Lo que el Partido Popular ha hecho con su llamado “decálogo” no es tender la mano, es levantar un cordón sanitario encubierto envuelto en papel institucional. No es un documento para construir acuerdos; es un texto diseñado para sembrar sospechas y fabricar un relato: que existe una fuerza política que debe demostrar que cree en el Estado de Derecho, que debe comprometerse solemnemente con la Constitución y que necesita pasar un examen previo de respeto a la Corona. La insinuación no es accidental, es estratégica.
Empezar exigiendo que todo pase por el “Estado de Derecho” no es una premisa neutral. Es una acusación implícita. Es proyectar ante la sociedad la idea de que alguien bordea la legalidad o cuestiona el orden constitucional. Pero los hechos desmontan esa narrativa. Quien ha recurrido ante el Tribunal Constitucional las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por el Gobierno y ha obtenido sentencias favorables no puede ser presentado como enemigo del marco constitucional. Más bien al contrario. En cualquier democracia mínimamente exigente, esas resoluciones habrían tenido consecuencias políticas inmediatas. Aquí no ocurrió nada. Y quienes hoy reparten certificados de constitucionalismo guardaron silencio.
La referencia a la monarquía parlamentaria responde al mismo patrón. Se sugiere deslealtad donde hay defensa expresa del orden constitucional. Lo que no se acepta es la utilización de la Corona como escudo político o como herramienta para desacreditar al discrepante. Criticar decisiones o señalar posibles desviaciones de neutralidad institucional no equivale a atacar la institución. Convertir toda crítica en herejía es propio de sistemas que temen el debate real.
Pero el núcleo del asunto es otro. El Partido Popular está preocupado. Y lo está porque pierde espacio electoral de forma sostenida. Y lo pierde por una razón lógica: la reiterada decepción de su propio electorado. Promesas incumplidas, cambios de postura en cuestiones esenciales del Estado, contradicciones permanentes según el territorio o el foro. En unas comunidades defienden una cosa; en otras sostienen la contraria. En Bruselas se alinean dócilmente con el consenso popular-socialista europeo; en España intentan disimularlo con un discurso más firme. En campaña prometen revertir leyes que luego mantienen intactas. Anuncian confrontación y practican acomodo.
Esa incoherencia prolongada erosiona la confianza. Y cuando la confianza se quiebra de manera repetida, el votante busca coherencia en otro lugar. La gente se ha cansado de votar cambio para obtener continuidad. Se ha cansado de discursos firmes que se diluyen al primer cálculo estratégico. Y esa fuga de votos no se explica por campañas mediáticas, sino por decepciones acumuladas.
Frente al intento de presentar una ruptura como imposible, la respuesta ha sido clara: todo será mucho más fácil y los acuerdos llegarán sin dificultad si el Partido Popular rompe todos sus pactos con el Partido Socialista. No hay veto, no hay línea roja ideológica insalvable. Hay una condición política transparente: abandonar la alianza estructural con quienes han impulsado las políticas que dicen combatir. Si realmente se quiere un cambio, que se demuestre con hechos y no con decálogos redactados para desacreditar.
Ahí está el punto decisivo. No se trata de firmar compromisos retóricos sobre el Estado de Derecho, sino de dejar de sostener en las instituciones, en Europa y en múltiples ámbitos territoriales el mismo consenso que se critica en los mítines. No se puede prometer oposición frontal y, al mismo tiempo, mantener pactos estratégicos con el adversario. No se puede denunciar al socialismo mientras se comparte con él la arquitectura del poder.
El episodio del artículo 134.3 de la Constitución y su traslado al Tribunal Constitucional encaja en esa lógica de ambigüedad calculada. Se escenifica firmeza institucional mientras el conflicto queda encapsulado en un procedimiento que puede dilatarse indefinidamente. Se aparenta confrontación mientras se gana tiempo. Y el tiempo, en política, siempre favorece al sistema que ya está instalado.
Todo esto explica la dureza implícita del documento del Partido Popular. No nace de la fortaleza, sino del temor. No surge de la seguridad estratégica, sino de la pérdida progresiva de credibilidad ante su propio electorado. Y cuando un partido percibe esa erosión, reacciona intentando deslegitimar a quien recoge ese descontento.
El debate ya no es si habrá acuerdos. El debate es con quién se quiere estar. Con el bloque que ha gobernado España durante décadas bajo distintos colores pero con idéntica estructura de poder, o con una alternativa que exige romper ese esquema. La condición está puesta sobre la mesa. Clara. Sin ambigüedades.
Y en última instancia, serán los españoles quienes decidan si aceptan más continuidad maquillada o si respaldan un cambio que no dependa de decálogos preventivos, sino de coherencia política real.
Felipe Pinto.
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