Lo que está ocurriendo en Venezuela no es un episodio aislado ni un sobresalto pasajero. Es la consecuencia lógica de años —demasiados— de impunidad, de silencio cómodo y de una falsa diplomacia que ha permitido que una narcodictadura se apodere de un país entero sin pagar nunca un precio real por ello.
Venezuela no vive bajo un gobierno autoritario más. Vive bajo un Estado capturado por redes criminales. Un sistema donde el poder político, el aparato militar y las estructuras de seguridad están entrelazadas con redes de narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales, convirtiendo al Estado en un instrumento al servicio de una cúpula que se financia fuera de la ley y se protege mediante la represión.
No se trata de una acusación retórica. Altos mandos militares y dirigentes del régimen han sido señalados durante años por su vinculación con el llamado “Cartel de los Soles”, una red que utiliza infraestructuras del propio Estado —aeropuertos, puertos, rutas protegidas y escoltas oficiales— para facilitar el tráfico internacional de droga. Cuando un régimen usa los recursos públicos para proteger negocios criminales, deja de ser solo una dictadura: pasa a ser una narcodictadura.
Ese dinero ilícito no es un efecto colateral: es uno de los pilares del sistema. Sirve para comprar lealtades, financiar aparatos represivos, pagar estructuras paralelas y sostener un entramado que no depende ya de la economía real ni del bienestar del país, sino de circuitos criminales internacionales.
A eso se suma la usurpación del poder. Se ha demostrado que Nicolás Maduro perdió las últimas elecciones generales y que los resultados fueron falsificados para mantener a la cúpula en el poder. No estamos ante un gobierno que ganó y se desvió: estamos ante un régimen que falsea elecciones, reprime y se financia con dinero criminal. Esto no es una desviación: es el sistema.
Por eso Venezuela no está mal gobernada: está secuestrada. Presos políticos, medios cerrados, tribunales sometidos, fuerzas de seguridad convertidas en policía ideológica, hambre utilizada como herramienta de control y millones de exiliados no son “excesos”: son piezas de un modelo diseñado para conservar el poder y proteger un negocio ilícito a gran escala.
El régimen intenta venderse como “Venezuela”. No lo es. Venezuela es su gente, no la cúpula que la oprime. Confundir al país con quienes lo han secuestrado es la trampa clásica del autoritarismo: envolver el abuso en banderas, hablar de “soberanía” mientras se destruye por dentro la vida de millones de personas y se gana tiempo con propaganda.
Durante años, la comunidad internacional ha optado por la vía cómoda: declaraciones, gestos simbólicos y mesas que no cambian nada. Y mientras tanto, la narcodictadura sigue intacta porque controla tres columnas: las armas, el miedo y el dinero ilícito. Sin romper esas columnas, la “negociación” es un decorado.
Pero ahora el escenario ha entrado en una fase completamente nueva.
Según informaciones difundidas en las últimas horas, Nicolás Maduro habría sido detenido en una operación internacional y trasladado fuera de Venezuela, lo que —de confirmarse— supondría el primer golpe real y directo contra el núcleo de la narcodictadura chavista desde que se consolidó en el poder.
Este hecho no sería un episodio diplomático ni una maniobra simbólica, sino la decapitación política del régimen, la ruptura de la cadena de mando que durante años ha sostenido la represión, el fraude y el negocio criminal. Por primera vez, la cúpula que se creía intocable quedaría expuesta.
La reacción inmediata de los restos del aparato chavista —con llamadas a la movilización armada y amenazas de guerra— no es una defensa de la patria: es la reacción desesperada de una estructura criminal que ve cómo se derrumba el andamiaje que la protegía. La narcodictadura no estaría defendiendo a Venezuela: se estaría defendiendo a sí misma.
La transición democrática no se consigue con buenas palabras. Se consigue cuando el aparato represivo empieza a resquebrajarse; cuando las redes criminales que financian el sistema son perseguidas de verdad; cuando los responsables saben que no pueden seguir actuando sin consecuencias; cuando los mandos intermedios ven un futuro dentro de la legalidad y no dentro de una camarilla delictiva; y cuando los venezolanos pueden votar sin miedo, sin trampas y sin que la represión decida el resultado antes de abrir las urnas.
En este contexto, no pasa desapercibida la reacción de los sectores políticos y mediáticos de la izquierda española que, lejos de condenar a la narcodictadura, claman contra la presión internacional y llegan incluso a pedir la ruptura de relaciones con Estados Unidos. Esa reacción no nace de la defensa de la democracia, sino del miedo: miedo a que una transición real deje al descubierto vínculos políticos, ideológicos y de afinidad internacional que durante años han conectado a esa izquierda con el régimen chavista. Cuando una dictadura empieza a tambalearse, quienes la han blanqueado o protegido temen quedar también al descubierto.
Cualquier presión solo es legítima si cumple tres condiciones irrenunciables: civiles siempre fuera, objetivos estrictamente ligados al aparato represivo y finalidad inequívoca de transición democrática. Sin esas tres, hay caos; con ellas, la narcodictadura pierde su propaganda y queda expuesta como lo que es.
La democracia verdadera en Venezuela no llegará por desgaste natural. Llegará cuando la impunidad deje de ser rentable, cuando el dinero sucio deje de circular con protección estatal y cuando el país pueda reconstruir instituciones que vuelvan a servir a la gente y no a una camarilla criminal.
No se trata de “intervenir por intervenir”. Se trata de no mirar hacia otro lado. La neutralidad ante una narcodictadura no es prudencia: es abandono.
Maduro no es Venezuela. Es el obstáculo. Y cuando un obstáculo queda señalado, también queda señalado el camino.
Hoy ya no basta con describir la tragedia: ha llegado la hora de exigir su final. La estructura que ha convertido a Venezuela en una plataforma criminal debe rendirse políticamente, abandonar el poder ilegítimo y permitir la restauración inmediata de la democracia, para evitar más sufrimiento a un pueblo que ha sido castigado sin tregua.
No se trata de revancha. Se trata de poner fin a un sistema que ha torturado, empobrecido y expulsado a millones de venezolanos, y de abrir por fin un tiempo nuevo: un tiempo de libertad real, de justicia sin miedo, de instituciones limpias y de elecciones verdaderas.
Ahora solo queda la esperanza —no una esperanza ingenua, sino una esperanza firme— de que Venezuela vuelva a ser un país donde se pueda vivir sin cartillas, sin exilio forzado, sin censura y sin terror.
Un país donde el poder vuelva al pueblo. Un país libre. Porque Venezuela no nació para ser rehén de una narcodictadura. Nació para ser una nación libre.
Felipe Pinto.
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