Sánchez debe dimitir inmediatamente por haber puesto en peligro a España al mantener al Fiscal General del Estado que ha sido condenado por un delito.
La sentencia contra el Fiscal General del Estado no solo confirma la comisión de un delito, sino que abre una grieta política y moral que afecta directamente al presidente del Gobierno. Porque no estamos ante un episodio menor, ni ante un asunto personal: estamos ante el máximo responsable del Ministerio Público —la institución que debe velar por la legalidad— condenado penalmente mientras el jefe del Ejecutivo decidió mantenerlo en el cargo y respaldarlo públicamente.
Pedro Sánchez no fue un actor secundario. Fue el valedor, el escudo y el garante político de una figura que hoy arrastra una condena por la que, en cualquier democracia seria, habría tenido que abandonar su puesto de inmediato. Sin embargo, el presidente eligió sostenerlo pese a las advertencias, minimizar la gravedad del caso y convertir un asunto institucional en un pulso partidista.
Y lo más grave es que Sánchez afronta esta situación cuando ya estaba políticamente cercado por un rosario de escándalos que, por sí solos, habrían obligado a dimitir a cualquier dirigente de un país serio. Hablamos de la corrupción que salpica a su esposa, investigada judicialmente; de su hermano, también envuelto en causas que señalan opacidad y privilegios; de su círculo más próximo: dos de sus “números dos”, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, ambos afectados por tramas que han sacudido las estructuras internas del PSOE; sin olvidar a Koldo García, cuya implicación en una red de corrupción ha estremecido al propio Gobierno.
A todo ello se suma la investigación abierta por la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, una causa que amenaza con convertirse en el mayor escándalo contable de la democracia española. En cualquier país europeo, este cúmulo de sombras habría provocado una crisis institucional sin precedentes y la salida inmediata del presidente.
Si ya debía haber dimitido solo por este cerco de corrupción que rodea a su familia, a su partido y a sus colaboradores más estrechos, la condena del Fiscal General del Estado hace que la dimisión sea ya inaplazable. Mantener en el cargo, proteger y respaldar al máximo responsable judicial del país mientras este era posteriormente condenado por un delito es una irresponsabilidad política mayúscula que erosiona la confianza en las instituciones.
Porque el problema no se limita a la sentencia —que ya es de enorme gravedad— sino al mensaje que transmite: España ha tenido un Fiscal General condenado por un delito porque Sánchez decidió mantenerlo pese a todo. Esa decisión debilita la credibilidad del Estado, rompe la ejemplaridad pública y convierte la defensa partidista en un riesgo real para la democracia.
El daño ya está hecho. España ha vivido bajo la tutela de un Fiscal General condenado. Y lo ha hecho porque el presidente del Gobierno lo permitió, lo defendió y lo legitimó.
Por todo ello, y por respeto a la dignidad institucional que él mismo ha deteriorado, Pedro Sánchez debe dimitir de manera inmediata. Un presidente que sostiene a un alto cargo condenado y que está rodeado por múltiples casos de corrupción no puede seguir al frente de un país que exige transparencia, ejemplaridad y respeto a sus instituciones.
España merece otra cosa, merece algo mejor y el primer paso es la salida inmediata del Presidente del Gobierno.
Felipe Pinto.
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