CEUTA: LA SOLUCIÓN ESTÁ EN MARRUECOS, NO EN REPARTIR EL PROBLEMA POR ESPAÑA

 

La llegada irregular, en forma de invasión, de menores marroquíes a Ceuta vuelve a plantear un problema que España lleva demasiado tiempo afrontando de manera equivocada.

El debate se centra una vez más en cómo distribuir a esos menores entre las distintas comunidades autónomas. A mi juicio, ésa no debería ser la cuestión principal. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué España debe asumir indefinidamente la responsabilidad de unos menores que proceden de Marruecos, cuando existe un Estado de origen que debe hacerse cargo de ellos?

La solución tiene que comenzar precisamente ahí y el objetivo prioritario del Gobierno español debe ser su repatriación inmediata a su país de origen y para hacerlo posible, nuestro Gobierno tiene la obligación de negociar con Rabat un acuerdo claro, permanente y vinculante que obligue a Marruecos a hacerse cargo de sus nacionales menores de edad.

Bajo ningún aspecto debe corresponder a España localizar desde Ceuta a cada padre, madre o familiar y mantener entretanto durante meses o años al menor bajo tutela de nuestras administraciones.

Hoy, es Ceuta la que soporta las consecuencias de una situación que desborda sus recursos y altera gravemente la vida cotidiana de sus ciudadanos. La saturación y el colapso de los servicios públicos, la creciente sensación de inseguridad y los delitos graves que puedan cometer algunos de los inmigrantes llegados irregularmente —incluidas agresiones sexuales o allanamientos— generan miedo entre la población, hasta el punto de que muchos vecinos pueden sentirse inseguros al salir de sus casas o dejar desprotegidas sus viviendas. La protección de los menores que llegan nunca puede significar la desprotección ni la pérdida de libertad y seguridad de quienes viven en Ceuta. Están antes nuestros compatriotas que la atención de nuestros invasores, aun sean menores.

Por lo tanto, España debe entregar esos menores con urgencia a las autoridades marroquíes competentes y expulsar sin ningún tipo de contemplación a los ya mayores. Y debe ser Marruecos quien, ya en su territorio y en el caso de los menores, los identifique, abra los correspondientes expedientes individuales, localice a las familias y determine las medidas de protección necesarias.

Si para establecer este sistema es necesario reformar nuestra legislación, habrá que reformarla, sí o sí.

Debemos ser tajantes y dejar atrás la alternativa que está imponiendo el Gobierno que consiste en repartir a los menores entre las comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, esa fórmula no sólo no resuelve el problema de origen, sino que lo traslada al interior de España y genera un conflicto añadido entre administraciones y partidos, algo que, además, políticamente beneficia de manera muy especial al PSOE porque una parte importante de la controversia termina trasladándose a aquellas comunidades autónomas gobernadas en coalición por el Partido Popular y Vox, dos partidos que mantienen posiciones muy diferentes en materia migratoria -el primero más permisivo y el otro, totalmente en contra de migración ilegal- y el resultado es previsible: cada nuevo reparto puede convertirse en una fuente de enfrentamiento entre ambos socios de gobierno.

Desde mi perspectiva, al PSOE le resulta políticamente conveniente que la discusión deje de centrarse en la responsabilidad del Gobierno de España y de Marruecos y pase a convertirse en una disputa entre PP y Vox sobre cuántos menores debe aceptar cada comunidad autónoma.

Mientras unos discuten si reciben diez, cincuenta o varios centenares, desaparece del primer plano la cuestión fundamental:
devolverlos a Marruecos y que, este país se haga cargo de sus propios menores.

Ese cambio de enfoque beneficia políticamente a Sánchez & Cía, porque desplaza su desgaste hacia las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, introduce una cuña entre dos partidos que gobiernan juntos en distintos territorios.

Por eso no solo considero equivocada la política de reparto sino injusta y peligrosa para todos los españoles.

Ceuta y, quizás Melilla, no pueden convertirse en la puerta de entrada de un problema que posteriormente distribuimos por toda España. La política debería ser exactamente la contraria: utilizar todo el peso diplomático, económico y político de España para alcanzar con Marruecos un mecanismo eficaz de readmisión y exigirle un compromiso efectivo y permanente con el control de sus fronteras.

