El deterioro institucional en España ya no se disimula. Ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una evidencia. Lo que estamos viendo estos días no es una simple discrepancia entre poderes, ni un debate jurídico legítimo. Es algo mucho más profundo y preocupante.
El Gobierno no se ha limitado a criticar al juez Juan Carlos Peinado. Ha ido un paso más allá. Según ha publicado la prensa, el ministro se ha dirigido por escrito a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial trasladando su convicción de que ese juez debe ser sancionado y reclamando una actuación rápida del órgano de gobierno de los jueces. No estamos, por tanto, ante una declaración aislada o un exabrupto político. Estamos ante una actuación formal, reiterada y dirigida a quien tiene competencias disciplinarias sobre la carrera judicial.
Y esto nos tiene que preocupar y que suene la alarmapara todos los españoles,
porque en un Estado de derecho, el poder ejecutivo no puede, ni directa ni indirectamente, condicionar la actuación del poder judicial. No puede señalar a un juez por el contenido de sus resoluciones y, acto seguido, instar al órgano competente a actuar contra él. Eso es romper el equilibrio más básico sobre el que se sostiene cualquier democracia: la separación de poderes.
No se trata de si el juez tiene razón o no. No se trata de si sus resoluciones gustan o disgustan. Se trata de algo mucho más esencial: que los jueces deben poder ejercer su función sin interferencias del poder político. Sin presiones. Sin advertencias veladas. Sin mensajes que, por su insistencia y dirección, trascienden la mera crítica.
Algunos dirán que todo entra dentro del juego político. Que son simples quejas. Que existen cauces formales para plantearlas. Y es cierto que los hay. Pero también es cierto que cuando quien gobierna utiliza su posición para trasladar reiteradamente al órgano de gobierno de los jueces la necesidad de sancionar a un magistrado concreto, la línea que separa la crítica de la injerencia empieza a difuminarse peligrosamente.
Y ese es el verdadero problema.
No estamos aún —al menos con lo que públicamente se conoce— ante un delito acreditado. Pero sí estamos ante un escenario que, de consolidarse, puede erosionar gravemente la independencia judicial. Porque la presión institucional no siempre se ejerce mediante órdenes explícitas. A veces se construye mediante el señalamiento constante, la deslegitimación pública y la insistencia en que debe haber consecuencias disciplinarias.
Cuando eso ocurre, el mensaje que se lanza es devastador: que investigar al poder tiene coste.
Y en ese momento, el problema deja de ser de un juez concreto. Deja de ser de un procedimiento concreto. Pasa a ser un problema del sistema.
Porque sin jueces independientes no hay Estado de derecho. Y cuando el poder político empieza a actuar como si pudiera influir en ellos, lo que está en juego ya no es una causa judicial, sino la propia calidad democrática de un país.
Felipe Pinto.
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