Todo empezó con el gobierno de Rodríguez Zapatero, siguió estando el popular Rajoy para llegar ya a límites inaguantables con Pedro Sánchez. Tres etapas distintas, tres presidentes diferentes, pero un mismo resultado: más impuestos, más deuda y menos libertad para los españoles. Ninguno tuvo el valor de devolver al ciudadano lo que es suyo; todos se acomodaron en un modelo de Estado que se alimenta del esfuerzo ajeno.
España se ha convertido en uno de los países con mayor presión fiscal de Europa, pero los españoles apenas perciben los beneficios de tanto sacrificio. Trabajamos casi medio año solo para pagar impuestos. Pagamos como ricos y vivimos como pobres. Y mientras tanto, los políticos y su maquinaria no dejan de crecer a costa del esfuerzo ajeno.
Detrás de cada nómina hay una gran mentira. Si un trabajador cobra 1.500 euros al mes, en realidad su empresa paga por él unos 2.400. Es decir, casi 900 euros mensuales van directamente al Estado en concepto de cotizaciones sociales, seguros e impuestos. De lo que llega a su bolsillo, además, más de un 20% desaparece en el IRPF. Y eso sin contar los impuestos indirectos. En la práctica, el Estado se queda entre el 45% y el 50% del sueldo real que genera cada trabajador. Trabajamos la mitad del año solo para mantener un sistema que nos ahoga.
Pero la sangría no acaba ahí. Cada vez que el ciudadano compra algo —un litro de gasolina, una barra de pan, un par de zapatos o un simple café—, vuelve a pagar impuestos: el IVA, entre el 4% y el 21% según el producto, y en muchos casos impuestos especiales añadidos. Cuando llena el depósito, más de la mitad del precio del combustible son impuestos. Cuando compra electricidad, lo mismo. Cuando adquiere una vivienda, paga el IVA o el impuesto de transmisiones. Incluso al morir, su familia vuelve a tributar por lo que ya fue pagado: el impuesto de sucesiones. El resultado es que más del 60% de lo que produce un español termina en las arcas públicas.
¿Y a cambio, qué recibe? Listas de espera interminables en la sanidad, aulas masificadas, pensiones en peligro y servicios públicos cada vez más deteriorados. Mientras tanto, los gobiernos multiplican ministerios, asesores, subvenciones y organismos duplicados. Se derrocha en propaganda, ideología y chiringuitos, pero se recorta en lo que realmente importa.
Si hay un colectivo que simboliza el esfuerzo y la resistencia de España, ese es el de los autónomos, pequeños empresarios y empresas familiares. Son el motor real de nuestra economía, los que generan empleo y sostienen pueblos, barrios y ciudades. Y, sin embargo, son tratados por el Estado como si fueran delincuentes o privilegiados. Un autónomo paga una cuota fija mensual, trabaje o no, facture o no. A eso se suman el IRPF trimestral, el IVA, las retenciones, los seguros, los costes de gestoría y una montaña de trámites que crece cada año. Muchos pagan más impuestos que beneficios obtienen. El que contrata a alguien se enfrenta a una maraña de cotizaciones, obligaciones y normativas que lo desaniman a crear empleo. Si se retrasa en un pago, recibe sanciones; si el Estado se retrasa en una devolución, debe esperar sin compensación.
Las pequeñas empresas familiares, que deberían ser el orgullo del país, están asfixiadas por la fiscalidad, los costes laborales y la competencia desleal. Mientras las grandes corporaciones se benefician de deducciones o trasladan sus beneficios a otros países, el pequeño comerciante soporta todo el peso del sistema. Cada vez cierran más negocios por no poder mantener abiertos sus locales, pagando alquileres altos, energía cara y una presión impositiva insoportable.
No hay incentivo para emprender ni apoyo al que crea riqueza. La burocracia mata la iniciativa y el miedo a Hacienda paraliza a quienes querrían invertir o crecer. Así, el país se empobrece, y con él desaparece la verdadera clase media trabajadora, sustituida por una sociedad dependiente de subsidios.
El sistema fiscal español no premia el trabajo ni el ahorro: los castiga. Se penaliza al que se esfuerza, al que emprende, al que contrata. Cada pequeño empresario o autónomo vive con miedo a equivocarse en una declaración, sabiendo que Hacienda nunca perdona. El Estado se comporta como un socio forzoso que no aporta, no arriesga, pero siempre cobra.
Se nos repite que los impuestos son “solidarios”, pero la realidad es otra: son la herramienta del control. Un pueblo empobrecido depende del poder; un pueblo libre y próspero no lo necesita. Por eso se persigue el ahorro, se demoniza al empresario y se castiga al éxito.
La verdadera justicia social no consiste en repartir miseria, sino en permitir que las familias prosperen. Que un trabajador vea recompensado su esfuerzo, que un autónomo pueda crecer sin ser perseguido, que el ahorro sea premiado y no confiscado. España no necesita más impuestos: necesita menos Estado y más libertad.
Porque el dinero del pueblo debe volver al pueblo. Solo entonces, cuando el esfuerzo de cada español deje de ser saqueado por una administración voraz, podremos hablar de un país libre, digno y con futuro.
Felipe Pinto
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