En definitiva, el objetivo de un Gobierno normal debería ser conseguir que quienes han entrado ilegalmente en España, mayores y menores, regresen a su país de origen y que Marruecos asuma plenamente sus responsabilidades. Y, en el caso de los menores, que sean sus autoridades las encargadas de identificarlos, localizar a sus familias y devolverlos a ellas.

 

Felipe Pinto. 

SERENA SÁENZ: LA ESTRELLA LLAMADA A MARCAR UNA ÉPOCA

 

La lírica atraviesa un momento de enorme riqueza artística. La ópera continúa ofreciendo grandes voces que emocionan en los principales teatros del mundo, mientras que la zarzuela, uno de los tesoros culturales más valiosos de España, sigue luchando por ocupar el lugar que merece. Como español, considero que tenemos la obligación moral de proteger, difundir y prestigiar nuestro género lírico por excelencia, porque la zarzuela forma parte de nuestra identidad cultural y constituye un legado que no podemos permitirnos perder.

Afortunadamente, nuevas generaciones de cantantes están demostrando que es posible triunfar tanto en el gran repertorio operístico como en el español. Entre ellas destaca Serena Sáenz, quien, además de desarrollar una brillante carrera internacional en la ópera, ha demostrado un profundo respeto por la zarzuela. No es casualidad que obtuviera el Premio Pepita Embil de Zarzuela en Operalia gracias a una magnífica interpretación de la romanza «Me llaman la primorosa», ni que posteriormente haya asumido el exigente papel de Marola en La tabernera del puerto en el Teatro de la Zarzuela. Esa versatilidad confirma que nos encontramos ante una artista capaz de defender con la misma excelencia el gran repertorio internacional y nuestro patrimonio lírico español.

La lírica cuenta hoy con figuras extraordinarias. Entre las grandes divas de nuestro tiempo sigue brillando con luz propia Angela Gheorghiu, una de las sopranos más elegantes, expresivas y admiradas de las últimas décadas, cuya carrera constituye una referencia para cualquier cantante.

España también puede sentirse orgullosa de contar con magníficas voces. Sopranos como Sabina Puértolas, Ruth Iniesta o Saioa Hernández mantienen un extraordinario nivel artístico y representan con enorme dignidad a nuestro país en algunos de los principales teatros de ópera del mundo.

Sin embargo, desde mi punto de vista, hay una artista que destaca de una manera muy especial: Serena Sáenz.

La primera vez que uno la escucha tiene la sensación de encontrarse ante una voz privilegiada. Pero lo verdaderamente sorprendente no es solo la belleza de su timbre, sino la facilidad con la que afronta las mayores dificultades técnicas. Los agudos parecen surgir con absoluta naturalidad, la coloratura es limpia y precisa, la afinación impecable y, en ningún momento, transmite sensación de esfuerzo. Como solemos decir coloquialmente, canta sobrada.

Pero Serena Sáenz no destaca únicamente por su extraordinaria técnica vocal. Posee otra cualidad que distingue a las grandes figuras de la lírica: su capacidad interpretativa. No se limita a cantar; vive cada personaje. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento están al servicio del papel que representa. Sobre el escenario deja de ser Serena para convertirse en la protagonista de la historia. Esa unión entre una voz excepcional y una interpretación profundamente creíble hace que el espectador no solo admire su canto, sino que se emocione con él. En una época en la que la ópera y la zarzuela exigen artistas completos, Serena reúne las condiciones de una auténtica cantante-actriz.

 

No es casualidad que dos gigantes de la lírica hayan apostado por ella. Plácido Domingo reconoció su talento en Operalia, el prestigioso concurso que ha servido de trampolín para muchas de las grandes figuras de la ópera actual. Y Elīna Garanča dio un paso todavía más significativo al incorporarla como artista invitada en su gira internacional Garanča & Friends, una decisión que solo se toma cuando existe una absoluta confianza en la calidad artística de quien comparte escenario.

Ese tipo de respaldos no garantizan una carrera, pero sí constituyen un magnífico aval. Los grandes artistas saben reconocer el talento cuando lo tienen delante.

A Serena todavía le queda un largo recorrido y, probablemente, lo mejor de su carrera aún esté por llegar. Precisamente por eso resulta tan apasionante seguir su evolución. Tiene juventud, una técnica extraordinaria, musicalidad, inteligencia interpretativa, carisma y una presencia escénica que atrapa desde el primer momento.

