¿PREVARICACIÓN?

 

Los departamentos jurídicos de los partidos constitucionalistas deben estudiar la posibilidad de denunciar a los magistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la Ley de Amnistía por prevaricación.

Si los mismos jueces que validaron la ley votaran después sobre su constitucionalidad, en causa que les afecta, se abriría la puerta a su nulidad y al recurso ante tribunales internacionales.

La aprobación de la controvertida Ley de Amnistía ha desencadenado no solo una fractura política sin precedentes, sino también un grave riesgo jurídico: el de que magistrados del Tribunal Constitucional (TC), que votaron a favor de validar la norma, puedan estar incursos en un posible delito de prevaricación judicial.

El Código Penal español es claro: incurre en prevaricación el juez que dicta una resolución injusta a sabiendas (art. 446). Esta figura no se refiere a simples errores jurídicos, sino a decisiones deliberadas que traicionan la legalidad, impulsadas por intereses políticos, ideológicos o personales.

Un paso más allá del debate jurídico

Distintas voces de reconocido prestigio —juristas, catedráticos y asociaciones judiciales— han advertido que la Ley de Amnistía vulnera principios fundamentales de nuestro ordenamiento: la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el principio de legalidad penal y la división de poderes.

El hecho de que el Tribunal Constitucional haya avalado una norma de esta naturaleza abre la posibilidad de que algunos de sus magistrados hayan incurrido en una desviación consciente del Derecho. Si así fuera, nos hallaríamos ante un caso de prevaricación, el más grave de los delitos que puede cometer un juez en ejercicio.

A mi entender, lo que deben hacer los partidos constitucionalistas

Los partidos políticos que se proclaman defensores de la Constitución tienen el deber de actuar. No basta con declaraciones. La herramienta legal está prevista: presentar una querella por prevaricación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano competente para investigar a los miembros del TC.

El respeto a la legalidad no es una opción: es una responsabilidad. No hay espacio para el cálculo político cuando está en juego el Estado de Derecho.

El peligro de que voten en causa propia

El escenario puede ser aún más grave: los mismos magistrados que votaron a favor de la amnistía podrían participar más adelante en el análisis de los recursos de inconstitucionalidad que previsiblemente se presentarán contra ella. Si alguno de ellos está imputado o afectado personalmente por la validez de esa norma, su participación supondría un quebrantamiento flagrante del derecho a un juez imparcial (art. 24 CE).

La ley contempla mecanismos de protección, como la abstención obligatoria y la posibilidad de recusación. Pero si estos fallan, las resoluciones podrían ser anuladas, y el caso podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Jurisprudencia europea: imparcialidad no solo real, sino aparente

El TEDH ha reiterado que el derecho a un juicio justo implica no solo imparcialidad real, sino también aparente. En palabras del caso Piersack v. Bélgica (1982): “el juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo a ojos de un observador razonable”. Si un magistrado actúa en un asunto que afecta a su propio interés o reputación, el principio de justicia queda comprometido.

Una oportunidad para demostrar responsabilidad institucional

El Tribunal Constitucional no puede ser inmune al control legal. Si algunos de sus miembros han actuado con manifiesto desvío de poder, deben responder como cualquier otro cargo público. El constitucionalismo no se defiende en los discursos, sino con acciones firmes, legales y coherentes.

Si el ordenamiento jurídico interno no responde, existen vías internacionales. Pero antes de eso, corresponde a los actores políticos españoles dar ejemplo: defender la ley por los cauces de la ley.

(Felipe Pinto)