Durante demasiados años, Andalucía ha vivido atrapada en una forma de hacer política donde el poder institucional ha terminado mezclándose peligrosamente con estructuras de dependencia política, subvenciones dirigidas, organismos paralelos y redes de influencia construidas alrededor del poder del Partido Socialista Obrero Español. No se trata únicamente de corrupción económica —que también ha existido y ha quedado reflejada en escándalos de enorme gravedad como el caso de los ERE— sino de algo todavía más profundo: la consolidación de una cultura política clientelar que ha condicionado durante décadas la vida pública andaluza.
El problema de las redes clientelares no consiste solo en colocar a determinadas personas en determinados puestos. El verdadero problema aparece cuando una parte de la sociedad termina dependiendo políticamente del bipartidismo para acceder a subvenciones, empleo público indirecto, ayudas, contratos o influencia institucional. Ahí deja de existir igualdad real entre ciudadanos y comienza a construirse un sistema donde el poder se perpetúa alimentando dependencias, favores y silencios interesados. Poco a poco, las instituciones dejan de percibirse como herramientas al servicio de todos y pasan a ser vistas como estructuras controladas por quienes llevan demasiado tiempo ocupando parcelas de poder.
Andalucía ha sufrido durante demasiado tiempo ese modelo. Un modelo que ha acabado generando una sensación de resignación colectiva, la idea de que nada podía cambiar porque todo terminaba moviéndose dentro de los mismos círculos políticos, administrativos y mediáticos. La alternancia parecía imposible y precisamente por eso el cambio político producido en Andalucía ha tenido tanta trascendencia histórica. Sin embargo, el simple relevo electoral no basta por sí solo para desmontar inercias construidas durante décadas.
El Partido Popular tiene ahora una responsabilidad histórica que va mucho más allá de gobernar o de gestionar el día a día de la administración autonómica. Tiene la obligación moral y política de desmontar definitivamente las estructuras clientelares heredadas y garantizar que nunca vuelvan a reproducirse bajo ningún color político. Porque el verdadero problema no desaparece simplemente sustituyendo unos nombres por otros. Si el nuevo poder termina utilizando las mismas prácticas, Andalucía habrá cambiado únicamente de administradores, pero no de sistema.
Y en ese escenario, VOX tiene una oportunidad política evidente. Al ser sus votos decisivos para la gobernabilidad de Andalucía, debería exigir como condición imprescindible para cualquier pacto de gobierno un compromiso firme y verificable para eliminar las redes clientelares construidas durante décadas. No deben bastar declaraciones genéricas ni simples promesas de transparencia. Hacen falta auditorías reales, reducción de estructuras paralelas, control exhaustivo de subvenciones, despolitización de organismos públicos y garantías de que el dinero de todos los andaluces deja de utilizarse como herramienta de influencia política.
Eliminar las redes clientelares exige valentía política y también reformas profundas. Exige revisar organismos públicos, empresas públicas y entes instrumentales que durante años han servido como herramientas de influencia política. Exige transparencia absoluta en subvenciones, ayudas y contratos públicos. Exige profesionalizar la administración para evitar colocaciones partidistas y reforzar la independencia de los funcionarios y órganos de control. Exige que los ciudadanos puedan conocer con claridad cómo se adjudica cada contrato y cómo se distribuye cada euro de dinero público. Y exige también proteger a quienes denuncian irregularidades, porque muchas veces el silencio ha sido una de las piezas fundamentales sobre las que se han sostenido estas estructuras y todo ello sería una quimera si dependiera exclusivamente del PP pero está VOX y con paso, para poder hacer que se lleve a cabo.
Pero además de las reformas técnicas, hace falta voluntad real de regeneración democrática. Porque las redes clientelares sobreviven muchas veces gracias a la costumbre, al miedo o a la dependencia económica y social que terminan generando. Romper esas dinámicas significa enfrentarse a intereses enquistados desde hace décadas y asumir el desgaste político que inevitablemente produce cualquier proceso serio de limpieza institucional.
Andalucía no puede permitirse volver al pasado. La comunidad más poblada de España necesita instituciones fuertes, neutrales y transparentes. Necesita ciudadanos libres, no dependientes políticamente de ninguna estructura de poder. Necesita recuperar plenamente la confianza en que el mérito, la igualdad y la legalidad están por encima del carnet político.
El gran reto histórico del Partido Popular no debería ser únicamente mantenerse en el gobierno. Su verdadero reto debería ser conseguir que en Andalucía nunca más pueda construirse una maquinaria clientelar semejante a la que durante tantos años ha condicionado la vida política andaluza. Porque cuando las instituciones dejan de pertenecer a los ciudadanos y pasan a convertirse en herramientas de supervivencia política de determinados partidos, la democracia se debilita, la sociedad se fractura y la libertad real de los ciudadanos termina deteriorándose lentamente.
Y Andalucía y, por ende, España, merecen mucho más que eso.
Felipe Pinto.
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