Naturalmente, cada aficionado tendrá sus preferencias y la historia de la lírica siempre estará llena de voces inolvidables. Pero, si alguien me preguntara cuál es hoy la soprano española con mayor proyección internacional y con más posibilidades de convertirse en una referencia mundial de su generación, mi respuesta sería clara: Serena Sáenz.

El tiempo, que es el juez más exigente en el mundo de la música, tendrá la última palabra. Pero todo invita a pensar que estamos asistiendo al nacimiento de una artista destinada a ocupar un lugar entre las grandes sopranos españolas de este siglo.

Ojalá dentro de unas décadas podamos decir que tuvimos el privilegio de contemplar, desde sus primeros grandes pasos, el nacimiento de una de esas voces que terminan escribiendo la historia de la lírica. Porque las grandes carreras no se improvisan; nacen del talento, del trabajo incansable y de una capacidad poco común para emocionar. Y Serena Sáenz posee, a mi juicio, esas tres cualidades en un grado verdaderamente excepcional.

Felipe Pinto
 

ANDALUCÍA NECESITA UNA VERDADERA LIMPIEZA DE LAS REDES CLIENTELARES

Durante demasiados años, Andalucía ha vivido atrapada en una forma de hacer política donde el poder institucional ha terminado mezclándose peligrosamente con estructuras de dependencia política, subvenciones dirigidas, organismos paralelos y redes de influencia construidas alrededor del poder del Partido Socialista Obrero Español. No se trata únicamente de corrupción económica —que también ha existido y ha quedado reflejada en escándalos de enorme gravedad como el caso de los ERE— sino de algo todavía más profundo: la consolidación de una cultura política clientelar que ha condicionado durante décadas la vida pública andaluza.

El problema de las redes clientelares no consiste solo en colocar a determinadas personas en determinados puestos. El verdadero problema aparece cuando una parte de la sociedad termina dependiendo políticamente del bipartidismo para acceder a subvenciones, empleo público indirecto, ayudas, contratos o influencia institucional. Ahí deja de existir igualdad real entre ciudadanos y comienza a construirse un sistema donde el poder se perpetúa alimentando dependencias, favores y silencios interesados. Poco a poco, las instituciones dejan de percibirse como herramientas al servicio de todos y pasan a ser vistas como estructuras controladas por quienes llevan demasiado tiempo ocupando parcelas de poder.

Andalucía ha sufrido durante demasiado tiempo ese modelo. Un modelo que ha acabado generando una sensación de resignación colectiva, la idea de que nada podía cambiar porque todo terminaba moviéndose dentro de los mismos círculos políticos, administrativos y mediáticos. La alternancia parecía imposible y precisamente por eso el cambio político producido en Andalucía ha tenido tanta trascendencia histórica. Sin embargo, el simple relevo electoral no basta por sí solo para desmontar inercias construidas durante décadas.

El Partido Popular tiene ahora una responsabilidad histórica que va mucho más allá de gobernar o de gestionar el día a día de la administración autonómica. Tiene la obligación moral y política de desmontar definitivamente las estructuras clientelares heredadas y garantizar que nunca vuelvan a reproducirse bajo ningún color político. Porque el verdadero problema no desaparece simplemente sustituyendo unos nombres por otros. Si el nuevo poder termina utilizando las mismas prácticas, Andalucía habrá cambiado únicamente de administradores, pero no de sistema.

Y en ese escenario, VOX tiene una oportunidad política evidente. Al ser sus votos decisivos para la gobernabilidad de Andalucía, debería exigir como condición imprescindible para cualquier pacto de gobierno un compromiso firme y verificable para eliminar las redes clientelares construidas durante décadas. No deben bastar declaraciones genéricas ni simples promesas de transparencia. Hacen falta auditorías reales, reducción de estructuras paralelas, control exhaustivo de subvenciones, despolitización de organismos públicos y garantías de que el dinero de todos los andaluces deja de utilizarse como herramienta de influencia política.

