España ya no es una nación de ciudadanos libres, sino un rebaño fiscal dirigido por un Gobierno que exprime, castiga y humilla a los que trabajan. Cada mes, millones de españoles ven cómo más de la mitad de su esfuerzo desaparece en un laberinto de impuestos, cotizaciones y tasas. Y mientras el Estado se alimenta de su sudor, los mismos políticos que predican solidaridad mantienen una red clientelar que premia a quienes no han cotizado jamás, repartiéndoles ayudas a costa del español que madruga, que produce y que paga.
La llamada cuña fiscal, esa parte del coste laboral que se queda el Estado, alcanzó en 2024 el 40,6%, según la OCDE. Eso significa que de cada cien euros que cuesta un trabajador a la empresa, más de cuarenta se los lleva el Gobierno antes de que el empleado vea un solo euro. La mayoría ni lo sabe: ven en su nómina que les quitan un seis o siete por ciento, pero no ven el otro treinta que la empresa entrega al Estado por ellos. Ese dinero no se traduce en mejores servicios, ni en carreteras, ni en pensiones dignas, sino en un Estado opresor, ineficiente y mantenido por la clase trabajadora.
Cuando el trabajador, tras todo ese expolio, se atreve a gastar su dinero, vuelve a aparecer el Estado con el IVA del veintiuno por ciento y los impuestos especiales sobre gasolina, electricidad, tabaco o tasas de todo tipo. Así, de cada euro que gasta, otro trozo vuelve a las arcas públicas. Sumando lo que te quitan en nómina, lo que paga tu empresa y lo que pagas al consumir, el resultado es demoledor: entre el cincuenta y el sesenta por ciento de tu esfuerzo se lo queda el Gobierno.
Un trabajador que cobra mil ochocientos euros brutos al mes le cuesta a la empresa unos dos mil trescientos cuarenta euros. Después de cotizaciones e IRPF, el empleado recibe unos mil cuatrocientos euros netos. El Estado se ha quedado novecientos cuarenta antes incluso de que el trabajador pueda gastar, y cuando gaste, se irá otro veintiuno por ciento en IVA. De cada dos mil trescientos cuarenta euros generados, el español medio apenas disfruta la mitad.
El Gobierno dice que ese dinero se destina a proteger a los vulnerables, pero la realidad es que una parte creciente del presupuesto no va a nuestros mayores, ni a nuestros enfermos, ni a las familias españolas, sino a comprar votos. Se regalan subvenciones a asociaciones afines, se conceden ayudas y rentas mínimas a quienes no han cotizado, se pagan pagas por cada miembro de familias que nunca han contribuido y se transfieren millones a ONGs ideológicas. Mientras tanto, los jubilados cobran pensiones miserables, las listas de espera sanitarias se disparan y el pequeño autónomo agoniza ahogado por impuestos.
Y aún hay más, porque una parte de todo ese dinero que el Estado exprime de nuestros bolsillos ni siquiera se destina a pensiones, sanidad o educación, sino que se pierde entre la corrupción, los privilegios y el despilfarro de la casta política. Se esfuma en viajes oficiales de lujo, dietas falsas, coches con chófer, asesores a dedo y ministerios inventados para contentar a los socios de turno, mientras millones de españoles trabajan sin descanso para sostener ese circo de poder.
Lo que el pueblo paga con sacrificio acaba financiando fiestas, lujos y vicios bajo la impunidad de quienes se creen dueños del dinero público. Y cuando no es en lujo, es en comisiones, contratos inflados, chanchullos y enchufes, un sistema de corrupción institucional que se alimenta del esfuerzo del trabajador honrado. España se desangra pagando impuestos para mantener a una clase dirigente que vive como si el país fuera su cortijo, disfrutando de privilegios indecentes mientras nuestros mayores esperan una cita médica y nuestros jóvenes no pueden independizarse.
Eso es lo que el Gobierno llama solidaridad: una inmensa estafa moral y económica contra quienes levantan este país cada día. No se puede mantener una nación próspera con un Estado que premia la inactividad y castiga el trabajo. España necesita reducir la cuña fiscal, bajar cotizaciones, simplificar el IRPF, controlar las ayudas exigiendo residencia efectiva, cotización y voluntad de trabajar, y eliminar duplicidades y burocracia política que solo sirven para mantener enchufados.
Solo así recuperaremos el equilibrio entre el Estado y la sociedad, entre quien produce y quien se aprovecha. No es solidaridad, es expolio institucionalizado. No es justicia social, es ingeniería electoral con el dinero de todos. Y mientras el Gobierno sigue mintiendo con su propaganda, el trabajador español mantiene sobre sus hombros a un país que ya no le protege, sino que lo exprime hasta el último céntimo.
Ha llegado el momento de decir basta, porque el dinero del español honrado no es propiedad del Estado, ni del Partido Socialista, ni de sus socios. Es el fruto sagrado del trabajo, y volverá a serlo el día en que el pueblo se levante contra este robo legalizado que llaman impuestos.
Felipe Pinto
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