La verdad histórica de España no se construye desde mitos intocables ni desde relatos ideológicos interesados, sino desde el análisis sereno de los hechos, de las instituciones y de su relación real con el pueblo español, único depositario legítimo de la soberanía. Desde esa premisa conviene abordar sin prejuicios tanto la Corona como las alternativas que históricamente se han presentado en España. Ni la monarquía es intocable por tradición, ni la república es, por definición, sinónimo de progreso o estabilidad. La historia obliga a hablar con hechos.
La Corona española no es propiedad de una familia ni una reliquia heredada al margen del Estado. Es una institución porque así se estableció en el marco político vigente, pero su legitimidad última no emana de un apellido ni de una inercia histórica, sino del pueblo español como sujeto soberano. Precisamente por eso resulta legítimo —y necesario— analizar cómo han servido a España las distintas dinastías que han encarnado la Corona, del mismo modo que es legítimo evaluar los sistemas republicanos que han existido en nuestro país.
España alcanzó su mayor esplendor bajo la Corona de los Austrias. Con Carlos I de España y, especialmente, con Felipe II, la Monarquía Hispánica se convirtió en una potencia global, política, militar y cultural. Fue una etapa marcada por una idea fuerte de soberanía, por la defensa de la unidad nacional y por una clara conciencia de misión histórica. La Corona se entendía entonces como una responsabilidad inmensa al servicio de España, no como un espacio de comodidad ni como una institución sometida a equilibrios coyunturales.
El cambio de dinastía supuso también un cambio de modelo. Con la llegada de los Borbones, desde Felipe V, España inició un proceso de pérdida progresiva de peso internacional, de conflictos internos recurrentes y de debilitamiento del proyecto nacional. Salvo alguna excepción parcial, la trayectoria borbónica ha sido, en términos históricos, una senda de decadencia. Incluso la excepción más citada, Carlos III, confirma la regla: fue un monarca eficaz en la gestión interna y modernizadora, pero no logró devolver a España la centralidad ni la grandeza que había tenido bajo los Austrias. Fue un buen gestor de una España ya empequeñecida, no el impulsor de un nuevo esplendor.
Figuras como Fernando VII simbolizan con claridad ese declive: absolutismo estéril, persecución política, decisiones erráticas y la pérdida definitiva del Imperio americano. La Corona dejó de liderar un proyecto histórico para convertirse, demasiadas veces, en una institución a la defensiva, sin ambición nacional ni capacidad real de vertebración.
Frente a este balance crítico de la monarquía borbónica conviene recordar una verdad que a menudo se silencia: las experiencias republicanas en España también fracasaron estrepitosamente. La Primera República nació débil, fragmentada y sin respaldo social suficiente, sumida en cantonalismos y caos institucional. La Segunda República, lejos de corregir esos errores, profundizó en el sectarismo, la polarización y la quiebra del orden público, conduciendo a una fractura social que terminó siendo irreparable. Dirigentes como Manuel Azaña fueron incapaces de ejercer una autoridad integradora y priorizaron el proyecto ideológico frente a la unidad nacional y la convivencia entre españoles.
Tras el colapso institucional de la Segunda República y la devastación provocada por la guerra civil, se abrió en España un largo periodo excepcional que no puede analizarse con consignas ni con caricaturas ideológicas. El régimen encabezado por Francisco Franco no fue una democracia liberal ni pretendió serlo, pero actuó como un régimen autoritario de estabilización que reconstruyó un país arruinado, restableció el orden, preservó la unidad nacional y garantizó una paz social prolongada tras décadas de convulsión. A partir de los años cincuenta y, con mayor claridad desde los sesenta, España vivió un intenso proceso de industrialización y desarrollo que la situó entre las principales economías industriales del mundo. Se produjo una mejora sostenida de las condiciones de vida, se consolidó una amplia clase media —auténtico pilar de la estabilidad del Estado— y muchas familias pudieron vivir cada vez mejor con un solo salario, acceder a una vivienda en propiedad, a un vehículo y, en no pocos casos, a una segunda residencia vacacional. La construcción de grandes infraestructuras, como los pantanos y redes básicas del país, y un modelo fiscal comparativamente menos gravoso que el actual, completaron un ciclo histórico que, con luces y sombras, sentó las bases materiales y sociales de la España contemporánea. Negar estos hechos por razones ideológicas es tan poco riguroso como ignorar los límites políticos del régimen.
Nada de lo anterior obliga a idealizar sistemas ni a sacralizar instituciones. Respetar y cumplir el marco legal vigente no impide criticarlo ni defender su reforma por vías legales cuando se considera que no protege con la firmeza necesaria la unidad nacional, la igualdad entre españoles o la soberanía del país. La lealtad al Estado de Derecho no exige adhesión acrítica, sino responsabilidad y honestidad intelectual.
La Corona, como cualquier institución del Estado, solo tiene sentido si sirve a España y al pueblo soberano que la sostiene. No se legitima por apellidos ni por inercias históricas. Del mismo modo, ninguna forma de Estado se legitima por sí misma. Su valor depende de su capacidad para garantizar unidad, estabilidad, soberanía y continuidad histórica.
Las coronas pasan. Las repúblicas también. Los regímenes se suceden y España permanece pero la historia demuestra, sin embargo, que la hegemonía española en el mundo comenzó a erosionarse con la desaparición de la Monarquía de los Austrias y que, desde entonces, ese proceso de debilitamiento no se ha detenido. Cada etapa posterior, excepto alguna excepcionalidad, con distintas formas y discursos, ha supuesto una renuncia más, una pérdida progresiva de peso internacional, de cohesión interna y de conciencia de proyecto nacional.
Hoy el riesgo ya no se limita a la irrelevancia exterior. El peligro es más profundo y más grave: la propia continuidad de España como Nación histórica. La permisividad política, en beneficio propio, con el avance del separatismo y del independentismo, unido a la fragilidad de unas instituciones incapaces de defender con firmeza la unidad y la soberanía, ha abierto una fractura que amenaza con reducir a España a una expresión mínima de lo que fue. Las naciones no caen únicamente por la presión de enemigos externos; se descomponen cuando desde dentro se tolera, se justifica o incluso se impulsa su debilitamiento.
Y solo el pueblo español, soberano, tiene no solo el derecho, sino también la responsabilidad histórica de exigir que cualquier institución, sistema o marco político esté a la altura de su historia, de su unidad y de su futuro, antes de que esa historia quede definitivamente fulminada.
Felipe Pinto.
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