técnico. Es un problema de rumbo político. Y mientras no se apueste por proteger el trabajo, aliviar la carga fiscal, defender a las familias y garantizar que el bienestar llegue a los hogares y no se pierda en propaganda, esta realidad seguirá agravándose.

Felipe Pinto.

VOX: PASO FIRME HACIA EL BIENESTAR DE LOS ESPAÑOLES

Las elecciones autonómicas celebradas ayer en Aragón marcan un hito político que trasciende con mucho el ámbito regional. Los resultados no solo confirman un cambio profundo en el mapa político aragonés, sino que consolidan una tendencia nacional que ya no puede ser ignorada. Vox ha logrado un resultado histórico, doblando su representación parlamentaria y pasando de 7 a 14 diputados autonómicos, un crecimiento neto de siete escaños que contrasta frontalmente con el retroceso de los partidos del bipartidismo tradicional.

El Partido Popular ha ganado las elecciones con 26 diputados, pero lo ha hecho perdiendo dos respecto a la anterior legislatura. El PSOE, por su parte, se queda con 18 escaños, tras bajar cinco. Mientras unos retroceden y otros se estancan, Vox crece con fuerza, se queda a solo cuatro diputados del PSOE y se consolida como una fuerza política decisiva en Aragón.

Este resultado no es casual ni coyuntural. Es la expresión de un cambio de conciencia que se viene gestando desde hace tiempo. Aragón no es el primer aviso: antes lo fue Extremadura. Hoy, Aragón confirma que aquello no fue un hecho aislado, sino el segundo gran aviso de una tendencia clara, sostenida y creciente. Dos territorios distintos, con realidades diferentes, pero con un mensaje común: cada vez más ciudadanos están rompiendo con el miedo, con el conformismo y con un sistema político agotado.

A partir de ahora, Vox tendrá que ser respetado y tenido en cuenta. Ya no es una fuerza marginal ni un actor secundario al que se pueda caricaturizar o excluir del debate. Representa a cientos de miles de españoles que exigen políticas claras, valientes y centradas en los problemas reales. Este crecimiento no responde a una simple suma aritmética; responde a una progresión geométrica, incluso exponencial, en la que cada avance refuerza el siguiente. A más ciudadanos que pierden el miedo, más apoyo; a más apoyo, más visibilidad; y a más visibilidad, más crecimiento.

Uno de los factores clave que explica este avance es que, por fin, existe una oposición total, frontal y sin complejos a lo que representa la Agenda 2030. Una agenda impuesta desde organismos internacionales, asumida sin debate por el bipartidismo y aplicada de espaldas a la realidad social y económica de España. Bajo supuestos dogmas ideológicos, se ha atacado directamente a la ganadería, a la agricultura, al mundo rural, a la gestión racional del agua y los pantanos, y se ha criminalizado al productor mientras se destruye tejido económico.

A ello se suma una política de inmigración descontrolada, ajena a la capacidad real del país, y un uso dogmático del cambio climático como excusa para subir impuestos, restringir libertades y arruinar sectores estratégicos sin ofrecer alternativas viables. Todo ello ha generado pobreza, despoblación, inseguridad y una profunda sensación de abandono en amplias capas de la población.

Frente a este modelo, Vox se ha consolidado como el único partido dispuesto a plantar cara a esa agenda, a defender la soberanía nacional y a situar el bienestar de los españoles en el centro de la acción política. No se trata de negar problemas, sino de rechazar soluciones ideológicas que empeoran la vida de la gente común.

El resultado de Aragón demuestra que cada vez más ciudadanos comprenden el daño que estas políticas están causando y apuestan por una alternativa clara, sin ambigüedades y sin complejos. Una alternativa que defiende el campo, el trabajo, la seguridad, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles frente a privilegios y dogmas.

Y esto no termina aquí. En el horizonte inmediato están Castilla y León y Andalucía, dos comunidades donde habrá elecciones próximamente y donde empiezan a darse las mismas condiciones políticas y sociales que ya han producido este cambio. Territorios clave, con un peso decisivo del mundo rural y de una ciudadanía cansada de políticas que van contra sus propios intereses.

Y ojalá que después sea España entera, porque eso significaría una sola cosa: que Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales, algo que hoy desean millones de españoles. Sería la oportunidad de que el conjunto de la nación se pronuncie y decida si quiere seguir por el camino del deterioro institucional, la imposición ideológica y el desgaste social, o si apuesta por un cambio real.