Eliminar las redes clientelares exige valentía política y también reformas profundas. Exige revisar organismos públicos, empresas públicas y entes instrumentales que durante años han servido como herramientas de influencia política. Exige transparencia absoluta en subvenciones, ayudas y contratos públicos. Exige profesionalizar la administración para evitar colocaciones partidistas y reforzar la independencia de los funcionarios y órganos de control. Exige que los ciudadanos puedan conocer con claridad cómo se adjudica cada contrato y cómo se distribuye cada euro de dinero público. Y exige también proteger a quienes denuncian irregularidades, porque muchas veces el silencio ha sido una de las piezas fundamentales sobre las que se han sostenido estas estructuras y todo ello sería una quimera si dependiera exclusivamente del PP pero está VOX y con paso, para poder hacer que se lleve a cabo.

Pero además de las reformas técnicas, hace falta voluntad real de regeneración democrática. Porque las redes clientelares sobreviven muchas veces gracias a la costumbre, al miedo o a la dependencia económica y social que terminan generando. Romper esas dinámicas significa enfrentarse a intereses enquistados desde hace décadas y asumir el desgaste político que inevitablemente produce cualquier proceso serio de limpieza institucional.

Andalucía no puede permitirse volver al pasado. La comunidad más poblada de España necesita instituciones fuertes, neutrales y transparentes. Necesita ciudadanos libres, no dependientes políticamente de ninguna estructura de poder. Necesita recuperar plenamente la confianza en que el mérito, la igualdad y la legalidad están por encima del carnet político.

El gran reto histórico del Partido Popular no debería ser únicamente mantenerse en el gobierno. Su verdadero reto debería ser conseguir que en Andalucía nunca más pueda construirse una maquinaria clientelar semejante a la que durante tantos años ha condicionado la vida política andaluza. Porque cuando las instituciones dejan de pertenecer a los ciudadanos y pasan a convertirse en herramientas de supervivencia política de determinados partidos, la democracia se debilita, la sociedad se fractura y la libertad real de los ciudadanos termina deteriorándose lentamente.

Y Andalucía y, por ende, España, merecen mucho más que eso.

Felipe Pinto. 

PRIORIDAD NACIONAL: AYUDAS A CAMBIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Cada vez más españoles perciben una realidad incómoda que durante años se ha intentado ocultar: una cosa es ayudar a quien verdaderamente lo necesita y otra muy distinta utilizar el dinero público para crear redes de dependencia política. La solidaridad bien entendida dignifica. El clientelismo degrada la democracia.

España no puede seguir instalada en un modelo donde determinadas ayudas, subsidios y prestaciones se entregan sin exigir responsabilidad alguna a quienes sí están en condiciones de aportar. Y tampoco puede tolerarse que esas ayudas se conviertan en una herramienta electoral al servicio del poder.

Muchos ciudadanos tienen la sensación de que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido una parte del sistema asistencial no como un mecanismo temporal de protección social, sino como un auténtico caladero de votos cautivos. Cuantas más personas dependan del subsidio, más fácil resulta presentarse después como salvador imprescindible. Es una fórmula vieja: generar necesidad para después administrar dependencia.

Mientras tanto, el país sigue acumulando carencias evidentes. Montes abandonados que arden en verano, barrios deteriorados, caminos rurales sin mantener, ancianos que viven solos, dependientes que necesitan compañía, servicios locales desbordados y miles de tareas útiles que beneficiarían al conjunto de la nación.

La respuesta lógica no es eliminar ayudas, sino transformarlas. Quien reciba determinadas prestaciones y esté capacitado debería corresponder con servicios a la comunidad. Labores de desbroce y limpieza forestal, mantenimiento de espacios públicos, apoyo logístico municipal, acompañamiento a mayores en soledad, colaboración con bancos de alimentos o ayuda social básica bajo supervisión profesional.

Quien no pueda realizar tareas físicas podría desempeñar otras igualmente necesarias: compañía a ancianos, apoyo en centros sociales, gestiones sencillas o asistencia comunitaria adaptada. Se trata de convertir el subsidio en una herramienta de integración y utilidad pública, no en una paga sin rumbo.

Además, este sistema rompería la cultura de la pasividad que tanto daño hace. El trabajo, aunque sea comunitario y temporal, devuelve hábitos, autoestima, responsabilidad y vínculo con la sociedad. Cobra quien lo necesita, sí, pero también contribuye quien puede hacerlo.

