En España seguimos asistiendo a una sucesión de decisiones políticas que, bajo el disfraz de la seguridad, esconden una forma cada vez más descarada de vaciar el bolsillo de los ciudadanos. La imposición de la baliza V-16 conectada como obligación legal para todos los vehículos a partir de 2026, es solo el último ejemplo de un Gobierno que ha dejado de gobernar para proteger y ha pasado a legislar para recaudar y controlar. Resulta llamativo que nuestro país sea el único del mundo donde un dispositivo concreto, con un modelo exacto, con un sistema de conexión centralizada y con un puñado de fabricantes detrás, se convierta en el único método legal de señalización de averías. No hablamos de una recomendación, ni de una opción voluntaria, ni de un estándar abierto que permita competir a varios sectores. Hablamos de una imposición que cae directamente sobre millones de conductores obligados a comprar un aparato electrónico que, misteriosamente, tiene detrás un mercado reducido y muy bien colocado. Y eso, en un país tan habituado a los chanchullos tecnológicos, las adjudicaciones opacas y los inventos que siempre benefician a los mismos, no parece precisamente casualidad.
La excusa oficial es la seguridad vial, pero si realmente existiera una preocupación sincera por la seguridad, se permitirían varios dispositivos alternativos, homologados y libres de conexión obligatoria, para que cada conductor eligiera el que mejor se adaptara a su situación económica y a sus necesidades. Pero no. Se ha impuesto un sistema que va directamente vinculado a una plataforma digital controlada por el propio Estado, con envío automático de datos y con un mecanismo que, más que proteger, parece diseñado para multiplicar el control y, de paso, asegurar un negocio millonario. A esto se suma el hartazgo de millones de españoles que ya están cansados de soportar tasas, impuestos, sanciones y obligaciones que siempre recaen sobre los mismos: el conductor trabajador que necesita su coche para vivir, para llevar a sus hijos al colegio, para ir a trabajar, para llegar a fin de mes. Mientras tanto, quienes deberían fomentar la libertad de movimiento, la reducción de cargas y la competencia real entre empresas se dedican a empujar medidas que se alinean perfectamente con la agenda globalista que pretende reducir la movilidad privada y convertir cada desplazamiento en un ejercicio de vigilancia, miedo y penalización.
La baliza obligatoria no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón cada vez más evidente: imponer restricciones a la circulación, encarecer el uso del vehículo privado, ahogar al conductor responsable con normas absurdas y seguir alimentando la idea de que todo lo que no esté tutelado por el Estado es peligroso o sospechoso. Primero se reducen las tasas de alcohol a niveles ridículos que criminalizan a quien simplemente toma una copa de vino; luego llegan las Zonas de Bajas Emisiones que expulsan a los españoles de sus propios barrios; después aparecen los peajes encubiertos, las multas masivas, los radares que sustituyen a la policía real y ahora, para rematar, un aparato obligatorio que solo se comercializa aquí y que nadie más en el mundo considera imprescindible. Y todavía pretenden que creamos que todo esto es por nuestra seguridad. No cuela. A la mayoría de los ciudadanos ya no le engañan. Se ve de lejos que cada nueva ley es una forma de recaudar más, controlar más y recortar libertades.
El problema no es solo económico, aunque el dinero juega un papel enorme en esta decisión. El problema es que cada medida de este tipo refleja una visión del país profundamente equivocada: un país donde el ciudadano está para obedecer, pagar y callar; donde el Gobierno se siente dueño del espacio público; donde se confunde seguridad con intervención y donde se pretende transformar una nación de personas libres en un rebaño vigilado electrónicamente. España no necesita más inventos obligatorios, ni más gastos disfrazados de moralidad institucional, ni más artilugios tecnológicos aprobados a dedo. España necesita respeto a sus ciudadanos, a su libertad de movimiento y a su derecho a no ser tratados como menores de edad incapaces de tomar decisiones responsables. Y mientras las autoridades se empeñen en seguir este camino de imposiciones absurdas y sospechosamente lucrativas, habrá quienes se levanten con firmeza para decir lo que millones piensan y pocos se atreven a verbalizar: que ya basta, que no aceptamos más engaños, que no consentimos más negocios a costa del pueblo y que no vamos a permitir que con la excusa de la seguridad se vulnere la libertad de los españoles. Porque si algo está claro es que cuando un Gobierno convierte en obligatoria una baliza conectada, lo que realmente está encendiendo es la luz de alarma de que su proyecto no mira por la gente, sino por sí mismo.
Felipe Pinto.
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