La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a demostrar que en el sanchismo la mentira no es un accidente, sino un sistema. Su reacción ante la detención de quien fue su máximo colaborador en Andalucía y posteriormente una de las personas de mayor confianza en el Ministerio de Hacienda encaja a la perfección con el patrón que Pedro Sánchez ha normalizado desde La Moncloa: fingir desconocimiento, negar vínculos evidentes y huir de cualquier responsabilidad política cuando los hechos se vuelven incómodos.
El contexto es de una gravedad extraordinaria. Nos encontramos ante la trama de los hidrocarburos, conocida como el caso Aldama, con Villafuel como una de las empresas epicentro de la investigación judicial, en la que se indaga un presunto fraude del IVA que supera los 180 millones de euros. No se trata de una irregularidad menor ni de un error administrativo, sino de una cantidad colosal que, por sí sola, debería haber activado todas las alarmas del Estado. Sin embargo, lo que ha habido es silencio, pasividad y una inquietante falta de diligencia por parte del Ministerio de Hacienda.
Conviene explicar con claridad cómo se articula políticamente esta cadena de responsabilidades. En el origen del proceso que permitió operar a Villafuel intervino José Luis Ábalos cuando era ministro, y posteriormente, ya fuera del Gobierno, la empresa continuó su actividad con el beneplácito administrativo de los ministerios competentes, en concreto Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, e Industria, bajo Reyes Maroto. No hablamos de imputaciones penales, sino de una realidad política y administrativa: fueron esos ministerios los que dieron luz verde o no pusieron objeciones relevantes al marco en el que la empresa desarrolló su actividad.
Y es precisamente ahí donde el círculo se cierra de forma inquietante. Porque esa empresa, que había contado con autorizaciones y avales administrativos, acabó presuntamente defraudando a la Hacienda pública en una cifra que las investigaciones sitúan por encima de los 180 millones de euros. Y en ese punto, la responsabilidad ya no es de Transportes, ni de Industria, ni de Transición Ecológica. La responsabilidad es directa del Ministerio de Hacienda, cuya titular era —y sigue siendo— María Jesús Montero.
La pregunta es tan sencilla como devastadora: ¿por qué Hacienda no actuó con la contundencia habitual? ¿Por qué no reclamó ese dinero? ¿Por qué no activó los mecanismos de inspección, sanción y cobro que se aplican sin piedad al autónomo, a la pequeña empresa o al ciudadano corriente? No hay una explicación convincente. Y cuando no hay explicación, la sospecha es inevitable.
El caso se agrava aún más al conocerse que, en esta misma causa, se ha solicitado la declaración como testigos de exjefes de gabinete de ministras como Teresa Ribera y Reyes Maroto. No son cargos secundarios ni técnicos anónimos, sino personas situadas en el núcleo del poder político, en contacto directo con decisiones administrativas y regulatorias de enorme impacto económico. Aun así, el relato oficial insiste en que nadie sabía nada, nadie conocía a nadie y todo ocurrió a espaldas del Gobierno. Un relato que ya no se sostiene.
María Jesús Montero ha llegado incluso a afirmar que su colaborador detenido era poco menos que un desconocido. Esa afirmación no solo resulta inverosímil, sino ofensiva para la inteligencia de los españoles. Nadie llega a ser número dos en un ministerio como Hacienda por casualidad. Nadie permanece años en puestos de máxima confianza sin el respaldo directo de quien manda. Negarlo ahora no es prudencia institucional, es mentira política, exactamente la misma que practica Pedro Sánchez cada vez que uno de los suyos cae bajo investigación.
Cuando una presunta trama de estas dimensiones implica a empresas del sector estratégico de los hidrocarburos, mueve cientos de millones de euros, reparte comisiones y aparece rodeada de nombres ligados al Gobierno, resulta legítimo preguntarse si la inacción de Hacienda fue simple negligencia o algo mucho más grave. Porque sin cobertura política, sin decisiones conscientes de no actuar, ninguna estructura de fraude de esta magnitud puede sobrevivir en el tiempo.
No corresponde a la opinión dictar sentencias, eso es tarea de los tribunales. Pero sí corresponde exigir responsabilidad política, algo que este Gobierno ha decidido erradicar de su vocabulario. La estrategia es siempre la misma: negar, minimizar, victimizarse y seguir adelante. Y mientras tanto, los españoles asisten a un espectáculo cada vez más obsceno, en el que quienes gobiernan se desentienden de sus propios equipos cuando el escándalo llama a la puerta.
Por eso no es exagerado afirmar que la vicepresidenta María Jesús Montero miente igual que el número uno. Porque ambos forman parte del mismo sistema, del mismo método y de la misma cultura política en la que el poder nunca responde de nada y la verdad es tratada como un estorbo. Y cuando la mentira se convierte en costumbre, el problema ya no es una trama concreta, sino el propio Gobierno.
Felipe Pinto.
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