El Ayuntamiento, con el respaldo de las izquierdas y el PP, impone la mayor restricción de movilidad en madrid (con el único voto en contra de VOX)
El próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor una de las medidas más injustas y clasistas que ha aprobado el Ayuntamiento de Madrid bajo el paraguas de la supuesta “sostenibilidad”. Ese día, más de 400.000 vehículos quedarán prohibidos para circular o incluso salir de la capital. Se trata de un golpe directo a miles de madrileños que dependen de su coche para trabajar, cuidar a familiares, desplazarse a centros médicos o simplemente mantener su rutina diaria.
En el pleno del 28 de enero de 2025, cuando se presentó una propuesta para detener este atropello, el resultado fue tan revelador como bochornoso: solo 5 votos a favor frente a 51 en contra. El Partido Popular, el Partido Socialista y Más Madrid votaron juntos para imponer esta prohibición. Únicamente Vox se opuso a esta barbaridad que castigará, sobre todo, a quienes menos tienen.
Esta prohibición no responde a criterios técnicos, sino ideológicos. Los vehículos afectados son coches que pasan la ITV y que, por tanto, cumplen los requisitos legales de emisiones, seguridad y funcionamiento. La ITV certifica que están en condiciones adecuadas para circular. Sin embargo, el Ayuntamiento los declara “no aptos” basándose únicamente en su año de matriculación. No se mide cuánto contamina realmente un vehículo, sino cuántos años tiene. Es una arbitrariedad política convertida en norma municipal.
Y por si fuera poco, no está demostrado que los coches eléctricos contaminen menos que los vehículos actuales. La propaganda de las “cero emisiones” omite el coste ecológico real: la extracción destructiva del litio y otros minerales, la fabricación con una enorme huella de carbono, los residuos tóxicos de las baterías que hoy nadie sabe reciclar y los incendios químicos que generan una contaminación superior a la de cualquier gasolina o diésel. Aun así, empujan a la población hacia un modelo caro, inseguro y ambientalmente dudoso, pero políticamente rentable para quienes siguen el guion de la Agenda 2030. ¿Se volverá a abrir paso a la corrupción política con todo lo que va a generar económicamente esta cruel locura?
En enero y durante un pleno en el ayuntamiento de Madrid, se pusieron de manifiesto múltiples situaciones de vulnerabilidad. No son casos aislados, sino miles de madrileños desesperados: cuidadores que necesitan el coche para atender a padres dependientes, familias con ingresos modestos incapaces de endeudarse para comprar un coche nuevo, trabajadores cuyos turnos hacen imposible depender del transporte público, vecinos que viven en barrios alejados donde no hay alternativas reales. Todos ellos serán los grandes perjudicados de esta medida pero el alcalde Almeida y demás, los ignoran.
La llamada “transición ecológica” deja de ser ecológica para convertirse en una transición de clase. Solo quienes tienen dinero pueden adaptarse a esta imposición. La ciudadanía trabajadora y los más vulnerables quedan abandonados en nombre de un dogma político.
El Ayuntamiento presume de impulsar una ciudad moderna y sostenible, pero lo único que construye es una ciudad más restrictiva, más burocrática y más desigual. Esta norma no reducirá el tráfico de manera significativa ni solucionará la contaminación estructural de Madrid. Lo que sí hará es quebrar la movilidad de miles de personas, dificultar el día a día de quienes cuidan, trabajan o viven al límite, y castigar a quienes no pueden afrontar una compra obligada de miles de euros.
Decir que esta medida es “progreso” es una burla. Presentarla como “sostenible” es una mentira. Convertirla en ley demuestra la sumisión total del gobierno municipal a la Agenda 2030, que siempre acaba traducida en restricciones que pagan los ciudadanos, jamás los políticos.
La votación del 28 de enero mostró una verdad clara: solo una voz defendió a los madrileños frente a este abuso. El resto de partidos, desde el PP hasta la extrema izquierda, prefirieron sacrificar la libertad de movilidad de los ciudadanos para seguir el camino marcado por la ideología dominante.
Los madrileños merecen saberlo: A partir del 1 de enero de 2026, Madrid no será una ciudad más limpia, será una ciudad más controlada, más cara y más injusta y todo "gracias" al bipartidismo en conjunción con la extrema izquierda.
Felipe Pinto.
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