LA TARDÍA CONVERSIÓN DEL "PEPERO" VIVAS

Todo antes que VOX… hasta que la realidad terminó dando la razón a muchas de sus propuestas.

Algo está cambiando en Ceuta. O, para ser más precisos, quien parece haber cambiado es Juan Vivas.

El presidente ceutí utiliza ahora un lenguaje que hasta hace no demasiado tiempo resultaba mucho más fácil escuchar en boca de dirigentes de VOX que en la del Partido Popular. Habla de reforzar seriamente la frontera, de ampliar el espigón, de incrementar la presencia militar y de devolver a quienes accedan ilegalmente a territorio español.

Bienvenidas sean las rectificaciones cuando la realidad obliga a reconocer los errores. El problema aparece cuando uno repasa cómo hemos llegado hasta aquí.

Porque algunas de las medidas que Vivas presenta hoy como necesarias ya fueron planteadas anteriormente por VOX. El caso del espigón resulta especialmente significativo: cuando esa formación propuso su ampliación, la iniciativa recibió en tres ocasiones el voto contrario de Vivas. Ahora es él quien reclama una actuación en ese sentido.

Tampoco puede olvidarse lo sucedido durante la crisis fronteriza de 2021. En aquellos momentos, las posiciones de Santiago Abascal sobre inmigración provocaron una enorme confrontación política en Ceuta. Fátima Hamed llegó a promover su declaración como persona non grata y aquella iniciativa pudo prosperar después de que Vivas optara por la abstención.

Pero quizá lo más revelador para comprender la dimensión de esta tardía conversión sea recordar la política de alianzas que Vivas decidió practicar.

Su rechazo a VOX no fue una simple discrepancia puntual. Llegó a convertirlo prácticamente en una cuestión de principios. En 2023 lo manifestó sin ambigüedades: «No vamos a pactar con Vox porque no es bueno para Ceuta».

Y mientras cerraba de esa manera cualquier posibilidad de entendimiento con quienes defendían algunas de las medidas fronterizas que ahora él mismo reclama, mantenía abierta la puerta a acuerdos con el PSOE y con el MDyC de Fátima Hamed, formación de marcada orientación proislamista.

Y no se trataba únicamente de acuerdos administrativos ocasionales.

Después de las elecciones de 2023, Vivas buscó un gran acuerdo que garantizara la gobernabilidad de Ceuta con el PSOE y el MDyC. Las conversaciones con los socialistas llegaron incluso a contemplar la posibilidad de un Gobierno de coalición. Finalmente no fue Vivas quien cerró aquella puerta, sino la dirección nacional del PSOE, que desde Ferraz impuso un «no» rotundo al acuerdo.

La contradicción resulta difícil de ignorar.

Vivas consideraba que pactar con VOX podía poner en peligro la convivencia de Ceuta y hablaba de «diferencias irreconciliables» con la formación de Santiago Abascal. Sin embargo, estaba dispuesto a buscar la estabilidad política de la ciudad de la mano del PSOE y del MDyC.

Todo antes que VOX.

Todo antes que sentarse con el partido que llevaba años reclamando un mayor control de la frontera, el refuerzo de los medios destinados a protegerla y una política mucho más firme frente a la inmigración ilegal.

La paradoja es todavía mayor si recordamos que durante años VOX fue acusado precisamente de poner en peligro la convivencia ceutí por defender muchas de esas posiciones. Vivas llegó a afirmar que no pactaría nunca con quienes, a su juicio, negaban la realidad multicultural de Ceuta.

Hoy, sin embargo, la realidad parece haberle obligado a modificar sustancialmente su discurso.

Después de años levantando un auténtico muro político frente a VOX, rechazando sus propuestas y prefiriendo buscar acuerdos con socialistas y localistas, Vivas empieza ahora a utilizar argumentos extraordinariamente parecidos a aquellos por los que VOX fue señalado, aislado y descalificado.

Por eso sorprenden determinados discursos actuales.

Después de años de discrepancias, rechazo y distanciamiento, buena parte de aquello que VOX defendía para la frontera ceutí empieza a aparecer incorporado al argumentario de quien antes se oponía a esas mismas políticas.

Y ocurre precisamente cuando Ceuta atraviesa una situación de enorme gravedad, marcada por la pérdida de vidas humanas, las denuncias de agresiones sexuales y el temor que los últimos acontecimientos han provocado entre muchos ciudadanos.

Vivas se pregunta ahora cómo se ha podido llegar a este punto.

