Los incendios forestales tienen su origen, en gran parte de las ocasiones, en la dejadez, la ideología y los intereses ocultos.
En España, año tras año, vemos cómo decenas de miles de hectáreas arden sin piedad. Las causas oficiales siempre apuntan a factores como las olas de calor, la sequía o, en algunos casos, la imprudencia humana. Sin embargo, muchos expertos en prevención de incendios coinciden en que hay un elemento fundamental que se pasa por alto: el abandono del campo, la falta de pastoreo animal y la falta de limpieza de matorrales, auténtico combustible para las llamas.
El desbroce de terrenos y el mantenimiento de cortafuegos son tareas esenciales para frenar la propagación de un incendio. Sin embargo, en la práctica, su ejecución se enfrenta a un triple muro: obstáculos legales, falta de presupuesto y trabas ideológicas. Determinados colectivos ecologistas, con un discurso rígido y alejado de la realidad rural, defienden limitar estas intervenciones para proteger la biodiversidad, sin tener en cuenta que, cuando el fuego arrasa, no queda ni biodiversidad ni vida. Otros ecologistas más pragmáticos sí apoyan limpiezas selectivas, entendiendo que proteger el monte implica, antes que nada, evitar que se convierta en una trampa mortal.
A esto se suma una cuestión que pocos se atreven a plantear públicamente: ¿y si algunos incendios no fueran fruto de la casualidad, sino de intereses perfectamente calculados? Existe la sospecha, alimentada por varios casos documentados, de que ciertas zonas arrasadas por las llamas acaban, poco tiempo después, convertidas en parques eólicos o proyectos de energías renovables vinculados a la Agenda 2030. El patrón se repite: eliminación de agricultura y ganadería, terreno virgen protegido, incendio masivo, pérdida de su valor medioambiental, y posterior recalificación o instalación de gigantes “ventiladores” blancos en lo alto de las sierras.
En paralelo, surge una propuesta que, bien gestionada, podría ser parte de la solución: vincular las ayudas sociales, tanto a inmigrantes como a personas desempleadas, a trabajos comunitarios de utilidad pública, como el desbroce, la vigilancia forestal o la reforestación. Esto no solo mantendría el campo en mejores condiciones, sino que fomentaría la integración laboral y el sentido de corresponsabilidad.
Pero para que algo cambie, hay que romper con la hipocresía institucional que prefiere destinar millones a campañas políticas o a proyectos “verdes” que no pisan el monte, en lugar de invertir en lo más sencillo y efectivo: limpiar, mantener y proteger nuestro territorio. Porque cuando el humo se disipa, lo que queda es el silencio de un paisaje muerto… y demasiadas preguntas sin respuesta.
Felipe Pinto
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