Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el poder adquisitivo de las familias no ha dejado de erosionarse. La inflación acumulada, disparada durante estos años, ha golpeado con especial dureza a los hogares trabajadores, a los autónomos y a las rentas medias, que ven cómo sus salarios y pensiones no crecen al mismo ritmo que los precios. El resultado es claro: cada vez más españoles se ven obligados a recortar incluso en la cesta de la compra, algo impensable no hace tanto tiempo.
La dificultad para consumir carne, pollo o pescado con regularidad se ha extendido a un número creciente de hogares. No es una cuestión de hábitos saludables ni de decisiones personales, sino de falta de recursos. Cuando una familia tiene que calcular cada euro antes de entrar al supermercado y priorizar qué alimentos deja fuera, el problema no es cultural ni educativo, es económico y político. Es la consecuencia directa de un modelo que ha encarecido la vida mientras asfixia fiscalmente a quienes sostienen el país con su trabajo.
La fragilidad de la economía doméstica se hace aún más visible cuando se analiza la incapacidad de muchos hogares para afrontar gastos imprevistos. Una avería, un problema de salud o cualquier contratiempo puede desestabilizar por completo economías familiares ya al límite. Este escenario no genera tranquilidad ni estabilidad, sino miedo al futuro y dependencia. Dependencia de un Estado que sustituye prosperidad por subsidios y autonomía por control.
El encarecimiento de los alimentos básicos ha sido constante y especialmente dañino. Productos esenciales han subido muy por encima de lo razonable, castigando de forma directa a las familias con hijos y a quienes viven del campo, la ganadería o la industria alimentaria. Paradójicamente, son estos sectores los que más sufren las políticas ideológicas, las trabas burocráticas y los costes impuestos desde los despachos, mientras se presume de protección social desde el atril.
Las cifras de riesgo de pobreza y exclusión social siguen siendo inaceptables para un país como España. Uno de cada cuatro ciudadanos vive en situación de vulnerabilidad y, lo que resulta aún más grave, más de un tercio de los menores se encuentra en riesgo de pobreza. Estos datos desmontan el relato oficial de recuperación y progreso y revelan una sociedad cada vez más desigual, donde trabajar ya no garantiza vivir con dignidad.
Pese a esta realidad, el Gobierno celebra récords de recaudación y presume de indicadores macroeconómicos que poco tienen que ver con la vida real de la gente. Más impuestos no han supuesto una mejora del bienestar, sino una pérdida constante de capacidad de ahorro, de seguridad y de libertad económica. El ciudadano paga más, pero vive peor. Esa es la verdadera herencia del actual modelo.
Los propios datos del Instituto Nacional de Estadística confirman lo que millones de españoles ya sienten en su día a día. España no se está fortaleciendo, se está empobreciendo. La pobreza alimentaria no es un fenómeno aislado ni pasajero, es el síntoma más visible de un país en el que el coste de la vida se dispara mientras el Gobierno mira hacia otro lado.
Cuando en una nación desarrollada cada vez más ciudadanos no pueden comer dignamente, el problema no es coyuntural ni técnico. Es un problema de rumbo político. Y mientras no se apueste por proteger el trabajo, aliviar la carga fiscal, defender a las familias y garantizar que el bienestar llegue a los hogares y no se pierda en propaganda, esta realidad seguirá agravándose.
Felipe Pinto.
La fragilidad de la economía doméstica se hace aún más visible cuando se analiza la incapacidad de muchos hogares para afrontar gastos imprevistos. Una avería, un problema de salud o cualquier contratiempo puede desestabilizar por completo economías familiares ya al límite. Este escenario no genera tranquilidad ni estabilidad, sino miedo al futuro y dependencia. Dependencia de un Estado que sustituye prosperidad por subsidios y autonomía por control.
El encarecimiento de los alimentos básicos ha sido constante y especialmente dañino. Productos esenciales han subido muy por encima de lo razonable, castigando de forma directa a las familias con hijos y a quienes viven del campo, la ganadería o la industria alimentaria. Paradójicamente, son estos sectores los que más sufren las políticas ideológicas, las trabas burocráticas y los costes impuestos desde los despachos, mientras se presume de protección social desde el atril.
Las cifras de riesgo de pobreza y exclusión social siguen siendo inaceptables para un país como España. Uno de cada cuatro ciudadanos vive en situación de vulnerabilidad y, lo que resulta aún más grave, más de un tercio de los menores se encuentra en riesgo de pobreza. Estos datos desmontan el relato oficial de recuperación y progreso y revelan una sociedad cada vez más desigual, donde trabajar ya no garantiza vivir con dignidad.
Pese a esta realidad, el Gobierno celebra récords de recaudación y presume de indicadores macroeconómicos que poco tienen que ver con la vida real de la gente. Más impuestos no han supuesto una mejora del bienestar, sino una pérdida constante de capacidad de ahorro, de seguridad y de libertad económica. El ciudadano paga más, pero vive peor. Esa es la verdadera herencia del actual modelo.
Los propios datos del Instituto Nacional de Estadística confirman lo que millones de españoles ya sienten en su día a día. España no se está fortaleciendo, se está empobreciendo. La pobreza alimentaria no es un fenómeno aislado ni pasajero, es el síntoma más visible de un país en el que el coste de la vida se dispara mientras el Gobierno mira hacia otro lado.
Cuando en una nación desarrollada cada vez más ciudadanos no pueden comer dignamente, el problema no es coyuntural ni técnico. Es un problema de rumbo político. Y mientras no se apueste por proteger el trabajo, aliviar la carga fiscal, defender a las familias y garantizar que el bienestar llegue a los hogares y no se pierda en propaganda, esta realidad seguirá agravándose.
Felipe Pinto.
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