España fue durante generaciones un país que producía lo que comía y comía lo que producía. No por romanticismo, sino por sentido común. El campo, la ganadería y la pesca no eran sectores secundarios, sino la columna vertebral de la economía real, del empleo rural, de la salud pública y de la soberanía nacional. Hoy esa arquitectura se está desmantelando a una velocidad inédita, no por causas naturales ni por una evolución espontánea del mercado, sino por decisiones políticas que han convertido al productor español en un obstáculo y a la importación masiva en la norma.
Bajo el paraguas de grandes discursos sobre transición verde, sostenibilidad y modernización, se ha desplegado un entramado de normativas que asfixia al agricultor, al ganadero y al pescador con costes crecientes, trámites interminables y restricciones que limitan la producción. Se criminaliza la actividad primaria, se la rodea de sospecha permanente y se le exige una perfección técnica, medioambiental y administrativa que no se pide a nadie más. Producir en España se ha vuelto una carrera de obstáculos diseñada desde despachos alejados del territorio, mientras quienes viven del campo y del mar ven cómo sus márgenes se evaporan y su futuro se estrecha.
Al mismo tiempo, se abren las fronteras a una avalancha de alimentos procedentes de terceros países. Entran frutas, verduras, carnes y pescados producidos bajo estándares que aquí no estarían permitidos, con controles más laxos, con menores exigencias laborales y con una huella ambiental muy superior. Compiten con ventaja en precio y ocupan el espacio que antes pertenecía al producto nacional. El mensaje que se transmite es tan claro como devastador: al productor español se le exige excelencia y sacrificio; al producto extranjero se le concede indulgencia y acceso preferente al mercado.
Esta sustitución no es inocente. La importación se ha convertido en una fuente de recaudación cómoda. Cada contenedor que cruza la frontera deja impuestos inmediatos y una sensación artificial de abastecimiento garantizado. Proteger al productor nacional, en cambio, exige inversión, planificación y visión de país. Importar ofrece ingresos rápidos y evita compromisos estructurales, aunque el coste real se pague en empleo destruido, pueblos vacíos, tierras abandonadas, relevo generacional roto y pérdida de capacidad productiva.
Nunca hubo tantos productos en los supermercados y, sin embargo, nunca se comió tan mal. Aumentan los ultraprocesados, las materias primas de origen incierto y los alimentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar al plato. Se pierde frescura, se pierde trazabilidad real y se pierde calidad nutricional. Lo mejor de nuestra producción se exporta porque el mercado nacional ya no la protege ni la remunera, mientras el consumidor español se acostumbra a una dieta cada vez más dependiente del exterior.
Todo esto no es solo un problema económico o sanitario. Es una cuestión de soberanía. Un país que no controla su alimentación es un país vulnerable a crisis, bloqueos, tensiones geopolíticas y chantajes comerciales. Renunciar al campo, a la ganadería y a la pesca es renunciar a decidir qué comemos, cómo se produce y de quién dependemos. Lo que se presenta como progreso está construyendo dependencia; lo que se vende como sostenibilidad está trasladando la huella ambiental a otros países; lo que se anuncia como protección del consumidor está empujándolo a comer peor.
España no se está modernizando: se está sustituyendo. Cada explotación que cierra, cada hectárea que se abandona y cada barco que queda amarrado nos aleja un poco más de la independencia alimentaria y nos acerca a un modelo frágil, dependiente y empobrecido. Defender el campo, la ganadería y la pesca no es un capricho sectorial; es defender la salud, la seguridad y el futuro del país.
Felipe Pinto.
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