Los pueblos de España se enfrentan hoy a una amenaza silenciosa sistemática y criminal: la Agenda 2030, que ya se materializa, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con leyes disparatadas y, en numerosas ocasiones, criminales, promulgadas desde el Gobierno de nuestra Nación.
No son solo los incendios, los lobos o la despoblación, los responsables de la lenta destrucción de la vida rural, también lo es y como núcleo, la sucesión de normas y regulaciones que limitan el pastoreo, la ganadería y la agricultura tradicional, dejando a los pueblos desprotegidos frente al abandono y a los fuegos.
Hace unas décadas, los montes se mantenían gracias a pequeños rebaños de cabras, algunas vacas y unos pocos cerdos que fertilizaban la tierra con su estiércol. La gestión natural del territorio impedía que la vegetación se volviera un riesgo de incendio. Hoy, esa práctica centenaria, ha sido eliminada paso a paso: primero limitando el número de animales, luego imponiendo restricciones a la cría doméstica, la recolección de leña y piñas, la poda de árboles o la apicultura.
Cada normativa, publicada en el BOE, se presenta como un beneficio para el medio ambiente o el bienestar animal, pero en realidad lo que consigue es desmantelar un sistema sostenible de gestión rural.
Las consecuencias son visibles: aldeas que pierden a sus jóvenes, que podrían dedicarse a la agricultura o la apicultura y que ahora aspiran a lo contrario, a ser empleados como inspectores de colmenas o brigadistas forestales; montes que se llenan de matojos y maleza por falta de pastoreo; viñas y castaños abandonados; animales domésticos desaparecidos.
Y mientras tanto, los funcionarios proliferan para vigilar que se cumplan normas cada vez más absurdas, justificando su existencia bajo la idea de que los habitantes no saben cuidar de su propio territorio.
Cuando llegan los incendios, llegan también los hidroaviones, helicópteros, bomberos y brigadas de la UME. Su esfuerzo es encomiable y necesario, pero solo mitiga los efectos inmediatos: no resuelve la causa profunda. La raíz del problema es la eliminación de prácticas tradicionales de manejo del monte, que aseguraban tanto la seguridad contra incendios como la autosuficiencia de los pueblos.
Los últimos gobiernos, sobretodo este último, han transformado la vida rural en un sistema imposible de mantener: regulaciones sobre bienestar animal, control de gallineros, limitaciones sobre recolección de frutos, apicultura, poda y aprovechamiento de madera, etc, y han convertido la supervivencia del mundo rural en un desafío burocrático. Europa y las administraciones han priorizado su parcial normativa sobre la práctica, destruyendo un modo de vida que ha funcionado de manera natural durante siglos.
Hoy, el fuego no solo quema los montes, sino también la memoria y la autonomía de las aldeas. Apagar llamas con aviones y bomberos es solo un paliativo; lo que se necesita son cabras que pasten, viñas, castaños y también vecinos que puedan cuidar la tierra como siempre lo hicieron.
Hasta que no se revierta este exceso regulatorio, España, seguirá viendo cómo arden sus montes y cómo se pierden tradiciones centenarias, víctima de un control que ha ido demasiado lejos.
Todo ello nos deja ver la más clara intencionalidad y el más decidido propósito del Gobierno para conseguir la ruina del mundo rural. Conseguir de España con gran éxito una nación dividida, arruinada, enfrentada y desmoralizada, todo en aras de unos valores que son justamente aquellos que con más determinación y saña persiguen, apoyando a su vez, solo a los adoctrinados y fanáticos políticos que les obedezcan, sin mostrar el más mínimo escrúpulo por lo que son recompensados, en muchas ocasiones, con píngües beneficios.
Son ellos, PPSOE, y toda una chusma clientelar que nos están traicionado arruinando y vendiendo de mil maneras.
(Felipe Pinto)
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