Pero el objetivo de Vox no es únicamente crecer, ni acumular escaños, ni consolidarse como fuerza decisiva. El objetivo es gobernar España. Gobernarla con un proyecto claro, sin complejos y con liderazgo firme, de la mano de su presidente, Santiago Abascal. Porque solo desde el Gobierno se puede revertir el daño causado, recuperar la soberanía política y económica, proteger a los españoles y devolver a España el rumbo que nunca debió perder.

Extremadura abrió el camino. Aragón lo confirma. Lo que viene ya no es una hipótesis, es cuestión de tiempo. Porque cuando los ciudadanos despiertan y pierden el miedo, el cambio es imparable.

Felipe Pinto. 

EL CÁNCER NO ESPERA; EL GOBIERNO SÍ

Lo que está haciendo este Gobierno con la investigación contra el cáncer no es una negligencia menor ni un simple error de prioridades. Es una vergüenza política y moral. Una traición directa a la sociedad que dice representar. El cáncer no es un debate ideológico ni una cuestión opinable. Es un mal devastador que puede golpear a cualquiera en cualquier momento y que siempre acaba entrando en la vida de todos a través de la familia o de las personas más cercanas. Y frente a eso el Estado tiene una única obligación irrenunciable estar a la altura y poner todos los recursos necesarios para combatirlo.

Pero no lo hace. Y no porque no pueda sino porque no quiere. Nunca se ha recaudado tanto dinero público como ahora y nunca se ha gastado de forma tan irresponsable. Mientras el cáncer avanza sin esperar permisos ni calendarios políticos el Gobierno decide mirar a otro lado y dejar que la investigación dependa de donaciones privadas y del esfuerzo de fundaciones que hacen el trabajo que el Estado ha abandonado. Que organizaciones como Fundación CRIS Contra el Cáncer tengan que recaudar decenas de millones de euros para investigar enfermedades mortales es la prueba palmaria de un fracaso institucional de primer orden.

Este Gobierno prefiere gastar el dinero de todos en ideología en propaganda en chiringuitos y en redes clientelares diseñadas para mantener su poder y beneficiar a los suyos. Hay dinero para ONGs afines para estructuras de adoctrinamiento para campañas identitarias y para comprar voluntades. Lo que no hay es voluntad para invertir con seriedad en ciencia biomédica en investigación clínica y en ensayos que podrían salvar miles de vidas. Esa elección no es casual es deliberada. Y es profundamente inmoral.

Cada euro que se desvía de la investigación contra el cáncer para financiar intereses ideológicos es un euro robado a la esperanza de miles de familias. Cada retraso cada recorte encubierto cada excusa presupuestaria se traduce en diagnósticos más tardíos en tratamientos menos eficaces y en sufrimiento evitable. Cuando el Gobierno decide esperar el cáncer no espera. Avanza destruye y no da segundas oportunidades.

No es aceptable que el Estado se lave las manos mientras presume de gasto social. No es aceptable que se exija a los ciudadanos pagar cada vez más impuestos mientras se les niega lo más básico una apuesta firme y prioritaria por la vida. La investigación contra el cáncer no debería depender de la caridad ni de campañas puntuales. Debería ser una prioridad absoluta sostenida con dinero público porque esa es la razón de ser de un Estado que se dice social.

Lo que está ocurriendo no es solo un problema de gestión es un problema de valores. Este Gobierno ha decidido que la ideología está por encima de la ciencia y que la propaganda vale más que la vida. Y esa decisión retrata con crudeza a quienes la toman. La sociedad lo ve lo entiende y empieza a no perdonarlo porque cuando el cáncer entra en casa no hay relato que consuele ni eslogan que cure.

Esto va de elegir entre curar o adoctrinar entre salvar vidas o mantener chiringuitos entre servir al interés general o a los intereses de unos pocos. Existen alternativas políticas que sí entienden que la vida va primero y que el dinero público debe destinarse a lo esencial. Porque un país que abandona la lucha contra el cáncer mientras despilfarra en ideología es un país que ha perdido toda legitimidad moral.

El cáncer no espera. Y cada día que el Gobierno sigue esperando, borrándose del problema, es una vergüenza más que se acumula sobre sus hombros.

Felipe Pinto.