Quizá la pregunta debería ser otra:

¿Cuántas de las medidas que hoy considera urgentes podrían haberse adoptado cuando fueron propuestas por primera vez?

Y habría que añadir una segunda:

¿Cuánto tiempo perdió Ceuta mientras Vivas consideraba preferible entenderse con el PSOE y con el MDyC antes que sentarse a negociar con VOX?

Porque gobernar también consiste en anticiparse a los problemas.

Y cuando las soluciones que ayer se rechazaban terminan presentándose como necesarias, no estamos ante una nueva política.

Estamos ante una rectificación tardía.

Felipe Pinto. 

LA LIBERTAD QUE HEMOS PERDIDO

Abramos los ojos y reconozcamos lo evidente. 

Que las nuevas generaciones conozcan también lo que vivimos quienes estuvimos allí.

Durante décadas nos han repetido que durante el franquismo los españoles vivíamos sin libertad. Yo viví aquellos años, especialmente los años sesenta y setenta, y tengo derecho a contar lo que vi, lo que viví y, sobre todo, a sacar mis propias conclusiones.

Es indiscutible que no existía libertad política como la entendemos actualmente. No había pluralidad de partidos ni se podía hacer oposición política libremente. Eso es un hecho y no pretendo negarlo.

Pero la libertad no consiste solamente en poder votar cada cuatro años o en elegir entre unas siglas y otras.

Existe también la libertad de poder formar una familia, comprar una vivienda, ahorrar, adquirir un automóvil, disfrutar de unas vacaciones y mirar hacia el futuro sin sentir que el Estado se queda con una parte cada vez mayor del fruto de tu trabajo.

Y ahí mi recuerdo de aquella España es muy diferente del relato que hoy se nos pretende imponer.

Una clase media que progresaba

Durante los años del desarrollismo, España experimentó una transformación extraordinaria. Millones de españoles mejoraron su nivel de vida y apareció una amplísima clase media.

Familias en las que normalmente trabajaba un solo miembro —habitualmente el cabeza de familia— podían adquirir una vivienda, pagarla en plazos que hoy parecen impensables, comprar su primer utilitario y disfrutar de vacaciones. Muchas llegaron incluso, con los años, a comprar un pequeño apartamento en la playa o una casa en el campo.

No afirmo que todo el mundo viviera así ni que no existiera pobreza. Claro que existía. España venía de ser un país mucho más pobre que el actual.

Lo que sostengo es algo diferente: existía una enorme sensación de progreso. Quien trabajaba tenía motivos para pensar que sus hijos vivirían mejor que él.

¿Podemos decir lo mismo hoy con semejante seguridad?

De un sueldo a dos… y aun así no llega...

Ésta es para mí una de las mayores paradojas de nuestro tiempo.

Hoy, en muchísimos matrimonios trabajan los dos cónyuges. Entran dos salarios en casa y, sin embargo, para una enorme cantidad de familias comprar una vivienda supone hipotecarse durante treinta años.

Y para muchos jóvenes ni siquiera eso resulta posible.

Hemos progresado espectacularmente en tecnología, medicina, comunicaciones, transporte y comodidades. Sería absurdo negarlo. La ciencia y los descubrimientos han hecho nuestra vida infinitamente más cómoda que hace cincuenta años.

Pero vivir más cómodamente no significa necesariamente vivir con mayor libertad económica.

De poco sirve disponer de adelantos que entonces parecían ciencia ficción si formar un hogar, tener hijos, comprar una vivienda o ahorrar para el futuro se convierte cada vez más en una carrera de obstáculos.

Un Estado cada vez más presente

También recuerdo perfectamente una España en la que la carga fiscal era muchísimo menor.

Naturalmente había impuestos. Pero eran incomparablemente menores y la presencia económica del Estado en la vida del ciudadano era muy inferior a la actual.

Hoy pagamos impuestos cuando cobramos, cuando compramos, cuando tenemos una vivienda, cuando llenamos el depósito, cuando consumimos electricidad, cuando heredamos y prácticamente en cualquier actividad económica.

Podremos discutir si, sumando impuestos directos, indirectos y cotizaciones, la carga que soporta una determinada persona representa un 40, un 50 o un 60 por ciento. Dependerá de su renta, de su patrimonio, de su consumo y de qué conceptos incluyamos.

Pero ésa no es la cuestión fundamental.

La pregunta que yo me hago es mucho más sencilla:

¿Ha mejorado nuestra vida en la misma proporción en que ha aumentado lo que entregamos al Estado?

