Una vez más, la Dirección General de Tráfico ha decidido mirar hacia el lado equivocado. En lugar de centrarse en la educación vial, en el mantenimiento de las carreteras o en los jóvenes que conducen usando el móvil o bajo los efectos del alcohol y las drogas, la DGT prefiere criminalizar a los mayores de 65 años.
Ahora se les señala, se les somete a controles adicionales y se habla de “restricciones personalizadas” o de “no renovación del carnet” para quienes tomen ciertos medicamentos. Todo con un tono de sospecha y condescendencia que ofende.
Es la misma receta de siempre: atacar al ciudadano decente y obediente mientras los verdaderos problemas siguen impunes. Porque es más fácil levantar titulares que mejorar la red vial; más fácil controlar al jubilado prudente que enfrentarse al delincuente reincidente o al conductor temerario que convierte la carretera en una pista de riesgo.
Nuestros mayores no son un peligro. Son, en la mayoría de los casos, ejemplo de prudencia, respeto y sentido común. Han pasado su vida trabajando, pagando impuestos, levantando familias y contribuyendo a este país. Y ahora el Estado, con la DGT como brazo ejecutor, les devuelve el favor con desconfianza y humillación.
¿Dónde queda la gratitud hacia quienes han sostenido España durante décadas?
La DGT —y, en general, un Gobierno que no pierde ocasión de tratar a los españoles como súbditos— ha convertido la política de tráfico en otro campo de recaudación y control. Lo disfrazan de “seguridad vial”, pero lo que hay detrás es puro intervencionismo: más tasas, más revisiones, más papeleo y más miedo. Todo menos responsabilidad política.
Lo que deberían hacer es cuidar las carreteras, invertir en señalización, promover cursos gratuitos para mayores y reconocer que la edad no es el enemigo. Porque la edad trae experiencia, y la experiencia salva vidas.
Pero claro, eso no da votos ni recauda. Es mucho más rentable hacer creer que el problema está en el anciano que conduce con precaución para ir al médico o visitar a sus nietos, que en los conductores jóvenes que se graban al volante mientras circulan a 150 por hora o incluso realizan apuestas conduciendo en sentido contrario.
El Estado se está olvidando de sus mayores, y lo hace con una ingratitud imperdonable. No les bastó con despreciar sus pensiones ni con vaciar su ahorro: ahora también quieren apartarlos del volante, símbolo de su independencia y de su dignidad personal.
La verdadera seguridad vial no se logra con burocracia ni con campañas sensacionalistas, sino con justicia, inversión y sentido común. Y eso, por desgracia, es justo lo que les falta a quienes hoy gobiernan.
Si de verdad quisieran salvar vidas, empezarían por asumir su propia responsabilidad. En España hay cientos de puntos negros y tramos en mal estado que cada año provocan centenares de accidentes mortales. Y de eso no se habla. No interesa. Se prefiere señalar al conductor, buscar el titular fácil: que si iba bebido, que si era mayor, que si fue imprudente. Siempre la culpa es del ciudadano. Sea por H o por B, la culpa nunca es de ellos.
Lo cierto es que en muchos de esos accidentes la causa está en la dejadez de las administraciones, en la falta de mantenimiento, en la mala señalización o en el abandono de tantas carreteras secundarias que siguen siendo auténticas trampas mortales.
Y todo esto no se arregla con prohibiciones, sino con inversión, con trabajo serio y con voluntad de proteger a los españoles de verdad.
Por eso esta campaña contra los mayores es una vergüenza más: sirve para distraer, para desviar la atención y para seguir culpando al de siempre, a quien paga, a quien cumple, a quien lleva toda una vida haciendo las cosas bien.
La DGT y el Gobierno deberían empezar por mirar en casa antes de seguir echando culpas fuera. Porque la verdadera imprudencia está en los despachos, no en el volante.




Cien por cien de acuerdo. La DGT cada vez peor
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