Hay una sensación que recorre cada vez más hogares, bares, tertulias y conversaciones privadas en España. Una sensación que ya no se disimula ni se maquilla: la de que votar se ha convertido en un gesto casi simbólico, en un acto cívico que no siempre se traduce en poder real. La de que la voluntad mayoritaria ha sido sustituida por una aritmética fría, mecánica y profundamente injusta. Y no es una impresión subjetiva. Es una consecuencia directa del modelo político que se ha consolidado en nuestro país.
España no está gobernada por la mayoría social. Está gobernada por la suma parlamentaria. Son dos cosas muy distintas. Aquí no decide quién representa a más ciudadanos, sino quién consigue cuadrar una combinación suficiente de escaños, aunque esa combinación esté formada por fuerzas que, individualmente, representan porcentajes ínfimos del electorado nacional. El resultado es que formaciones con un apoyo mínimo terminan condicionando el rumbo completo del Estado, influyendo en presupuestos, leyes, nombramientos, política exterior, justicia, seguridad y modelo territorial.
El voto mayoritario queda así diluido, relativizado, neutralizado. Y lo que debería ser un sistema de representación se convierte en un mercado de poder donde cada escaño se cotiza como una ficha de casino. No gobierna quien gana. Gobierna quien logra vender más caro su apoyo.
Este fenómeno no es accidental. Es estructural. Y es profundamente dañino.
Porque rompe la lógica básica de cualquier democracia sana: que quien concentra la confianza de más ciudadanos tenga la capacidad real de gobernar. En España ocurre lo contrario. El que gana necesita pedir permiso al que pierde. Y ese permiso no se concede por responsabilidad institucional, sino a cambio de concesiones, privilegios, transferencias, competencias, excepciones legales y ventajas territoriales que muchas veces no han sido votadas por la mayoría de los españoles.
Se ha normalizado así un sistema donde minorías territoriales o ideológicas se convierten en árbitros permanentes del Estado. Donde la estabilidad depende del grado de chantaje asumido. Donde cada legislatura es más débil que la anterior, cada acuerdo más caro, cada cesión más profunda. Y donde la soberanía popular se fragmenta en mesas de negociación privadas que nadie votó.
El efecto es devastador. No solo para la gobernabilidad, sino para la confianza democrática. El ciudadano percibe que su voto vale menos que el voto “estratégico”. Que la papeleta mayoritaria no gobierna, pero la minoritaria sí. Que la ley se decide en despachos cerrados por fuerzas que no representan al conjunto del país. Y esa percepción genera desafección, abstención, rabia y ruptura emocional con el sistema.
Lo más grave es que este modelo permite que fuerzas que no creen en el propio marco constitucional, que no comparten el proyecto común o que incluso trabajan activamente para debilitarlo, tengan capacidad de decisión central. No como oposición. No como fiscalización. Sino como piezas imprescindibles del gobierno. Es decir: no solo participan, sino que mandan.
España ha construido así una democracia legal, sí, pero frágil. Una democracia formal, pero distorsionada. Una democracia donde la soberanía no reside plenamente en el conjunto del pueblo, sino en la geometría variable de pactos parlamentarios.
Otros países han corregido esto con reglas claras: umbrales mínimos para condicionar gobiernos, primas de gobernabilidad, investiduras automáticas del más votado, separación entre pluralismo y poder de bloqueo. España no. Aquí se ha optado por normalizar el secuestro matemático del Estado.
Y mientras tanto, la mayoría social mira, vota y vuelve a mirar cómo otros deciden por ella, no porque sean más, no porque representen a más ciudadanos, no porque hayan ganado, sino porque el sistema lo permite, porque la aritmética pesa más que la soberanía, porque el chantaje vale más que el voto y porque en esta arquitectura política gobiernan los que no ganan… y toda democracia que acepta eso acaba pagando el precio.
Felipe Pinto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario