Recuerdo hace un tiempo una España en la que podíamos pensar distinto y seguir compartiendo mesa, amistad y esperanza en el futuro. No era una España perfecta, pero muchos sentíamos que la convivencia estaba por encima de nuestras diferencias y que nuestro país era un proyecto común en el que todos teníamos algo que aportar.
Hoy siento que hemos perdido una parte de ese espíritu. La discusión política invade demasiados espacios y el adversario acaba convertido en enemigo. Parece que debemos justificarnos por defender nuestras convicciones, nuestras costumbres o nuestra identidad nacional.
Desde mis convicciones, considero que los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero marcaron un punto de inflexión en ese deterioro. Mariano Rajoy tuvo la oportunidad de corregir el rumbo y se inhibió completamente. Con Pedro Sánchez la división se ha convertido en una forma de ejercer el poder: mantener movilizados a los propios, descalificar al discrepante y subordinar demasiadas decisiones a la supervivencia del Gobierno.
Mi preocupación va más allá de unas siglas. El problema aparece cuando los partidos anteponen sus intereses a los de España. Cuando importa más conservar un cargo, asegurar un apoyo parlamentario o ganar el siguiente enfrentamiento que resolver los problemas de los ciudadanos. Las instituciones pierden entonces su sentido de servicio y la confianza se va quebrando.
La convivencia exige garantizar la libertad de expresión, el derecho de reunión y la participación en actos políticos. Me preocupa especialmente la intolerancia de quienes, desde posiciones comunistas o de izquierda radical, se consideran legitimados para intimidar al adversario, impedir un mitin o silenciar por la fuerza unas ideas que no comparten. Ante esas conductas, las autoridades tienen la obligación de proteger a los asistentes y actuar contra sus responsables.
Ninguna ideología concede el derecho a decidir quién puede hablar y quién debe callar. Manifestarse pacíficamente contra un partido es un derecho; amenazar, agredir o impedir que celebre sus actos vulnera los derechos de los demás. Una democracia se mide también por la libertad y la seguridad con las que pueden defender sus ideas quienes discrepan del Gobierno. Esa garantía debe ser igual para todos, incluidos quienes defendemos nuestras convicciones desde VOX.
La inmigración es otro de los asuntos donde considero imprescindible recuperar la responsabilidad política. Mi posición es clara: España debe defender sus fronteras y hacer cumplir sus leyes. La entrada ilegal no puede consolidarse como una vía habitual de acceso a nuestro país. Necesitamos una inmigración legal, ordenada y compatible con nuestra capacidad de acogida, respetando las garantías legales y el derecho de asilo.
Eso exige hablar de trabajo, vivienda, sanidad, educación y seguridad. Ningún gobernante debería promover o tolerar una situación para la que después no dispone de respuestas. Las consecuencias las viven los vecinos en sus barrios y también quienes llegan y descubren que las oportunidades prometidas no existen.
Pero la convivencia tampoco depende únicamente de los recursos económicos. Cuando falla la integración pueden surgir conflictos importantes, especialmente si algunas personas o grupos pretenden imponer sus normas al conjunto de la sociedad.
Quien decide establecerse en España debe respetar sus leyes, sus costumbres y sus principios de libertad e igualdad. Puede conservar sus creencias y tradiciones dentro del marco legal, pero no imponerlas a los demás ni pretender que la sociedad que le recibe renuncie a sus derechos o a su identidad.
No acepto que exigir ese respeto se presente como una muestra de intolerancia. Defender la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia o el cumplimiento de la ley es una obligación democrática. La integración requiere voluntad y compromiso, y los poderes públicos deben exigirlos con claridad. Los derechos deben ir acompañados de deberes, con una misma ley para todos.
Al mismo tiempo, la respuesta a la pobreza de otras regiones no puede descansar principalmente en trasladar población hacia los países más prósperos. La emigración puede ser una opción legítima, pero no debería convertirse en la única salida para millones de personas que no encuentran futuro en su tierra.
Ahí es donde la comunidad internacional, con Naciones Unidas como espacio de coordinación, debería impulsar una estrategia de desarrollo mucho más eficaz: ayudar a crear industria, modernizar la agricultura, desarrollar el comercio, mejorar las infraestructuras y formar a los jóvenes. Abrir oportunidades para que esos países generen riqueza y puedan sostenerse por sí mismos.
Las ayudas deben llegar a la población, someterse a controles rigurosos y producir resultados verificables. Deben contar con la iniciativa de las propias sociedades destinatarias y contribuir a su autonomía económica. Su finalidad debería ser que las personas puedan construir una vida digna en sus países, cerca de sus familias, sin verse obligadas a abandonarlo todo por necesidad.
España necesita recuperar la confianza en sí misma y exigir responsabilidad a quienes la gobiernan. Poder hablar de estos asuntos con libertad es parte de esa recuperación. Silenciar las preocupaciones o descalificar a quienes las expresan aumenta la distancia entre la política y la sociedad.
Nuestra historia debería servirnos para comprender el peligro de alimentar permanentemente el resentimiento. Me preocupa que nos acostumbremos a un lenguaje que presenta a unos españoles como enemigos de otros. Quienes tienen responsabilidades públicas deberían ser los primeros en evitarlo y en garantizar que ninguna discrepancia desemboque en intimidación o violencia.
No quiero una España enfrentada ni resignada a vivir en una tensión permanente. Quiero una nación donde la ley se cumpla, el esfuerzo encuentre oportunidades y los ciudadanos puedan discrepar sin odiarse. Una España donde el bienestar común pese más que el cálculo electoral y donde gobernar signifique servir también a quienes no te han votado.
Para conseguirlo, quienes ocupamos responsabilidades públicas debemos recordar a quién servimos. España está por encima de cualquier partido, de cualquier pacto y de cualquier ambición personal. Ese debería ser el punto de partida para recuperar la convivencia y volver a mirar al futuro con esperanza y ello debe lograrse desde un Estado limpio, no desde uno como el actual, envuelto en una completa corrupción gubernamental y donde las mafias criminales empiezan a asomar desde la cuna del propio partido en el poder.
Felipe Pinto
