La Dirección General de Tráfico mantiene desde hace años una política constante de endurecimiento hacia los conductores de coches, motos, camiones y vehículos sometidos a licencia, multiplicando controles, sanciones, radares, limitaciones y obligaciones administrativas, como si todo el problema de la seguridad vial descansara exclusivamente sobre quienes ya han demostrado conocer el código de circulación, han superado exámenes teóricos y prácticos, pasan controles médicos periódicos y asumen responsabilidades legales cada vez mayores. Sin embargo, mientras esa presión aumenta sobre millones de conductores, la propia administración sigue dejando intacto uno de los vacíos más evidentes y peligrosos del tráfico actual: la circulación diaria de bicicletas, patinetes eléctricos y determinados ciclomotores por calles y avenidas sin exigir a sus conductores una acreditación mínima real de conocimiento de las normas básicas de circulación.
La contradicción es cada vez más difícil de justificar porque basta observar unos minutos cualquier ciudad para comprobar cómo numerosos usuarios de estos vehículos atraviesan semáforos en rojo, ignoran señales de stop, circulan en dirección contraria, invaden pasos de peatones, aparecen de forma repentina entre coches o realizan maniobras imprevisibles que obligan a frenazos bruscos y generan situaciones de peligro constantes. Y lo más preocupante es que esta situación se ha ido normalizando hasta el punto de parecer asumida por la propia administración, como si formar parte de una movilidad llamada moderna eximiera automáticamente de conocer unas reglas que sí son obligatorias para todos los demás.
Especialmente llamativo resulta el caso de determinados ciclomotores ligeros, que comparten espacio con automóviles y motocicletas en entornos urbanos cada vez más complejos y, sin embargo, en demasiadas ocasiones son conducidos por personas cuyo conocimiento de las normas básicas resulta claramente insuficiente. A ello se suma otro desequilibrio difícil de explicar: mientras un automóvil o una motocicleta deben disponer obligatoriamente de seguro, matrícula identificativa y documentación plenamente regularizada, bicicletas y patinetes pueden circular en gran número de casos sin seguro obligatorio y sin un sistema real de identificación inmediata cuando cometen una infracción o provocan un incidente. Eso significa que un vehículo puede saltarse un semáforo, circular indebidamente o causar un accidente y, en muchas ocasiones, el responsable desaparece sin posibilidad práctica de identificación.
La consecuencia no es solo el aumento del riesgo físico, sino también el perjuicio psicológico que sufre quien circula correctamente cuando se ve implicado en un accidente provocado por una imprudencia ajena. Porque quien conduce un coche respetando todas las normas también carga después con el impacto moral de un atropello o una colisión que pudo evitarse si existiera una formación previa obligatoria y una regulación más equilibrada.
Resulta difícil entender que la Dirección General de Tráfico siga mirando hacia otro lado en una cuestión tan evidente. Si realmente se pretende reducir la siniestralidad, no basta con seguir endureciendo a quienes ya cumplen, ya pagan y ya están sometidos a control; también hay que exigir responsabilidad a quienes comparten la vía pública sin haber acreditado un conocimiento mínimo del código de circulación. Lo razonable sería establecer un carnet homologado o, al menos, un examen teórico obligatorio para bicicletas, patinetes eléctricos y ciclomotores ligeros, acompañado además de una regulación clara en materia de identificación y responsabilidad civil.
La seguridad vial no puede seguir construyéndose sobre una evidente desigualdad normativa. Hoy existen vehículos que comparten la vía pública, pueden provocar accidentes, carecen en muchos casos de seguro obligatorio, no llevan matrícula identificativa y tampoco exigen acreditar conocimientos previos del código de circulación. Y en ese desequilibrio, la responsabilidad recae directamente sobre una Dirección General de Tráfico que continúa sin afrontar uno de los problemas más visibles del tráfico urbano actual en España.
Felipe Pinto.
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