Los que realmente han mejorado su vida a costa del esfuerzo de los ciudadanos no son quienes llegan de fuera, sino una clase política nacida del bipartidismo y los miles de cargos, asesores, organismos y estructuras que forman su maquinaria y que mantenemos entre todos.
Y conviene hacer una distinción fundamental: una cosa es la inmigración legal, la de quienes llegan a España cumpliendo las normas, y otra muy distinta la inmigración irregular. Es sobre esta última y, sobre todo, sobre las políticas que la incentivan donde debe centrarse el debate.
El problema no es únicamente quien responde a la llamada, sino, sobre todo, quien lleva años haciéndola y permite que esa llamada tenga consecuencias. Quienes intentan llegar a España de forma irregular responden, en buena medida, a unas políticas que transmiten la idea de que entrar irregularmente puede acabar dando acceso a acogida, ayudas sanitarias, económicas y sociales, aparte de una posterior regularización.
Pero un Estado fuerte debe controlar sus fronteras, impedir la entrada irregular y, cuando esta se produzca, aplicar la legislación y proceder a la devolución o expulsión cuando legalmente corresponda. Sin efecto llamada, con fronteras controladas y haciendo cumplir la ley, la inmigración irregular no tendría por qué convertirse en el problema que es hoy.
Y Ceuta es la demostración más reciente de hasta dónde puede llegar esta irresponsabilidad. Lo ocurrido no fue una simple entrada masiva, sino una invasión en toda regla, que obliga a preguntarse qué sabía el Gobierno español y por qué no fue capaz de impedirla, especialmente cuando existen informaciones contradictorias sobre los avisos previos de nuestros servicios de inteligencia. También obliga a preguntarse por la responsabilidad de Marruecos: estos días ha demostrado que, cuando quiere cerrar su frontera, puede hacerlo. Y queda una pregunta política todavía más incómoda: ¿por qué España mantiene una posición de tanta debilidad frente a Rabat? El espionaje con Pegasus a los teléfonos de Sánchez y varios ministros está acreditado; que Marruecos conserve información comprometedora y la utilice como instrumento de presión no lo está. Pero, precisamente por eso, el Gobierno debería despejar definitivamente cualquier duda y explicar a los españoles qué ocurrió, qué sabía y por qué no actuó a tiempo. ¿O quizás no puede hacerlo?
Por todo ello, la responsabilidad no debe descargarse únicamente sobre quien responde a esos incentivos, sino principalmente sobre quienes los crean, los mantienen y se niegan a corregirlos. Y si detrás de estas políticas existe además la esperanza de convertir mañana a quienes hoy se benefician de ellas en futuros votantes, estamos ante algo todavía más grave.
Mientras unos quieren venir a España buscando mejorar su vida, los que llevan décadas mejorando la suya a costa del contribuyente son los corruptos que han proliferado alrededor del bipartidismo y sus estructuras. Y no hace falta remontarse demasiado: ahí están Ábalos, la trama de las mascarillas y tantos escándalos millonarios que hoy se investigan y en los que aparecen involucrados dirigentes del Gobierno, del Estado y del PSOE, todos ellos bajo la responsabilidad política de Pedro Sánchez.
Es justo recordar que esto ya ocurrió antes, aunque con distinta dimensión, con los casos de corrupción del PP. Millones de euros que salieron ayer y hoy salen, en mayor cuantía, no lo olvidemos, de nuestros impuestos: de los tuyos, de los míos y de los del resto de los españoles.
Felipe Pinto
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