El derrumbe moral, político e institucional que asfixia a España
Hay días en que la política española parece un parte de guerra y ayer, 10 de diciembre, volvió a demostrarse con la detención de Leire Díez, la conocida fontanera del PSOE, y de Vicente Fernández Guerrero, primer presidente de la SEPI nombrado por Pedro Sánchez en 2018. No son casos aislados ni anomalías del sistema, sino la enésima pieza de un engranaje corrupto que se ha extendido desde el aparato orgánico del socialismo hasta los cimientos del Estado, pasando por ministerios, empresas públicas, universidades, medios de comunicación y hasta el propio entorno familiar del presidente. España asiste atónita a la mayor degradación institucional de su historia reciente mientras el Gobierno se niega a asumir la más mínima responsabilidad y actúa como si la corrupción fuera un simple ruido de fondo.
Lo que rodea a Pedro Sánchez no son escándalos puntuales sino un patrón que todo lo abarca. Su propia esposa, Begoña Gómez, está imputada por cinco delitos gravísimos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional, malversación y apropiación indebida— relacionados con contratos públicos, una cátedra fabricada a medida en la Universidad Complutense, uso de recursos de La Moncloa y vínculos con empresas beneficiadas por decisiones del Gobierno. Al mismo tiempo, su hermano David Sánchez, el llamado hermanísimo, está imputado y procesado por prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal en un puesto que, según la juez instructora, fue diseñado específicamente para él antes de que se abriera el proceso a otros candidatos. En cualquier democracia seria, un presidente rodeado por estas circunstancias familiares habría dimitido de inmediato; aquí, el Ejecutivo pretende que todo forma parte de la normalidad democrática.
La corrupción política también golpea directamente a los colaboradores más cercanos del presidente. El caso Koldo ha llevado a prisión preventiva sin fianza a Koldo García, asesor personal del sanchismo, y a José Luis Ábalos, exministro estrella del Gobierno y secretariodeorganización del PSOE, acusados de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en la adjudicación de mascarillas durante la pandemia. La UCO describe una red incrustada en los ministerios que utilizó el sufrimiento de los españoles como oportunidad de negocio. A esto se suma Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, que pasó cinco meses en prisión preventiva y sigue imputado, así como el escándalo degradante de Tito Berni, donde favores políticos, contratos amañados, drogas y prostitución se mezclaban en despachos del Congreso sin que el Gobierno demostrara la menor intención de asumir responsabilidades. Incluso el candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está imputado y procesado por prevaricación y tráfico de influencias, los mismos delitos que pesan sobre el hermano del presidente.
La corrupción no se limita a personas: abarca instituciones enteras. La SEPI vuelve a quedar al descubierto tras la detención de su expresidente, lo que evidencia años de adjudicaciones opacas dependientes directamente del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. El Ministerio de Transportes de Óscar Puente aparece rodeado por derivadas del caso Koldo, irregularidades en obras y concesiones señaladas por la prensa. Interior, bajo Fernando Grande-Marlaska, encara sospechas de presiones a mandos policiales y de interferencias en investigaciones delicadas.
También hay que añadir que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado recientemente por un delito de revelación de secretos. El Tribunal Supremo le impuso una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar a la parte afectada con 10.000 euros, tras considerar que divulgó datos reservados de un particular sin autorización.
Que el máximo responsable de la Fiscalía —el órgano encargado de velar por la legalidad y la persecución del delito— haya sido condenado judicialmente agrava hasta lo intolerable la crisis institucional: no es ya una acumulación de imputaciones, sino una involucración directa de quien supuestamente debe proteger la ley.
Y, mientras, el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, se ha convertido en un instrumento de control institucional mediante reformas aceleradas, nombramientos estratégicos, alteración de balances judiciales y maniobras que han erosionado profundamente la separación de poderes.
Todo ello se complementa con la colonización del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, cuya actuación ha proyectado la imagen de un órgano blindando al Gobierno más que garantizando la Constitución. A esto se suma la transformación de RTVE en un altavoz propagandístico que minimiza escándalos, silencia imputaciones y distorsiona el debate público en beneficio del Ejecutivo. El resultado es un ecosistema donde más de treinta personas vinculadas de forma directa o indirecta al presidente —familiares, ministros, exministros, asesores, dirigentes autonómicos, responsables de empresas públicas— están imputadas, investigadas, procesadas o encarceladas, un récord que ningún Gobierno europeo ha conocido en democracia. También, el servilismo de José Félix Tezanos al frente del CIS, siempre al servicio del PSOE y del Gobierno, resulta evidente. Recordemos que este organismo, adscrito al Ministerio de la Presidencia, es de carácter público y lo pagamos entre todos con nuestros impuestos.
A esto se añade que en los últimos meses han surgido informaciones periodísticas que apuntan a posibles pagos internos del PSOE en dinero metálico, una práctica que ha despertado sospechas sobre el origen de esos fondos y su utilización dentro de la estructura del partido. Aunque no existe todavía una investigación judicial formalizada, sí hay indicios, testimonios e informaciones que han llevado a diversos medios a señalar la existencia de movimientos económicos opacos cuyo propósito y procedencia están siendo objeto de escrutinio público. Este tipo de pagos en efectivo, si se confirmaran, abrirían la puerta a una posible financiación irregular que solo agravaría la crisis moral que atraviesa el partido del Gobierno.
