El anuncio del presidente del Gobierno de la inmediata prohibición del uso de redes sociales a los menores de 16 años no dice que estemos ante una medida de protección ni ante una preocupación genuina por el bienestar de dichos menores. La realidad es que esta medida supone una censura preventiva dirigida a un grupo muy concreto: la juventud. La excusa es siempre la misma —seguridad, salud mental, protección—, pero el objetivo real es otro: controlar el proceso de formación intelectual y política desde edades tempranas.
Las redes sociales, con todos sus riesgos, han sido uno de los pocos espacios donde los jóvenes podían escapar del discurso institucional dominante. Un lugar imperfecto, sí, pero libre. Un espacio donde contrastar ideas, acceder a fuentes alternativas, debatir la actualidad política y comprobar que el relato que se les impone desde la escuela y los medios no es el único posible. Precisamente por eso ahora se pretende cerrar esa puerta.
En ese mismo marco se encaja otra de las iniciativas más inquietantes que el Gobierno pretende implantar: la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad destinado a establecer una supuesta “huella de odio y polarización”. Un concepto deliberadamente ambiguo que permite convertir la opinión en dato, la discrepancia en registro y la crítica en señal de alerta. No se trata de prevenir la violencia, sino de vigilar el pensamiento, clasificar ideológicamente y dejar constancia permanente de quién se ajusta al discurso oficial y quién se sale de él.
Mientras desde el poder se normalizan mensajes que dividen, enfrentan y agitan resentimientos generacionales, cualquier posición contraria es etiquetada como odio. Así, el Gobierno se arroga la facultad de decidir qué es aceptable y qué debe ser marcado, corregido o silenciado. Especialmente entre los jóvenes, a quienes se pretende acostumbrar a que opinar tenga consecuencias, a que discrepar deje huella y a que pensar fuera del marco establecido pueda condicionar su futuro académico, laboral o social.
La prohibición no busca educar, porque educar implica formar criterio, no eliminar opciones. No busca proteger, porque proteger exige acompañar y responsabilizar, no imponer silencios. Lo que busca es coartar la libertad intelectual para evitar que los jóvenes se salgan del marco ideológico establecido. Que no cuestionen. Que no comparen. Que no descubran que hay alternativas políticas y morales al pensamiento oficial.
El sistema educativo lleva años funcionando como un canal de transmisión doctrinal, no como un espacio de debate plural. Se inculcan ideas cerradas sobre sociedad, historia y política presentadas como verdades incuestionables. En ese contexto, las redes sociales eran una amenaza para el modelo: permitían a los jóvenes comprobar que el consenso no era real, que existía disenso y que ese disenso tenía argumentos.
Cerrar ese acceso no es un error ni una casualidad. Es una decisión estratégica. Se trata de blindar el relato, evitar fugas ideológicas y garantizar que la juventud crezca dentro de un marco mental perfectamente delimitado. Menos libertad hoy para asegurar obediencia mañana.
La desautorización de las familias no es un daño colateral: es parte del diseño. Al impedir que los padres decidan, el Estado se arroga un papel que no le corresponde. Sustituye a la familia, suplanta su función y convierte la educación en una herramienta política. No se acompaña al menor; se le administra.
La contradicción es evidente y reveladora. Se considera a un joven incapaz de acceder a una red social con supervisión familiar, pero se le somete sin filtros a una presión ideológica constante desde instancias oficiales. Se le niega el derecho a debatir, pero se le exige que asuma como natural un pensamiento único. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de control del pensamiento.
La verdadera protección pasa por educar en el uso responsable, por reforzar el pensamiento crítico y por confiar en las familias. Prohibir es el recurso del poder inseguro, de quien no confía en sus ideas y necesita reducir el espacio de libertad para que no se note su debilidad.
La libertad no aparece mágicamente al cumplir los 18 años. Se construye antes, enfrentándose a ideas distintas, debatiendo, equivocándose y madurando. Negar ese proceso a la juventud no es protegerla: es modelarla.
Y cuando un gobierno prefiere jóvenes silenciosos a jóvenes críticos, cuando utiliza la censura digital y la vigilancia ideológica para impedir que desarrollen su libertad intelectual, el problema no son las redes sociales. El problema es el miedo. Miedo a que la juventud piense por sí misma, miedo a perder el control del relato… y miedo, en última instancia, a perder futuras elecciones.
Felipe Pinto.
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