¿DÓNDE ESTÁN LOS SINDICATOS?

La regularización masiva que impulsa el Gobierno no se presenta solo como una medida supuestamente humanitaria, sino también como una falsa solución económica. No es ni lo uno ni lo otro. Bajo ese discurso buenista se esconde una decisión ideológica profundamente dañina que erosiona el Estado de Derecho, rompe el equilibrio del mercado laboral y acelera un proceso de descomposición social cuyas consecuencias pagarán, como siempre, los trabajadores españoles.

Regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes ilegales no es un acto de solidaridad: es un premio a la ilegalidad. Es trasladar el mensaje de que incumplir la ley no solo no tiene consecuencias, sino que acaba teniendo recompensa. Es decirle a quien entra por la puerta que ha sido ingenuo, y a quien entra saltándose las normas que ha sido listo. Ningún país serio puede sostenerse sobre esa lógica sin acabar debilitado.

Y ante este escenario, la pregunta resulta inevitable y cada vez más incómoda: ¿dónde están los sindicatos?
¿Dónde están esas organizaciones que durante décadas dijeron representar al obrero, al trabajador humilde, al que sostiene el país con su esfuerzo diario? ¿Dónde están ahora que el mercado laboral se tensiona, que los salarios se presionan a la baja y que se introduce una competencia desleal que perjudica directamente a los de siempre? Su silencio no es casual. Es estructural.
Los sindicatos tradicionales han dejado de ser herramientas de defensa del trabajador para convertirse en estructuras integradas en el sistema. Viven acomodados a las subvenciones del Gobierno de la nación, de las comunidades autónomas y de multitud de ayuntamientos. Mantienen ejércitos de liberados sindicales, organigramas sobredimensionados y una burocracia interna que para muchos de sus dirigentes es una forma de vida. Ya no viven del conflicto laboral ni de la defensa del obrero, sino de la dependencia económica del poder político.

Esta regularización masiva golpea de lleno al trabajador español. Introduce mano de obra abundante en los sectores más frágiles del mercado laboral, presiona los salarios a la baja y consolida un modelo de precariedad estructural. También perjudica gravemente al inmigrante legal, al que ha cumplido la ley, ha esperado su turno y ha respetado las normas. A todos ellos se les lanza un mensaje demoledor: cumplir la ley no compensa.

El Gobierno intenta justificar la medida hablando de necesidades del mercado laboral, pero evita explicar la realidad económica completa. Muchos de estos trabajadores regularizados acabarán ocupando empleos de salario mínimo o directamente integrándose en una economía sumergida que el propio Estado es incapaz de controlar. Su aportación fiscal será mínima, mientras el gasto social crecerá. Más presión sobre la Seguridad Social, más tensión sobre el sistema de pensiones y más carga impositiva para quienes ya sostienen el sistema.

A todo ello se suma una cuestión que el Gobierno evita deliberadamente: la quiebra del principio contributivo sobre el que se sostiene el Estado del bienestar. Un sistema público no se mantiene solo con derechos reconocidos, sino con obligaciones cumplidas. Cuando se incorporan de golpe cientos de miles de nuevos beneficiarios sin una base previa de cotización suficiente, la carga no desaparece: se traslada. Recae sobre los trabajadores que ya cotizan, sobre las clases medias que ya sostienen el sistema y sobre unos ayuntamientos y comunidades autónomas que tendrán que asumir más gasto social, más presión asistencial y más tensión en servicios ya saturados, sin recibir a cambio recursos proporcionales.

Este modelo no solo es injusto, sino profundamente irresponsable, porque convierte la política migratoria en una herramienta de corto plazo y crea un precedente peligroso: hoy se regulariza medio millón, mañana otro tanto. Cada regularización masiva debilita un poco más la ley, refuerza a las mafias que trafican con personas y consolida la idea de que el incumplimiento sistemático de las normas acaba siendo la vía más rápida para acceder a derechos. Un Estado que actúa así no integra: se rinde.
A esto se suma una preocupante laxitud en los controles. Se avanza hacia procesos donde el Estado parece dispuesto a renunciar a la verificación rigurosa, debilitando su propia autoridad. Un Estado que no controla quién entra, quién se queda y bajo qué condiciones renuncia a su soberanía. Y cuando un Estado renuncia a su soberanía, otros deciden por él.

Negar el efecto llamada es negar la evidencia. Cada regularización masiva envía un mensaje claro más allá de nuestras fronteras: España es un país donde la ilegalidad acaba siendo legalizada. Las consecuencias no son inmediatas, pero son constantes. Y cuando el problema estalla, ya no hay soluciones fáciles.

Todo ello conduce a un escenario que muchos prefieren no nombrar, pero que cada vez es más evidente: una España que, si no cambia de rumbo, corre el riesgo de convertirse en un país donde los españoles sean minoría en su propia tierra. No por integración real ni por convivencia ordenada, sino por la renuncia del Estado a defender su identidad, su cultura y su continuidad histórica. No es xenofobia. Es supervivencia nacional.

Y mientras tanto, los sindicatos callan. Callan cuando el trabajo se abarata. Callan cuando el salario se degrada. Callan cuando el obrero pierde. Porque ya no están con el trabajador, sino con el Gobierno, con la ideología dominante y con la subvención que garantiza su comodidad.

España necesita exactamente lo contrario de lo que hoy se está haciendo: fronteras seguras, inmigración legal y ordenada, controles efectivos, expulsión inmediata de quienes entren ilegalmente, prioridad nacional en el acceso al empleo y a las ayudas sociales, y la eliminación de las subvenciones públicas a sindicatos y organizaciones que han traicionado su razón de ser.

Porque esto va de algo mucho más profundo: va de elegir entre un país que protege a su gente o un Estado que se disuelve por cobardía política. Va de decidir si España sigue siendo una nación con ley, con fronteras y con trabajadores protegidos, o si se convierte en un territorio sin orden, sin prioridad nacional y sin voz propia. Frente a quienes han renunciado a defender al obrero, a la soberanía y a la identidad común, solo queda decir basta, organizarse y respaldar un proyecto político que vuelva a poner a los españoles en el centro. No es radicalidad. Es sentido común. Es defensa propia.

Felipe Pinto.