La llegada irregular, en forma de invasión, de menores marroquíes a Ceuta vuelve a plantear un problema que España lleva demasiado tiempo afrontando de manera equivocada.
El debate se centra una vez más en cómo distribuir a esos menores entre las distintas comunidades autónomas. A mi juicio, ésa no debería ser la cuestión principal. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué España debe asumir indefinidamente la responsabilidad de unos menores que proceden de Marruecos, cuando existe un Estado de origen que debe hacerse cargo de ellos?
La solución tiene que comenzar precisamente ahí y el objetivo prioritario del Gobierno español debe ser su repatriación inmediata a su país de origen y para hacerlo posible, nuestro Gobierno tiene la obligación de negociar con Rabat un acuerdo claro, permanente y vinculante que obligue a Marruecos a hacerse cargo de sus nacionales menores de edad.
Bajo ningún aspecto debe corresponder a España localizar desde Ceuta a cada padre, madre o familiar y mantener entretanto durante meses o años al menor bajo tutela de nuestras administraciones.
Hoy, es Ceuta la que soporta las consecuencias de una situación que desborda sus recursos y altera gravemente la vida cotidiana de sus ciudadanos. La saturación y el colapso de los servicios públicos, la creciente sensación de inseguridad y los delitos graves que puedan cometer algunos de los inmigrantes llegados irregularmente —incluidas agresiones sexuales o allanamientos— generan miedo entre la población, hasta el punto de que muchos vecinos pueden sentirse inseguros al salir de sus casas o dejar desprotegidas sus viviendas. La protección de quienes llegan nunca puede significar la desprotección ni la pérdida de libertad y seguridad de quienes viven en Ceuta. Están antes nuestros compatriotas que nuestros invasores.
Por lo tanto, España debe entregar esos menores con urgencia a las autoridades marroquíes competentes. Y debe ser Marruecos quien, ya en su territorio, los identifique, abra los correspondientes expedientes individuales, localice a las familias y determine las medidas de protección necesarias.
Si para establecer este sistema es necesario reformar nuestra legislación, habrá que reformarla, sí o sí, dentro de los límites constitucionales y de las obligaciones internacionales de España.
Debemos ser tajantes y dejar atrás la alternativa que está imponiendo el Gobierno que consiste en repartir a los menores entre las comunidades autónomas. Desde mi punto de vista, esa fórmula no sólo no resuelve el problema de origen, sino que lo traslada al interior de España y genera un conflicto añadido entre administraciones y partidos, algo que, además, políticamente beneficia de manera muy especial al PSOE porque una parte importante de la controversia termina trasladándose a aquellas comunidades autónomas gobernadas en coalición por el Partido Popular y Vox, dos partidos que mantienen posiciones muy diferentes en materia migratoria y el resultado es previsible: cada nuevo reparto puede convertirse en una fuente de enfrentamiento entre ambos socios de gobierno.
Desde mi perspectiva, al PSOE le resulta políticamente conveniente que la discusión deje de centrarse en la responsabilidad del Gobierno de España y de Marruecos y pase a convertirse en una disputa entre PP y Vox sobre cuántos menores debe aceptar cada comunidad autónoma.
Mientras unos discuten si reciben diez, cincuenta o varios centenares, desaparece del primer plano la cuestión fundamental: ¿por qué no se está exigiendo a Marruecos que se haga cargo de sus propios menores?
Ese cambio de enfoque beneficia políticamente a "Sánchez & Cía", porque desplaza su desgaste hacia las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, introduce una cuña entre dos partidos que gobiernan juntos en distintos territorios.
Por eso considero equivocada la política de reparto. Ceuta no puede convertirse en la puerta de entrada de un problema que posteriormente distribuimos por toda España. La política debería ser exactamente la contraria: utilizar todo el peso diplomático, económico y político de España para alcanzar con Marruecos un mecanismo eficaz de readmisión y exigirle un compromiso efectivo y permanente con el control de sus fronteras.
En definitiva, el objetivo de un Gobierno normal debería ser conseguir que quienes han entrado ilegalmente en España, mayores y menores, regresen a su país de origen y que Marruecos asuma plenamente sus responsabilidades. Y, en el caso de los menores, que sean sus autoridades las encargadas de identificarlos, localizar a sus familias y devolverlos a ellas.
Felipe Pinto.
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