Mi respuesta es rotundamente no.

¿Y para mantener qué?

Porque paralelamente hemos construido una gigantesca estructura política y administrativa: Gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, consejos, ayuntamientos, parlamentos, empresas públicas, organismos, observatorios, asesores, cargos de confianza y toda una estructura que cuesta muchísimo dinero mantener.

Y a ello debemos sumar algo todavía más indignante: los innumerables casos de corrupción política que hemos conocido durante nuestra democracia.

Mientras mantenemos todo ese entramado, una parte de aquella clase media que fue creciendo durante décadas siente que cada vez tiene menos capacidad de ahorro, menos posibilidades de adquirir patrimonio y menos seguridad sobre su futuro.

Y nuestros jóvenes contemplan cómo algo tan elemental como abandonar la casa de sus padres y comprar una vivienda se convierte para muchos en un sueño prácticamente inalcanzable.

La libertad no consiste solamente en votar

Entonces llegamos a la cuestión que muchos no quieren siquiera plantearse.

Me dicen:

«Con Franco no había libertad».

Y yo respondo:

¿De qué libertad hablamos?

Porque si hablamos exclusivamente de libertad política, estoy de acuerdo: era incomparablemente menor que la actual.

Pero si hablamos de la libertad que proporciona tener una vivienda, poder mantener una familia con el fruto del trabajo, ahorrar, adquirir patrimonio, disfrutar de unas vacaciones y saber que el esfuerzo de hoy permitirá vivir mejor mañana, entonces mi respuesta cambia radicalmente.

Yo viví aquella época.

Y desde mi experiencia personal puedo decir que me sentía mucho más libre en muchos aspectos de mi vida cotidiana que como ciudadano de la España actual.

El tiempo permite juzgar

Han pasado más de cincuenta años y tenemos perspectiva suficiente para contemplar las consecuencias de ambos modelos.

Los partidos políticos debían servir para representar las diferentes sensibilidades dentro de una misma nación. Demasiadas veces han terminado haciendo exactamente lo contrario: dividir a los españoles en bloques, enfrentar territorios, resucitar enfrentamientos del pasado y convertir la política en una profesión extraordinariamente rentable para demasiada gente.

Y por eso me atrevo a formular una conclusión que sé perfectamente que resultará incómoda para muchos pero que con el paso de los años, yo he llegado a preferir aquella falta de libertad política a determinadas consecuencias del sistema político que vivimos actualmente.

Es mi opinión. No pretendo obligar a nadie a compartirla.

Pero tampoco acepto que, cincuenta años después, quienes no vivieron aquella época pretendan explicarme cómo vivíamos quienes sí estuvimos allí.

La democracia nos ha dado libertades políticas que entonces no teníamos. Eso es indiscutible.

Pero también tenemos derecho a preguntarnos qué otras libertades hemos ido perdiendo por el camino.

Porque la libertad no consiste únicamente en depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. También consiste en disponer del fruto de nuestro trabajo, poder formar una familia, tener una vivienda, ahorrar, prosperar y contemplar el futuro de nuestros hijos con esperanza.

Por eso creo que ha llegado el momento de abrir los ojos y reconocer lo evidente.

Y, sobre todo, de contárselo a las nuevas generaciones.

Que conozcan todas las versiones. Que escuchen también a quienes estuvimos allí. Que comparen, que piensen y que saquen sus propias conclusiones.

Porque quienes vivimos aquella España sabemos perfectamente que no todo fue como ahora pretenden contarlo.

Y después de más de medio siglo, yo tengo muy clara mi conclusión:

hemos ganado muchas comodidades y libertades políticas, pero hemos perdido por el camino otras libertades más necesarias y que eran esenciales para vivir y prosperar.

Felipe Pinto.

PRIORIDAD NACIONAL PARA ARTISTAS Y PROFESIONALES LIBERALES

Existe algo profundamente injusto en nuestro sistema social y es que no es razonable que una persona que llega a España y nunca ha cotizado a la Seguridad Social pueda acceder a determinadas ayudas públicas mientras españoles que han trabajado toda su vida llegan a la vejez prácticamente desprotegidos.

Hay generaciones enteras de profesionales como actores, actrices, cantantes, músicos, disc-jockeys, bailarines, artistas, fotógrafos, modelos, relaciones públicas, representantes, trabajadores del mundo del espectáculo y algunas más, que han desarrollado durante décadas su actividad pero tocándoles una época en la que muchas de estas profesiones no estaban adecuadamente integradas en la Seguridad Social o en la que era habitual trabajar sin que las empresas les dieran de alta.