Naturalmente, deben quedar excluidos quienes realmente no puedan trabajar: enfermos graves, discapacitados severos, dependientes o mayores sin autonomía. La justicia consiste en distinguir entre imposibilidad real y simple comodidad subvencionada.

La prioridad nacional exige otra filosofía: proteger primero a nuestros ciudadanos vulnerables, administrar con rigor cada euro público y evitar que las ayudas sean usadas como herramienta partidista.

Menos clientelismo electoral. Menos votos comprados con subsidios. Más manos limpiando montes, cuidando mayores y mejorando España.

Eso sí sería justicia social de verdad.

Felipe Pinto. 

LA IGLESIA ACTUAL ES UNA VERGÜENZA PARA EL CRISTIANISMO

Cada vez somos más los españoles que contemplamos con tristeza cómo una institución que durante siglos representó la fe, la tradición y una parte esencial del alma de España parece hoy atrapada en la confusión, la tibieza y el acomodo. La Iglesia, que debería ser faro moral y guía espiritual transmite demasiadas veces la imagen de una estructura burocrática temerosa de incomodar al poder y obsesionada con agradar a quienes jamás respetarán aquello que el cristianismo representa.

La Iglesia no puede estar para repetir consignas ideológicas de moda ni para adaptarse dócilmente a cada corriente política dominante. Tiene que estar para anunciar la verdad cristiana, para defender la vida desde su inicio hasta su final natural, para proteger a la familia, para sostener a los débiles y para recordar que una nación sin raíces acaba siendo un pueblo sin alma. Sin embargo, estamos asistiendo al bochornoso espectáculo de una jerarquía silenciosa ante leyes gravísimas, prudente hasta el extremo frente a los ataques a la fe y sorprendentemente complaciente con quienes promueven una agenda frontalmente contraria a su propia doctrina.

Resulta incomprensible para muchos creyentes que se busquen entendimientos, gestos o cercanías con fuerzas políticas que defienden el aborto como derecho, la eutanasia como avance social y una concepción utilitarista de la vida humana. Si la Iglesia considera sagrada toda vida, desde el concebido no nacido hasta el anciano enfermo o dependiente, no puede transmitir la sensación de contemporizar con quienes impulsan justamente lo contrario. Cuando calla, duda o se muestra ambigua en cuestiones esenciales, no parece misericordiosa, parece rendida al poder establecido. 

Lo más doloroso es comprobar además cómo algunos sectores eclesiales parecen blanquear o justificar a herederos ideológicos de quienes persiguieron a los creyentes, asesinaron religiosos, antecesores suyos, incendiaron templos y destruyeron símbolos sagrados durante la Guerra Civil Española. Miles de sacerdotes, monjas y laicos fueron asesinados por odio religioso y centenares de iglesias quedaron arrasadas. Que hoy se mire hacia otro lado ante esa memoria resulta para muchos una humillación moral.

Mientras se ridiculizan procesiones, se caricaturiza la fe y se reescribe la historia desde el sectarismo, muchos pastores callan o hablan con una ambigüedad desesperante. Parecen más preocupados por no molestar al poder político que por difundir nuestra doctrina o acompañar a quienes esperan una palabra clara. 

Ese silencio no es prudencia, es renuncia. Esa neutralidad no es caridad, es cobardía institucional.

También sorprende que se hable tanto de grandes causas abstractas y tan poco de los dramas concretos que sufren millones de españoles: la crisis de natalidad, la ruptura familiar, la soledad de los mayores, la pérdida de identidad cultural, la inseguridad creciente o la dificultad de tantos jóvenes para formar un hogar. España necesita una Iglesia cercana al pueblo real, no a las élites ideológicas que la utilizan cuando conviene y la desprecian cuando deja de servir.

El cristianismo nació de la verdad, del sacrificio y del coraje. Jesús de Nazaret no buscó el aplauso del poder ni suavizó su mensaje para resultar simpático a los poderosos de su tiempo. Por eso duele ver cómo quienes deberían custodiar ese legado parecen avergonzarse de él.

La Iglesia católica debe rectificar, recuperar su firmeza, volver a honrar a sus mártires, ponerse a defender sin complejos la vida y estar al lado de sus fieles. Si continúa instalada en la indefinición, muchos seguirán pensando que no ha traicionado solo a una parte de España, sino al propio cristianismo que dice representar.

Felipe Pinto.