La propaganda la ha querido presentar como una expedición humanitaria, pero la realidad ya no admite maquillaje: la flotilla apresada por Israel no llevaba ni ayuda ni humanidad, sino un mensaje político envenenado. En sus filas viajaban dos viejos conocidos de la justicia: José Javier Osés Carrasco, alias “Jotas”, e Itziar Moreno Martínez, alias “Hodei”, ambos con condenas en Francia por pertenencia a ETA. Así lo han confirmado medios como 20 Minutos, El Mundo y La Razón, que recogen los antecedentes de estos individuos y su historial criminal. No eran cooperantes, no eran activistas de paz; eran terroristas integrados en una operación con sello de Hamás.
Que nadie se engañe: la flotilla no estaba pensada para aliviar la situación en Gaza, sino para provocar a Israel y colocarlo en el banquillo mediático. El propio Gobierno israelí ofreció que cualquier ayuda legítima se entregara por pasos autorizados y seguros. Los organizadores se negaron, porque sabían que apenas llevaban nada que pudiera considerarse un cargamento humanitario. La gran farsa quedó al descubierto: no había convoy cargado de alimentos y medicinas, sino un puñado de cajas simbólicas usadas como atrezo propagandístico.
La incoherencia llega al extremo cuando observamos el comportamiento de esos autoproclamados “ecologistas” a bordo. En cuanto fueron interceptados, muchos se apresuraron a arrojar sus teléfonos móviles al mar. Con cada dispositivo iban también sus baterías de litio y otros componentes altamente contaminantes. ¿Dónde quedó la conciencia medioambiental de quienes presumen de verdes, se encadenan a los árboles y dan lecciones al resto de la sociedad? Esa gente que proclama salvar el planeta no dudó en envenenar el Mediterráneo con residuos químicos tóxicos para ocultar pruebas de sus contactos y comunicaciones.
Y en lo más alto de esta pantomima aparece Hamás, señalado como verdadero inspirador y beneficiario político de la operación. La flotilla no fue una acción aislada, sino parte de una estrategia para victimizar a los cómplices del terrorismo islamista, darles escaparate y convertirlos en mártires a ojos de la izquierda europea. La participación de etarras no es casualidad: une la vieja sangre derramada en España con la barbarie que Hamás desata en Israel.
Aun así, la izquierda española no ha dudado en cerrar filas en su defensa, repitiendo una y otra vez el mantra de la “misión de paz” y silenciando los hechos. Lo hacen como siempre: negando las pruebas, ocultando los nombres y elevando a héroes a quienes nunca dejaron de ser verdugos.
La verdad, por mucho que les incomode, es que la flotilla nunca fue humanitaria. Fue una operación política y propagandística, dirigida por Hamás, acompañada por terroristas de ETA, disfrazada de pacifismo y teñida de hipocresía verde. El desenlace es inevitable: la historia no la recordará como “la flotilla por la libertad”, sino como lo que realmente fue: la Flotilla Terrorista.
Los españoles de la Flotilla
Si algo demuestra la lista de españoles que viajaban en la flotilla apresada por Israel es que no se trataba de ciudadanos solidarios, sino de un retrato vivo del radicalismo de izquierdas en nuestro país. Desde exetarras con sangre en sus manos hasta políticos separatistas y sindicalistas subvencionados, pasando por periodistas militantes y cineastas de propaganda, la flotilla reunía a toda una constelación de la España más antisistema.
Entre los nombres más graves están José Javier Osés Carrasco e Itziar Moreno Martínez, ambos con condenas por pertenencia a ETA. El primero, implicado en el suministro de armas y explosivos, responsable de múltiples actos de kale borroka; la segunda, condenada por intentar asesinar a gendarmes franceses. Su mera presencia convierte la operación en una ofensa para las víctimas del terrorismo en España.
Pero no estaban solos. La expedición incluía a figuras políticas como Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y defensora de la okupación; Pilar Castillejo, diputada de la CUP; Juan Bordera, de Compromís; Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos; o Jordi Coronas, concejal de ERC y capitán de la flotilla. Todos ellos representan partidos que, desde las instituciones, han dado cobertura al separatismo, a la okupación y a la complicidad con Hamás.
El negocio de las subvenciones también tuvo asiento en la travesía. Adrià Plazas Vidal (CUP), ligado a una ONG con 59 millones recibidos en ayudas públicas; Ariadna Masmitjà, cineasta con 1,3 millones de euros desde 2021; Saturnino Mercader (CGT), cuyo sindicato ha embolsado un millón de euros; Simón Francisco Vidal, de Salvamento Marítimo Humanitario con 250.000 euros; y Francisco Rodríguez Martínez, del Sindicat de Barri del Poble-Sec, con más de 5.000 euros en subvenciones. Todos financiados con dinero de los contribuyentes españoles.
Tampoco faltó el aparato mediático. Allí estaban Carlos de Barrón (El País), Luay Al Basha (El Salto), Néstor Prieto (La Sexta y Público) y Alicia Amparo Armesto (Sindicato de Periodistas). Su papel: dar legitimidad periodística a una operación política y fabricar titulares contra Israel.
Y todavía más: desde apodos tan reveladores como la “Barbie Hamás” (Ana María Alcalde), hasta profesores conocidos por su antisemitismo, cineastas feministas de escasa repercusión, sindicalistas sanitarios radicalizados o acupuntores que se presentan como activistas progresistas. Todo cabía en el pasaje de la flotilla.
Este retrato colectivo desmonta cualquier pretensión de neutralidad. La flotilla no era un viaje de ayuda ni un gesto humanitario: era un muestrario de radicales españoles, unidos por su odio a Israel y su connivencia con Hamás, con un denominador común que indigna: el dinero de los españoles financiando directa o indirectamente la travesía.
Felipe Pinto
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