Hoy pagan las consecuencias.

No sería, en verdad, justo que quien no ha cotizado cobre la misma pensión que quien lo ha hecho durante cuarenta años. Pero tampoco lo es condenar a la pobreza a quien trabajó toda su vida simplemente porque el sistema de entonces no contemplaba adecuadamente su profesión.

Antes de repartir ayudas a los que jamás han cotizado en España, deberíamos garantizar un retiro digno a quienes trabajaron aquí, generaron riqueza aquí y contribuyeron durante toda una vida en este país de muchas otras maneras.

La solidaridad es necesaria. Pero empecemos por no abandonar a los nuestros.

Felipe Pinto.

Concejal de VOX en Torrelodones y Vicepresidente Asociación Espíritu de los 80 (AE80)

LOS INMIGRANTES NO SON LOS CULPABLES

 

 

Los que realmente han mejorado su vida a costa del esfuerzo de los ciudadanos no son quienes llegan de fuera, sino una clase política nacida del bipartidismo y los miles de cargos, asesores, organismos y estructuras que forman su maquinaria y que mantenemos entre todos.

Y conviene hacer una distinción fundamental: una cosa es la inmigración legal, la de quienes llegan a España cumpliendo las normas, y otra muy distinta la inmigración irregular. Es sobre esta última y, sobre todo, sobre las políticas que la incentivan donde debe centrarse el debate.

El problema no es únicamente quien responde a la llamada, sino, sobre todo, quien lleva años haciéndola y permite que esa llamada tenga consecuencias. Quienes intentan llegar a España de forma irregular responden, en buena medida, a unas políticas que transmiten la idea de que entrar irregularmente puede acabar dando acceso a acogida, ayudas sanitarias, económicas y sociales, aparte de una posterior regularización.

Pero un Estado fuerte debe controlar sus fronteras, impedir la entrada irregular y, cuando esta se produzca, aplicar la legislación y proceder a la devolución o expulsión cuando legalmente corresponda. Sin efecto llamada, con fronteras controladas y haciendo cumplir la ley, la inmigración irregular no tendría por qué convertirse en el problema que es hoy.

Y Ceuta es la demostración más reciente de hasta dónde puede llegar esta irresponsabilidad. Lo ocurrido no fue una simple entrada masiva, sino una invasión en toda regla, que obliga a preguntarse qué sabía el Gobierno español y por qué no fue capaz de impedirla, especialmente cuando existen informaciones contradictorias sobre los avisos previos de nuestros servicios de inteligencia. También obliga a preguntarse por la responsabilidad de Marruecos: estos días ha demostrado que, cuando quiere cerrar su frontera, puede hacerlo. Y queda una pregunta política todavía más incómoda: ¿por qué España mantiene una posición de tanta debilidad frente a Rabat? El espionaje con Pegasus a los teléfonos de Sánchez y varios ministros está acreditado; que Marruecos conserve información comprometedora y la utilice como instrumento de presión no lo está. Pero, precisamente por eso, el Gobierno debería despejar definitivamente cualquier duda y explicar a los españoles qué ocurrió, qué sabía y por qué no actuó a tiempo. ¿O quizás no puede hacerlo?

Por todo ello, la responsabilidad no debe descargarse únicamente sobre quien responde a esos incentivos, sino principalmente sobre quienes los crean, los mantienen y se niegan a corregirlos. Y si detrás de estas políticas existe además la esperanza de convertir mañana a quienes hoy se benefician de ellas en futuros votantes, estamos ante algo todavía más grave.

Mientras unos quieren venir a España buscando mejorar su vida, los que llevan décadas mejorando la suya a costa del contribuyente son los corruptos que han proliferado alrededor del bipartidismo y sus estructuras. Y no hace falta remontarse demasiado: ahí están Ábalos, la trama de las mascarillas y tantos escándalos millonarios que hoy se investigan y en los que aparecen involucrados dirigentes del Gobierno, del Estado y del PSOE, todos ellos bajo la responsabilidad política de Pedro Sánchez.

Es justo recordar que esto ya ocurrió antes, aunque con distinta dimensión, con los casos de corrupción del PP. Millones de euros que salieron ayer y hoy salen, en mayor cuantía, no lo olvidemos, de nuestros impuestos: de los tuyos, de los míos y de los del resto de los españoles.

