Cada vez más españoles perciben una realidad incómoda que durante años se ha intentado ocultar: una cosa es ayudar a quien verdaderamente lo necesita y otra muy distinta utilizar el dinero público para crear redes de dependencia política. La solidaridad bien entendida dignifica. El clientelismo degrada la democracia.
España no puede seguir instalada en un modelo donde determinadas ayudas, subsidios y prestaciones se entregan sin exigir responsabilidad alguna a quienes sí están en condiciones de aportar. Y tampoco puede tolerarse que esas ayudas se conviertan en una herramienta electoral al servicio del poder.
Muchos ciudadanos tienen la sensación de que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha entendido una parte del sistema asistencial no como un mecanismo temporal de protección social, sino como un auténtico caladero de votos cautivos. Cuantas más personas dependan del subsidio, más fácil resulta presentarse después como salvador imprescindible. Es una fórmula vieja: generar necesidad para después administrar dependencia.
Mientras tanto, el país sigue acumulando carencias evidentes. Montes abandonados que arden en verano, barrios deteriorados, caminos rurales sin mantener, ancianos que viven solos, dependientes que necesitan compañía, servicios locales desbordados y miles de tareas útiles que beneficiarían al conjunto de la nación.
La respuesta lógica no es eliminar ayudas, sino transformarlas. Quien reciba determinadas prestaciones y esté capacitado debería corresponder con servicios a la comunidad. Labores de desbroce y limpieza forestal, mantenimiento de espacios públicos, apoyo logístico municipal, acompañamiento a mayores en soledad, colaboración con bancos de alimentos o ayuda social básica bajo supervisión profesional.
Quien no pueda realizar tareas físicas podría desempeñar otras igualmente necesarias: compañía a ancianos, apoyo en centros sociales, gestiones sencillas o asistencia comunitaria adaptada. Se trata de convertir el subsidio en una herramienta de integración y utilidad pública, no en una paga sin rumbo.
Además, este sistema rompería la cultura de la pasividad que tanto daño hace. El trabajo, aunque sea comunitario y temporal, devuelve hábitos, autoestima, responsabilidad y vínculo con la sociedad. Cobra quien lo necesita, sí, pero también contribuye quien puede hacerlo.
Naturalmente, deben quedar excluidos quienes realmente no puedan trabajar: enfermos graves, discapacitados severos, dependientes o mayores sin autonomía. La justicia consiste en distinguir entre imposibilidad real y simple comodidad subvencionada.
La prioridad nacional exige otra filosofía: proteger primero a nuestros ciudadanos vulnerables, administrar con rigor cada euro público y evitar que las ayudas sean usadas como herramienta partidista.
Menos clientelismo electoral. Menos votos comprados con subsidios. Más manos limpiando montes, cuidando mayores y mejorando España.
Eso sí sería justicia social de verdad.
Felipe Pinto.
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