España amaneció ayer sumida en un episodio de frío intenso, con nevadas en distintos puntos del país y afecciones claras en zonas clave como la Comunidad de Madrid, especialmente en el entorno de la A-6, la carretera de La Coruña. No fue una nevada histórica en términos de acumulación, pero sí un temporal invernal más que suficiente como para poner a prueba al sistema eléctrico. Y la prueba volvió a dejar una conclusión inquietante: España estuvo a un paso de un apagón generalizado.
Mientras los ciudadanos trataban de mantener sus hogares a una temperatura mínima y el consumo eléctrico se disparaba, la red entró en una situación crítica. Fue necesario activar mecanismos de emergencia para evitar un fallo grave del suministro, lo que en la práctica significa que el sistema no estaba preparado para responder con normalidad a un escenario perfectamente previsible. El equilibrio se sostuvo por muy poco y gracias a medidas excepcionales, no porque el modelo energético sea sólido.
El origen del problema quedó rápidamente al descubierto. En el momento de mayor demanda, la generación eólica cayó de forma abrupta en pleno temporal, la fotovoltaica no aportaba nada en las primeras horas del día, las interconexiones no fueron suficientes para cubrir el déficit y las centrales de gas tuvieron que forzarse al límite para evitar el colapso. La red se mantuvo en pie a base de parches, sacrificando consumo industrial y recurriendo a soluciones de urgencia que no deberían ser necesarias en un país desarrollado.
Conviene subrayarlo con claridad: el frío no fue el problema. Un sistema eléctrico serio debe estar diseñado para soportar episodios de bajas temperaturas, nieve o viento sin entrar en emergencia. Lo ocurrido ayer no fue una fatalidad meteorológica, sino la consecuencia directa de un modelo energético deliberadamente debilitado por decisiones políticas.
España ha ido renunciando, paso a paso, a su principal garantía de estabilidad: la energía nuclear. El cierre programado de las centrales ha reducido de forma consciente la generación firme, aquella que no depende del sol ni del viento y que asegura un suministro continuo cuando todo lo demás falla. Sustituir esa base por energías intermitentes sin un respaldo suficiente no es modernización, es poner en riesgo el suministro eléctrico del país.
Ayer quedó demostrado que, con las centrales nucleares funcionando a pleno rendimiento, el sistema no habría entrado en situación crítica. No habría sido necesario activar protocolos de emergencia, ni forzar a la industria a reducir consumo, ni jugar con la posibilidad real de dejar a millones de hogares sin luz y calefacción en pleno invierno. Esto no es una opinión ideológica, es una evidencia técnica que otros países europeos ya han asumido, prolongando la vida útil de sus nucleares para proteger a sus ciudadanos.
Lo más grave es que lo vivido ayer no fue un escenario extremo ni excepcional. Fue un día frío de invierno, con nieve en algunas zonas y un aumento de demanda perfectamente previsible. Y aun así, el sistema estuvo a punto de fallar. Si con un episodio relativamente normal el país se sitúa al borde del apagón, el problema no es coyuntural: es estructural.
El Gobierno no puede seguir escondiéndose tras discursos triunfalistas ni propaganda verde mientras debilita la seguridad energética nacional. Jugar con el suministro eléctrico de un país no es una apuesta ideológica sin consecuencias: es poner en riesgo hogares, empleo, industria y servicios esenciales. Ayer España se salvó por los pelos, pero no siempre habrá margen para improvisar.
Persistir en el cierre nuclear y en un modelo energético frágil es asumir que el apagón deje de ser una amenaza y pase a convertirse en una realidad recurrente. Y cuando eso ocurra, ya no bastarán las excusas ni los relatos. La responsabilidad tendrá nombres y apellidos.
Felipe Pinto.
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