CEUTA: LA SOLUCIÓN ESTÁ EN MARRUECOS, NO EN REPARTIR EL PROBLEMA POR ESPAÑA

 

La llegada irregular, en forma de invasión, de menores marroquíes a Ceuta vuelve a plantear un problema que España lleva demasiado tiempo afrontando de manera equivocada.

El debate se centra una vez más en cómo distribuir a esos menores entre las distintas comunidades autónomas. A mi juicio, ésa no debería ser la cuestión principal. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué España debe asumir indefinidamente la responsabilidad de unos menores que proceden de Marruecos, cuando existe un Estado de origen que debe hacerse cargo de ellos?

La solución tiene que comenzar precisamente ahí y el objetivo prioritario del Gobierno español debe ser su repatriación inmediata a su país de origen y para hacerlo posible, nuestro Gobierno tiene la obligación de negociar con Rabat un acuerdo claro, permanente y vinculante que obligue a Marruecos a hacerse cargo de sus nacionales menores de edad.

Bajo ningún aspecto debe corresponder a España localizar desde Ceuta a cada padre, madre o familiar y mantener entretanto durante meses o años al menor bajo tutela de nuestras administraciones.

Hoy, es Ceuta la que soporta las consecuencias de una situación que desborda sus recursos y altera gravemente la vida cotidiana de sus ciudadanos. La saturación y el colapso de los servicios públicos, la creciente sensación de inseguridad y los delitos graves que puedan cometer algunos de los inmigrantes llegados irregularmente —incluidas agresiones sexuales o allanamientos— generan miedo entre la población, hasta el punto de que muchos vecinos pueden sentirse inseguros al salir de sus casas o dejar desprotegidas sus viviendas. La protección de los menores que llegan nunca puede significar la desprotección ni la pérdida de libertad y seguridad de quienes viven en Ceuta. Están antes nuestros compatriotas que la atención de nuestros invasores, aun sean menores.

Por lo tanto, España debe entregar esos menores con urgencia a las autoridades marroquíes competentes y expulsar sin ningún tipo de contemplación a los ya mayores. Y debe ser Marruecos quien, ya en su territorio y en el caso de los menores, los identifique, abra los correspondientes expedientes individuales, localice a las familias y determine las medidas de protección necesarias.

Si para establecer este sistema es necesario reformar nuestra legislación, habrá que reformarla, sí o sí.

Debemos ser tajantes y dejar atrás la alternativa que está imponiendo el Gobierno que consiste en repartir a los menores entre las comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, esa fórmula no sólo no resuelve el problema de origen, sino que lo traslada al interior de España y genera un conflicto añadido entre administraciones y partidos, algo que, además, políticamente beneficia de manera muy especial al PSOE porque una parte importante de la controversia termina trasladándose a aquellas comunidades autónomas gobernadas en coalición por el Partido Popular y Vox, dos partidos que mantienen posiciones muy diferentes en materia migratoria -el primero más permisivo y el otro, totalmente en contra de migración ilegal- y el resultado es previsible: cada nuevo reparto puede convertirse en una fuente de enfrentamiento entre ambos socios de gobierno.

Desde mi perspectiva, al PSOE le resulta políticamente conveniente que la discusión deje de centrarse en la responsabilidad del Gobierno de España y de Marruecos y pase a convertirse en una disputa entre PP y Vox sobre cuántos menores debe aceptar cada comunidad autónoma.

Mientras unos discuten si reciben diez, cincuenta o varios centenares, desaparece del primer plano la cuestión fundamental:
devolverlos a Marruecos y que, este país se haga cargo de sus propios menores.

Ese cambio de enfoque beneficia políticamente a Sánchez & Cía, porque desplaza su desgaste hacia las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, introduce una cuña entre dos partidos que gobiernan juntos en distintos territorios.

Por eso no solo considero equivocada la política de reparto sino injusta y peligrosa para todos los españoles.

Ceuta y, quizás Melilla, no pueden convertirse en la puerta de entrada de un problema que posteriormente distribuimos por toda España. La política debería ser exactamente la contraria: utilizar todo el peso diplomático, económico y político de España para alcanzar con Marruecos un mecanismo eficaz de readmisión y exigirle un compromiso efectivo y permanente con el control de sus fronteras.

En definitiva, el objetivo de un Gobierno normal debería ser conseguir que quienes han entrado ilegalmente en España, mayores y menores, regresen a su país de origen y que Marruecos asuma plenamente sus responsabilidades. Y, en el caso de los menores, que sean sus autoridades las encargadas de identificarlos, localizar a sus familias y devolverlos a ellas.

 

Felipe Pinto.