Además, hay que sumar el cinismo insoportable del presidente, que se proclama adalid del feminismo mientras su entorno político y familiar aparece salpicado por escándalos relacionados con prostitución, favores sexuales y ambientes que en nada encajan con su discurso moralista. El caso Tito Berni ya mostró cómo cargos socialistas utilizaban mujeres prostituidas en encuentros con empresarios, y diversas informaciones han señalado durante años que el presidente ha convivido políticamente con un pasado familiar que contradice frontalmente su relato feminista, incluida la polémica en torno al historial personal de su suegro, cuya mención ha sido recurrente en la crítica pública. A ello se suman versiones mediáticas —no verificadas judicialmente— que apuntan a que el suegro del presidente habría podido aportar dinero interno para facilitar su ascenso dentro del PSOE, reforzando así la percepción de que el sanchismo construyó su poder a través de redes opacas y estructuras internas difíciles de explicar ante la ciudadanía. El contraste entre el discurso moral que vende y el entorno que realmente le rodea solo profundiza la crisis de credibilidad de un presidente que exige ejemplaridad mientras vive instalado en la contradicción permanente.
Como si todo esto fuera poco, en los últimos meses han estallado también casos de presunto acoso sexual dentro del propio Partido Socialista que desmontan por completo el discurso feminista que vende Pedro Sánchez. Ahí está el caso de Paco Salazar, uno de los hombres fuertes de Moncloa, propuesto como nuevo adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE y obligado a renunciar después de que varias mujeres que trabajaban con él le acusaran de acoso sexual, abusos de poder y comportamientos humillantes, hasta el punto de que Ferraz ha tenido que reconocer por escrito que no protegió suficientemente a las denunciantes y que su caso destapó fallos graves en los protocolos internos del partido. Al mismo tiempo, en Galicia, el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé Roca, ha sido denunciado por hasta seis mujeres a través del canal interno del PSOE por presunto acoso sexual, relatando tocamientos no consentidos, mensajes obscenos y ofrecimientos de trabajo a cambio de favores sexuales, un escándalo que ha obligado a la dirección a abrir una investigación mientras el propio Tomé lo niega públicamente. Todo esto dibuja un panorama insoportable: un partido que se proclama el más feminista de Europa, pero que acumula en sus filas casos de prostitución, abusos, acoso y comportamientos depredadores, mientras se dedica a dar lecciones morales al resto de la sociedad.
Y ante todo esto, lo más insultante es la actitud del propio presidente, que repite una y otra vez que “no sabía nada”, que “no le consta” y que “desconoce por completo” lo que ocurre a escasos centímetros de su despacho. Un presidente que se proclama vigilante, ejemplar y transparente, pero que pretende que creamos que ignora los delitos que salpican a su esposa, las irregularidades que rodean a su hermano, las tramas de corrupción de sus ministros, los escándalos sexuales de sus altos cargos, los manejos oscuros de su partido y la manipulación abierta de las instituciones que dirige. Esa pose de inocencia perpetua no es creíble: en política, lo que uno no controla, lo consiente. Y si realmente no supiera nada, sería aún peor, porque significaría que España está en manos de un presidente incapaz de gobernar su propio entorno, y mucho menos un país entero.
Mientras tanto, España sufre las consecuencias políticas de un presidente que ha entregado el país a quienes históricamente han querido destruirlo. Sánchez ha cedido el rumbo nacional a independentistas catalanes que dictan leyes y presupuestos a golpe de chantaje, a nacionalistas vascos que blanquean el legado moral de ETA y se erigen en árbitros del futuro del Estado, y a partidos comunistas y extremistas que han deformado leyes, debilitado la autoridad del Estado, promovido la okupación, alimentado la inseguridad y aprobado la desastrosa Ley del Sólo Sí es Sí que dejó a cientos de agresores sexuales en la calle sin que nadie del Gobierno asumiera responsabilidad alguna. Al mismo tiempo, España se ha convertido en el único país que tolera la entrada y permanencia masiva de inmigrantes ilegales mientras se niega a expulsarlos pese a que la palabra lo dice todo: i-le-ga-les. Personas que vulneran la ley desde el minuto uno reciben más facilidades que los propios españoles, así como ayudas, subsidios y paguitas que funcionan como instrumento clientelar para fabricar dependencias políticas destinadas a transformarse en votos mediante procesos acelerados de nacionalización, una forma más de corrupción electoral silenciosa que manipula el sistema democrático desde dentro, comprando fidelidades con dinero público mientras se desprecia a quienes sostienen al país con su trabajo y sus impuestos.
Este cúmulo de corrupción, cesión territorial, compra de voluntades, deterioro institucional, manipulación mediática y degradación política coloca a España ante una pregunta que ya no admite evasivas: ¿a qué espera Pedro Sánchez para dimitir? Porque lo que rodea a este Gobierno no es una campaña ni una exageración, sino un derrumbe moral, político e institucional tan profundo que ningún presidente responsable permitiría prolongarlo un solo día más. España merece volver a ser un país serio, estable y digno, y eso no ocurrirá mientras quien la dirige siga aferrado al poder pese a estar rodeado por la mayor nube de corrupción y descomposición institucional de nuestra democracia. Dimita, Sr. Presidente y convoque elecciones.
Felipe Pinto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario